Noticias Pacto Social

Noticias Pacto Social (39)

Mesa Anticorrupción del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador

Comunicado Urgente
Crisis Institucional en Quito

 

La Mesa Anticorrupción del Pacto Social que está integrada por  ciudadanos que mantienen una lucha constante contra la corrupción, lanza una voz de alerta a toda la ciudad por la crisis institucional que vive la Capital del Ecuador, al presentar dos alcaldes en funciones y ninguno ocupado en las necesidades básicas de Quito. Esta Mesa presenta su preocupación ya que la ciudad está a la deriva, con altos niveles de inseguridad, desorden público, problemas graves de empleo y de salud. Además exhorta que todos los males que ahora son evidentes en la capital, son productos de reiterados actos de corrupción que se han ventilado en instituciones de control y en la prensa nacional.

Este grupo cívico llama a los quiteños y al resto de ciudadanos que viven en la capital a estar atentos para defenderla. No se puede permitir que gane la deshonestidad por intereses económicos mezquinos sacrificando la vida de todos.

Los ecuatorianos en general vemos con desazón que el señor Jorge Yunda insista en mantener su cargo a pesar de tener juicios en su contra y de portar un grillete electrónico. Como parte del Pacto Social, esta Mesa aclara que los señalamientos al señor Yunda no son personales, ni caen en estereotipos, que él y su grupo de colaboradores han señalado como parte de una triste estrategia de comunicación; se trata de defender la transparencia y el dinero público frente a actos de corrupción.

La Mesa Anticorrupción también denuncia que hay falencias en el sistema legal que atendió el caso del señor Yunda, falencias que deberán ser investigadas para saber si los poderes corruptos influyeron en esas decisiones. Pedimos al Consejo de la Judicatura, que en cumplimiento de sus funciones, indague e informe sobre la actuación de los jueces.

Quito no tiene gobierno, el cúmulo de irregularidades de su administración ha generado una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía. No existe la legitimidad política, moral y peor jurídica, frente a ello demandamos la intervención de las autoridades, especialmente de la Corte Constitucional, para resolver con apego al Estado de Derecho esta agresión al sistema democrático.

La Mesa Anticorrupción aplaude y se solidariza con las acciones de la sociedad civil de protesta frente a la crisis institucional de la ciudad. La Mesa y sus miembros participarán de los plantones, marchas y manifestaciones convocadas, como un ejercicio de su derecho constitucional a la libertad de expresión, rechazando los intentos de enquistarse en cargos y la manipulación del sistema legal. Y pide a toda la ciudadanía a unirse a las manifestaciones para lograr transparencia y gobernabilidad en la Capital.

Miércoles, 28 Abril 2021 17:38

La ciudadanía por un Pacto Social en Ecuador

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La ciudadanía por un Pacto Social en Ecuador

Serie: Pensamiento Contemporáneo

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 Descripción del libro:

En este libro se recoge y analiza diversos escenarios que han tenido un alto impacto en la vida nacional en los últimos dos años. “Las crisis no resueltas que venían desde octubre de 2019 se agudizaron en los siguientes meses por el bloqueo institucional entre el Gobierno y la Asamblea, debido a la falta de una mayoría calificada por parte del primero que le pudo haber permitido aprobar las leyes de su iniciativa. A esos factores se suman la debilidad del Ejecutivo y la oposición orgánica de quienes fueron sus anteriores aliados, el bloque de la Revolución Ciudadana. El presidente de la República para mitigar la zozobra, la desconfianza ciudadana y restaurar la debilitada democracia convocó a la realización de un Acuerdo Nacional 2030; no obstante, los resultados no estuvieron alineados con las expectativas. El Acuerdo no prosperó y tuvo una concurrencia selectiva de actores aliados, no así la pluralidad que se esperaba ni tampoco las propuestas de los diversos sectores. A ello se sumaba, otro factor: la transición no resuelta en la consulta popular que dio paso a la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio” (Pacto Social, 2020, 14). Después vino el anuncio de la pandemia en marzo de 2020 con un incalculable costo social y la configuración de un estado de indefensión ciudadana debido a los errores del Gobierno en las medidas sanitarias y la falta de apoyo de la población. La violencia y la delincuencia están al orden del día. Cada crisis nos conduce a la necesidad impostergable de un Pacto Social con la confluencia y participación activas de todos los actores, sectores, academia e instancias políticas que establezcan una agenda mínima, que ponga por delante la ética, la transparencia, la solidaridad y la vida.

