El país se encuentra frente a una coyuntura de extrema gravedad. Su institucionalidad democrática presenta índices alarmantes de deterioro, que le impiden funcionar como dispositivo adecuado e idóneo para solventar los desafíos que el país demanda en materia social y económica. La pobreza y el desempleo, junto a la inseguridad y la violencia, así como la corrupción y la impunidad, son las principales amenazas al bienestar de las familias ecuatorianas. El gobierno, por su parte, demuestra una muy débil capacidad de enfrentar estos problemas, lo que se refleja entre otras variables, en su reducida capacidad de inversión y de gestión en sectores como salud, educación y protección social. Hospitales desprovistos de medicinas e insumos básicos, universidades que cierran sus puertas frente a una demanda creciente de estudiantes que se ven obligados a engrosar las filas del desempleo, altas tasas de desnutrición infantil y violencia e inseguridad generalizadas.

Las instituciones de la democracia se muestran impreparadas para responder a los retos de la situación actual. A ello se añade la presencia de poderosos intereses vinculados a las mafias del narcotráfico, de la trata de personas, del contrabando de armas. La consulta convocada por el gobierno pretende incidir en estas problemáticas, pero su definición es endeble e insuficiente. Ya lo advertimos desde Voces por la Democracia el 7 de septiembre pasado, el gobierno acude a la consulta para relegitimarse luego de un año caracterizado por el desgaste sistemático de su capital político.

Los tres temas en los que incide la propuesta resumida en las preguntas presentadas aluden a cambios en materia de seguridad, reforma institucional y protección ambiental.

En materia de seguridad, la propuesta de la consulta aparenta mejorar los niveles de cooperación entre las Fuerzas Armadas y la Policía y ha sido ya tratada por la Corte Constitucional, también propone la extradición de los delincuentes comprometidos en delitos transnacionales, y dotar a la Fiscalía de plena autonomía a través de crear su propio organismo de control. Las enmiendas planteadas muy poco aportarían a resolver un tema tan complejo como la exacerbación de la violencia y la acción de las mafias del narcotráfico transnacional.

La reforma institucional es un desafío igualmente urgente. El deterioro institucional exige de respuestas que fortalezcan las capacidades decisionales, para lo cual es fundamental fortalecer a la representación política en función de una institucionalidad más responsable con las necesidades estratégicas del país. Se requiere de cambios sustantivos en el sistema electoral y en el sistema de partidos políticos, en los enlaces entre los poderes ejecutivo y legislativo. Las preguntas son insuficientes para fortalecer estas instancias decisionales; no es suficiente retirar al CPCCS la capacidad de designación de las autoridades de los órganos estatales de control, sino que también debe diseñarse un procedimiento que impida la concentración del poder en el ejecutivo, garantice el control social en las designaciones y reivindique el papel del legislativo como depositario de la soberanía popular.

La consulta no aborda la imprescindible reforma de la administración de justicia, hoy cuando varios jueces, fiscales y otros operadores de justicia actúan en concordancia con intereses políticos o de grupos delictivos, es necesaria una reforma que permita depurar a esos elementos y proponga rigurosos procedimientos para el ingreso, permanencia y promoción de los funcionarios del sistema judicial, que si lo considera la propuesta de Voces por la Democracia presentada el 6 de abril del presente año, que además incluyó propuestas de reforma orientadas a eliminar los actuales partidos y movimientos políticos, para ser reemplazados por un sistema de partidos que establezca nuevos y rigurosos requisitos para la formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y garantice debate para la toma de decisiones, transparencia en su quehacer y manejo de recursos económicos, así como ejercicio de la alternabilidad democrática en la designación de candidaturas y directivas partidarias a través de elecciones primarias simultáneas, universales, directas y secretas organizadas por el CNE.

En la actualidad las preguntas del ejecutivo están siendo analizadas por la Corte Constitucional; es muy probable que algunas sean rechazadas o modificadas; por lo expresado, ponemos nuevamente a consideración las presentadas por nuestra organización, para que sean discutidas y en el mejor de los casos admitidas para responder a la demanda nacional de cambio.

La reforma que necesita el país es más radical y profunda que la presentada por el presidente Guillermo Lasso. Como sociedad civil, reivindicamos el derecho a ejercer la democracia directa, a seguir discutiendo los cambios que fuesen necesarios y recuperar para la gente la posibilidad de modificar un diseño institucional que se ha demostrado incapaz de atender las demandas de la sociedad. 20 de septiembre de 2022

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