Luego de más de dos décadas de intentos por detener la actividad minera en la provincia del Azuay, los grupos defensores de los derechos de la naturaleza en todo el país aplauden el fallo de la Corte Constitucional. Esta resolución da luz verde a una Consulta Popular que plantea prohibir la fase de explotación de las concesiones mineras a mediana y gran escala, que afectan las cinco zonas de recarga hídrica de los ríos Yanuncay, Tarqui, Tomebamba, Machángara y Norcay, en el cantón Cuenca.

De esta manera, los derechos de los pueblos y de la naturaleza se imponen marcando un hito histórico en Ecuador, dejando una puerta abierta para que otras provincias accedan a consultas sobre concesiones mineras en sus territorios afectados; impulsando a que sus habitantes decidan sobre las condiciones de vida que aspiran tener, viviendo en un ambiente impoluto, libre de contaminación ambiental, rechazando lo que se dispone arbitrariamente desde las esferas gubernamentales.

La propuesta inicial nació de la sociedad civil, generando un referente para que las generaciones presentes y futuras sigan luchando por sus derechos y los del medio ambiente, haciéndolos respetar, defendiendo el derecho a la vida y a la no intervención ni contaminación de las fuentes hídricas, ni de los páramos, previniendo así riesgos y desastres ecológicos irreversibles. La propuesta final, que fue promovida desde el Concejo Municipal de Cuenca, se desarrolló bajo un trabajo conjunto en el que participaron biólogos, juristas, ambientalistas y otros profesionales.

Debemos tener claro que la pregunta de la Consulta se refiere a la no explotación, más no a la cancelación de las concesiones mineras. Es decir, de ganar el SÍ en la Consulta, estaríamos impidiendo que las concesiones ya otorgadas por el gobierno no puedan proceder a explotar ningún mineral por no haber llegado todavía a esa fase.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá elaborar un cronograma para llevar a cabo la Consulta Popular en la que se incluyan las cinco preguntas. En cuanto al GAD de Cuenca que tiene la competencia para conceder el permiso del uso del suelo para la infraestructura minera, estaremos vigilantes de que no lo haga. La naturaleza es tan pródiga con nosotros que lo menos que podemos hacer por ella, es cuidarla y protegerla.

Nuestra voluntad es firme y clara. Nuestras fuentes hídricas son sagradas.

Informes:

César Ulloa

Coordinador

Pacto Social por la Vida y el Ecuador

0995808473

La pandemia evidenció las grandes carencias y la poca importancia que se le ha dado al tema de la salud. El diagnóstico lo muestra: débiles estructuras públicas y una equivocada política sanitaria. 

Estos son algunos hallazgos hechos por los expertos que integran la Mesa de Salud del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador -una iniciativa ciudadana liderada por Fundación Esquel junto a 80 organizaciones sociales que buscan dar soluciones frente a los problemas que aquejan al país-. 

La Mesa de Salud se ha dedicado en los últimos seis meses a buscar soluciones concretas que se podrían resumir en dos puntos claves: la construcción de un sistema de salud con cobertura universal y el cambio de enfoque de la política sanitaria que ha dado prioridad a lo curativo, en desmedro de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.  

Walter Mena, coordinador de la Mesa de Salud, experto en administración de hospitales y fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica cree que existe una necesidad de construir un sistema de salud y luchar contra la “pandemia de la corrupción”.

Mena asegura que hay una gran dispersión de varios subsistemas de salud, cada uno con sus propias reglas. “Se trata de una cantidad enorme de instituciones y la idea central de la propuesta es unificar recursos y capacidades de todas estas organizaciones para establecer un sistema de cobertura universal con reglas claras y que sirva al interés de todos los ecuatorianos”, dice el experto.Sobre el enfoque de la política sanitaria, Mena cree que, en lugar de poner énfasis en la curación, el tratamiento y la recuperación, se debe dar un giro enfocado en la prevención, fomento y promoción de la salud.

Mena también menciona que dentro de la propuesta se contempla la creación de un sistema nacional de desarrollo sostenible, y otro sistema de anticorrupcion y participacion social. “Esto último hace posible la subsistencia de los otros, ya que si los recursos no se manejan con honestidad, no podría haber salud, ni desarrollo”, apunta.

