La Mesa Anticorrupción del Pacto Social que está integrada por ciudadanos que mantienen una lucha constante contra la corrupción, lanza una voz de alerta a toda la ciudad por la crisis institucional que vive la Capital del Ecuador, al presentar dos alcaldes en funciones y ninguno ocupado en las necesidades básicas de Quito. Esta Mesa presenta su preocupación ya que la ciudad está a la deriva, con altos niveles de inseguridad, desorden público, problemas graves de empleo y de salud. Además exhorta que todos los males que ahora son evidentes en la capital, son productos de reiterados actos de corrupción que se han ventilado en instituciones de control y en la prensa nacional.
Este grupo cívico llama a los quiteños y al resto de ciudadanos que viven en la capital a estar atentos para defenderla. No se puede permitir que gane la deshonestidad por intereses económicos mezquinos sacrificando la vida de todos.
Los ecuatorianos en general vemos con desazón que el señor Jorge Yunda insista en mantener su cargo a pesar de tener juicios en su contra y de portar un grillete electrónico. Como parte del Pacto Social, esta Mesa aclara que los señalamientos al señor Yunda no son personales, ni caen en estereotipos, que él y su grupo de colaboradores han señalado como parte de una triste estrategia de comunicación; se trata de defender la transparencia y el dinero público frente a actos de corrupción.
La Mesa Anticorrupción también denuncia que hay falencias en el sistema legal que atendió el caso del señor Yunda, falencias que deberán ser investigadas para saber si los poderes corruptos influyeron en esas decisiones. Pedimos al Consejo de la Judicatura, que en cumplimiento de sus funciones, indague e informe sobre la actuación de los jueces.
Quito no tiene gobierno, el cúmulo de irregularidades de su administración ha generado una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía. No existe la legitimidad política, moral y peor jurídica, frente a ello demandamos la intervención de las autoridades, especialmente de la Corte Constitucional, para resolver con apego al Estado de Derecho esta agresión al sistema democrático.
La Mesa Anticorrupción aplaude y se solidariza con las acciones de la sociedad civil de protesta frente a la crisis institucional de la ciudad. La Mesa y sus miembros participarán de los plantones, marchas y manifestaciones convocadas, como un ejercicio de su derecho constitucional a la libertad de expresión, rechazando los intentos de enquistarse en cargos y la manipulación del sistema legal. Y pide a toda la ciudadanía a unirse a las manifestaciones para lograr transparencia y gobernabilidad en la Capital.
Lo que sucedió en los centros de Rehabilitación Social ubicados en las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Latacunga, el 23 de febrero, sienta un lamentable, doloroso y vergonzoso precedente para nuestro país en el manejo y administración del sistema penitenciario, evidenciando de la peor manera la falta de control y una deficiente administración por parte de las autoridades competentes. La masacre evidencia la problemática histórica en sus diversas manifestaciones y consecuencias.
Exhortamos al Gobierno Nacional el desarrollo de una expedita, transparente y eficiente investigación sobre los hechos y a las autoridades del sistema de Justicia, la aplicación de las sanciones que corresponden a los responsables. Esta situación no puede quedar en algo anecdótico, impune y de viralización mediática.
Demandamos la definición urgente de soluciones efectivas a los problemas estructurales para lograr que los centros, en donde se encuentran las personas privadas de libertad (PPL) funcionen como verdaderos espacios de rehabilitación social y así prevenir que este tipo de situaciones se repitan.
Por otra parte, es importante que las autoridades que tienen competencia en el ámbito de la seguridad interna impidan que las estructuras delictivas sigan con capacidad de amedrentamiento, sembrando y cosechando violencia. El Estado debe asumir su responsabilidad, usar todos los recursos y talentos para garantizar a los ciudadanos y ciudadanas una vida pacífica en el marco del derecho y los derechos.
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César Ulloa Coordinador |
Boris Cornejo Mesa Anticorrupción e Impunidad |
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Rafael Guerrero y Ramón Espinel Mesa Agricultura Familiar Campesina |
Juanita Bersosa Mesa de Descentralización |
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Cristina Almeida Mesa Sistema de Protección contra Violencias |
Santiago García Mesa de Economía |
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Juan Nicolás Alvarado Mesa de Educación |
Walter Mena Mesa de Salud |
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Enrique Serrano Mesa Ambiente |
La ciudadanía demanda sensatez y honestidad en el comportamiento de quienes hacen política mientras se procese la totalidad de los resultados a todas las dignidades y respeto a la voluntad del pueblo expresada en las urnas por parte del organismo rector de la democracia, el Consejo Nacional Electoral.