Descarga el libro en este enlace

Lo que sucedió en los centros de Rehabilitación Social ubicados en las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Latacunga, el 23 de febrero, sienta un lamentable, doloroso y vergonzoso precedente para nuestro país en el manejo y administración del sistema penitenciario, evidenciando de la peor manera la falta de control y una deficiente administración por parte de las autoridades competentes. La masacre evidencia la problemática histórica en sus diversas manifestaciones y consecuencias.

Exhortamos al Gobierno Nacional el desarrollo de una expedita, transparente y eficiente investigación sobre los hechos y a las autoridades del sistema de Justicia, la aplicación de las sanciones que corresponden a los responsables. Esta situación no puede quedar en algo anecdótico, impune y de viralización mediática.

Demandamos la definición urgente de soluciones efectivas a los problemas estructurales para lograr que los centros, en donde se encuentran las personas privadas de libertad (PPL) funcionen como verdaderos espacios de rehabilitación social y así prevenir que este tipo de situaciones se repitan.

Por otra parte, es importante que las autoridades que tienen competencia en el ámbito de la seguridad interna impidan que las estructuras delictivas sigan con capacidad de amedrentamiento, sembrando y cosechando violencia. El Estado debe asumir su responsabilidad, usar todos los recursos y talentos para garantizar a los ciudadanos y ciudadanas una vida pacífica en el marco del derecho y los derechos.

César Ulloa

Coordinador

Boris Cornejo

Mesa Anticorrupción e Impunidad

 

Rafael Guerrero y Ramón Espinel

Mesa Agricultura Familiar Campesina

 

Juanita Bersosa

Mesa de Descentralización

 

Cristina Almeida

Mesa Sistema de Protección contra Violencias

 

Santiago García

Mesa de Economía

 

Juan Nicolás Alvarado

Mesa de Educación

 

Walter Mena

Mesa de Salud

 

 

Enrique Serrano

Mesa Ambiente

 

La ciudadanía demanda sensatez y honestidad en el comportamiento de quienes hacen política mientras se procese la totalidad de los resultados a todas las dignidades y respeto a la voluntad del pueblo expresada en las urnas por parte del organismo rector de la democracia, el Consejo Nacional Electoral.

Exigimos a la autoridad electoral el irrestricto cumplimiento de todos los procedimientos que estipula la ley antes de la proclamación oficial de los resultados y convocamos a la ciudadanía a vigilar el proceso sin violencia y a las autoridades a evitar cualquier pronunciamiento que pueda propiciar suspicacias en la opinión pública. El mismo pedido realizamos a los medios de comunicación, en el sentido de orientar con información verificada y así evitar cualquier noticia que conduzca a rumores sin sustento.

Es indispensable que el país mantenga la calma y que viva el proceso electoral con el mismo entusiasmo que le condujo a tener una gran participación cívica en domingo 7 de febrero, dejando de lado el pronóstico sombrío del ausentismo y la apatía. Solo tendremos una mejor democracia con más democracia.

La necesidad de construir un nuevo modelo de desarrollo alternativo en relación con la naturaleza fue lo que impulsó a la Mesa de Ecología y Medioambiente, del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, a plantear alternativas y soluciones concretas para dar respuesta a los principales problemas que afronta el país en materia medioambiental. 

Enrique Serrano, miembro del Foro por el Bicentenario de Cuenca y Coordinador de la Mesa, comenta que la amenaza que implica el desarrollo de la minería metálica en fuentes de agua, específicamente, las concesiones que afectan a las fuentes de agua que dotan del líquido vital a la ciudad de Cuenca, hizo que el diálogo y las propuestas se enfoquen en este tema.

“El diálogo ha sido muy concreto y específico entorno a este asunto, se constata que hay poco interés por parte de gobernantes por atender la problemática medioambiental, por ello se insiste en la necesidad de realizar una educación ambiental permanente, la sensibilización y toma de conciencia de la población para conocer la biodiversidad”, apunta Serrano.

