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Lunes, 02 Marzo 2020 10:29

Ciudadanía organizada en Guayaquil construye propuesta para la agricultura campesina

En Guayaquil se gesta una iniciativa ciudadana para enfrentar los problemas de la agricultura campesina de la Costa, bajo el liderazgo de la Mesa de Convergencia coordinada por la Fundación Esquel. Para el efecto se reunieron este 28 de febrero de 2020, 25 representantes de distintos sectores: universidades, gremios campesinos, representantes del sector público y organizaciones de la sociedad civil.

La reunión tuvo tres momentos: diagnóstico, debate y elaboración de una hoja de ruta para la realización de las propuestas. Para Rafael Guerrero, experto en el estudio de este sector, dijo que entre los problemas identificados se encuentran los siguientes: falta de servicios financieros regulares, falta de una política de riego y drenaje, desorganización de los mercados de frutos y hortalizas, falta de un modelo de empresa campesina asociativa, inexistencia de inteligencia de mercados. A estos problemas se suma la precariedad de la economía nacional en un momento de crisis, la realidad de que el sector exporta pocos productos y que además llega a pocos mercados.

Los problemas del sector no están aislados de lo que ocurre en el mundo globalizado desde una perspectiva que considera una visión sistémica, según Ramón Espinel, director del Centro de Investigaciones Económicas y Agrícolas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). Para entender la complejidad del problema, expresó el académico, se debe invertir en investigación, porque es necesario conocer más las dinámicas de la agricultura campesina. La globalización se caracteriza por el avance de la tecnología, las exigencias de la competitividad y la producción, insistió. En este mismo orden de ideas, Boris Cornejo, presidente de Esquel, mencionó que tampoco se debe perder de vista la situación de crisis de la economía nacional, la fragilidad de la dolarización, los problemas de desempleo, la baja competitividad de la economía nacional y la precariedad de la institucionalidad democrática.

Para los representantes de los pequeños productores de la Costa hay preocupación acerca de las negociaciones que el Estado podría adelantar y concretar con los Estados Unidos bajo la modalidad de tratado de libre comercio. Para ese tipo de escenarios debería haber una representación de todos los gremios y agrupaciones del agro.

Por otra parte, se acentuó la idea de que este tipo de propuestas que lidera la Mesa de Convergencia recoja los criterios y propuestas de los agricultores que están en el campo, pues en reiteradas ocasiones, las autoridades que han estado al frente de la cartera de Agricultura, deciden sin contar con las apreciaciones de quienes están en el territorio.  

Entre las propuestas está la revisión de la malla curricular de los sectores del campo. Hay un desface entre la formación de los sectores rural y urbano. Hay que replantear las acciones del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Es un hecho que los hijos e hijas de los campesinos en edad promedio de 20 a 25 años han optado por la emigración. Hay que mapear los sectores productivos de la Costa y trabajar en propuestas educativas que hagan contención y generen oportunidades para las juventudes.

Los participantes insistieron en la necesidad de realizar un diagnóstico del sector agrícola, sobre todo un mapeo de producción, ya que poco se conoce los productos que hay en cada zona y sobre todo a qué mercados estos podrían ir. Hubo una insistencia en impulsar una estrategia de inteligencia de mercados con el afán de diversificar la producción, mejorar la competitividad y fomentar un buen desempeño del sector. 

La Mesa de Convergencia de Guayaquil constituyó un grupo de trabajo que preparará un diagnóstico sobre la situación actual del sector, propondrá un modelo para la economía campesina de la Costa llevará cabo un proceso de concertación con las organizaciones sociales que trabajan en este sector, para contar con una propuesta de política pública que será entregada a las autoridades del Estado para su implementación, monitoreo y seguimiento.

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