Es la pregunta que la Mesa de Convergencia, impulsada por Fundación Esquel, planteará los próximos 13, 20 y 27 de agosto de 2019, durante tres foros ciudadanos que se desarrollarán en Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Estos espacios de deliberación tendrán por objetivo que la ciudadanía, academia y diversos sectores sociales conozcan y reflexionen sobre lo que significa la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), su pertinencia y la afectación que ha tenido en la democracia.

La iniciativa surge a raíz de varias propuestas generadas sobre el futuro que debería tener el CPCCS, por lo que expertos en el tema, desde visiones interdiciplinarias distintas analizarán los escenarios que se contemplan en el debate social como la eliminación de dicha entidad, la supresión de atribuciones, competencias y recursos o su permanencia, como tal y como funciona en la actualidad. 

El catedrático César Ulloa, Ph.D. en Ciencias Sociales, especialista en temas de política comparada, populismo, democracia y sistemas políticos será quien facilite y modere estos espacios. “Queremos tener un criterio de los denominadores comunes que se repiten en las distintas partes del País, acerca de lo que ha significado la pertinencia de este tipo de instituciones y cuál sería su resultado inmediato ya largo plazo, en casdo de eliminación o limitación de sus competencias ”, apunta Ulloa. 

Los foros serán presenciales y también serán tarnsmitidos en vivo a través de las redes sociales de Fundación Esquel y la Mesa de Convergencia.

Tras su salida del cargo de Ministro de Educación, Milton Luna volvió a la actividad que la apasiona desde hace más de 20 años: la docencia.  

Me recibe en su despacho en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se lo ve tranquilo y satisfecho por el trabajo realizado durante casi siete meses. Sin embargo, se nota que, por la emoción con la que detalla lo que fue su gestión, le faltó tiempo para consolidar su trabajo, producto de su experiencia como activista social, catedrático universitario y Coordinador Nacional del Contrato Social por la Educación .

¿Cómo evalúa los casi siete meses que estuvo a cargo del Ministerio de Educación?

Con optimismo por saber que de alguna manera la acción de la sociedad civil, cuando ingresa a una actividad tan compleja dentro del Estado, tiene muchos argumentos (...) Lo que hemos construido como sentido de la educación, como objetivos, como inspiración y ruta filosófica fue el ancla y al mismo tiempo, la luz que superaría una infinidad cotidiana de incendios que se produjeron en la gestión. Es decir, si no hubiéramos tenido claro los objetivos, la filosofía, todo esto que, a través de la sociedad civil hemos concentrado por años, hubiera sido muy difícil encarar semejante desafío.

¿El hecho de venir de la sociedad civil fue una fortaleza?

Es importante comprender que esas funciones están llenas de enormes presiones y tensiones que, no sólo la filosofía y los objetivos ayudan, sino también la compañía que se puede tener al respecto.  El haber sido un Ministro de Educación que no viene de un partido político fue una enorme ventaja, por un lado, pero también una desventaja o un problema, por otro. Ventaja porque uno asume con la libertad suficiente como para poder adoptar decisiones técnicas; la desventaja es que este tipo de puestos están sometidos a presiones políticas de todo tipo. 

El personaje al frente es altamente vulnerable . De hecho, este segundo factor fue el que, a la larga,  incidió en esta corta experiencia que estuve al frente de semejante aparato.

¿Qué aprendizajes le dejó esta experiencia?

Es ineludible para quien asuma este tipo de gestión, no solo tener una agenda filosófica y unos respaldos, sino, un equipo técnico solvente. Yo lo tuve, sin embargo, sentí que a momentos los desafíos eran muy grandes.

El contar con experiencia y, sobretodo con un equipo que pueda enfrentar las dinámicas tan diversas que se tienen para manejar el Estado es importante, pero también lo es, el contar con un personal que tenga una comprensión cabal de qué es lo que piensa hace y actúa el otro conjunto de actores de la comunidad educativa, como son los padres de familia, las organizaciones sociales, entre otros. 

También es importante saber cómo establecer un diálogo con las otras funciones del Estado. Entre ellas la legislatura, ya que y ahí es donde también hay múltiples posibilidades de perderse.  Tuvimos la fortuna de comprender los desafíos con los que ingresamos y que eran altos y demandantes. 

¿Cuáles fueron esos desafíos?

Partíamos de la idea de un cambio de modelo educativo y de gestión. Establecer una agenda de trabajo y de acción muy pragmática que permitiera  sentar la acción. 