El experto menciona que, desde este espacio ciudadano, se enfocarán los esfuerzos para persuadir a la población a no vivir del extractivismo minero en zonas de páramo, en la educación ambiental y en el velar por una economía circular, sostenible que reduzca el desperdicio y la contaminación.

De su lado, Natalia Greene, de CEDENMA e integrante de la Mesa de Medioambiente, sostiene que este espacio ciudadano es vital para plantear un modelo de desarrollo alternativo, post extractivista, que inicie con una moratoria a la minería metálica a gran escala, especialmente la que se desarrolla en fuentes de agua.

Para la activista, el tema medioambiental es y debe ser transversal, lo que implica involucrarse en la defensa activa de los derechos de la naturaleza y en hacer cumplir la Constitución, para que exista una garantía real de lo que la Carta Magna plantea. 

Greene cree que se debe respetar la consulta previa e informada en el desarrollo de proyectos que garanticen los derechos de la naturaleza y, en cuanto al tema del cambio climático, asegura que el Ecuador debe enfocarse, no solo en bajar las emisiones que se desprenden del uso de combustibles fósiles, sino también en el tema de la deforestación.

En cuanto al trabajo de la Mesa, Greene espera que se puedan sumar más integrantes e involucrarse el mayor número de organizaciones sociales y alianzas para tener una voz más fuerte que pueda impulsar estos cambios. 

A continuación, el detalle de las propuestas de la Mesa de Ecología y Medioambiente:

  • Exhortar al Estado que se fortalezcan los objetivos de conservación y preservación de ecosistemas esenciales en la lucha contra el cambio climático.
  • Proponer que se declare la crisis climática en el país como una manifestación política de la necesidad de priorizar este asunto en el desarrollo de la política pública del Estado; que incida en las herramientas de planificación como el Plan Nacional de Desarrollo, los Planes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo, los Planes de Uso y Gestión del Suelo de los cantones y demás existentes.
  • Proponer que esta crisis sea asumida con perspectiva de justicia climática. En otras palabras, entender que los efectos y consecuencias del calentamiento global son diferenciadas para las distintas poblaciones humanas, teniendo en cuenta sus condiciones, realidades y circunstancias económicas, políticas, geográficas, de género, culturales, tecnológicas y otras.
  • Que se generen políticas que permitan revitalizar y fortalecer la “memoria socioecológica” de las comunidades humanas; es decir, la capacidad que han desarrollado las comunidades a través del tiempo para aprender a relacionarse con los ecosistemas y sus variabilidades.
  • Exhortar a que se supere la “vulnerabilidad institucional” que podría tener el Estado ante la crisis climática. Por eso proponemos aumentar el presupuesto para financiar más y mejores investigaciones sobre esta crisis en el país; además de aquellas que nos permitan tener como resultado herramientas de planificación, que faciliten y mejoren la toma de decisiones sobre los territorios.
  • Enfatizar en la imperante necesidad de transformar nuestra matriz productiva y energética dependiente de los combustibles fósiles. Esto implica la generación de políticas que nos permita apuntar hacia las transiciones ecológicas y basadas en la naturaleza de nuestras economías, que respete los límites biofísicos de esta y que permita la recuperación de ecosistemas.
  • Proponer la adopción de una Agenda Ambiental Nacional, como la preparada por la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), la cual se resume así:
  1. Promover la implementación de los derechos de la naturaleza en Ecuador, fortaleciendo al movimiento ambiental mediante la educación, difusión y promoción de los derechos de la naturaleza por medio de la acción activa de los miembros del Cedenma frente a las inconsistencias ambientales del gobierno del Ecuador.
  2. Luchar contra los impactos que causa la minería, con una posición firme contra la minería a gran escala y a cielo abierto por los enormes impactos sociales, ambientales y la violación directa a los derechos de la naturaleza y al derecho al buen vivir, y visibilizando sus impactos mediante una fuerte campaña de información.
  3. Mantener una posición firme con base en el argumento de que la explotación petrolera actual se la realice con respeto a la más alta normativa actual; que promueva además una transición a un modelo de desarrollo post petrolero, en el que no se amplíe la explotación petrolera a nuevos campos (Centro Sur de la Amazonía). Por lo tanto, el Cedenma respalda a la Iniciativa Yasuní-ITT como fue concebida desde su génesis en la sociedad civil, dejando bajo tierra la totalidad del petróleo en los campos Ishpingo (1, 2 y 4), Tiputini (Shell y Minas) y Tambococha. Cedenma apoyará el mantener permanentemente el crudo represado bajo tierra como premisa para la protección de nuestro verdadero patrimonio, por el valor mismo de la biodiversidad y los pueblos que se protegen y no por el valor de la compensación internacional. Yasuní es el símbolo para la transición a un nuevo modelo.
  4. Luchar contra el cambio del uso del suelo y la deforestación incontrolada de los únicos y biodiversos bosques nativos y de los manglares, sustentos de vida y fronteras naturales. Por ejemplo, a los aumentos del nivel del mar; la expansión de la frontera agrícola y la destrucción de los páramos, fuentes naturales y colectores de agua. Es decir, actividades que causan daños irreversibles a la naturaleza, a la salud y a la existencia misma de las comunidades que viven en estos territorios. Se apoya el fomento de alternativas como buenas prácticas agroecológicas.
  5. Promover el cambio de la matriz energética y la búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles. El camino es hacia un Ecuador post petrolero. Para ello debe aprovecharse a plenitud el potencial energético del país, tanto en términos de energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz y energías libres. Nuestro país tiene el privilegio de vivir en la línea equinoccial, sobre una de las cordilleras con los volcanes más activos del mundo, donde existe una de las mayores fuentes de agua del planeta.
  6. Visibilizar los impactos de las hidroeléctricas y mediante estudios y trabajo con las comunidades afectadas.
  7. Promover y apoyar las iniciativas que buscan alcanzar la soberanía alimentaria.
  8. Promover la conservación de la biodiversidad por medio de la investigación y difusión de información.
  9. Luchar contra el cambio climático (adaptación y mitigación).
  10. Apoyar la institucionalización y transversalización del tema ambiental en el debate nacional.
  11. Apoyar al desarrollo de leyes, políticas y reglamentos de forma participativa con rechazo frontal a los pocos espacios de consulta y participación, institucionalización de temas ambientales.
  12. Promover una plataforma de la sociedad civil tejida entre redes, especialmente con aquellas organizaciones, redes y movimientos con intereses ambientales. Así se impulsarán los cambios de paradigmas plasmados en una agenda común a ser presentados en la Conferencia Río + 20 como posición de la sociedad civil del Ecuador.
  13. Luchar contra la ampliación de infraestructura como carreteras: una de las causas subyacentes de la deforestación.