Exigimos a la autoridad electoral el irrestricto cumplimiento de todos los procedimientos que estipula la ley antes de la proclamación oficial de los resultados y convocamos a la ciudadanía a vigilar el proceso sin violencia y a las autoridades a evitar cualquier pronunciamiento que pueda propiciar suspicacias en la opinión pública. El mismo pedido realizamos a los medios de comunicación, en el sentido de orientar con información verificada y así evitar cualquier noticia que conduzca a rumores sin sustento.
Es indispensable que el país mantenga la calma y que viva el proceso electoral con el mismo entusiasmo que le condujo a tener una gran participación cívica en domingo 7 de febrero, dejando de lado el pronóstico sombrío del ausentismo y la apatía. Solo tendremos una mejor democracia con más democracia.
La necesidad de construir un nuevo modelo de desarrollo alternativo en relación con la naturaleza fue lo que impulsó a la Mesa de Ecología y Medioambiente, del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, a plantear alternativas y soluciones concretas para dar respuesta a los principales problemas que afronta el país en materia medioambiental.
Enrique Serrano, miembro del Foro por el Bicentenario de Cuenca y Coordinador de la Mesa, comenta que la amenaza que implica el desarrollo de la minería metálica en fuentes de agua, específicamente, las concesiones que afectan a las fuentes de agua que dotan del líquido vital a la ciudad de Cuenca, hizo que el diálogo y las propuestas se enfoquen en este tema.
“El diálogo ha sido muy concreto y específico entorno a este asunto, se constata que hay poco interés por parte de gobernantes por atender la problemática medioambiental, por ello se insiste en la necesidad de realizar una educación ambiental permanente, la sensibilización y toma de conciencia de la población para conocer la biodiversidad”, apunta Serrano.
El experto menciona que, desde este espacio ciudadano, se enfocarán los esfuerzos para persuadir a la población a no vivir del extractivismo minero en zonas de páramo, en la educación ambiental y en el velar por una economía circular, sostenible que reduzca el desperdicio y la contaminación.
De su lado, Natalia Greene, de CEDENMA e integrante de la Mesa de Medioambiente, sostiene que este espacio ciudadano es vital para plantear un modelo de desarrollo alternativo, post extractivista, que inicie con una moratoria a la minería metálica a gran escala, especialmente la que se desarrolla en fuentes de agua.
Para la activista, el tema medioambiental es y debe ser transversal, lo que implica involucrarse en la defensa activa de los derechos de la naturaleza y en hacer cumplir la Constitución, para que exista una garantía real de lo que la Carta Magna plantea.
Greene cree que se debe respetar la consulta previa e informada en el desarrollo de proyectos que garanticen los derechos de la naturaleza y, en cuanto al tema del cambio climático, asegura que el Ecuador debe enfocarse, no solo en bajar las emisiones que se desprenden del uso de combustibles fósiles, sino también en el tema de la deforestación.
En cuanto al trabajo de la Mesa, Greene espera que se puedan sumar más integrantes e involucrarse el mayor número de organizaciones sociales y alianzas para tener una voz más fuerte que pueda impulsar estos cambios.
A continuación, el detalle de las propuestas de la Mesa de Ecología y Medioambiente:
Ejes transversales
“La corrupción es un enemigo común que tiene la sociedad y que ha hecho mucho daño. El combatirla permite, no solo ejercer ciudadanía, sino unirse desde distintas aristas, en la construcción de un mejor futuro para los ecuatorianos”. Así justifica Boris Cornejo, coordinador de la Mesa Anticorrupción, la inclusión de este tema como uno de los más importantes dentro de las propuestas ciudadanas que forman parte del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador.
Esta iniciativa -que agrupa a 80 organizaciones de la sociedad civil bajo el impulso de Fundación Esquel- lleva ocho meses de trabajo en búsqueda de propuestas concretas para solucionar algunos problemas que aquejan al país en sus múltiples dimensiones.
Una de esas propuestas concretas ya ha sido presentada por la Mesa Anticorrupción, que ha dado el primer paso con un proyecto de Ley que propone considerar a los ciudadanos víctimas directas de la corrupción y participar en los procesos judiciales. Dicho proyecto de Ley, nombrado “Ley Jorge Rodríguez, ya fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, de la Asamblea Nacional y actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia, a la espera de un informe favorable.