Debíamos incidir en cuatro aspectos fundamentales como: afectar positivamente con una propuesta para la educación rural, desde infraestructura, modelo educativo, hasta participación ciudadana dentro del concepto de Nueva Escuela; dotar de textos escolares; recuperar la figura y el papel de los profesores y un cambio de modelo de gestión, hacia un modelo participativo.

La agenda sustantiva, con la apertura de escuelas rurales era transformar ese modelo educativo en contacto con la comunidad y el entorno. Apuntar a una transformación de la realidad, dentro de un modelo transformador y liberador para recuperar una postura. Ese era el motor más importante de esta iniciativa. 

(…) No podremos saber ni evaluar todo esto porque muchas cosas se quedaron en papeles, en relaciones, en presupuestos, etc, aunque quedó montado el trayecto (…) Nunca en nuestro imaginario estuvo el hecho de salir tan rápido.

¿Se podría pensar que no se entendió el proceso o los cambios a implementarse?

Nos faltó transmitir a la sociedad el sentido de esta transformación. No queríamos hacer aspavientos porque era el desmontaje de un modelo que se hizo en una década y que en pocos meses íbamos dando pasos. Era irse en contra de ese modelo poderoso, vertical, pero el país aún no ha estado preparado para asumir retos tan profundos. 

Nos toca entender que, en educación, es extremadamente importante visualizar los retos y saber que las condiciones hay que construirlas. Lamentablemente faltó tiempo y por eso propusimos el Acuerdo Nacional por la Educación, porque los cambios necesitan de condiciones y esas condiciones se estaban construyendo como empezar por la recuperación de la confianza. 

El estar y trabajar desde la sociedad civil  y luego pasar al otro lado, le cambió de alguna manera su visión del deber ser de la educación?

Sigo apostando por el Acuerdo Nacional por la Educación y siendo positivo mi retorno a la sociedad civil, con el mismo impulso.  He reafirmado algunas cosas: Se necesita el poder del Estado para acelerar los cambios. Entendí, más que nunca, que se requiere de la acción y participación de la sociedad civil para lograr los objetivos.  El estado solo y huérfano no puede emprender acciones.

Reafirmé también el hecho de que la sociedad civil tampoco puede efectuar cambios sin la ayuda del Estado. Sin esta, las intenciones pueden quedarse en retórica y grandes deseos.  Esta experiencia me ratifica en la necesidad de que hay que recuperar el Estado para la sociedad y levantar, bajo la acción social, esa idea canalizadora del bien común.

¿Qué cree que pasará con el Acuerdo Nacional por la Educación con la nueva administración y cuáles cree que son los retos de la nueva Ministra?

La sociedad civil debe persistir, el Acuerdo Nacional por la Educación surge desde la sociedad civil y hay que mantenerlo. Hoy es un buen momento para hacerlo ya que hay el compromiso y voluntad política que deben ser aprovechadas por la sociedad civil para conversar y superar discrepancias. Hay que persistir en el tema del Acuerdo hoy más que nunca para que estas propuestas puedan ser impulsadas por esta nueva administración. 

¿Por dónde empezar?

La Sociedad civil y Estado deben persistir entorno a la generación de condiciones que faciliten el Acuerdo. El tema de la confianza es importante y se deben dar señales desde el Estado. 

¿Qué hacer con las dificultades?

Siempre han habido dificultades, como falta de presupuesto, reducción de personal,  pero las enfrentamos y hay que enfrentarlas. Lo más fácil para mí hubiese sido abandonar el barco, pero decidimos quedarnos durante este tiempo en donde se ha despejado el terreno y se han hecho varios surcos importantes en donde se sembraron semillas de plantas que, estoy seguro, alguna vez van a florecer.

Para la nueva administración dejamos un terreno más transitable, ya que, cuando asumí el cargo, se llegó a apagar de incendios.

¿Qué planes tiene tras su salida del Ministerio?

El retorno a la sociedad civil, al activismo por la educación y a aportar con el Acuerdo Nacional y con la Mesa de Convergencia.  También quiero volver a escribir mi columna en diario El Comercio, porque mucha gente me pide y a la investigación. tengo en carpeta tres libros para los próximos años sobre historia de la educación, los docentes normalistas y la relación de la educación con un modelo de desarrollo sostenible 

Cuáles son los retos para la sociedad civil y para la Mesa de Convergencia de cara a este Acuerdo Nacional por la Educación?