Ejes transversales

  1. Trabajar por un modelo de desarrollo alternativo basado en el buen vivir.
  2. Fortalecimiento del movimiento ambientalista del país.
  3. Transversalización del tema ambiental en el ordenamiento territorial (gobiernos locales).
  4. Trabajo conjunto con movimientos sociales, indígenas y pueblos (desde lo comunitario), lucha contra la criminalización de la protesta social.
  5. Monitoreo y evaluación de proyectos estratégicos (Senplades) e inversiones.
  6. Consumo y producción (control de los monopolios, capitalismo).
  7. Enfoque de género y sectores vulnerables
  8. Estrategia de comunicación (que incluya buen sistema de difusión especialmente a nivel local)
  9. tecnología y ciencia (sostenible), de-materialización, transferencia de tecnología
  10. Apoyo a veedurías ciudadanas efectivas

“La corrupción es un enemigo común que tiene la sociedad y que ha hecho mucho daño. El combatirla permite, no solo ejercer ciudadanía, sino unirse desde distintas aristas, en la construcción de un mejor futuro para los ecuatorianos”. Así justifica Boris Cornejo, coordinador de la Mesa Anticorrupción, la inclusión de este tema como uno de los más importantes dentro de las propuestas ciudadanas que forman parte del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador.

Esta iniciativa -que agrupa a 80 organizaciones de la sociedad civil bajo el impulso de Fundación Esquel- lleva ocho meses de trabajo en búsqueda de propuestas concretas para solucionar algunos problemas que aquejan al país en sus múltiples dimensiones. 

Una de esas propuestas concretas ya ha sido presentada por la Mesa Anticorrupción, que ha dado el primer paso con un proyecto de Ley que propone considerar a los ciudadanos víctimas directas de la corrupción y participar en los procesos judiciales. Dicho proyecto de Ley, nombrado “Ley Jorge Rodríguez, ya fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, de la Asamblea Nacional y actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia, a la espera de un informe favorable.