Además de este primer avance de la Mesa Anticorrupción, Cornejo afirma que desde ese espacio también trabajan en tres ideas fuerza que están en proceso de construcción, como parte de las propuestas concretas de lucha contra la corrupción.
La primera es buscar cooperación internacional desde la sociedad civil para presionar, tanto al Estado ecuatoriano, como a actores sociales de otros Estados, para que plasmen en la práctica convenios de cooperación que permitan parar la corrupción. “Al ser un fenómeno transnacional, sin cooperación entre estados, sería imposible recuperar lo robado. Los corruptos se fugan o van presos, pero la plata sigue estando afuera”, apunta Cornejo.
Una segunda propuesta es la posibilidad de armar una red de organizaciones que estén trabajando contra la corrupción, para tener un intercambio de información y datos que permitan ser más efectivos a la hora de identificar e investigar casos de corrupción. Finalmente, Cornejo destaca una gran proclama para movilizar a la sociedad, lo que permitirá juntar a la ciudadanía diversa en esta lucha común contra la corrupción.
De su lado, Juan Esteban Guarderas, abogado, activista político y miembro de la Mesa Anticorrupción, cree que la crisis no puede implicar que se deje de lado la lucha anticorrupción. Esto fue precisamente lo que lo motivó a participar activamente dentro del Pacto Social y a plantear iniciativas como el proyecto de Ley ya mencionado.
Guarderas asegura que se debe trabajar en el fortalecimiento de un sistema de lucha anticorrupción que en el Ecuador es deficitario y que permite a los corruptos salirse con la suya. “Yo no creo que los ecuatorianos seamos más corruptos que en otros países, el problema es el sistema deficitario, en donde no hay suficientes juicios ni sanciones para los corruptos y tampoco existen los mecanismos para la recuperación del dinero robado. Hay una carencia de legislación en ese sentido”, apunta el jurista, quien cree que el haber presentado ante el Legislativo el proyecto de Ley es un pequeño, pero importante hito que, de ser aprobado, permitirá a la ciudadanía víctima de la corrupción, ser parte de los procesos.
Guarderas destaca otras propuestas que adicionalmente se están gestando como las vías idóneas para recuperar los activos que podrían ser producto de la corrupción y que se encuentran en los Estados Unidos. Según lo que se ha explorado, el jurista menciona la posibilidad de conseguir apoyo de ese país para que, con evidencia creíble, pueda congelar activos de personas sospechosas de corrupción.
Otra propuesta que destaca Guarderas es trabajar de la mano con entidades como el Servicio de Rentas Internas (SRI) para darles capacitación en la identificación de irregularidades con sus mismas bases de datos.
Sobre dichas propuestas, el jurista afirma que el siguiente paso será trabajar con “ñeque” para ejecutar estas ideas, siendo el primer paso un llamado a la ciudadanía a apoyar estas propuestas, de manera concreta, presionar al Legislativo para que apruebe el proyecto de Ley.
La activista política Virginia Andrade, quien también forma parte de la Mesa Anticorrupción asegura que el proyecto de Ley presentado es muy viable, pero cree que, además, es vital el involucramiento y la participación ciudadana para que la lucha contra la corrupción sea exitosa.
Es por ello que, de su lado, está trabajando en una propuesta a largo plazo que tiene que ver con educación a la ciudadanía sobre lo que es la corrupción y cómo esta se genera con pequeños actos que muchas veces son cotidianos y que se han normalizado. “La idea es enseñar a la gente que puede ser parte del cambio, porque a veces se nos olvida que quedarnos con un vuelto, cogernos un esfero o copiar en un examen también son actos de corrupción”, dice Andrade.
“Si llegamos a las personas de a pie y les convencemos que se puede cambiar, la realidad sería distinta y la lucha contra la corrupción sería un éxito”, apunta.
Para Andrade, el involucrarse dentro del Pacto le ha permitido, no solo el intercambio de ideas y conocimientos, sino también el tener un espacio para pensar en los problemas y soluciones. “El mundo está cambiando y es bueno que nos hayamos sentado a pensar y demostrar que se pueden dar esas soluciones”, concluye.
A continuación, conozca los ejes principales de la propuesta de la Mesa Anticorrupción.
El Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, que reúne a 40 organizaciones de la sociedad civil, invita a la rueda de prensa a realizarse este miércoles 18 de noviembre a las 10:00, por la plataforma zoom. En dicho encuentro con la prensa, la Mesa de Anticorrupción, una de las ocho mesas de trabajo del Pacto Social, presentará al Ecuador la propuesta de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, COIP, denominada: Ley Jorge Rodríguez.