La Mesa de Convergencia, junto con el Ministerio de Educación y otros actores sociales debemos, de manera rápida, construir acuerdos que permitan introducirse en políticas públicas específicas y en un tiempo no mayor a cuatro meses. Si no se hace eso nos vamos a quedar en la retórica y en grandes reuniones. 

Hay que reducir el ámbito de expectativas y centrar en puntos vitales los acuerdos, como definir el presupuesto del 2020. 

También hay que trabajar en la creación de confianza y fomentar la cultura del respeto. Lo importante es tener acuerdos visualizados y constatados por la gente.

La Mesa de Convergencia, impulsada por Fundación Esquel ejecutar este martes 13 de agosto de 2019, el foro: “¿Qué hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana?” que tendrá lugar en Quito, en el hotel Río Amazonas.

El evento Contará con la participación del politólogo Richard Ortiz, el constitucionalista Jorge Benavides y la subdirectora (e) de diario El Telégrafo, Carla Maldonado. El objetivo es que la ciudadanía, academia y diversos sectores sociales conozcan y reflexionen sobre lo que significa la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), su pertinencia y la afectación que ha tenido en la.

La iniciativa surge a raíz de varias propuestas generadas sobre el futuro que debería tener el CPCCS, por lo que expertos en el tema, desde visiones interdisciplinarias distintas analizarán los escenarios que se contemplan en el debate social como la eliminación de dicha entidad, la supresión de atribuciones, competencias y recursos o su permanencia, como tal y como funciona en la actualidad. 

El catedrático César Ulloa, Ph.D. en Ciencias Sociales, especialista en temas de política comparada, populismo, democracia y sistemas políticos será quien facilite y modere estos espacios. “Queremos tener un criterio de los denominadores comunes que se repiten en las distintas partes del País, acerca de lo que ha significado la pertinencia de este tipo de instituciones y cuál sería su resultado inmediato ya largo plazo, en caso de eliminación o limitación de sus competencias ”, apunta Ulloa. 

Este foro también se llevará a cabo los próximos 20 y 27 de agosto en Guayaquil y Cuenca, respectivamente, con distintos ponentes locales.

El origen, las acciones, la pertinencia y el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fueron debatidos este 13 de agosto de 2019, en Quito, por parte de académicos y expertos, en el foro denominado: “¿Qué hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana? ”, organizado por La Mesa de Convergencia, impulsada por Fundación Esquel

El politólogo Richard Ortiz, el constitucionalista Jorge Benavides y la periodista Carla Maldonado, subdirectora (e) de diario El Telégrafo, hicieron un balance de las acciones que ha tenido este organismo, creado a partir de la Constitución de Montecristi. 

Hubo coincidencias: la primera es que esa entidad sirvió como un instrumento del gobierno de Rafael Correa para concentrar poder y designar a amigos, parientes o aliados al régimen, como cabezas de los organismos de control del Estado. Esto dio paso a actos de corrupción e impunidad. La segunda coincidencia fue la necesidad de cambiar este organismo, sea limitando sus funciones, o eliminándolo por completo. 

El constitucionalista Jorge Benavides se refirió a los orígenes de este Consejo que, a su criterio, generó controversia porque, con la Constitución de 2008, se atribuyeron derechos al Estado, cobrando una nueva dimensión para que las altas esferas del poder sean las encargadas de promover los derechos, incluidos los de participación ciudadana. 

“Había una explicación jurídica para que sea el Estado el que promueva los derechos de participación, pero resulta un contrasentido que la participación sea estatizada”, subrayó Benavides, quien cree que, en un modelo de democracia representativa, no tiene sentido que exista un órgano que haga que desde el Estado se promueva la participación ciudadana. 

Con esa premisa, el jurista considera que el CPCCS contribuye de manera indirecta a reforzar el poder ejecutivo, en el detrimento de la Asamblea Nacional, al trasladarse las potestades designadas de las autoridades, al Consejo de Participación. 

Sobre las alternativas planteadas para definir el futuro del CPCCS, Benavides aseguró que en todas las propuestas se ve que las iniciativas van por devolver a la Asamblea las funciones de designar autoridades. “Habría que analizar que de darse estas modificaciones ver vías intermedias. Por ejemplo, para designar autoridades de control, que se exijan mayorías calificadas”.

Benavides concluyó en que tras once años de tener a este organismo que sirvió para concentrar poder, lo más adecuado será eliminarlo o restarle facultades para la designación de autoridades. 

