La misión fundamental de un órgano electoral es organizar, dirigir, vigilar y garantizar la transparencia de un proceso electoral, garantías electorales que se traduce en avalar y cuidar que la expresión ciudadana en las urnas no se vea afectada en ninguna jurisdicción ni en ninguna elección. 

La organización del proceso electoral 2023 generó varios problemas: 

1. Condiciones de inequidad en la participación política electoral por la falta de controles al proceso, entre las que mencionamos: (1) nulo control de la propaganda electoral; (2) inexistencia de controles antes y durante la campaña electoral; (3) falta de control del uso del dinero en la política; (4) inadecuado control de calidad y de supervisión al sistema de generación e impresión de actas de escrutinios; (5) erróneo sistema de integración de miembros de juntas receptoras del voto que debía prever y cruzar con las bases de datos de afiliados para que ningún delegado de partido político integre la Junta como vocal principal o suplente; (6) carencia de control interno al desempeño de servidores electorales para evitar manipulaciones; (7) falta de controles al escrutinio de mesa; (8) la no implementación de un sistema de auditoría informática en tiempo real, que arroje alarmas en los distintos procesos informáticos.
2. A ello, contribuye, la irresponsabilidad de la mayoría de organizaciones políticas y candidatos así como los promotores de la Consulta que no fiscalizan las elecciones en sus diferentes etapas; y, en especial, las votaciones y todo el proceso de escrutinio hasta su culminación; 
3. La Misión de Observación Electoral de la OEA describe algunos de los aspectos, antes señalados, entre estos que: “la transmisión general de resultados notablemente lenta”; que la “página de divulgación y la aplicación móvil funcionaron de manera lenta y/o intermitente desde su habilitación”, y que se “constató momentos a lo largo de la noche en que no fue posible acceder a los resultados a través de cualquiera de las plataformas, las que brindaban un servicio interrumpido”; que “no se registraban avances en los niveles de procesamiento de seis provincias en las dignidades de prefectura y alcaldía, … : Cañar, Loja, Morona Santiago, Napo, Santa Elena y Zamora Chinchipe, inconsistencias en la impresión de las papeletas, específicamente en el orden de las candidaturas en las actas borrador, actas de escrutinio”; que, “la lentitud se debió tanto a atrasos en la etapa de escrutinio y de elaboración de actas en las JRV … como a atrasos en la etapa de digitación e identificación de las firmas de las actas”; que “sí se registró intermitencia y no actualización de los resultados en el portal de divulgación habilitado por el CNE y en su aplicación móvil”; y, que “se observó una discrepancia entre la información presentada en dichas plataformas y la transmitida en la sala de prensa del CNE”; que a las 21:00 horas del día de las elecciones, “dicha discrepancia era aún mayor y no fue resuelta sino hasta las 1:00 horas del 6 de febrero”; que: “A las 4:08 horas del 6 de febrero se habían procesado 79,03% de las actas para alcaldía, mientras que las actas de algunas preguntas del referéndum mostraban un avance menor al 4%”; que: “la publicación y amplia difusión de encuestas a boca de urna y otros sondeos (“trackings”) que no solo arrojaban resultados muy distintos a los que eventualmente se registraron en el conteo de votos, generando una expectativa en la ciudadanía que pudo dar lugar a suspicacias innecesarias, sino que incluso rayaban en el proselitismo y la desinformación”; que, el “CNE, a través de la empresa subcontratada para estos efectos, no les otorgó oportunidad de escoger las fotografías de su preferencia o aprobar los spots producidos”, a los candidatos del CPCCS, quienes manifestaron a la OEA que “no se les informó en qué horarios se transmitirían sus spots, sino únicamente los medios y el alcance en audiencia. El CNE pagaba directamente la contratación de la pauta, sin que las candidatas y candidatos pudieran elaborar una estrategia de comunicación que sirviera a sus objetivos políticos, enfocándose en ciertos horarios, medios o audiencias”. La Misión de la OEA, “considera que, en un contexto eleccionario en el que concursaron 45 candidatas y candidatos, las condiciones otorgadas para la promoción de las candidaturas al CPCCS fueron insuficientes para emitir un voto informado”. 
   La MOE/OEA señala que: “pudo observar en redes la promoción sistemática de siete candidaturas por parte del partido Revolución Ciudadana y sus figuras más prominentes, así como por parte de los propios candidatos y candidatas que se asociaban a esta tendencia y hacían manifiesta su simpatía”. 
   La Misión “recibió de múltiples candidatas y candidatos, organizaciones políticas y representantes de la sociedad civil muestras de disconformidad por el incumplimiento de las disposiciones del régimen de prohibiciones en materia de campaña anticipada, gasto público en periodo electoral por parte de autoridades que buscaban la reelección, entrega de dádivas, falta de transparencia e incumplimiento de las obligaciones de reporte de gastos, gasto electoral por parte de terceros, entre otros. En ese mismo sentido, el Consejero Vicepresidente del CNE lamentó en medios de comunicación que la campaña se había desbordado en irregularidades “casi con desvergüenza”; y, que: “El CNE manifestó a la Misión que carece de suficientes herramientas para realizar un control efectivo del financiamiento político”. 
   La Misión dice finalmente que: “comprende que “la penetración del crimen organizado y del narcotráfico son fenómenos que exceden el marco electoral, pero advierte que tienen repercusión directa en el proceso democrático y deben ser abordados con la mayor urgencia y seriedad por parte de toda la institucionalidad pública, incluyendo—en lo que le compete—por la autoridad electoral”.
4. El señor Juan Esteban Guarderas, miembro del Frente Anticorrupción y candidato al CPCCS advirtió a la opinión pública y denunció la existencia de una comunicación de Microsoft advirtiendo que hay usuarios con credenciales con autorizaciones para modificar el sistema informático, con código abiertos; y que debe corregirse y tomarse medidas para evitar la vulneración a los sistemas; y que corre riesgo el alojamiento de la data electoral (resultados) en la plataforma AZURE (nube), lo cual es altamente preocupante;
5. Por otro lado, se evidencia que no ha existido la transparencia adecuada de la información y documentación que se aloja en los Centros de Digitalización de Actas (CDA) en cada provincia, respecto a las actas originarias de Junta y actas de reconteo. 
6. La sociedad ha conocido por denuncias de la consejera Nájera, del Vicepresidente Enrique Pita y de otros actores del proceso, la falta de una auditoría técnica a la plataforma y a los sistemas informáticos electorales; la limitada información sobre los reportes del centro de mando unificado; las miles de inconsistencias reconocidas por la propia autoridad electoral; lo cual lleva a concluir que ha existido errores en su administración y es notoria la falta de transparencia electoral. 