Este proyecto de Ley que se encuentra en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional propone considerar a los ciudadanos víctimas directas de la corrupción, esto permitirá al ciudadano participar en los procesos judiciales contra la corrupción y abre la puerta para que los jueces acepten a los ecuatorianos como acusadores, ya que no solo el Estado es víctima de los actos de corrupción, sino también cada ciudadano que se ve afectado económicamente por hechos deshonestos.
Esta propuesta de Ley en un inicio se la denominó Ley Ciudadana Anticorrupción, pero ahora cambiará de nombre por Ley Jorge Rodríguez. En esta rueda de prensa se darán a conocer las razones para dicho cambio y se explicará a detalle su contenido. Cabe recalcar que este proyecto ya fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, de la Asamblea Nacional y actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia, por lo cual es importante contar con el apoyo de la opinión pública para impulsar una Ley que sea en beneficio de todos los ecuatorianos.
Temas como la necesidad de mejorar el sistema educativo, el fomento del empleo joven y mayor atención a la seguridad alimentaria infantil fueron expuestos este 12 de noviembre de 2020 durante el foro: “Los jóvenes por un Pacto”. Un espacio que se desarrolló en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador que impulsa Fundación Esquel junto a 80 organizaciones sociales.
Durante el encuentro digital participaron: Francesca la Torre, estudiante Universidad Ecotec y activista por los derechos; Anahí Constante, abogada y Gregorio Gastiaburo, psicólogo y activista por los derechos de la niñez. Moderaron el foro Laura Conde y Wilmer Romero.
La Torre aseguró que existe una crisis del sistema educativo debido a la desigualdad de género que también se expresa en la brecha al acceso a la educación. “Son pocas las oportunidades que se les da a la mujer para formarse en el ámbito educativo, sea en universidades o institutos tecnológicos”, apuntó.
La activista considera que se debe mejorar el sistema educativo para sobrellevar la crisis y formar nuevos líderes capaces de generar y adaptarse a los cambios que puedan, a futuro, dar paso a un nuevo sistema educativo, siendo la pandemia una buena oportunidad para ello. A la par, La Torre dice que el gobierno deberá implementar y potenciar políticas para tener un enfoque de género en todos sus ámbitos y considerar la economía del cuidado.
De su lado, Constante subrayó la importancia de los jóvenes en la generación de ideas para solucionar los problemas sociales y su presencia en la política y en espacios de decisión colectiva.
Al respecto, la Abogada se refirió al empleo joven y afirmó que debería existir una legislación mediante la cual las empresas contraten un número de estudiantes recién graduados para que puedan adquirir la tan anhelada experiencia y al mismo tiempo aporten a la economía del país. “Normalmente se exige experiencia que no tenemos, por eso deben darnos oportunidades y que nos incluyan en el trabajo joven”, apuntó.
Finalmente, Gastiaburo señaló la importancia de desarrollar estrategias y formas participativas que involucren a los jóvenes desde los mismos candidatos en época electoral, pero también con políticas públicas sostenidas en el tiempo y con estrategias diferenciadas para los distintos grupos de jóvenes en el país. “Los jóvenes también deben organizarse y no depender exclusivamente del gobierno, debe existir una actitud de corresponsabilidad”,dijo.
Para el activista por los derechos de la niñez, la soberanía alimentaria en la primera infancia es vital para un adecuado desarrollo del ser humano, por lo que una de las propuestas que plantea con el Pacto es la creación de estrategias que lleguen a la ciudadanía y la generación de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la población y que perduren en el tiempo.
Los temas de la violencia, la educación y la salud fueron abordados este 5 de noviembre de 2020 por parte de los coordinadores de las mesas temáticas que forman parte del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador durante un foro virtual en donde se expusieron algunas propuestas que han sido trabajadas desde sociedad civil.
El foro contó con la participación de Cristina Almeida, coordinadora de la Mesa de lucha contra las violencias; Juan Nicolás Alvarado de la Mesa de Educación y Walter Mena de la Mesa de Salud. El espacio fue conducido por Aracelly Calderón.
Respecto al tema de violencia, Almeida expuso que no es una violencia, sino, muchas violencias que afectan a la sociedad, por lo que cree necesario luchar para no normalizar comportamientos y expresiones violentas en todo nivel. “Detectar las violencias permite generar propuestas y políticas públicas que deben ser coherentes, contextualizadas y descentralizadas”, apuntó.