Por su parte, la periodista Carla Maldonado hizo un recuento histórico de los consejeros que ocuparon esa dignidad durante el régimen de Correa y dio ejemplos de las autoridades que fueron nombradas. El denominador común fue: tener consejeros afines al correísmo que anteriormente ya ocuparon cargos en ministerios o secretarías y la designación de autoridades afines en la Fiscalía o Contraloría. “Este consejo era una instancia dominada por Correa desde el Palacio de Carondelet”, apuntó Maldonado. Tras revisar cifras sobre el presupuesto que el Estado necesita para el funcionamiento de dicho Consejo -como los USD 8 millones de dólares para pagar salarios y los USD 122 millones gastados hasta la fecha para que la entidad opere, sumado a los escándalos acontecidos en los últimos meses por parte de su actual presidente, Carlos José Tuarez- Maldonado concluyó en que el CPCCS debe ser eliminado. “La vía aún se discute,pero eso está en manos de los expertos”.

Finalmente, el jurista y catedrático universitario Richard Ortiz cuestionó que el Ecuador sea “campeón mundial” en reformas y que esto pasa porque se pretende cambiar el comportamiento de la gente. Sin embargo, considera que esto funcionaría siempre y cuando se respetaran las reglas de juego. “Si vamos a hacer las reformas necesitamos un diagnóstico serio. Tenemos que tener la solución clara”, apuntó. 

Sobre el camino para reformar el CPCCS, Ortiz cree que no hay una solución perfecta, pero hay que ver que la más adecuada a nuestro contexto, tomando en cuenta los límites existentes para una reforma o una enmienda constitucional.

Tras realizar un balance de la gestión y afectación a la democracia por parte de este Consejo, Ortiz concluyó en que fue creado bajo una estrategia autoritaria, que no cumplió sus funciones de fomentar la participación ciudadana y establecer sistemas de control. Para Ortiz, el CPCCS  solamente sirvió para designar autoridades en concursos poco transparentes. “El balance del CPCCS es muy malo (...) Hay muy buenas razones para promover su eliminación”.

En cuanto al papel de la sociedad civil y la participación ciudadana, el jurista aseguró que no debemos permitir que el Estado ocupe el lugar de los ciudadanos. “Hay que fortalecer a la sociedad civil y a los partidos políticos. La misión es crear mantener y fortalecer su propio espacio”, concluyó. 

El foro, que tuvo el objetivo de analizar el tema desde visiones interdisciplinarias distintas, fue facilitado por el catedrático César Ulloa, Ph.D. en Ciencias Sociales, especialista en temas de política comparada, populismo, democracia y sistemas políticos. Este foro también se llevará a cabo en Guayaquil el próximo 20 de agosto y en Cuenca, el 29 y serán transmitidos en vivo a través de las redes sociales de Fundación Esquel y la Mesa de Convergencia.

La participación ciudadana y la educación son temas prioritarios en los que la Mesa de Convergencia -un colectivo ciudadano independiente y plural integrado por 22 organizaciones de la sociedad civil, bajo el impulso de Fundación Esquel- ha estado trabajando de manera activa. 

Para este agosto de 2019, la Mesa ha organizado espacios de reflexión sobre el futuro de la participación ciudadana en el Ecuador en tres ciudades del país y dará apoyo a las acciones que realiza la Mesa de Interculturalidad y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE ), en el marco del Acuerdo Nacional por la Educación. 

Jornadas de reflexión para definir el futuro de la participación ciudadana 

En el contexto actual, en donde se debate el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la Mesa ha planteado para este 13, 20 y 27 de agosto de 2019, tres foros ciudadanos que se desarrollarán en Quito, Guayaquil y Cuenca , respectivamente.

Estos espacios de deliberación tendrán por objetivo que la ciudadanía, academia y diversos sectores sociales conozcan y reflexionen sobre lo que significa la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), su pertinencia y la afectación que ha tenido en la democracia.

La iniciativa surge a raíz de varias propuestas generadas sobre el futuro que debería tener el CPCCS, por lo que expertos en el tema, desde visiones interdisciplinarias distintas, analizarán los escenarios que se contemplan en el debate social como la eliminación de dicha entidad, la supresión de atribuciones, competencias y recursos o su permanencia, como tal y como funciona en la actualidad. 

