La emergencia generada por la pandemia del Covid19, obligó al Gobierno nacional a tomar la decisión que todo el sistema educativo ecuatoriano pase a la modalidad de trabajo en línea desde los hogares. Las nuevas condiciones de escolaridad reeditaron y profundizaron la problemática del acceso a la educación que ya tuvo tratamiento en las décadas anteriores, cuando se trabajaron las causas que generaban falta de oportunidades de niños y niñas para ingresar y permanecer en el sistema escolar a partir del primero de EGB y el Bachillerato.

Lamentablemente, la regresión en el derecho a la educación que afecta este tiempo a un porcentaje importante de niños, niñas y jóvenes de los sectores rurales y urbano marginales del país no es el resultado de las condiciones de la nueva escolaridad que hoy se impone, sino fundamentalmente, de la política gubernamental que va en dos direcciones: por una parte hay inacción para generar programas que den una respuesta específica para quienes no pueden acoplarse a las nuevas pautas por falta de capacidad económica de sus familias para adquirir, lo que el Mintel llama “canasta básica” de tecnología, y, por otra parte, hay suspensión de programas que benefician, precisamente, a la población de menores recursos económicos, como el Bachillerato Internacional en instituciones fiscales y los Infocentros.

Esto se explica porque las decisiones tomadas por las autoridades correspondientes ignoran las diferencias de las condiciones de vida económicas, sociales y culturales de las y los ecuatorianos, y, subvaloran la educación a la hora de priorizar el destino de los fondos del Estado.

Por lo anteriormente expuesto exigimos a las autoridades del gobierno central garantizar la continuidad de programas que se han puesto en cuestión como los Infocentros y el Bachillerato Internacional. Pedimos una intervención clara, definida y oportuna de los Ministerios de Educación y Telecomunicaciones con programas que den accesibilidad a las TIC para atender a los sectores que no pueden continuar su escolaridad.

Demandamos que las decisiones de política educativa nacional no miren al sistema educativo como la rectoría de un sector, generalmente el más pudiente, el que pasa a ser la medida de toda la sociedad, ejemplo de ello tenemos en el pilotaje de regreso a la escolaridad presencial que ha sido pensado únicamente desde establecimientos privados lo que contrasta con la falta de programaciones similares para establecimientos fiscales.

Demandamos de las autoridades descentralizadas como los GADs provinciales, cantonales y parroquiales a asumir como suyos los problemas que afectan a la población en su territorio, a denunciar decisiones lesivas de los derechos ciudadanos y a exigir a las autoridades correspondientes, políticas coherentes con la diversidad económica, social y cultural de la población que habita en su jurisdicción, y, a involucrarse en la búsqueda activa de soluciones pertinentes.

Por otro lado, la mesa de Educación del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, se encuentra sumamente preocupada ante el recorte presupuestario de las universidades públicas, cuya resolución fue adoptada por el pleno de la corte constitucional del Ecuador. El recorte que se aplica, sobre todo, corresponde al rubro de gasto en personal, poniendo así en una encrucijada a la estructura operativa de las universidades, pues obligaría a despedir docentes y personal administrativo, lo que afectaría el desarrollo académico, la investigación y la producción de conocimientos científicos. Es necesario que el gobierno tome en cuenta el rol fundamental que juega la educación superior para poder enfrentar la pandemia.

Demandamos que la resolución de recorte presupuestario se revea inmediatamente, puesto que de mantenerse, afecta no solo al sistema de educación superior, sino, a la sociedad ecuatoriana en general.

Sin financiamiento adecuado, la educación no puede tener la calidad que necesita, mermar el financiamiento de las universidades públicas, tendrá efectos a mediano y largo plazo ocasionándonos una desventaja abismal en la mencionada nueva normalidad.

Hacemos un llamado a las instituciones no gubernamentales nacionales e internacionales, a los sectores productivos, a los movimientos sociales y ciudadanos a levantar su voz de alerta ante la ocurrencia de vulneraciones como las aquí descritas y a aportar en las soluciones creativas de las mismas.

Atentamente:

Mesa de Educación – Pacto Social por la Vida y por el Ecuador.

Informes:

César Ulloa

Coordinador

Pacto Social por la Vida y el Ecuador

0995808473