Almeida cree que el panorama es preocupante para las mujeres en el país. En lo que va de noviembre, se contabilizaron seis femicidios en el Ecuador, hay seis femicidios en lo que va este mes por el hecho de ser mujeres. “No podemos vivir en una sociedad así de violenta (...) vale preguntarse cómo se van a sancionar estos actos, cuando hablamos de luchar contra las violencias no podemos pensar que este no es mi problema y que eso no me va a pasar porque vivimos en una sociedad violenta y acostumbrada a recibir estas situaciones”, dijo.
Para Almeida, quien es abogada y politóloga, es fundamental trabajar en la población de niños y adolescentes, mejorar el Sistema Nacional de Protección de Derechos, así como trabajar para tener un enfoque de género en todos los niveles.
De su lado, Alvarado se refirió a la importancia de la educación para una sociedad. Como estudiante de derecho, cree que el sistema educativo ha estado afectado desde antes de la pandemia, con la reducción de presupuestos, por lo que mencionó que la educación debe convertirse en un eje articulador de la sociedad, para lo cual es fundamental descentralizar la gestión en función de las necesidades reales de los territorios.
“Es importante hablar de descentralización y ver la realidad de cada cantón y provincia para que, de esa manera, se puedan asumir responsabilidades para diagnosticar los problemas puntuales de cada zona y trabajar en soluciones”, dijo Alvarado, quien cuestionó, además, que sin el financiamiento adecuado la educación no va a tener la calidad que necesita.
En cuanto al tema de salud, Mena aseguró que el Ecuador necesita construir un sistema de salud que incorpore un enfoque preventivo, integral, intercultural, con un marco legal establecido y subsistemas de control. “Es preciso juntar lo político, científico y la participación organizada de la sociedad civil para construir el Sistema Nacional de Salud”, dijo.
Para Mena, en el modelo post covid se tiene que privilegiar la prevención y el fomento de la salud y luego, la recuperación. También enfatizó en la necesidad de contar con un Consejo Nacional de Salud con la jerarquía y capacidad necesaria para construir un Sistema Nacional de Salud, siempre con la participación de la comunidad para que pueda tener efectividad.
El país está de luto, ha muerto Jorge Rodríguez Torres. Hemos perdido, como sociedad, a uno de los ecuatorianos más aguerridos y valientes. Un ciudadano ejemplar que lo dio todo, puso en riesgo su propia vida, - amenazada por las mafias del crimen-, para parar la impunidad, presionar a que la justicia haga su papel, denunciar, sin tregua, innumerables casos de corrupción sin importar nombres ni condición de los corruptos.
Lideró una pelea desigual frente al poder mafioso, convocando a sus amigos y conocidos, a los ciudadanos comunes y corrientes, a las organizaciones sociales, a la academia, a los medios de comunicación para movilizar conciencias y voluntades en la lucha contra la corrupción. Invirtió su patrimonio personal, se enfocó en lo que es de todos, dejando de lado, sin duda, lo propio.
Un auténtico héroe de este siglo XXI, sin charreteras ni regimientos a su mando, pero que le dio sentido a su existencia combatiendo al PEOR enemigo de nuestra sociedad: la corrupción y los sistemas que la hacen posible.
Fue un destacado empresario, dirigente notable de su gremio profesional, amigo generoso. Esposo amoroso, padre ejemplar.
El país está de luto. Nuestro abrazo solidario a su esposa y familia. Compartimos con ustedes el dolor de su partida.
Boris Cornejo Castro
Mesa Anticorrupción del Pacto Social por la vida y por el Ecuador
Luego de siete meses de trabajo, las ocho mesas que forman parte del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador entregan este jueves 29 de octubre de 2020 propuestas concretas con una pedagogía ciudadana que buscará solucionar algunos problemas que aquejan al país.
La entrega pública se hará mediante rueda de prensa, en donde se presentarán las propuestas que han sido consensuadas por cada una de las mesas temáticas: Economía y Empleo; Sistema Nacional de Salud; Educación; Agricultura Familiar Campesina; Combate contra la Corrupción; Preservación del Ambiente y Extractivismo; Sistema de Protección Contra Las Violencias, y Descentralización y Desarrollo Local.
Este día también se hará la presentación oficial de la página web del Pacto, en cuyo contenido se podrán encontrar las propuestas a detalle, así como algunas notas de resumen de los foros que se han venido desarrollando en el marco de los diálogos del Pacto.