El catedrático César Ulloa, Ph.D. en Ciencias Sociales, especialista en temas de política comparada, populismo, democracia y sistemas políticos será quien facilite y modere estos espacios.  En Quito, el foro contará con la presencia del politólogo Richard Ortiz, el constitucionalista Jorge Benavides y la periodista Carla Maldonado, mientras que en Guayaquil intervendrá: César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano, Elcy Celi, constitucionalista y Francisco Huerta Montalvo, subdirector de diario Expreso. Para la jornada en Cuenca, se presentará: Sebastián López, catedrático universitario, Mario Jaramillo, jurista y la exconsejera del Consejo de Participación Ciudadana, Andrea Rivera. 

Los foros serán presenciales y también serán transmitidos en vivo a través de las redes sociales de Fundación Esquel y la Mesa de Convergencia.

La Mesa de Convergencia continúa impulsando acciones en favor de la educación 

La Mesa de Convergencia apoya la iniciativa de la Mesa de Interculturalidad que para este viernes 16 de agosto de 2019, llevará a cabo el Encuentro Nacional de Educación Intercultural Bilingüe: “Situación, avances y desafíos en la restitución del Sistema de EIB: Hacia una Agenda Estratégica 2020 - 2030” que tendrá lugar en la sede de la CONAIE, en Quito

El propósito de este encuentro será compartir y aprender mutuamente acerca del trabajo que se realiza y dar seguimiento a los acuerdos en favor de Sistema Intercultural Bilingüe firmados por el Gobierno. 

Adicionalmente, la Mesa de Convergencia apoya a la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) que este 20 de agosto de 2019 socializará, en Guayaquil, una propuesta que plantea la educación fiscal laica y gratuita como un derecho fundamental, que promueve los derechos e intereses del movimiento estudiantil y genere desarrollo del país. 

Finalmente, para este 29 de agosto de 2019, la Mesa de Convergencia, como actor de la sociedad civil y parte del Acuerdo Nacional por la Educación (ANE), participará de un taller en donde se presentarán propuestas de política pública para la educación ecuatoriana, en el auditorio de la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, en Quito. 

Este encuentro tendrá por objetivo presentar un equilibrio y perspectivas del trabajo realizado en el marco del ANE, así como presentar al Ministerio de Educación y al país las propuestas previamente debatidas en las Mesas Temáticas y acordar procedimientos para efectivizar la operación de las políticas públicas priorizadas.

Desde estos espacios, la Mesa de Convergencia continúa generando reflexión, análisis y diálogo ciudadano para construir propuestas con miras para fortalecer la democracia. 

El aroma del palo santo, los pétalos de rosa, panes, hojas y frutas como el plátano, el pepino o la granadilla se colocan de manera estratégica para formar una "dulce mesa", o un cerco ceremonial, como parte de un ritual para conectar a la pachamama con el ser humano y ayudar a orientar las ideas. Así comenzó este 16 de agosto de 2019 el Encuentro Nacional Intercultural Bilingüe “Hacia una Agenda Estratégica 2020-2030”, en la sede de la CONAIE, en Quito, con el apoyo de Fundación Esquel, la Mesa de Convergencia y el Acuerdo Nacional por la Educación.

El objetivo de este encuentro fue información acerca del proceso de restitución de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), elaborar una agenda a corto, mediano y largo plazo, y revisar propuestas, acuerdos y desafíos. 

Los participantes de este Encuentro, entre ellos, representantes de al menos siete pueblos y nacionalidades indígenas, docentes y sociedad civil, se organizaron en cinco mesas temáticas para tratar sobre políticas públicas, el Sistema de EIB, normativa, oferta educativa y educación superior.  

También hubo exposiciones sobre propuestas exitosas en el ámbito educativo como el pueblo Kayambi que tiene desarrollado todo un método de aprendizaje, con textos y materiales didácticos propios que incorporan los saberes ancestrales.

Para Luis Maldonado, dirigente de la CONAIE, es necesaria una Ley de Educación Intercultural Bilingüe para poder llevar a cabo un cabo las políticas públicas sobre la materia porque, de lo contrario, existe un riesgo de que no se cumplan los objetivos. “Tiene que ser un proyecto de largo plazo institucionalizado y con recursos”, dijo. 

Mario Bustos, representante del pueblo Kayambi y quien expuso sobre esta experiencia educativa comentó que tras 40 años de investigación y frente a la falta de atención del Estado, que debería garantizar la preservación de esos saberes ancestrales, ha desarrollado un proceso metodológico educativo que abarca, desde una crianza en principios y valores en la vida comunitaria, hasta formación docente. Todo ello con el fin de recuperar dichos saberes para que la enseñanza sea armónica.