Además de este primer avance de la Mesa Anticorrupción, Cornejo afirma que desde ese espacio también trabajan en tres ideas fuerza que están en proceso de construcción, como parte de las propuestas concretas de lucha contra la corrupción. 

La primera es buscar cooperación internacional desde la sociedad civil para presionar, tanto al Estado ecuatoriano, como a actores sociales de otros Estados, para que plasmen en la práctica convenios de cooperación que permitan parar la corrupción. “Al ser un fenómeno transnacional, sin cooperación entre estados, sería imposible recuperar lo robado. Los corruptos se fugan o van presos, pero la plata sigue estando afuera”, apunta Cornejo.

Una segunda propuesta es la posibilidad de armar una red de organizaciones que estén trabajando contra la corrupción, para tener un intercambio de información y datos que permitan ser más efectivos a la hora de identificar e investigar casos de corrupción. Finalmente, Cornejo destaca una gran proclama para movilizar a la sociedad, lo que permitirá juntar a la ciudadanía diversa en esta lucha común contra la corrupción.

De su lado, Juan Esteban Guarderas, abogado, activista político y miembro de la Mesa Anticorrupción, cree que la crisis no puede implicar que se deje de lado la lucha anticorrupción. Esto fue precisamente lo que lo motivó a participar activamente dentro del Pacto Social y a plantear iniciativas como el proyecto de Ley ya mencionado. 

Guarderas asegura que se debe trabajar en el fortalecimiento de un sistema de lucha anticorrupción que en el Ecuador es deficitario y que permite a los corruptos salirse con la suya. “Yo no creo que los ecuatorianos seamos más corruptos que en otros países, el problema es el sistema deficitario, en donde no hay suficientes juicios ni sanciones para los corruptos y  tampoco existen los mecanismos para la recuperación del dinero robado. Hay una carencia de legislación en ese sentido”, apunta el jurista, quien cree que el haber presentado ante el Legislativo el proyecto de Ley es un pequeño, pero importante hito que, de ser aprobado, permitirá a la ciudadanía víctima de la corrupción, ser parte de los procesos.

Guarderas destaca otras propuestas que adicionalmente se están gestando como las vías idóneas para recuperar los activos que podrían ser producto de la corrupción y que se encuentran en los Estados Unidos. Según lo que se ha explorado, el jurista menciona la posibilidad de conseguir apoyo de ese país para que, con evidencia creíble, pueda congelar activos de personas sospechosas de corrupción. 

Otra propuesta que destaca Guarderas es trabajar de la mano con entidades como el Servicio de Rentas Internas (SRI) para darles capacitación en la identificación de irregularidades con sus mismas bases de datos. 

Sobre dichas propuestas, el jurista afirma que el siguiente paso será trabajar con “ñeque” para ejecutar estas ideas, siendo el primer paso un llamado a la ciudadanía a apoyar estas propuestas, de manera concreta, presionar al Legislativo para que apruebe el proyecto de Ley.

La activista política Virginia Andrade, quien también forma parte de la Mesa Anticorrupción asegura que el proyecto de Ley presentado es muy viable, pero cree que, además, es vital el involucramiento y la participación ciudadana para que la lucha contra la corrupción sea exitosa.

Es por ello que, de su lado, está trabajando en una propuesta a largo plazo que tiene que ver con educación a la ciudadanía sobre lo que es la corrupción y cómo esta se genera con pequeños actos que muchas veces son cotidianos y que se han normalizado. “La idea es enseñar a la gente que puede ser parte del cambio, porque a veces se nos olvida que quedarnos con un vuelto, cogernos un esfero o copiar en un examen también son actos de corrupción”, dice Andrade.

“Si llegamos a las personas de a pie y les convencemos que se puede cambiar, la realidad sería distinta y la lucha contra la corrupción sería un éxito”, apunta. 

Para Andrade, el involucrarse dentro del Pacto le ha permitido, no solo el intercambio de ideas y conocimientos, sino también el tener un espacio para pensar en los problemas y soluciones. “El mundo está cambiando y es bueno que nos hayamos sentado a pensar y demostrar que se pueden dar esas soluciones”, concluye.