De su lado, Fernando Sacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública y miembro de la Mesa de Salud cree que a raíz de la pandemia se constató la débil respuesta de la salud pública del Ecuador y la descoordinación entre las distintas instituciones. Por ello cree que hay que posicionar la importancia de sentar las bases para construir un sistema nacional de salud y superar ese enfoque de medicina curativa hospitalaria que se ha manejado en el Ecuador.

“Frente a estas falencias, debería haber una respuesta y una toma de conciencia ciudadana para buscar un pacto. Lograr un acuerdo nacional es casi un deber, lamentablemente, los grandes cambios en la salud no se han dado y este no ha sido un tema de importancia política en la agenda nacional de prioridades. Ahora, lo que cabe es hacer una reflexión nacional, tomar en serio a la salud y presionar para que se tomen las decisiones adecuadas”, apuntó Sacoto. 

Para Sacoto, este es un buen momento para hacer una presión ciudadana e incidencia, sobretodo, en esta época pre electoral en donde se debe comprometer a los candidatos a adoptar políticas de salud adecuadas si llegasen al poder. 

Sobre la construcción de un sistema nacional de salud, el experto cree que hay que empezar por corregir decisiones desacertadas como la organización administrativa territorial que, a criterio de Sacoto, carece de funcionalidad. 

También cree que se debería poner énfasis en la atención primaria de salud, optimizando y creando unidades comunitarias, siempre complementadas con centros locales de desarrollo, dotación de agua potable, educación, etc.

Finalmente, Pedro Barreiro, médico salubrista y parte de la Mesa de Salud enfatiza en que la salud abarca varios aspectos como la educación, el trabajo, el ambiente, la nutrición, etc. “Todo incide sobre el nivel de salud de la población (...) es tan grande el ámbito que es difícil apuntar a lo más importante”, dice. Sin embargo,  a la hora de priorizar lo más importante, coincide en que se debe presionar y trabajar con miras a tener un sistema nacional de salud.

Para lograrlo, Barriero cree que es fundamental la participación de la comunidad, sin la cual todo esfuerzo fracasa. También cree que no se debe descuidar la capacidad instalada, ni la formación de profesionales, así como poner atención a los temas de nutrición infantil y el cuidado del desarrollo de los niños. “El vínculo entre la educación y la salud es indisoluble”, apunta.

A propósito del veto total del Ejecutivo al Código Orgánico de la Salud, Barreiro cree que fue acertado vetar el cuerpo legal ya que, a su criterio no, es necesario. “En su lugar se deben establecer leyes específicas; por ejemplo, empezar con una ley sobre el sistema nacional de salud, otra de medicamentos y una ley del ejercicio profesional de la salud”.

Fundación Esquel, 30 años de acción colectiva, celebra su trigésimo aniversario con un evento digital que contará con ponencias internacionales sobre la importancia de la ciudadanía, los diálogos y las alianzas para transformar realidades. Pilares que han sido una constante en la historia de la organización.  La cita será este sábado 03 de octubre de 2020 a partir de las 17:00, con transmisión desde las redes sociales de Fundación Esquel. 

El encuentro tendrá la participación de expositores internacionales en los temas mencionados. También habrá presentaciones artísticas además de otras actividades de interés.

Fundación Esquel, en sus 30 años de acción colectiva ha ejecutado más de 800 programas, proyectos, consultorías e iniciativas desde 1990, con cerca de 18 mil beneficiarios en el Ecuador; 200 organizaciones sociales involucradas y más de 300 socios y aliados como financistas de nuestros proyectos en las 24 provincias del Ecuador.

Durante estos 30 años hemos buscado cambiar vidas desde la innovación social y la creación de oportunidades para los ecuatorianos. Lo hacemos a través del fortalecimiento de capacidades; espacios de diálogo entre diversos actores; articulación de alianzas y el manejo transparente de recursos, para construir conjuntamente un país solidario, democrático y sostenible.

Te invitamos a conectarte con nosotros este 03 de octubre de 2020 y formar parte de esta celebración y registrarte en este enlace.

