Quienes somos

Un grupo de organizaciones, instituciones públicas, agrupaciones, empresas, colectivos, gobiernos locales, fundaciones, academia, medios de comunicación del cantón Manta que nos articulamos con el fin de poder trabajar alrededor del fortalecimiento de las políticas públicas para la prevención y atención a la violencia a las mujeres y la familia en el marco de los pilares de Gobierno Abierto.

 Este proyecto piloto ha sido impulsado por Fundación Esquel con el apoyo de Counterpart Internacional en coordinación directa con la Comisión de Igualdad y Genero de la Municipalidad de Manta y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Manta.

¿Qué hacemos?

Identificamos la realidad de Manta con relación a la violencia que sufren las mujeres, identificamos las acciones que realizan instituciones, organizaciones, fundaciones con relación a esta temática y promovemos acciones articuladas que buscan sensibilizar, prevenir y atender situaciones de violencias, motivando la colaboración ciudadana y la participación.

Apoyamos el fortalecimiento de políticas públicas para prevenir y atender la violencia hacia las mujeres de forma coordinada.

 Actualmente participan  33 instituciones de Manta, cuyo compromiso es fortalecer este trabajo y realizar actividades como campañas de sensibilización, difusión, capacitación, atención, talleres de prevención de la violencia intrafamiliar en el marco de los principios de Gobierno Abierto.

¿Y cómo lo hacemos?

Actuando en conjunto, identificando fortalezas, sumando esfuerzos, generando corresponsabilidad, promoviendo acciones.

Ruta de protección y guía de servicios para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar

El Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, que reúne a 40 organizaciones de la sociedad civil, invita a la rueda de prensa a realizarse este miércoles 18 de noviembre a las 10:00, por la plataforma zoom. En dicho encuentro con la prensa, la Mesa de Anticorrupción, una de las ocho mesas de trabajo del Pacto Social, presentará al Ecuador la propuesta de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, COIP, denominada: Ley Jorge Rodríguez.

Este proyecto de Ley que se encuentra en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional propone considerar a los ciudadanos víctimas directas de la corrupción, esto permitirá al ciudadano participar en los procesos judiciales contra la corrupción y abre la puerta para que los jueces acepten a los ecuatorianos como acusadores, ya que no solo el Estado es víctima de los actos de corrupción, sino también cada ciudadano que se ve afectado económicamente por hechos deshonestos.

Esta propuesta de Ley en un inicio se la denominó Ley Ciudadana Anticorrupción, pero ahora cambiará de nombre por Ley Jorge Rodríguez. En esta rueda de prensa se darán a conocer las razones para dicho cambio y se explicará a detalle su contenido. Cabe recalcar que este proyecto ya fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, de la Asamblea Nacional y actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia, por lo cual es importante contar con el apoyo de la opinión pública para impulsar una Ley que sea en beneficio de todos los ecuatorianos.

Temas como la necesidad de mejorar el sistema educativo, el fomento del empleo joven y mayor atención a la seguridad alimentaria infantil fueron expuestos este 12 de noviembre de 2020 durante el foro: “Los jóvenes por un Pacto”. Un espacio que se desarrolló en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador que impulsa Fundación Esquel junto a 80 organizaciones sociales.

Durante el encuentro digital participaron: Francesca la Torre, estudiante Universidad Ecotec y activista por los derechos; Anahí Constante, abogada y Gregorio Gastiaburo, psicólogo y activista por los derechos de la niñez. Moderaron el foro Laura Conde y Wilmer Romero.

La Torre aseguró que existe una crisis del sistema educativo debido a la desigualdad de género que también se expresa en la brecha al acceso a la educación. “Son pocas las oportunidades que se les da a la mujer para formarse en el ámbito educativo, sea en universidades o institutos tecnológicos”, apuntó.

La activista considera que se debe mejorar el sistema educativo para sobrellevar la crisis y formar nuevos líderes capaces de generar y adaptarse a los cambios que puedan, a futuro, dar paso a un nuevo sistema educativo, siendo la pandemia una buena oportunidad para ello. A la par, La Torre dice que el gobierno deberá implementar y potenciar políticas para tener un enfoque de género en todos sus ámbitos y considerar la economía del cuidado. 

De su lado,  Constante subrayó la importancia de los jóvenes en la generación de ideas para solucionar los problemas sociales y su presencia en la política y en espacios de decisión colectiva.

Al respecto, la Abogada se refirió al empleo joven y afirmó que debería existir una legislación mediante la cual las empresas contraten un número de estudiantes recién graduados para que puedan adquirir la tan anhelada experiencia y al mismo tiempo aporten a la economía del país. “Normalmente se exige experiencia que no tenemos, por eso deben darnos oportunidades y que nos incluyan en el trabajo joven”, apuntó.

Finalmente, Gastiaburo señaló la importancia de desarrollar estrategias y formas participativas que involucren a los jóvenes desde los mismos candidatos en época electoral, pero también con políticas públicas sostenidas en el tiempo y con estrategias diferenciadas para los distintos grupos de jóvenes en el país. “Los jóvenes también deben organizarse y no depender exclusivamente del gobierno, debe existir una actitud de corresponsabilidad”,dijo.

Para el activista por los derechos de la niñez, la soberanía alimentaria en la primera infancia es vital para un adecuado desarrollo del ser humano, por lo que una de las propuestas que plantea con el Pacto es la creación de estrategias que lleguen a la ciudadanía y la generación de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la población y que perduren en el tiempo.