La necesidad de realizar cambios culturales e institucionales para enfrentar con eficacia la vulneración de derechos y situaciones de violencia en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes ha motivado a la Mesa de Lucha Contra la Violencia -que forma parte del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador- a establecer un diálogo propositivo con miras a incidir en este fenómeno que, en el contexto de la pandemia, se ha evidenciado con mayor fuerza. 

Trabajar en la prevención, atención y restitución de condiciones de igualdad y buen trato para este grupo de la población es una prioridad en esta Mesa, cuyos miembros se han enfocado en dos ejes: la violencia de género y población LGBTIQ, por un lado,  y por otro, la protección de niñas, niños y adolescentes, como sujetos de derechos.

Cristina Almeida, coordinadora de la Mesa de Lucha Contra la Violencia y experta en esta temática comenta que en estos seis meses de trabajo han volcado sus esfuerzos en lograr que todas las mesas que forman parte del Pacto Social tengan enfoque de género. “El Pacto tiene que tener ese enfoque y por ello es necesario empezar desde dentro hacia afuera y no al revés. Si no comprendemos esto, no tendría sentido nuestro trabajo”. 

Almeida cree que han tenido avances importantes en cuanto al acercamiento con las otras mesas que lideran las distintas temáticas que contempla el Pacto como la de educación, descentralización, lucha contra la corrupción, entre otras. “Es un trabajo multisectorial necesario para asentar las demandas”.

El cuanto al trabajo en el eje de niñez y adolescencia, la experta -que actualmente cursa un masterado en ciencia política en México- destaca que los jóvenes que forman parte de la Mesa que coordina, se volvieron orgánicos y entre ellos se están organizando para debatir algunos temas que les preocupa como el embarazo adolescente, la educación sexual, la corrupción y otros. “Es positivo que se puedan abrir espacios de reflexión fuera de los colegios y en el marco del trabajo de la Mesa”, apunta Almeida.

Dentro de las propuestas de esta Mesa se desprende realizar una campaña educomunicacional y brindar apoyo a los espacios que ya están consolidados como las casas de acogida,  organizaciones de mujeres, entre otras. Todo ello para exigir la creación de una política pública que responda a estas demandas. 

Ernesto Delgado, miembro del Pacto por los Derechos de la Niñez y Adolescencia y parte de esta Mesa asegura que la necesidad de prevención y restitución de derechos en las personas víctimas de violencia se vincula con un buen funcionamiento de un sistema de protección integral. “Hay la necesidad de realizar cambios culturales e institucionales para poder enfrentar con eficacia la vulneración de derechos, en donde la violencia es un tema transversal en los diversos ámbitos de la vida”, dice Delgado.

Para este sociólogo experto en temas de niñez y adolescencia, pese a los esfuerzos desde distintas trincheras, ha faltado una normativa que permita la construcción de modelos de gestión descentralizados, que tengan una fuerte intersectorialidad, en coordinación y complementariedad. 

Delgado se refiere a la creación de un sistema que unifique estos esfuerzos enfocados en proponer políticas públicas y una estructura que facilite la creación de modelos de gestión eficaces. 

En ese sentido, resalta cinco niveles de soporte para el óptimo funcionamiento de un sistema integral. El primero es un sistema de comunicación social amplio e integral con la participación de medios públicos y privados capaces de transmitir aspectos de prevención de violencia y restitución de derechos, de manera que se implemente ese enfoque de derechos en el entorno social y que cada persona se vuelva un agente de promoción de derechos a través de cambios conductuales y culturales.

Otra línea es aprovechar los recursos de capacitación de todos los operadores de servicios tanto del sector público como privado y que a nivel local se desarrollen sistemas de información para que la población sepa dónde y a quién acudir en caso de vulneración de derechos. 

Un tercer aspecto, señala Delgado, es generar capacidades de participación ciudadana, para que los planes y políticas se hagan de manera conjunta con la comunidad, mientras que el cuarto tema se refiere a introducir mecanismos de lucha contra la violencia en la planificación local y adoptar un enfoque descentralizado para la acción.

Finalmente, el quinto aspecto se refiere al presupuesto, es decir que haya  participación de las comunidades en la elaboración de los presupuestos. Sobre lo mencionado, Delgado cree que se necesita un cambio cultural en cuanto a comportamientos de la relaciones Estado y sociedad.

En cuanto a las expectativas del trabajo de la Mesa, Delgado destaca el aumento de la toma de conciencia. Sin embargo, cree que hay que proponer estrategias para poder introducir estos temas e involucrar mucho más a las autoridades locales para que incluyan sistemas de protección de derechos.

La clave, según Delgado es mantener un diálogo social permanente para lograr una dimensión nacional a estos temas, que se incluyan en la agenda el desarrollo de políticas públicas y se transversalice el enfoque de género y de protección de derechos.

Estrategias y propuestas de la Mesa de Lucha contra la Violencia 

• Fortalecer la consolidación y socialización del Pacto Social con todos los sectores de la población que han venido trabajando en las temáticas aquí propuestas, reconocer el trabajo existente y sumar acciones.

• Promover la participación ciudadana a través de mecanismos en los que se escuche directamente su voz, mediante la activación de los instrumentos establecidos por la ley. 

• Establecer diálogos a mediano y largo plazo con los sectores: academia, organizaciones de la sociedad civil, instituciones estatales multinivel, medios de comunicación y sectores privados.

• Colocar en la agenda pública de manera continua el debate y la información objetiva sobre la realidad que enfrentan tanto niñez y adolescencia como las mujeres en todas sus diversidades, con la intención de que no se diluya en el debate y se priorice en las exigencias de políticas públicas tanto locales como nacionales, que aporten en la prevención de las violencias, atención a víctimas de violencia y la restitución de sus derechos de manera ágil y oportuna.

• Transversalizar los enfoques de género, interculturales, de igualdad y no discriminación e intersectorialidad en el documento del Pacto Social por la Vida y el Ecuador, así como en todos los ejes que éste contempla.

• Denunciar la existencia de la violencia de género en todos los planos (económico, social, cultural, político, académico) y en los ámbitos públicos y privados.