Un llamado para que la sociedad civil se active con espacios de participación y fiscalización de la política, recuperación de los valores y a tener un voto consciente e informado fueron algunas propuestas vertidas este 24 de septiembre de 2020 en el foro: “Análisis de coyuntura política - electoral”, organizado en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, una iniciativa que impulsa Fundación Esquel junto a 80 organizaciones sociales.

El encuentro virtual contó con la participación de Maritza Cárdenas, activista social, becaria de la Fundación Esquel en el Programa de Mujeres en la Política y Patricio Haro, Ph.D en Ciencias Sociales y coordinador de Asocie. El espacio estuvo conducido por Juan Francisco Mora  y Aracelly Calderón.

A manera de diagnóstico, ambos participantes coincidieron en que el país vive una crisis generalizada de valores que ameritan fortalecer y generar alianzas entre la academia, el Estado y la sociedad civil para trabajar en un Pacto Social para el bien común.

En ese marco, Cárdenas aseguró que se debe activar a la sociedad, llevar a cabo diálogos para generar consensos y superar los disensos entre los actores que, a su criterio, están polarizados. “No hemos podido llegar a un pensamiento de centro que permita el bien común para todos. Cualquier ideología radical no es ideal para ejercer la democracia”, apuntó la activista para quien aún falta trabajar en alianzas, propuestas claras y no demagógicas. 

En ese sentido, Cárdenas  cree necesario que la sociedad civil fiscalice el quehacer de la política para dar seguimiento al cumplimiento de los planes de gobierno que los partidos y movimientos políticos presentan y así exigir una formación y capacitación continua de quienes van a ser los administradores de las distintas dignidades públicas. También hizo un llamado a las mujeres a involucrarse más y no tener miedo a la política

De su lado, Haro expresó la necesidad de la participación de la gente en la política. “La participación activa del ciudadano al interior de la vida del Estado es demasiado importante como para dejarla solo a los políticos”, apuntó. En ese sentido, dijo que, ante la coyuntura electoral, se debe exigir a los candidatos ese bien común para los ecuatorianos que lamentablemente no ha estado presente, pero que se debe actuar en favor de la recuperación de los valores.

“Invito a los ciudadanos estar pendientes de la campaña y las propuestas políticas, que participen activamente en estos procesos electorales para evitar que sigamos viviendo en estas circunstancias”, concluyó el experto, para quien recuperar los valores es muy importante para no seguir agudizando la cultura de la corrupción y asegurar un mejor país para las siguientes generaciones.

Este ciclo de talleres tiene como objetivo trazar los principales elementos sobre lo que significa Gobierno, lo trabajado en el país, sus pilares y la experiencia lograda alrededor de este modelo de gestión y administración pública en la actual situación que vive el país y el mundo. Estos talleres están dirigidos a funcionarios públicos, integrantes de organizaciones sociales, academia, funcionarios de empresas públicas y privadas, gremios, dirigencia barrial de la provincia de Manabí. 

Brief del Curso Virtual

Descargar Brief

 Los requisitos solicitados son:

• Haber leído el BRIEF: CICLO DE TALLERES CONOCIENDO AL GOBIERNO ABIERTO

• • Acceso a internet
  • Ser parte de alguna organización, institución, gremio, gobierno local, organización social, empresa interesada en el tema
  • Disponibilidad de al menos 2 horas semanales entre el 6 y el 30 de octubre, de 17 a 19:00 horas

• Las personas que sean seleccionadas recibirán un mensaje de confirmación en la semana del 1 de octubre.

Un total de 41 propuestas concretas para mejorar la educación primaria, secundaria y superior están listas por parte de la Mesa de Educación del Pacto Social por la Vida y el Ecuador como resultado de los diálogos y el trabajo que viene haciendo desde hace tres meses con diversas organizaciones de la sociedad civil y actores que trabajan en este sector. 

Juan Nicolás Alvarado, quien coordina esta Mesa y es además estudiante de derecho y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Azuay aseguró que el trabajo ha sido fructífero, y que desde un inicio han habido consensos. “La educación y la salud son derechos irrenunciables que el Estado está obligado a garantizar y están en situación de prioridad, a diferencia de otros derechos”.