Para Bustos, el contar con un sistema educativo diferenciado del tradicional resulta fundamental. “El poder entiende a las interculturalidades desde la homogeneización. Se imponen procesos y visiones que nos anulan. Eso ha venido pasando, porque no hay una comprensión con perspectiva intercultural. Muchas prácticas han sido invadidas por otras percepciones que han desarmonizado esos saberes ancestrales”, apuntó.

Por ello cree que este tipo de encuentros son muy importantes porque permiten compartir, intercambiar metodologías de desarrollo infantil y enriquecerse con los aportes que hacen los representantes de otros pueblos.

Isabel Farinango, docente, artista y escritora comentó que la Educación Intercultural Bilingüe es una experiencia alternativa y transformadora que recupera la tradición oral y la sabiduría ancestral, en donde existe total armonía entre el ser humano con la naturaleza. 

Parte de su metodología de enseñanza se basa en esta armonía que se ejemplifica en la Chakana, o cruz escalonada andina, en donde cada color tiene un significado. “La Chakana es como una cadera o cintura en donde el cuerpo se une con las extremidades, así como el ser humano se une con la tierra. Los seres humanos dependemos de ella como ella de nosotros”, explicó la docente.

El Tayta Jaime Pilatuña, un Yachak originario de Carapungo y representante del pueblo Quitu Cara coinciden en la importancia de preservar la cosmovisión andina, cuya sabiduría la aprendió de sus abuelos. Tras realizar la ceremonia ancestral espera que este encuentro oriente las ideas y ayude a llegar a consensos.

El Encuentro formó parte de los avances logrados dentro de la propuesta para restituir el Sistema EIB en el marco del Acuerdo Nacional por la Educación que impulsa la sociedad civil con La Mesa de Convergencia, Fundación Esquel, Contrato Social por la Educación, el Acuerdo Nacional por la Educación y el gobierno.

La participación ciudadana en la democracia, el desempeño del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y su pertinencia fueron materia de reflexión por parte de académicos y expertos este 20 de agosto de 2019, en Guayaquil en el foro denominado: “¿Qué ¿Hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana? ”, Organizado por La Mesa de Convergencia, impulsada por Fundación Esquel. 

Este es el segundo foro que se realiza para debatir sobre el tema, frente a las propuestas presentadas para eliminar o limitar las funciones de este organismo. 

El encuentro contó con la presentación de Francisco Huerta, subdirector de diario Expreso; Elcy Celi, presidenta del Foro de Abogados por la Seguridad Social; César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos y la moderación del politólogo César Ulloa. 

Al inicio del Foro, Dolores Padilla, co coordinadora de la Mesa de Convergencia dio la bienvenida y se refirió a la importancia de la organización social como fuerza creadara de la acción colectiva y de la corresponsabilidad que tiene la ciudadanía para involucrarse y construir una democracia de calidad. Esto sirvió como marco para abrir el debate en donde hubo posiciones contrapuestas entre quienes creen que se debe eliminar este Consejo, o mantenerlo. 

Francisco Huerta, subdirector de diario Expreso advirtió que se debe tener cuidado con los mecanismos gubernamentales de participación. Para él, queda claro que el CPCCS no tuvo interés en fomentar la participación ciudadana y que, más bien, este organismo puso énfasis en los nombramientos de autoridades de control para garantizar la impunidad. 

Ante la crisis de partidos políticos que, a su criterio han desvirtuado la representación de la ciudadanía, Huerta cree que se necesita de un sistema nuevo, con reglas nuevas que incentivan la creación institucional. Recalcó el valor de las libertades para tener éxito en este proceso: “Si nos descuidamos, vuelve a la época de la intolerancia y la participación ciudadana requiere de un clima de libertades”, apuntó.

Tras citar al sociólogo alemán Ralf Dahrendorf dijo: “No podemos cruzarnos de brazos frente al desencanto, sino hacer de este, un germen para la nueva democracia” (...) “Actuamos en función de lo que deseamos no de lo que queremos. Lo que no funciona es la demagógica de cómo estamos estructurando nuestras instituciones”, concluyó Huerta.

De su lado, la jurista Elcy Celi coincidió en que no se ha logrado detectar que este organismo haya encausado a la ciudadanía para involucrarse en los temas de gobierno, pues poca gente conoce lo que verdaderamente ha hecho esa entidad. Cree que tampoco se han encontrado avances para impulsar la participación ciudadana, ni fomentado espacios de diálogo público o gestión de transparencia. . 