Le invitamos a unirse a la rueda de prensa virtual a través de este enlace.
El Pacto Social por la Vida y el Ecuador es una iniciativa ciudadana impulsada por Fundación Esquel, junto a 80 organizaciones de la sociedad civil. Persigue la consecución de acuerdos en aspectos de vital importancia para el Ecuador como una respuesta efectiva, democrática y ética ante la situación de crisis que atraviesa el país en sus múltiples dimensiones y que tienden a agudizarse por las consecuencias de la pandemia. Su participación, ciudadano y ciudadana, es importante para seguir trabajando por mejorar nuestra realidad.
Luchar contra las inequidades, construir cadenas productivas; racionalizar los costos del dinero y una reforma laboral fueron algunas propuestas dadas este 22 de octubre de 2020 en el foro: “Un país con propuestas del Pacto Social” que se realizó en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador -una iniciativa liderada por Fundación Esquel y 80 organizaciones sociales para encontrar respuestas concretas a los problemas que aquejan al Ecuador-.
En el encuentro virtual participaron: Santiago García, coordinador de la Mesa de Economía del Pacto Social y catedrático universitario; José María Egas, analista en gestión pública y Ramón Espinel, investigador en agricultura y coordinador de la Mesa de Agricultura Familiar Campesina del Pacto. Condujo el espacio, César Ulloa.
A manera de contexto, los expertos coincidieron en que la pandemia ahondó la brecha social y la crisis que ya vivía el Ecuador, pero que se agravó con la emergencia sanitaria, con un incremento del desempleo, la falta de acceso a la educación, la delincuencia y la violencia.
Frente a ese contexto, García fue enfático en que el Ecuador es uno de los países latinoamericanos más golpeados y más vulnerables, por lo que urge emprender una reforma tributaria integral y tomar en cuenta tres aspectos fundamentales: que se construyen cadenas productivas; realizar un pacto financiero para racionalizar los costos del dinero y una reforma laboral.
“Necesitamos plantearnos una agenda que se encamine a resolver los problemas de manera integral”, dice García, quien es enfático en que en estos procesos se debe involucrar a la sociedad en su conjunto y que esta suma su compromiso para poder avanzar.
De su lado, Egas cuestionó la falta de un verdadero modelo de desarrollo económico y culpó al centralismo de ocasionar esas diferencias y brechas en el desarrollo económico. “La pandemia desnuda una inequidad en el desarrollo territorial porque pone en entredicho si realmente hemos tenido un modelo de desarrollo nacional y si hemos tenido un modelo de desarrollo rural”, apuntó el experto.
Para Egas, es fundamental que se cambie esa política de subsidios por una que sirva para reactivar la producción, así como una reforma tributaria orientada a limitar la fuga de capitales y al pago de tributos para el patrimonio y las grandes ganancias.
También apuntó a que se debe controlar la corrupción y que se de un sinceramiento en las funciones y competencias. “Cualquier pacto debe partir de la búsqueda de democratización de la vida. Eso supone retornar a la búsqueda del bienestar individual y colectivo (...) necesitamos un pacto para democratizar la vida como país”.
Por su parte, Espinel enfatizó en la importancia de la agricultura familiar campesina como la o base que sostiene la mayor parte de la producción de alimentos para los ecuatorianos y que paradójicamente es uno de los grupos que concentra la mayor cantidad de pobreza.
“Hay que asegurar recursos y diseñar políticas para contar con su fortalecimiento en términos de: asegurar condiciones adecuadas de producción, de mercadeo de los productos que llegan a centros de acopio y finalmente asegurar la distribución adecuada de alimentos a los sectores y lugares que más lo necesitan”, apuntó el experto.
Para Espinel, es importante solventar las grandes diferencias que se han creado respecto a la desigualdad, por lo que el Pacto tiene que estar orientado a la democratización en las decisiones de los diferentes sectores y que se cobre conciencia de la importancia de la agricultura familiar y campesina.
El Pacto Social por la Vida y por el Ecuador y sus distintas mesas temáticas han venido trabajando en propuestas concretas que serán entregadas públicamente a la ciudadanía la próxima semana.
La necesidad de realizar cambios culturales e institucionales para enfrentar con eficacia la vulneración de derechos y situaciones de violencia en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes ha motivado a la Mesa de Lucha Contra la Violencia -que forma parte del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador- a establecer un diálogo propositivo con miras a incidir en este fenómeno que, en el contexto de la pandemia, se ha evidenciado con mayor fuerza.
