“La corrupción es un enemigo común que tiene la sociedad y que ha hecho mucho daño. El combatirla permite, no solo ejercer ciudadanía, sino unirse desde distintas aristas, en la construcción de un mejor futuro para los ecuatorianos”. Así justifica Boris Cornejo, coordinador de la Mesa Anticorrupción, la inclusión de este tema como uno de los más importantes dentro de las propuestas ciudadanas que forman parte del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador.

Esta iniciativa -que agrupa a 80 organizaciones de la sociedad civil bajo el impulso de Fundación Esquel- lleva ocho meses de trabajo en búsqueda de propuestas concretas para solucionar algunos problemas que aquejan al país en sus múltiples dimensiones. 

Una de esas propuestas concretas ya ha sido presentada por la Mesa Anticorrupción, que ha dado el primer paso con un proyecto de Ley que propone considerar a los ciudadanos víctimas directas de la corrupción y participar en los procesos judiciales. Dicho proyecto de Ley, nombrado “Ley Jorge Rodríguez, ya fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, de la Asamblea Nacional y actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia, a la espera de un informe favorable.

Además de este primer avance de la Mesa Anticorrupción, Cornejo afirma que desde ese espacio también trabajan en tres ideas fuerza que están en proceso de construcción, como parte de las propuestas concretas de lucha contra la corrupción. 

La primera es buscar cooperación internacional desde la sociedad civil para presionar, tanto al Estado ecuatoriano, como a actores sociales de otros Estados, para que plasmen en la práctica convenios de cooperación que permitan parar la corrupción. “Al ser un fenómeno transnacional, sin cooperación entre estados, sería imposible recuperar lo robado. Los corruptos se fugan o van presos, pero la plata sigue estando afuera”, apunta Cornejo.

Una segunda propuesta es la posibilidad de armar una red de organizaciones que estén trabajando contra la corrupción, para tener un intercambio de información y datos que permitan ser más efectivos a la hora de identificar e investigar casos de corrupción. Finalmente, Cornejo destaca una gran proclama para movilizar a la sociedad, lo que permitirá juntar a la ciudadanía diversa en esta lucha común contra la corrupción.

De su lado, Juan Esteban Guarderas, abogado, activista político y miembro de la Mesa Anticorrupción, cree que la crisis no puede implicar que se deje de lado la lucha anticorrupción. Esto fue precisamente lo que lo motivó a participar activamente dentro del Pacto Social y a plantear iniciativas como el proyecto de Ley ya mencionado. 

Guarderas asegura que se debe trabajar en el fortalecimiento de un sistema de lucha anticorrupción que en el Ecuador es deficitario y que permite a los corruptos salirse con la suya. “Yo no creo que los ecuatorianos seamos más corruptos que en otros países, el problema es el sistema deficitario, en donde no hay suficientes juicios ni sanciones para los corruptos y  tampoco existen los mecanismos para la recuperación del dinero robado. Hay una carencia de legislación en ese sentido”, apunta el jurista, quien cree que el haber presentado ante el Legislativo el proyecto de Ley es un pequeño, pero importante hito que, de ser aprobado, permitirá a la ciudadanía víctima de la corrupción, ser parte de los procesos.

Guarderas destaca otras propuestas que adicionalmente se están gestando como las vías idóneas para recuperar los activos que podrían ser producto de la corrupción y que se encuentran en los Estados Unidos. Según lo que se ha explorado, el jurista menciona la posibilidad de conseguir apoyo de ese país para que, con evidencia creíble, pueda congelar activos de personas sospechosas de corrupción. 

Otra propuesta que destaca Guarderas es trabajar de la mano con entidades como el Servicio de Rentas Internas (SRI) para darles capacitación en la identificación de irregularidades con sus mismas bases de datos. 

Sobre dichas propuestas, el jurista afirma que el siguiente paso será trabajar con “ñeque” para ejecutar estas ideas, siendo el primer paso un llamado a la ciudadanía a apoyar estas propuestas, de manera concreta, presionar al Legislativo para que apruebe el proyecto de Ley.

La activista política Virginia Andrade, quien también forma parte de la Mesa Anticorrupción asegura que el proyecto de Ley presentado es muy viable, pero cree que, además, es vital el involucramiento y la participación ciudadana para que la lucha contra la corrupción sea exitosa.

Es por ello que, de su lado, está trabajando en una propuesta a largo plazo que tiene que ver con educación a la ciudadanía sobre lo que es la corrupción y cómo esta se genera con pequeños actos que muchas veces son cotidianos y que se han normalizado. “La idea es enseñar a la gente que puede ser parte del cambio, porque a veces se nos olvida que quedarnos con un vuelto, cogernos un esfero o copiar en un examen también son actos de corrupción”, dice Andrade.

“Si llegamos a las personas de a pie y les convencemos que se puede cambiar, la realidad sería distinta y la lucha contra la corrupción sería un éxito”, apunta. 

Para Andrade, el involucrarse dentro del Pacto le ha permitido, no solo el intercambio de ideas y conocimientos, sino también el tener un espacio para pensar en los problemas y soluciones. “El mundo está cambiando y es bueno que nos hayamos sentado a pensar y demostrar que se pueden dar esas soluciones”, concluye.

A continuación, conozca los ejes principales de la propuesta de la Mesa Anticorrupción.