Todo ello, no son errores simples, son afectaciones gravísimas a la pureza del sufragio que pueden tener su origen, por un lado, en no realizar un control de calidad de los procesos y procedimientos internos y por otro, en la generación de documentos electorales y en el diseño de los procesos informáticos. 

La consecuencia de estos actos es que se ha alterado la paz democrática; por ello, demandamos del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL la adopción de las siguientes medidas correctivas:

1. Que se realice una auditoría nacional con veeduría internacional, en forma integral, al proceso electoral con la finalidad de dotarle de certeza y transparencia a las elecciones seccionales 2023.
2. Que se ponga a disposición de los actores políticos y de la ciudadanía toda la información y documentación electoral para que puedan validar los resultados electorales, y ejercer los medios de impugnación que establece la Ley. 
3. Que el CNE está en la obligación de dar respuesta sólida al país y, en especial, a la ciudadanía, y dé explicaciones precisas respecto a todos estos hechos y, en especial sobre las siguientes inquietudes: 
   ¿Se produjo o no un intercambio de votos en favor de un candidato o preferencia en perjuicio de otro u otra, ya que ello podría configurar un fraude electoral? 
   Tiene el CNE la capacidad de evaluar y detectar la injerencia informática externa o manejos externos con inteligencia artificial u otras tecnologías?
   ¿El sistema comprueba y valida que los sistemas de reconocimiento de caracteres sean los correctos al procesar los resultados electorales a los servidores de consolidación y de difusión de resultados electorales? 
   ¿Existió o no desorientación y desinformación sobre los resultados electorales? 
   ¿Pueden o no manipularse los archivos de consolidación que integran los resultados electorales? 
   ¿Cuáles fueron los mecanismos de validación y seguridad? 
   ¿Se produjeron o no presuntas vulneraciones en las seguridades informáticas?
4. Que se adopten los correctivos inmediatos para subsanar estas alteraciones. 
5. Que se sancione a los responsables de las irregularidades cometidas con el  máximo rigor legal. 

Demandados acciones concretas frente a hechos que han mermado la institucionalidad electoral, ya que es evidente que se vulneró la integridad del proceso electoral. 

No importa quien gane ni quien pierda sino que se respete la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

COLECTIVO VOCES POR LA DEMOCRACIA