Como lo expone la FAO “Hay muchas variables que influyen sobre la seguridad alimentaria y todas se pueden manejar hasta cierto punto para mejorarla. Sin embargo, hay pocas respuestas fáciles o prescripciones para aliviar la inseguridad alimentaria. Las soluciones casi siempre implican participación en el ámbito local y del hogar”. Es importante identificar los retos y las oportunidades que tienen las ciudades del país para afrontar la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta los vínculos con la ruralidad, desde distintos ámbitos y de una manera práctica.

•  Visibilizar iniciativas ciudadanas que aportan a la seguridad alimentaria en el marco del COVID-19
• Motivar a la ciudadanía y tomadores de decisiones al impulso de iniciativas enfocadas en mejorar la resiliencia en el sector de alimentos en las ciudades.

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En este contexto, donde las formas de movilización a través de transporte público masivo se pone en cuestión e incluso la circulación peatonal en calles, parques y veredas, el retorno al vehículo privado parece ser la única  opción, a pesar de no ser la más sostenible; donde las aglomeraciones generan  nuevos brotes y se debe evitar el contacto con los demás, es pertinente poner a discusión la necesidad de replantear las dinámicas de nuestros espacios públicos

• Visibilizar el debate y las contradicciones sobre el rol de la ciudad, el barrio y el espacio público frente a la gestión de la pandemia.
• Recuperar la noción de barrio para fortalecer la construcción de ciudadanía y fortalecer la gestión de crisis.
• Repensar la configuración, modelo, funcionalidad y escala de nuestras ciudades para fortalecer la resiliencia

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Afrontar una pandemia como la que estamos viviendo supone un reto muy grande para los Estados en el mundo, tanto en lo social, económico e institucional. Es fundamental para los gobiernos nacionales y locales del país contar con información oportuna y actualizada para afrontar la emergencia sanitaria para la definición de política pública y la toma de decisiones.

• Visibilizar y comprender la importancia de producir información en forma periódica, desagregada y de promover datos abiertos que sean útiles para la toma de decisiones
• Aportar con insumos para la toma de decisiones a mediano y largo plazo que permitan a la ciudad (en los diferentes sectores) estar más preparada para gestionar las crisis en el futuro.

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Este momento de incertidumbre y pérdidas humanas y económicas que nos deja esta enfermedad, es también un momento propicio para reflexionar sobre  un nuevo modelo de desarrollo sostenible, sobre nuevas formas de producción y consumo, nuevas formas de movilidad.

•  Sensibilizar a la ciudadanía sobre los impactos de nuestros hábitos de movilidad y consumo sobre el clima, aprovechando la coyuntura de reducción de emisiones durante el aislamiento por el coronavirus.
• Plantear aternativas sostenibles posteriores al aislamiento para enfrentar los problemas ambientales, sin descuidar los aspectos sociales y económicos.

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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS:

• Contribuir a la generación de conocimiento, el establecimiento de sinergias entre actores de sociedad civil.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

• Generar espacios de fortalecimiento de capacidades a través del uso de metodologías innovadora y participativas

INCIDENCIA POLÍTICA PÚBLICAS 

• Desarrollar ejercicios de participación y articulación de actores relevantes para el DUS, cuyas acciones promuevan la incidencia en políticas públicas

Crear nuevas respuestas frente a la violencia, invertir en formación integral para todos los llamados a garantizar los derechos y articular un verdadero sistema de protección de derechos, fueron algunas soluciones planteadas por expertas, este 30 de julio de 2020, en el foro: “Sistema de Protección de Derechos: Desafíos y Propuestas”, desarrollado en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador que impulsa Fundación Esquel, junto a 80 organizaciones de la sociedad civil. 

En el panel participó Paola Pila Guzmán, socióloga, Máster en Desarrollo Local y Territorial, desde méxico; Ana Toledo Torres, abogada y activista por los derechos humanos en la Fundación Acción Colectiva, desde Cuenca, y Nívea Vélez Palacio, activista por los Derechos de las Mujeres, y parte de la Red Nacional de Mujeres y Nosotras por la Democracia, desde Loja. Condujeron el panel César Ulloa y Rogelio Durán.

Pila Guzmán inició el foro con algunas cifras de violencia de género e intrafamiliar que para junio de este año sumaron 8 mil casos. Para ella, la violencia es un tema estructural que no se circunscribe a un cierto territorio, grupo, o clase social específica y que es una problemática que ya existía antes de la pandemia, pero que se profundizó en estos meses de emergencia sanitaria. “Lo que está pasando es es un llamado de atención, cuyas señales de advertencia ya se las estaban viendo antes de la pandemia”, dice Pila Guzmán.

De su lado, Toledo Torres enfatizó en que la pandemia acrecentó las brechas existentes y evidenció que el hogar se convirtió en un espacio peligroso para ciertas personas y grupos de atención prioritaria. Ante esta problemática, cree fundamental que el sistema de protección de derechos, a través de procesos de articulación, pueda generar políticas públicas específicas que atiendan a situaciones de la violencia. 

“La violencia sigue siendo dentro de casa y frente a esta pandemia, hay que crear nuevas respuestas, crear nuevas metodologías de atención para recepción de denuncias, seguimiento de casos y nuevas medidas de protección”, dice la activista.

Toledo Torres se refirió a la importancia de tener un sistema de protección de derechos articulado y descentralizado para que funcione de manera efectiva. “El sistema tiene que ser como el cuerpo humano, todas los órganos y las funciones tienen que funcionar de manera articulada. Si el uno falla, el sistema entero se enferma”, dice. 

La experta propone como primera acción descentralizar el sistema de protección de derechos en acciones y presupuesto. También cree necesario manejar un enfoque de derechos de manera generalizada y dar respuestas a cada tema con especificidad. 

También se refirió a la importancia de corresponsabilidad de la ciudadanía y la sociedad civil para impulsar procesos que debatan los temas que el Estado calla y hacer propuestas. “El Pacto Social es una buena oportunidad para lograr esa responsabilidad porque nos permite reencontrarnos, repensar la política y generar nuevas propuestas que den respuesta a problemas reales que afronta la ciudadanía”. 

Vélez Palacio añadió que la pandemia puso en evidencia muchas desigualdades y un incremento de la violencia que obligó a mujeres a convivir con su agresor y asumir una mayor carga de trabajo y estrés. “Por todo esto, es saludable que, al calor de esta pandemia, nazca este Pacto Social por la Vida.

Para ella, es urgente hacer una reflexión seria de lo que está pasando con el tema de la violencia para saber por qué, tras pasar varios años desde que se promulgó la ley contra la violencia de la mujer, las cifras no han variado. La experta cree que, en parte, es porque no existe un trabajo integral en todo el territorio nacional; porque no ha habido la capacitación adecuada a los servidores públicos, y por la excesiva rotación de personal. 

Frente a esto, la experta dice tener mucha fe en el Pacto. Cree que con este se consolidarán varios temas que darán respuestas urgentes a los problemas del Ecuador. 

“La única forma que tenemos de erradicar la violencia contra la mujer es con una activa participación ciudadana, vigilancia, propuesta y la denuncia, porque no podemos seguir callando”, concluyó.