Celi apoya la eliminación de este Consejo vía reforma constitucional, pues cree que este organismo ha dejado un saldo rojo al país. Se preguntó la vía idónea para incentivar a la participación ciudadana y crear células cívicas. Sugirió construir, desde la ciudadanía, comunidades más participativas e incluyentes para incidir en el gobierno. ‬

Finalmente, César Cárdenas puso la voz disonante al encuentro y discrepó en la necesidad de eliminar a este organismo. “Es mentira que el Consejo de Participación haya sido construido por el correismo. Esa instancia nació como respuesta a algo que buscamos miles de personas y organizaciones”, dijo. 

Cárdenas cree el principio de este organismo estuvo mal concebido. Sin embargo, contrario a eliminarlo, considera que se debe buscar el problema y mirar soluciones. “Si una institución funciona mal no hay que incendiar esa institución, sino ver en qué está fallando y solucionarlo. 

El activista cree que lo más importante es defender esos mecanismos de participación ciudadana que han sido útiles para que los ciudadanos comunes puedan dialogar con las autoridades. “Hay que re pensar la institucionalidad y también los organismos de control que no deben estar al servicio del poder. Hay que repensar que exista una verdadera participación ciudadana transformadora. Llegar a los niveles que teníamos hasta antes de la Constituyente de Montecristi ”, concluyó.

Con la presencia del Contralor General del Estado, Pablo Celi, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) tuvo este 22 de agosto de 2019 un encuentro de fortalecimiento de su modelo de gestión, en Quito, al que asistieron integrantes de 17 núcleos provinciales a nivel nacional . Este encuentro tuvo el apoyo de la Mesa de Convergencia, impulsada por Fundación Esquel, en su ánimo de facilitar y generar espacios de diálogo para el fortalecimiento de la sociedad civil. 

La reunión sirvió para concretar acciones entre la CNA y la Contraloría General, y, de esa manera, dar seguimiento al convenio interinstitucional de cooperación, entre las dos instituciones, para luchar contra la corrupción. El Contralor Celi ofreció a los presentes organizar un sistema de trabajo y diseñar un protocolo para el control público y social de la corrupción. Esto para que los núcleos provinciales puedan articularse a nivel local. También propuso mantener una comisión general con la Función de Transparencia del Gobierno para que los miembros de la CNA puedan exponer sus dudas ante las autoridades.

El Contralor General señaló la necesidad de “potenciar el trabajo de la Comisión Anticorrupción para que sea una palanca de acción pública con trascendencia en decisiones estatales”. 

De su lado, Germán Rodas, flamante coordinador de la CNA, aseguró que esta reunión con los 17 núcleos provinciales es muy importante para establecer elementos de trabajo y acciones que favorezcan la lucha contra la corrupción y en la perspectiva de favorecer una función de control. Entre esas acciones están los convenios con instituciones del Estado como la Contraloría, el Municipio de Quito, el Consejo de la Judicatura. Todo ello con el fin de promover, desde la sociedad civil organizada, una contraloría social para luchar contra “las gavillas que asaltaron al país”. 

Respecto al ofrecimiento del Contralor, Rodas ve con optimismo que se abra la posibilidad de trabajar de manera conjunta desde las provincias, con un diálogo directo entre las delegaciones de esa entidad del Estado.  Rodas cree que es vital buscar un equilibrio entre la contraloría social y la contraloría que se ejerce desde el Estado . “No somos veedores, hacemos contraloría social en función de los requerimientos del país”.

Su intervención concluyó con un llamado a los miembros de la Comisión a continuar su labor en esta nueva etapa en donde él asumió la coordinación de la organización, tras la salida de Jorge Rodríguez. “Creemos que con fe y patriotismo podemos cambiar la patria. La lucha es permanente, no bajemos la guardia”, concluyó Rodas. 

Por su parte Boris Cornejo, presidente de Esquel y Coordinador de la Mesa de Convergencia reiteró el compromiso de esas organizaciones de continuar apoyando el trabajo de la CNA en sus afanes de combatir la corrupción y evitar que el país se convierta en el reino de la impunidad .

El Acuerdo Nacional por la Educación (ANE) invita a la presentación pública de los Primeros resultados de las ocho Mesas Temáticas. 

El encuentro denominado “Cumplimos y Avanzamos por un Acuerdo Nacional por la Educación” será este jueves 29 de agosto de 2019 en Quito, en la sede de la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, (6 de diciembre, entre Whymper y Alpallana, Edificio Torres Tenerife Planta Baja) de 10:00 a 12:00 UTPL.