En ese sentido, comentó que la Mesa de Educación -conformada por representantes de federaciones estudiantiles, sector público, académicos, docentes primarios, secundarios y universitarios- han creado dos comisiones para la elaboración de diagnósticos y propuestas. La primera, centrada en educación primaria y secundaria, y la segunda, en educación superior. 

Alvarado destacó los ejes de las propuestas. Por ejemplo, para la educación primaria y secundaria, mencionó que las soluciones están orientadas al acceso al sistema educativo y tecnológico; la flexibilización de las mallas curriculares; la inversión del Estado en la educación, y la capacitación docente y mejoramiento de las condiciones de trabajo. Para la educación superior, destacó el acceso a las universidades, la oferta universitaria y alternativas educativas así como la importancia de descentralizar a la educación para que sea un eje articulador. 

Para el Coordinador de la Mesa, el siguiente paso será socializar las propuestas, convocar a grupos que históricamente han sido excluidos y articular estas soluciones en conjunto con las otras Mesas del Pacto Social como la Mesa de descentralización para lograr propuestas contundentes que lleguen a más sectores de la sociedad. 

En diálogo con Paulo Freire, docente, doctor en Humanidades y parte de la Mesa de Educación, cree que este es el momento en el que el país necesita de un espacio de diálogo como este, con la presencia de distintos actores y miradas.

Sobre las propuestas, Freire -quien se encarga de articular la comisión de educación superior- destacó la necesidad de contar con un presupuesto adecuado, sin recortes, para generar conocimiento. “No se puede hablar de educación de calidad sin un presupuesto adecuado y sin regresar la mirada al contexto local y del país”.

Para el académico, quien también tiene una maestría en antropología, es indispensable que la sociedad camine en la misma dirección que la academia y que esta se identifique con ese espacio y que se regrese a la idea de que la Universidad es el corazón de la sociedad.

En otro tema, Freire mencionó que la pandemia mostró las desigualdades que han estado naturalizadas, como el acceso a las tecnologías y al conocimiento, por lo que cree que se debe dar una reestructuración de la sociedad,  en donde la Universidad debe jugar un papel central.

En ese aspecto coincidió Rosa Hurtado, investigadora, experta en temas educativos, y quien lidera las propuestas de educación primaria y secundaria. Hurtado destacó que hay dos enfoques en las propuestas; uno orientado a hallar soluciones inmediatas frente a la problemática actual con la emergencia sanitaria y otro, enfocado en soluciones a mediano y largo plazo sobre repensar el modelo educativo actual. 

“En lo urgente, hay que mirar que las políticas y directrices que se están dando en este momento ponen en riesgo el acceso a la educación. Son cerca de un  30% de jóvenes que no pueden acceder al sistema”, apuntó Hurtado, para quien es fundamental mejorar la conectividad y el acceso a estas tecnologías, así como establecer programas que permitan a los chicos con dificultades superar esta situación.

En cuanto a lo segundo, Hurtado cuestionó la homogeneización de la educación sin que se tomen en cuenta las diferencias culturales y geográficas de los estudiantes a lo largo del territorio ecuatoriano. “La política pública de educación trata de homogeneizar a todo el País como si no hubiera diferencias, haciendo que se pierda el contenido y se quite la posibilidad de que los chicos aprendan a partir de lo que viven y experimentan desde su contexto antropológico y social”, apuntó.

En cuanto al trabajo de la Mesa, sus integrantes tienen altas expectativas de llegar con las propuestas a la sociedad y a los tomadores de decisiones, así como a los candidatos, para que puedan reflexionar en torno a la importancia de la educación y el mismo hecho de que la sociedad pueda exigir el cumplimiento de este derecho.

Descarga las propuestas de la Mesa de Educación.

Vetar el Código Orgánico de la Salud (COS) y discutirlo de manera amplia, y no centrándose en pocos artículos polémicos. Esas fueron las recomendaciones vertidas este 17 de septiembre de 2020 en el foro digital: “Reflexiones sobre el Código Orgánico de la Salud” que se realizó en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador que lidera Fundación Esquel y 80 organizaciones de la sociedad civil.

