La Mesa de Desnutrición Crónica Infantil arrancó su agenda de trabajo con el taller “Dimensiones esenciales de una Política de Estado para la prevención y disminución de la DCI en el Ecuador” en el que participaron representantes de instituciones públicas, privadas, organismos de cooperación y organizaciones de la sociedad civil, el miércoles 08 de diciembre.
Boris Cornejo, presidente de Fundación Esquel, abrió el taller con una presentación de los avances logrados hasta el momento y propuso algunas estrategias para construir un movimiento ciudadano que articule a la sociedad civil en la lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil, que sea capaz de construir junto con el Estado una política de largo aliento, que trascienda los gobiernos y que sea capaz de disminuir significativamente este lacerante fenómeno que afecta sobre todo a los niños y familias más pobres del país.
Juan Enrique Quiñonez, Representante adjunto de UNICEF y coordinador del grupo de Nutrición del Sistema de Naciones Unidas, expuso las consecuencias de la desnutrición crónica, entre ellas, la baja estatura, peso, la muerte inevitable por infecciones, enfermedades no transmisibles y el retraso del crecimiento intrauterino. Dijo que “la desnutrición crónica infantil DCI, se asocia con un menor desarrollo cognitivo, capacidad funcional y productividad individual y social”.
Durante su ponencia se presentaron alarmantes cifras: La malnutrición representa el 4.3% del PIB ecuatoriano anualmente, entre costos de salud, educación, cuidado y pérdidas de productividad; además, en 12 años la desnutrición crónica infantil no solo que no ha disminuido, sino que se ha incrementado en el Ecuador, pues mientras que en el 2006 el porcentaje de niños menores de 2 años con DCI era de 24%, en el 2018 pasó a ser del 27,2%. Es probable que exista un subregistro de estas información, pues no se ha actualizado la información estadística nacional y aún no se han medido todos los efectos de la pandemia.
Andrés Mejía Acosta, docente de King’s College en Londres e investigador asociado de la UDLA, reflexionó acerca de la importancia de tener ina Política de Estado para erradicar la DCI y mencionó que esta debe tener al menos tres características: que sea estable (y no dependa de cargos políticos), que se ajuste a necesidades cambiantes (adaptable), y, que genere un consenso social y se legitime por sus resultados.
Mejía Acosta, citó el caso de Brasil donde se creó un Consejo Nacional de Nutrición y Seguridad Alimentaria, CONSEA, como iniciativa de la sociedad civil para la lucha contra el hambre, argumentó que en la candidatura de Lula Da Silva se conformó un gabinete social ciudadano y posteriormente se formó un segundo CONSEA que plasmó las demandas y necesidades de la sociedad civil en el diseño de políticas de Estado.
Paula Medina Martínez, de la Secretaría del Vivir Sano de Chile, expuso la experiencia de este país que entre 1960 y el año 2000 logró erradicar la DCI, gracias a una estrategia intersectorial que implicó la implementación de intervenciones integrales: condición de salud, saneamiento, agua potable, educación alimentaria en escuelas y hogares. Esta política la implementaron desde 1954 con los grupos etáreos que presentaban mayores índices de DCI.
María Pilar Vela, facilitadora del evento, abrió el diálogo con los participantes y propuso un esquema de lo que se debería discutir para la formulación de una Política de Estado: límites y alcances, objetivos, sistema de gobernanza, sostenibilidad, mecanismos de seguimiento y control social.
Hubo una intensa participación de los asistentes, quienes se mostraron muy motivados a seguir trabajando en grupos, en torno a dos temas importantes: Aspectos conceptuales y metodológicos para la construcción de la Política Pública y conformación del Consejo Consultivo para la ejecución de la Estrategia Intersectorial para la disminución y prevención de la DCI en el Ecuador.
En el evento participaron 25 personas de forma presencial y 28 que estuvieron conectadas a través de Zoom.