El objetivo de esta invitación será presentar el trabajo y los resultados de las ocho Mesas temáticas que, desde sus distintas áreas, han Identificado los nudos críticos y los lineamientos básicos sobre políticas públicas que inciden en la calidad de la educación. 

Tras el lanzamiento del proceso, el pasado 12 de abril de 2018, se conformaron las Mesas de trabajo que han venido tratando los siguientes temas: Derechos Humanos y Educación; Desarrollo Sostenible; Educación Técnica, Jóvenes y Empleabilidad; Interculturalidad, Pueblos y Nacionalidades Indígenas; Etnoeducación; Nueva Escuela y Participación Juvenil. Cada una expondrá ante los actores involucrados y autoridades del Ministerio de Educación sobre sus avances y propuestas. 

El ANE es una minga nacional a favor de la educación que tiene el impulso de organizaciones de la sociedad civil como: Fundación Esquel, la Mesa de Convergencia, el Contrato Social por la Educación y el sector público, como parte del Acuerdo Nacional Ecuador 2030 impulsado desde la Presidencia y Vicepresidencia de la República.

La necesidad de construir activar y reforzar la participación ciudadana más allá de un tutelaje de una entidad estatal fue la conclusión de la jornada de reflexión sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) realizado este 27 de agosto de 2019, en Cuenca. El evento fue organizado por Mesa de Convergencia, con el impulso de Fundación Esquel. 

Con este foro se cerró un ciclo de tres encuentros realizados en Quito, Guayaquil y Cuenca para debatir sobre el tema, frente a las propuestas presentadas para eliminar o limitar las funciones de este organismo. 

El encuentro contó con la presencia de Andrea Rivera, exconsejera del CPCCS; Mario Jaramillo exrector de la Universidad del Azuay; Sebastián López, constitucionalista; Boris Cornejo, Presidente de Esquel y César Ulloa, politólogo. 

Andrea Rivera, quien fue consejera durante cinco años, desde 2010, lamentó que pese a que el Consejo nació como una institución para aportar a la construcción democrática y participativa del país, no hubo voluntad política para que cumpliera su papel y más bien, desde sus inicios, se vio el afán del gobierno por querer cooptar esa entidad. “La designación de autoridades fue la cereza del pastel”, dijo Rivera, al referirse a casos de manipulación de concursos e impedimentos para impugnaciones ciudadanas. 

Sobre el futuro del CPCCS, Rivera cree que se debe pensar en mayor democracia y mayor participación. “Ese Consejo debe cumplir con sus atribuciones. Mientras exista, debemos exigir que se promueva la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción y la designación de autoridades (...) Mientras más personas decidamos y participemos habrá más democracia. Es importante retomar el organizador social, los liderazgos y tener una participación activa en las decisiones vitales para el país ”, apuntó. 

Mario Jaramillo ex rector de la Universidad del Azuay fue tajante al mencionar que el Consejo es un organismo que no puede existir por concentrar poder, al tener la potestad para designar autoridades. “El Consejo de Participación ciudadana fue parte de un proyecto autoritario y, lo que pudo haber nacido como un organismo bueno, se transformó en un instrumento para servir al autoritarismo y que, a pretexto de la participación ciudadana, nombraba las autoridades afines al poder”, dijo Jaramillo.

Para el ex Rector, la participación ciudadana debe ser construida desde el hogar, perfeccionada con la educación,  e impulsada desde las organizaciones sociales. Cree que siete personas no pueden concentrar el poder y que la designación de autoridades debería recaer en el parlamento, bajo la supervisión de una veeduría. 

El constitucionalista Sebastián López coincidió con Jaramillo en que el CPCCS fue parte de un sistema perverso. “Pensar en la participación ciudadana desde el Estado ha sido un despropósito”, apuntó. 

Para el experto, la creación del Consejo ha significado más retrocesos que avances en cuanto a participación ciudadana. “Eliminar el Consejo es una solución a camino intermedio, lo propio sería eliminar la función de transparencia y control social. El caballo de Troya para la democracia ecuatoriana ha sido esa función de transparencia y control social”.

Boris Cornejo cerró el foro con un llamado a los ciudadanos a perderle el miedo a la política, juntarse y activarse, no sólo cuando hay escándalos o elecciones. “Si no hacemos un acercamiento a los partidos ya las instituciones, desde una posición ciudadana, la calidad de la democracia no va a mejorar”, concluyó Cornejo, para quien la democracia se construye a partir de conversaciones difíciles.