El foro contó con la participación de Silvia Buendía, abogada, defensora de los derechos de la diversidad sexo genérica y de los derechos de la mujer y Pedro Isaac Barreiro, médico salubrista, especialista en seguridad. Moderaron el panel Aracelly Calderón y Ángela Fonseca. 

Barreiro fue enfático en señalar que el COS debería ser vetado por completo y que, pese a que ha tomado cerca de nueve años en su elaboración, no ha sido formulado por personas idóneas y con conocimientos adecuados y pertinentes sobre lo que significa la salud. Para el experto, la salud es un tema integral que no puede ser reducido a un único cuerpo legal.

En ese sentido, Barreiro mencionó que la salud no tiene que ver exclusivamente con temas médicos u hospitalarios, sino que está estrechamente articulada  a la educación; el desarrollar hábitos alimenticios sanos, al trabajo, etc. 

Respecto al contenido del Código, Barreiro cuestionó que existan algunas distorsiones y puso como ejemplos el artículo 12 del proyecto de Ley que, de ser aprobado, consagraría el derecho del paciente a aceptar o rechazar un diagnóstico médico, así como la escasa importancia a la salud mental con apenas tres artículos dedicados a  la misma, frente a varios artículos que se refieren a sanciones. 

De su lado, Buendía lamentó la polémica surgida frente a este Código, debido a que las redes sociales y plataformas mediáticas han estado enfocadas en sólo cinco artículos de los más de 400 existentes sobre temas de derechos que, según la experta, no se debaten, son garantías que se cumplen.

En su criterio, esa situación ha generado una desproporción en la polémica que, en definitiva, incentiva a un posible estado de vulneración y retrocesos de derechos. “Si bien cada persona tiene derecho a tener sus propias creencias religiosas, estas no pueden propiciar la vulneración de derechos humanos fundamentales como el acceso a la salud, o tener una educación de calidad”, apuntó Buendía.

“Hago un llamado a las mujeres que votamos, a que no votemos por aquellos políticos que son verdugos de nuestros derechos”, dijo la abogada, para quien lo más importante es estar mejor informados para tener mejores herramientas que permitan defender los derechos de las mujeres que ya están garantizados en la Constitución. 

“A los asambleístas que no entendieron o no leyeron el Código, si se lo llegara a vetar, esas garantías persisten; está el secreto profesional, la objeción de conciencia. Esto no va a cambiar porque haya el veto en los artículos cuestionados”, concluyó la activista.

Cuatro conglomerados que agrupamos en conjunto a más de cien organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana hemos decidido hacer el presente pronunciamiento ante la ciudadanía, las instituciones de representación y los organismos de control de nuestro país, preocupadas porque podría estar quedando en el olvido y la consiguiente impunidad, el caso de enorme corrupción ‒por el número de involucrados y por el daño social causado‒ de obtención ilegítima y de otorgamiento ilegal de los carnés de discapacidad.

La Mesa de Convergencia, la Federación Nacional de Organismos No Gubernamentales para la Discapacidad, el Cabildo Cívico de Quito y el Foro de Salud Pública del Ecuador, interpretando el sentir de sus asociados institucionales e individuales, así como de la ciudadanía en general, y en aplicación de los principios y mandatos de sus estatutos, consideramos que es necesario impulsar un conjunto de acciones de acompañamiento, divulgación y ampliación de nuestras denuncias, orientadas a incrementar la conciencia ciudadana sobre los derechos de las personas con discapacidad, y a impulsar formas de vigilancia y control social para exigir la necesaria y obligatoria reacción que deben tener las instituciones del Estado, ante esta múltiple violación de derechos humanos, en sus dimensiones individuales y colectivas.

