El colectivo de organizaciones empresariales, pequeña industria, economía solidaria, comercio justo, sistema financiero, sindical, en el marco de los Diálogos Nacionales – Pacto Social, al país:  

La principal preocupación del sector productivo ecuatoriano es que no hay certeza de que el crecimiento económico se consolide en el presente año y en los subsiguientes. Factores coyunturales y estructurales que están afectando a la recuperación económica, tales como: crisis política internacional provocada por la guerra Ucrania-Rusia, que ha devenido en una guerra económica; niveles bajos de inversión interna frente a caídas del consumo nacional; incremento de pobreza por ingresos, más de 1,2 millones de ecuatorianos pasaron a la pobreza con la pandemia sanitaria del COVID 19; dinámica inflacionaria que llegó a 1,96% en 2021 y a 2,9% en enero de 2022.

Esta realidad socioeconómica complicada demanda unidad y trabajo mancomunado del poder ejecutivo y de la Asamblea Nacional, junto a las principales organizaciones sociales, para actuar ya, a través de:   

1. Reactivación económica inclusiva, con políticas claras y efectivas para incentivar, fomentar y apoyar la producción nacional y las exportaciones; entrega oportuna de incentivos tributarios (drawback), atención a problemas de infraestructuras por el fuerte invierno en el campo; un acuerdo nacional sobre los precios de sustentación para principales productos agropecuarios como banano, arroz y leche; fortalecimiento de cadenas productivas y clusters.

2. Compartimos la necesidad de reducir a mínimos el déficit fiscal, pero, no se puede perder de vista que en el actual contexto socioeconómico y político que vive el país, se requieren acciones y recursos para satisfacer grandes necesidades sociales como infraestructuras (carreteras, caminos, obras de protección ambiental, equipamientos y recuperación de la infraestructura de escuelas y colegios), además de vivienda digna para los ecuatorianos en todos sus estratos.

3. Acompañamiento de la estrategia de negociaciones comerciales (10 nuevos países alrededor del mundo), con una clara y contundente agenda productiva interna a fin de garantizar transiciones productivas eficientes y un adecuado fortalecimiento de los sectores productivos internos, especialmente pequeña industria, organizaciones de la economía popular y solidaria, artesanos y economía familiar campesina.

4. Un acuerdo nacional para diseñar un ajuste y actualización al marco normativo del trabajo que fortalezca los derechos laborales, que al mismo tiempo facilite y promueva derechos y oportunidades para los amplios sectores hoy sin empleo y pauperizados en el subempleo y la informalidad. Las propuestas normativas en materia laboral deben primero; dialogarse y consensuarse antes de su tratamiento en la Asamblea Nacional. 

5. Debate democrático y apertura ideológica para el tratamiento de la nueva ley orgánica de atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital. Planteamos como urgente y necesario el establecimiento de reglas claras y de largo plazo para el funcionamiento institucional del Estado que garantice eficiencia y un adecuado equilibrio de responsabilidades y rentabilidades.

6. Crear y poner en marcha un gran programa de inversión pública de infraestructuras, equipamiento y vivienda, con los ingresos extraordinarios por las diferencias de precios del precio internacional del petróleo con los presupuestados, en estricto cumplimiento de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 253, de fecha 24 de julio de 2020, artículo sin número, que dispone la creación del Fondo de Estabilización, con los ingresos provenientes de los recursos naturales no renovables que superen lo contemplado en el Presupuesto General del Estado, “que permita g qarantizar la estabilidad económica y la sostenibilidad de las cuentas públicas y/o la capacidad de ejecución de egresos en educación y salud…”

7. Atender con objetividad las presiones de estrés sobre el Sistema Financiero Nacional, provocadas por el propio comportamiento económico de ciertos sectores productivos que no ven la luz al final del túnel, y la pérdida total o parcial de ingresos de las familias ecuatorianas; factores adversos que demandan la certeza de una regulación técnica y estable para el sector y la responsabilidad de evitar un manejo político en la designación de autoridades de regulación y control. 

Quito, 18 de marzo de 2022