A continuación, conozca los ejes principales de la propuesta de la Mesa Anticorrupción.

  • Proyecto de ley para reconocer a la ciudadanía como víctima de la corrupción.  La participación de la ciudadanía en los procesos de corrupción permitirá evitar la impunidad al complementar la acción de las entidades de control del Estado.
  1. Recuperación de activos. Se debe instar a la ciudadanía y a los poderes públicos a que renueven los esfuerzos de recuperación de activos sustraídos por la corrupción. En el marco de esta actividad se han previsto las siguientes operaciones:
  2. Solicitud de sanciones de la Ley Magnitzky: por intermedio del Congreso y Senado estadounidense se puede lograr el congelamiento de los activos de individuos envueltos en actos de corrupción organizada.
  3. Trabajo con organizaciones de control del Estado (UAFE, SERI, Superintendencias, Fiscalía) para implementar mecanismos de recuperación de activos sobre la base de la identificación de productos financieros destinados a impedir el rastreo e identificación de los titulares de activos a escala nacional e internacional.
  4. Puesta en marcha de operaciones de cooperación internacional para rastreo y recuperación de activos, así como la extradición de personas en procesos por corrupción. Establecimiento de trabajos en conjunto con universidades, cámaras y demás actores de la sociedad civil, para profundizar el conocimiento sobre los mecanismos de envío, ocultamiento y uso de los fondos desviados por casos de corrupción. 
  • Coyuntura electoral. Es necesario apoyar iniciativas cívicas de diversas organizaciones: Participación Ciudadana, Grupo Faro, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Fundamedios, entre otras, que han desplegado propuestas que promueven el escrutinio ciudadano respecto de los y las candidatas a las próximas elecciones. Que se generen espacios de debates entre la ciudadanía y los candidatos; que se analicen sus propuestas de campaña, cara a cara, para solucionar los problemas que vive el país. 
  • Fomentar alianzas nacionales e internacionales para que acciones concertadas generen resultados. Se deben crear alianzas que analicen permanentemente la información relativa a la corrupción para que los casos pasados, presentes y futuros no desaparezcan de la memoria colectiva. El uso de estos datos permitirá generar una síntesis del impacto que aportará en el discurso, creando esa conexión con lo personal que permanece en la memoria de todos. Estos datos no solo serán una herramienta comunicacional, sino el cimiento para impulsar la movilización social que dará como resultado la creación de políticas públicas para el control y la erradicación de la corrupción. Estos procesos deberán ser saludables, comprometidos y requerirán de un marco lógico que estructure el por qué, a dónde y con quién, para que, de manera objetiva, interconecte estos hechos con los efectos que crean en la población.  También permitirá generar una agenda que incluya la necesidad de extender los procesos al campo internacional, la cual se podrá compartir con los y las candidatos, así como con los partidos políticos como una propuesta desde la ciudadanía. Esta se convertirá en un insumo técnico sin tinte ideológico y que fácilmente pueda incluirse dentro de los planes de gobierno; inclusive que pueda crear una especie de coalición entre todos en contra de la corrupción. Las alianzas estratégicas con la academia y las organizaciones de la sociedad civil tendrán por finalidad:
  1. Compilar datos relativos a la corrupción;
  2. Identificar vacíos normativos y la relación con la normativa subsecuente, que permite la acción u omisión que perjudica al Estado;
  3. Identificar los mecanismos internacionales más apropiados, y ya existentes, para perseguir la naturaleza transnacional de la corrupción;
  4. Desarrollar una agenda internacional que impulse el Estado ecuatoriano, tanto a escala regional, como mundial, para recuperar capitales, capturar prófugos de la justicia y conducir las causas penales de manera exitosa en los diferentes fueros donde estos se presenten;
  5. Aplicación de estándares internacionales anticorrupción a los procesos institucionales y de contratación del Estado;
  6. Identificar socios estratégicos de la comunidad internacional que apoyen al Estado ecuatoriano en sus esfuerzos contra la corrupción (p. ej., International Centre for Asset Recovery in Geneve, PACTO entre América Latina y la Unión Europea);
  7. Generación de indicadores que visualicen el impacto de la corrupción en los cinco segmentos de desigualdad reconocidos por la Constitución (género, etnia, etario, socioeconómico y discapacidad); y cuáles son sus efectos colaterales: intimidación, violencia, sicariato, etc.
  8. Generar un listado actualizado de los procesos judiciales por corrupción, cuantificar tanto los montos robados como el costo de oportunidad de las obras que no fueron realizadas a favor de la población.
  9. Crear herramientas de alcance internacional que aporte respuestas en investigación, rastreo de fondos o activos, bloqueo de fondos, detención de denunciados, y extradición en los países cooperantes. Así se acortarán los tiempos de respuesta y la burocracia.
  • Educación y movilización social. Frente a una sociedad apática ante los graves problemas que genera la corrupción y, sobre todo, la impunidad, a la incapacidad de las instituciones de control y justicia, a las prácticas corruptas de diversos sectores, se promoverá una gran estrategia de movilización social que busque sensibilizar, activar a los ciudadanos y sus organizaciones, a recuperar valores cívicos que no están siendo ni enseñados peor practicados, que contiene los siguientes ejes de acción:
  1. Evitar la desmemoria, recordar permanentemente los casos, los sujetos, las actuaciones, las victorias, las frustraciones, la impunidad.
  2. Educar, no solo en las aulas, educar también en los diversos espacios.
  3. Lanzar una campaña nacional por los valores de la integridad, la transparencia, el respeto a lo público, el desprecio al corrupto y sus prácticas. Todos somos parte del cambio desde nuestro espacio de incidencia.

El Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, que reúne a 40 organizaciones de la sociedad civil, invita a la rueda de prensa a realizarse este miércoles 18 de noviembre a las 10:00, por la plataforma zoom. En dicho encuentro con la prensa, la Mesa de Anticorrupción, una de las ocho mesas de trabajo del Pacto Social, presentará al Ecuador la propuesta de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, COIP, denominada: Ley Jorge Rodríguez.

Este proyecto de Ley que se encuentra en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional propone considerar a los ciudadanos víctimas directas de la corrupción, esto permitirá al ciudadano participar en los procesos judiciales contra la corrupción y abre la puerta para que los jueces acepten a los ecuatorianos como acusadores, ya que no solo el Estado es víctima de los actos de corrupción, sino también cada ciudadano que se ve afectado económicamente por hechos deshonestos.

Esta propuesta de Ley en un inicio se la denominó Ley Ciudadana Anticorrupción, pero ahora cambiará de nombre por Ley Jorge Rodríguez. En esta rueda de prensa se darán a conocer las razones para dicho cambio y se explicará a detalle su contenido. Cabe recalcar que este proyecto ya fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, de la Asamblea Nacional y actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia, por lo cual es importante contar con el apoyo de la opinión pública para impulsar una Ley que sea en beneficio de todos los ecuatorianos.

Temas como la necesidad de mejorar el sistema educativo, el fomento del empleo joven y mayor atención a la seguridad alimentaria infantil fueron expuestos este 12 de noviembre de 2020 durante el foro: “Los jóvenes por un Pacto”. Un espacio que se desarrolló en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador que impulsa Fundación Esquel junto a 80 organizaciones sociales.

Durante el encuentro digital participaron: Francesca la Torre, estudiante Universidad Ecotec y activista por los derechos; Anahí Constante, abogada y Gregorio Gastiaburo, psicólogo y activista por los derechos de la niñez. Moderaron el foro Laura Conde y Wilmer Romero.

La Torre aseguró que existe una crisis del sistema educativo debido a la desigualdad de género que también se expresa en la brecha al acceso a la educación. “Son pocas las oportunidades que se les da a la mujer para formarse en el ámbito educativo, sea en universidades o institutos tecnológicos”, apuntó.

La activista considera que se debe mejorar el sistema educativo para sobrellevar la crisis y formar nuevos líderes capaces de generar y adaptarse a los cambios que puedan, a futuro, dar paso a un nuevo sistema educativo, siendo la pandemia una buena oportunidad para ello. A la par, La Torre dice que el gobierno deberá implementar y potenciar políticas para tener un enfoque de género en todos sus ámbitos y considerar la economía del cuidado. 