En primer lugar, recordamos los ámbitos de obtención de beneficios que la ley determina para las personas que constan en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad y con Deficiencia o Condición Discapacitante, de los que también podrían estar gozando quienes obtuvieron el carné en forma tramposa, perjudicando al Estado y la sociedad:

• Mecanismos de selección de empleo (discriminación positiva)
• Impuesto anual a la propiedad de vehículos
• Importación de bienes
• Impuesto predial
• Impuesto a la Renta
• Tasas y/o tarifas notariales, consulares y de registro civil, identificación y cedulación
• Impuesto al valor agregado
• Servicios
• Importación y compra de vehículos ortopédicos, adaptados y no ortopédicos

Por ello manifestamos y exigimos:

Reconocemos que el proceso de calificación de la discapacidad es complejo y que su enfoque bio- psicosocial exige de un equipo multidisciplinario y especializado; por lo que no puede ser desestimado el tiempo y la profundidad del análisis a quien requiere un carné.

Rechazamos enérgicamente el aprovechamiento de quienes, sin ser titulares de los derechos que reconoce la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Discapacidad, se han hecho acreedores, sin criterios médicos, sin cuestionamientos de orden legal y mucho menos moral, de lo que seguramente pensaron, son “ventajas” de las que “gozan” las personas con discapacidad.

Como organizaciones legalmente constituidas, exigimos se generen todas las investigaciones y procesos civiles, penales y administrativos, así como las sanciones que corresponden a todas las personas e instituciones involucradas en la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad, acompañando la correspondiente revocatoria, una vez comprobadas dichas irregularidades, al igual que todos los beneficios conseguidos mediante estos carnés apócrifos. Por ello, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondan, pedimos que se emitan los correspondientes títulos de crédito a nombre de quienes en eso han incurrido, para que devuelvan al Estado lo que han dejado de pagar.

Recordamos que hasta el año 2013, una de las responsabilidades del CONADIS era la revisión de solicitudes de personas con discapacidad para la importación de vehículos con exoneración de impuestos para lo cual se creó la “Comisión de vehículos” de la que las Federaciones fuimos parte y que funcionó transparente y eficientemente, velando porque la Ley no sea utilizada en beneficio de terceros y evitando la evasión de impuestos. 

Apoyaremos al CONADIS en el pleno cumplimiento de sus funciones y a la rendición de cuentas respecto a las denuncias que se han presentado relativas a este tema, siempre y cuando muestre agilidad y se pronuncie con claridad en el seguimiento de lo denunciado.

Solicitamos que se contemple la experiencia y la capacidad de los recursos humanos y técnicos de las ONG para que sean partícipes de los sistemas de calificación de la discapacidad. 

Aspiramos a que se elabore un Plan de Acción, a corto plazo, que involucre a organizaciones públicas y privadas para solventar la demanda de calificación por parte de personas con discapacidad que están represados.

Instamos a que no se eliminen las prerrogativas de las personas con discapacidad como una solución para resolver hechos de corrupción, ya que esto perjudica directamente a los reales beneficiarios.

Exhortamos a la comunidad y a los medios de comunicación a no utilizar el término “discapacidad” como despectivo o asociado a lo inmoral y los actos referidos.

Recordamos que el lenguaje apropiado que se debe utilizar es PERSONA CON DISCAPACIDAD; no discapacitado o persona con capacidades diferentes o especiales.

Proponemos instalar una Veeduría y/u Observatorio del proceso y de la asignación del carné de personas con discapacidad, como reconocimiento de sus derechos. Así como ofrecer nuestro contingente para participar de aquellos espacios que el Estado considere idóneos para una colaboración cívica desde el Tercer Sector, que ha acumulado un capital social, una experiencia y destrezas multidimensionales, eficiencia y efectividad en el uso de recursos que garantizan su impacto en la comunidad que ha servido y atendido.

Finalmente, queremos solicitar a la ciudadanía y a las autoridades de control que no se revictimice a las personas con discapacidad y sus familias, sino que la Justicia inicie los procesos penales que corresponden contra las personas faltas de ética y moral. Ecuador ha dado grandes pasos en materia de inclusión y no podemos permitir que se retroceda por la reprochable conducta de unos pocos.

“La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento de esta Convención” - artículo 33 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Ecuador en 2008

1. f) Mesa de Convergencia f) Cabildo Cívico de Quito

1. f) FENODIS f)Foro Salud Pública Ecuador