La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) demandará al expresidente Rafael Correa por crímenes de “lesa humanidad”. Así lo dio a conocer el titular del organismo, Jorge Rodríguez.
Él explicó la mañana del 10 de agosto del 2017 que los abogados de la Comisión han iniciado los respectivos trámites ante la Corte Penal Internacional de la Haya. Dijo que la demanda se motiva en contra del exmandatario por ser supuestamente el principal responsable del “descalabro económico y moral” del país durante diez años.
“Tendrá que responder por crimen de lesa humanidad ante el Tribunal Penal Internacional (...) por todos los desaparecidos, por todos los perseguidos, por todos los periodistas; necesitamos justificar una demanda de tipo internacional que le lleve a la cárcel al más corrupto presidente que ha tenido el país...”, explicó.
Silvia Buendía, miembro de la Comisión capítulo Guayaquil, agregó que hay una clara violación a los derechos humanos, porque hay ciudadanos que no tuvieron acceso a la igualdad de condiciones ante la Ley.
“Hay gente que fue perseguida por un poder que controlaba la justicia, usaron el derecho penal para callar, se violó la libertad de expresión, de asociación, se criminalizó la protesta, hay una gravísima violación de derechos, no digamos en coimas, sobornos, peculado, nepotismo (…) todo eso son violaciones directas o indirectas de los derechos humanos”, anotó.
Buendía explicó que la demanda internacional la está manejando la Comisión Nacional, pero que desde Guayaquil se respaldará el pedido con otros casos de corrupción que investigarán. Tienen previsto reunirse la tarde de este 10 de agosto en Guayaquil para definir una hoja de ruta.
El pasado 8 de agosto la CNA desarrolló un foro contra la corrupción en el Puerto Principal dónde se planteó la Carta de Guayaquil. Ahí se exigió una consulta popular para definir una nueva estructura de poder y se anunció que la próxima semana presentarán una denuncia contra funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) por supuestamente haberse lucrado con un sobreprecio en la importación de placas vehiculares.
Fuente: El Comercio