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Wednesday, 10 June 2020 16:29

¡No a la impunidad!

La corrupción es dolorosa, pero la impunidad es aún más. Mientras convivan en el Ecuador estas dos prácticas lacerantes, la desconfianza y el descrédito en la Función Judicial, en especial, serán cada vez mayores con el riesgo de que la ciudadanía comience a crear sus propias leyes y maneras de procesar las diferencias.

Las consecuencias de la exacerbación de la corrupción y la impunidad nos pueden llevar a una descomposición acelerada del Estado, caos y convulsión social.

El peligro está a la vuelta de la esquina. En este sentido, exigimos que el Sistema de Administración de Justicia actúe en sindéresis con los hechos. No debe haber tolerancia con quienes están jugando con la vida de millones de ecuatorianos debido a la adquisición de medicamentos con sobreprecio, adulteración de las fechas de caducidad de los fármacos, tráfico de influencias para el otorgamiento de contratos, institucionalización de verdaderas redes mafiosas en el sector público en contubernio con actores privados.

La acción de la Fiscalía General de la Nación merece todo nuestro respaldo y felicitación. Sin embargo, su trabajo no será efectivo sin la cooperación de los demás operadores del Sistema de Justicia y de la ciudadanía en general. No es posible que se juzgue con todo el peso de la ley a cualquier ciudadano por delitos menores, mientras que son “premiados” y exentos de responder por sus actos miserables quienes han hecho y hacen de la corrupción una forma de vida y negocio. La ley es para todos y se debe aplicar de la misma manera. Un verdadero Estado de Derecho está por sobre los intereses de cualquier agrupación política, grupo empresarial, gremio, organización, colectivo y particulares.

La pandemia y sus consecuencias han develado la crisis profunda del sistema político ecuatoriano, pues varios de los representantes locales y seccionales que fueron electos por consentimiento de las mayorías son investigados por corrupción con un conjunto de pruebas que nos advierten de la operación de redes que actúan de manera histórica, sistemática, renovada y en complicidad, vista y paciencia de una infinidad de autoridades y personas. ¡Basta ya! El país no resiste tanta desidia y delincuencia juntas. La sociedad civil exige derrumbar el cerco de la impunidad, caiga quien caiga.

En el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, promovido por la Mesa de Convergencia y decenas de organizaciones de la sociedad civil de todo el Ecuador, proponemos las siguientes medidas concretas para enfrentar la pandemia histórica de la IMPUNIDAD en nuestro país:

Ningún sentenciado por casos de corrupción podría acortar su salida de la cárcel, beneficiarse de prelibertad o acortamiento de pena, hasta que no devuelva el dinero robado o coopere para su recuperación.

  1. Impulsar el enjuiciamiento de delitos de corrupción para lo cual, la próxima semana, se presentará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley, que en lo medular propone:
  2. Proteger al denunciante excluyendo su responsabilidad penal (no la civil).
  3. Abolir explícitamente el informe de Contraloría como un requisito de procedibilidad para el enjuiciamiento de delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
  4. Posibilidad de grabar a los funcionarios y su validez como pruebas en procesos penales por casos de corrupción y en el ámbito de su trabajo como funcionario público.
  5. Enmienda a la Ley de Extinción de Dominio, aumentando los poderes del SRI para rastrear fondos.
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