Trabajar en la prevención, atención y restitución de condiciones de igualdad y buen trato para este grupo de la población es una prioridad en esta Mesa, cuyos miembros se han enfocado en dos ejes: la violencia de género y población LGBTIQ, por un lado, y por otro, la protección de niñas, niños y adolescentes, como sujetos de derechos.
Cristina Almeida, coordinadora de la Mesa de Lucha Contra la Violencia y experta en esta temática comenta que en estos seis meses de trabajo han volcado sus esfuerzos en lograr que todas las mesas que forman parte del Pacto Social tengan enfoque de género. “El Pacto tiene que tener ese enfoque y por ello es necesario empezar desde dentro hacia afuera y no al revés. Si no comprendemos esto, no tendría sentido nuestro trabajo”.
Almeida cree que han tenido avances importantes en cuanto al acercamiento con las otras mesas que lideran las distintas temáticas que contempla el Pacto como la de educación, descentralización, lucha contra la corrupción, entre otras. “Es un trabajo multisectorial necesario para asentar las demandas”.
El cuanto al trabajo en el eje de niñez y adolescencia, la experta -que actualmente cursa un masterado en ciencia política en México- destaca que los jóvenes que forman parte de la Mesa que coordina, se volvieron orgánicos y entre ellos se están organizando para debatir algunos temas que les preocupa como el embarazo adolescente, la educación sexual, la corrupción y otros. “Es positivo que se puedan abrir espacios de reflexión fuera de los colegios y en el marco del trabajo de la Mesa”, apunta Almeida.
Dentro de las propuestas de esta Mesa se desprende realizar una campaña educomunicacional y brindar apoyo a los espacios que ya están consolidados como las casas de acogida, organizaciones de mujeres, entre otras. Todo ello para exigir la creación de una política pública que responda a estas demandas.
Ernesto Delgado, miembro del Pacto por los Derechos de la Niñez y Adolescencia y parte de esta Mesa asegura que la necesidad de prevención y restitución de derechos en las personas víctimas de violencia se vincula con un buen funcionamiento de un sistema de protección integral. “Hay la necesidad de realizar cambios culturales e institucionales para poder enfrentar con eficacia la vulneración de derechos, en donde la violencia es un tema transversal en los diversos ámbitos de la vida”, dice Delgado.
Para este sociólogo experto en temas de niñez y adolescencia, pese a los esfuerzos desde distintas trincheras, ha faltado una normativa que permita la construcción de modelos de gestión descentralizados, que tengan una fuerte intersectorialidad, en coordinación y complementariedad.
Delgado se refiere a la creación de un sistema que unifique estos esfuerzos enfocados en proponer políticas públicas y una estructura que facilite la creación de modelos de gestión eficaces.
En ese sentido, resalta cinco niveles de soporte para el óptimo funcionamiento de un sistema integral. El primero es un sistema de comunicación social amplio e integral con la participación de medios públicos y privados capaces de transmitir aspectos de prevención de violencia y restitución de derechos, de manera que se implemente ese enfoque de derechos en el entorno social y que cada persona se vuelva un agente de promoción de derechos a través de cambios conductuales y culturales.
Otra línea es aprovechar los recursos de capacitación de todos los operadores de servicios tanto del sector público como privado y que a nivel local se desarrollen sistemas de información para que la población sepa dónde y a quién acudir en caso de vulneración de derechos.
Un tercer aspecto, señala Delgado, es generar capacidades de participación ciudadana, para que los planes y políticas se hagan de manera conjunta con la comunidad, mientras que el cuarto tema se refiere a introducir mecanismos de lucha contra la violencia en la planificación local y adoptar un enfoque descentralizado para la acción.
Finalmente, el quinto aspecto se refiere al presupuesto, es decir que haya participación de las comunidades en la elaboración de los presupuestos. Sobre lo mencionado, Delgado cree que se necesita un cambio cultural en cuanto a comportamientos de la relaciones Estado y sociedad.
En cuanto a las expectativas del trabajo de la Mesa, Delgado destaca el aumento de la toma de conciencia. Sin embargo, cree que hay que proponer estrategias para poder introducir estos temas e involucrar mucho más a las autoridades locales para que incluyan sistemas de protección de derechos.
La clave, según Delgado es mantener un diálogo social permanente para lograr una dimensión nacional a estos temas, que se incluyan en la agenda el desarrollo de políticas públicas y se transversalice el enfoque de género y de protección de derechos.