De su lado,  Constante subrayó la importancia de los jóvenes en la generación de ideas para solucionar los problemas sociales y su presencia en la política y en espacios de decisión colectiva.

Al respecto, la Abogada se refirió al empleo joven y afirmó que debería existir una legislación mediante la cual las empresas contraten un número de estudiantes recién graduados para que puedan adquirir la tan anhelada experiencia y al mismo tiempo aporten a la economía del país. “Normalmente se exige experiencia que no tenemos, por eso deben darnos oportunidades y que nos incluyan en el trabajo joven”, apuntó.

Finalmente, Gastiaburo señaló la importancia de desarrollar estrategias y formas participativas que involucren a los jóvenes desde los mismos candidatos en época electoral, pero también con políticas públicas sostenidas en el tiempo y con estrategias diferenciadas para los distintos grupos de jóvenes en el país. “Los jóvenes también deben organizarse y no depender exclusivamente del gobierno, debe existir una actitud de corresponsabilidad”,dijo.

Para el activista por los derechos de la niñez, la soberanía alimentaria en la primera infancia es vital para un adecuado desarrollo del ser humano, por lo que una de las propuestas que plantea con el Pacto es la creación de estrategias que lleguen a la ciudadanía y la generación de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la población y que perduren en el tiempo.

Los temas de la violencia, la educación y la salud fueron abordados este 5 de noviembre de 2020 por parte de los coordinadores de las mesas temáticas que forman parte del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador durante un foro virtual en donde se expusieron algunas propuestas que han sido trabajadas desde sociedad civil.

El foro contó con la participación de Cristina Almeida, coordinadora de la Mesa de lucha contra las violencias; Juan Nicolás Alvarado de la Mesa de Educación y Walter Mena de la Mesa de Salud. El espacio fue conducido por Aracelly Calderón. 

Respecto al tema de violencia, Almeida expuso que no es una violencia, sino, muchas violencias que afectan a la sociedad, por lo que cree necesario luchar para no normalizar comportamientos y expresiones violentas en todo nivel. “Detectar las violencias permite generar propuestas y políticas públicas que deben ser coherentes, contextualizadas y descentralizadas”, apuntó.

Almeida cree que el panorama es preocupante para las mujeres en el país. En lo que va de noviembre, se contabilizaron seis femicidios en el Ecuador, hay seis femicidios en lo que va este mes por el hecho de ser mujeres. “No podemos vivir en una sociedad así de violenta (...) vale preguntarse cómo se van a sancionar estos actos, cuando hablamos de luchar contra las violencias no podemos pensar que este no es mi problema y que eso no me va a pasar porque vivimos en una sociedad violenta y acostumbrada a recibir estas situaciones”, dijo.

Para Almeida, quien es abogada y politóloga, es fundamental trabajar en la población de niños y adolescentes, mejorar el Sistema Nacional de Protección de Derechos, así como trabajar para tener un enfoque de género en todos los niveles. 

De su lado, Alvarado se refirió a la importancia de la educación para una sociedad. Como estudiante de derecho, cree que el sistema educativo ha estado afectado desde antes de la pandemia, con la reducción de presupuestos, por lo que mencionó que la educación debe convertirse en un eje articulador de la sociedad, para lo cual es fundamental descentralizar la gestión en función de las necesidades reales de los territorios.

“Es importante hablar de descentralización y ver la realidad de cada cantón y provincia para que, de esa manera, se puedan asumir responsabilidades para diagnosticar los problemas puntuales de cada zona y trabajar en soluciones”, dijo Alvarado, quien cuestionó, además, que sin el financiamiento adecuado la educación no va a tener la calidad que necesita. 

En cuanto al tema de salud, Mena aseguró que el Ecuador necesita construir un sistema de salud que incorpore un enfoque preventivo,  integral, intercultural, con un marco legal establecido y subsistemas de control. “Es preciso juntar lo político, científico y la participación organizada de la sociedad civil para construir el Sistema Nacional de Salud”, dijo.

 

Para Mena, en el modelo post covid se tiene que privilegiar la prevención y el fomento de la salud y luego, la recuperación. También enfatizó en la necesidad de contar con un Consejo Nacional de Salud con la jerarquía y capacidad necesaria para construir un Sistema Nacional de Salud, siempre con la participación de la comunidad para que pueda tener efectividad. 

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