• Proyecto de ley para reconocer a la ciudadanía como víctima de la corrupción.  La participación de la ciudadanía en los procesos de corrupción permitirá evitar la impunidad al complementar la acción de las entidades de control del Estado.

1. Recuperación de activos. Se debe instar a la ciudadanía y a los poderes públicos a que renueven los esfuerzos de recuperación de activos sustraídos por la corrupción. En el marco de esta actividad se han previsto las siguientes operaciones:
2. Solicitud de sanciones de la Ley Magnitzky: por intermedio del Congreso y Senado estadounidense se puede lograr el congelamiento de los activos de individuos envueltos en actos de corrupción organizada.
3. Trabajo con organizaciones de control del Estado (UAFE, SERI, Superintendencias, Fiscalía) para implementar mecanismos de recuperación de activos sobre la base de la identificación de productos financieros destinados a impedir el rastreo e identificación de los titulares de activos a escala nacional e internacional.
4. Puesta en marcha de operaciones de cooperación internacional para rastreo y recuperación de activos, así como la extradición de personas en procesos por corrupción. Establecimiento de trabajos en conjunto con universidades, cámaras y demás actores de la sociedad civil, para profundizar el conocimiento sobre los mecanismos de envío, ocultamiento y uso de los fondos desviados por casos de corrupción. 

• Coyuntura electoral. Es necesario apoyar iniciativas cívicas de diversas organizaciones: Participación Ciudadana, Grupo Faro, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Fundamedios, entre otras, que han desplegado propuestas que promueven el escrutinio ciudadano respecto de los y las candidatas a las próximas elecciones. Que se generen espacios de debates entre la ciudadanía y los candidatos; que se analicen sus propuestas de campaña, cara a cara, para solucionar los problemas que vive el país. 

• Fomentar alianzas nacionales e internacionales para que acciones concertadas generen resultados. Se deben crear alianzas que analicen permanentemente la información relativa a la corrupción para que los casos pasados, presentes y futuros no desaparezcan de la memoria colectiva. El uso de estos datos permitirá generar una síntesis del impacto que aportará en el discurso, creando esa conexión con lo personal que permanece en la memoria de todos. Estos datos no solo serán una herramienta comunicacional, sino el cimiento para impulsar la movilización social que dará como resultado la creación de políticas públicas para el control y la erradicación de la corrupción. Estos procesos deberán ser saludables, comprometidos y requerirán de un marco lógico que estructure el por qué, a dónde y con quién, para que, de manera objetiva, interconecte estos hechos con los efectos que crean en la población.  También permitirá generar una agenda que incluya la necesidad de extender los procesos al campo internacional, la cual se podrá compartir con los y las candidatos, así como con los partidos políticos como una propuesta desde la ciudadanía. Esta se convertirá en un insumo técnico sin tinte ideológico y que fácilmente pueda incluirse dentro de los planes de gobierno; inclusive que pueda crear una especie de coalición entre todos en contra de la corrupción. Las alianzas estratégicas con la academia y las organizaciones de la sociedad civil tendrán por finalidad:

1. Compilar datos relativos a la corrupción;
2. Identificar vacíos normativos y la relación con la normativa subsecuente, que permite la acción u omisión que perjudica al Estado;
3. Identificar los mecanismos internacionales más apropiados, y ya existentes, para perseguir la naturaleza transnacional de la corrupción;
4. Desarrollar una agenda internacional que impulse el Estado ecuatoriano, tanto a escala regional, como mundial, para recuperar capitales, capturar prófugos de la justicia y conducir las causas penales de manera exitosa en los diferentes fueros donde estos se presenten;
5. Aplicación de estándares internacionales anticorrupción a los procesos institucionales y de contratación del Estado;
6. Identificar socios estratégicos de la comunidad internacional que apoyen al Estado ecuatoriano en sus esfuerzos contra la corrupción (p. ej., International Centre for Asset Recovery in Geneve, PACTO entre América Latina y la Unión Europea);
7. Generación de indicadores que visualicen el impacto de la corrupción en los cinco segmentos de desigualdad reconocidos por la Constitución (género, etnia, etario, socioeconómico y discapacidad); y cuáles son sus efectos colaterales: intimidación, violencia, sicariato, etc.
8. Generar un listado actualizado de los procesos judiciales por corrupción, cuantificar tanto los montos robados como el costo de oportunidad de las obras que no fueron realizadas a favor de la población.
9. Crear herramientas de alcance internacional que aporte respuestas en investigación, rastreo de fondos o activos, bloqueo de fondos, detención de denunciados, y extradición en los países cooperantes. Así se acortarán los tiempos de respuesta y la burocracia.

• Educación y movilización social. Frente a una sociedad apática ante los graves problemas que genera la corrupción y, sobre todo, la impunidad, a la incapacidad de las instituciones de control y justicia, a las prácticas corruptas de diversos sectores, se promoverá una gran estrategia de movilización social que busque sensibilizar, activar a los ciudadanos y sus organizaciones, a recuperar valores cívicos que no están siendo ni enseñados peor practicados, que contiene los siguientes ejes de acción:

1. Evitar la desmemoria, recordar permanentemente los casos, los sujetos, las actuaciones, las victorias, las frustraciones, la impunidad.
2. Educar, no solo en las aulas, educar también en los diversos espacios.
3. Lanzar una campaña nacional por los valores de la integridad, la transparencia, el respeto a lo público, el desprecio al corrupto y sus prácticas. Todos somos parte del cambio desde nuestro espacio de incidencia.