Estrategias y propuestas de la Mesa de Lucha contra la Violencia
La pandemia evidenció las grandes carencias y la poca importancia que se le ha dado al tema de la salud. El diagnóstico lo muestra: débiles estructuras públicas y una equivocada política sanitaria.
Estos son algunos hallazgos hechos por los expertos que integran la Mesa de Salud del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador -una iniciativa ciudadana liderada por Fundación Esquel junto a 80 organizaciones sociales que buscan dar soluciones frente a los problemas que aquejan al país-.
La Mesa de Salud se ha dedicado en los últimos seis meses a buscar soluciones concretas que se podrían resumir en dos puntos claves: la construcción de un sistema de salud con cobertura universal y el cambio de enfoque de la política sanitaria que ha dado prioridad a lo curativo, en desmedro de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
Walter Mena, coordinador de la Mesa de Salud, experto en administración de hospitales y fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica cree que existe una necesidad de construir un sistema de salud y luchar contra la “pandemia de la corrupción”.
Mena asegura que hay una gran dispersión de varios subsistemas de salud, cada uno con sus propias reglas. “Se trata de una cantidad enorme de instituciones y la idea central de la propuesta es unificar recursos y capacidades de todas estas organizaciones para establecer un sistema de cobertura universal con reglas claras y que sirva al interés de todos los ecuatorianos”, dice el experto.Sobre el enfoque de la política sanitaria, Mena cree que, en lugar de poner énfasis en la curación, el tratamiento y la recuperación, se debe dar un giro enfocado en la prevención, fomento y promoción de la salud.
Mena también menciona que dentro de la propuesta se contempla la creación de un sistema nacional de desarrollo sostenible, y otro sistema de anticorrupcion y participacion social. “Esto último hace posible la subsistencia de los otros, ya que si los recursos no se manejan con honestidad, no podría haber salud, ni desarrollo”, apunta.
De su lado, Fernando Sacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública y miembro de la Mesa de Salud cree que a raíz de la pandemia se constató la débil respuesta de la salud pública del Ecuador y la descoordinación entre las distintas instituciones. Por ello cree que hay que posicionar la importancia de sentar las bases para construir un sistema nacional de salud y superar ese enfoque de medicina curativa hospitalaria que se ha manejado en el Ecuador.
“Frente a estas falencias, debería haber una respuesta y una toma de conciencia ciudadana para buscar un pacto. Lograr un acuerdo nacional es casi un deber, lamentablemente, los grandes cambios en la salud no se han dado y este no ha sido un tema de importancia política en la agenda nacional de prioridades. Ahora, lo que cabe es hacer una reflexión nacional, tomar en serio a la salud y presionar para que se tomen las decisiones adecuadas”, apuntó Sacoto.
Para Sacoto, este es un buen momento para hacer una presión ciudadana e incidencia, sobretodo, en esta época pre electoral en donde se debe comprometer a los candidatos a adoptar políticas de salud adecuadas si llegasen al poder.
Sobre la construcción de un sistema nacional de salud, el experto cree que hay que empezar por corregir decisiones desacertadas como la organización administrativa territorial que, a criterio de Sacoto, carece de funcionalidad.
También cree que se debería poner énfasis en la atención primaria de salud, optimizando y creando unidades comunitarias, siempre complementadas con centros locales de desarrollo, dotación de agua potable, educación, etc.
Finalmente, Pedro Barreiro, médico salubrista y parte de la Mesa de Salud enfatiza en que la salud abarca varios aspectos como la educación, el trabajo, el ambiente, la nutrición, etc. “Todo incide sobre el nivel de salud de la población (...) es tan grande el ámbito que es difícil apuntar a lo más importante”, dice. Sin embargo, a la hora de priorizar lo más importante, coincide en que se debe presionar y trabajar con miras a tener un sistema nacional de salud.
Para lograrlo, Barriero cree que es fundamental la participación de la comunidad, sin la cual todo esfuerzo fracasa. También cree que no se debe descuidar la capacidad instalada, ni la formación de profesionales, así como poner atención a los temas de nutrición infantil y el cuidado del desarrollo de los niños. “El vínculo entre la educación y la salud es indisoluble”, apunta.
A propósito del veto total del Ejecutivo al Código Orgánico de la Salud, Barreiro cree que fue acertado vetar el cuerpo legal ya que, a su criterio no, es necesario. “En su lugar se deben establecer leyes específicas; por ejemplo, empezar con una ley sobre el sistema nacional de salud, otra de medicamentos y una ley del ejercicio profesional de la salud”.