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Lunes, 26 Octubre 2020 12:16

Combate Contra la Corrupción y la Impunidad

  1. Análisis del entorno y reflexiones críticas

 

La corrupción, en sus diferentes representaciones, supone un mal intrínseco de la Administración Pública ecuatoriana. De igual manera, la participación privada en su fomento genera los incentivos de mercado para que la corrupción e impunidad se arraiguen con más fuerza. La falta de memoria histórica exige que el país, de manera continua, recuerde el impacto y pérdidas que estas actividades ilícitas han generado.

La lucha contra la corrupción e impunidad es tarea de todos. Constituye uno de los pilares de acción colectiva para la superación de la profunda crisis que vive nuestro país. Debemos trabajar en cambios a las leyes y las normas, a los procesos de contratación y verificación del gasto público, los acuerdos entre organizaciones nacionales e internacionales, la educación y la propia corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos.

 

  1. Ámbitos de acción y propuesta

 

Esta propuesta está elaborada por organizaciones e individuos, que de manera voluntaria y en uso de su legítimo derecho de participar en temas de interés público respaldan diversas iniciativas anticorrupción que incidan en los espacios de decisión para erradicar la corrupción y la impunidad, desde la pluralidad y la democracia.

 

  • Proyecto de ley para reconocer a la ciudadanía como víctima de la corrupción

La participación de la ciudadanía en los procesos de corrupción permitirá evitar la impunidad al complementar la acción de las entidades de control del Estado.

 

  • Recuperación de activos

Debe instigarse a la ciudadanía y a los poderes públicos a que renueven los esfuerzos de recuperación de activos sustraídos por la corrupción. En el marco de esta actividad se han previsto las siguientes operaciones:

 

  • Solicitud de sanciones de la Ley Magnitzky: por intermedio del Congreso y Senado estadounidense se puede lograr el congelamiento de los activos de individuos envueltos en actos de corrupción organizada.
  • Trabajo con organizaciones de control del Estado (UAFE, SERI, Superintendencias, Fiscalía) para implementar mecanismos de recuperación de activos sobre la base de la identificación de productos financieros destinados a impedir el rastreo e identificación de los titulares de activos a escala nacional e internacional.
  • Puesta en marcha de operaciones de cooperación internacional para rastreo y recuperación de activos, así como la extradición de personas en procesos por corrupción. Establecimiento de trabajos en conjunto con universidades, cámaras y demás actores de la sociedad civil, para profundizar el conocimiento sobre los mecanismos de envío, ocultamiento y uso de los fondos desviados por casos de corrupción.

 

  • Coyuntura electoral

Es necesario apoyar iniciativas cívicas de diversas organizaciones: Participación Ciudadana, Grupo Faro, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Fundamedios, entre otras, que han desplegado propuestas que promueven el escrutinio ciudadano respecto de los y las candidatas a las próximas elecciones. Que se generen espacios de debates entre la ciudadanía y los candidatos; que se analicen sus propuestas de campaña, cara a cara, para solucionar los problemas que vive el país.

Asimismo, la lucha Contra la Corrupción y la Impunidad buscará enriquecer las propuestas electorales de los y las candidatas con elementos de lucha anticorrupción y acciones de recuperación de activos.

 

  • Fomentar alianzas nacionales e internacionales para que acciones concertadas generen resultados

Se deben crear alianzas que analicen permanentemente la información relativa a la corrupción para que los casos pasados, presentes y futuros no desaparezcan de la memoria colectiva. El uso de estos datos permitirá generar una síntesis del impacto que aportará en el discurso, creando esa conexión con lo personal que permanece en la memoria de todos.

Estos datos no solo serán una herramienta comunicacional, sino el cimiento para impulsar la movilización social que dará como resultado la creación de políticas públicas para el control y la erradicación de la corrupción. Estos procesos deberán ser saludables, comprometidos y requerirán de un marco lógico que estructure el porqué, a dónde y con quién, para que, de manera objetiva, interconecte estos hechos con los efectos que crean en la población.

También permitirá generar una agenda que incluya la necesidad de extender los procesos al campo internacional, la cual se podrá compartir con los y las candidatos, así como con los partidos políticos como una propuesta desde la ciudadanía. Esta se convertirá en un insumo técnico sin tinte ideológico y que fácilmente pueda incluirse dentro de los planes de gobierno; inclusive que pueda crear una especie de coalición entre todos en contra de la corrupción.

Las alianzas estratégicas con la academia y las organizaciones de la sociedad civil tendrán por finalidad:

 

  1. Compilar datos relativos a la corrupción;
  2. Identificar vacíos normativos y la relación con la normativa subsecuente, que permite la acción u omisión que perjudica al Estado;
  3. Identificar los mecanismos internacionales más apropiados, y ya existentes, para perseguir la naturaleza transnacional de la corrupción;
  4. Desarrollar una agenda internacional que impulse el Estado ecuatoriano, tanto a escala regional, como mundial, para recuperar capitales, capturar prófugos de la justicia y conducir las causas penales de manera exitosa en los diferentes fueros donde estos se presenten;
  5. Aplicación de estándares internacionales anticorrupción a los procesos institucionales y de contratación del Estado;
  6. Identificar socios estratégicos de la comunidad internacional que apoyen al Estado ecuatoriano en sus esfuerzos contra la corrupción (p. ej., International Centre for Asset Recovery in Geneve, PACTO entre América Latina y la Unión Europea);
  7. Generación de indicadores que visualicen el impacto de la corrupción en los cinco segmentos de desigualdad reconocidos por la Constitución (género, etnia, etario, socioeconómico y discapacidad); y cuáles son sus efectos colaterales: intimidación, violencia, sicariato, etc.
  8. Generar un listado actualizado de los procesos judiciales por corrupción, cuantificar tanto los montos robados como el costo de oportunidad de las obras que no fueron realizadas a favor de la población.
  9. Crear herramientas de alcance internacional que aporte respuestas en investigación, rastreo de fondos o activos, bloqueo de fondos, detención de denunciados, y extradición en los países cooperantes. Así se acortarán los tiempos de respuesta y la burocracia.

 

  • Educación y movilización social

Frente a una sociedad apática ante los graves problemas que genera la corrupción y, sobre todo, la impunidad, a la incapacidad de las instituciones de control y justicia, a las prácticas corruptas de diversos sectores, se promoverá una gran estrategia de movilización social que busque sensibilizar, activar a los ciudadanos y sus organizaciones, a recuperar valores cívicos que no están siendo ni enseñados peor practicados, que contiene los siguientes ejes de acción:

 

  1. Evitar la desmemoria, recordar permanentemente los casos, los sujetos, las actuaciones, las victorias, las frustraciones, la impunidad.
  2. Educar, no solo en las aulas, educar también desde el ejemplo, en los diversos espacios. Lanzar una campaña nacional por los valores de la integridad, la transparencia, el respeto a lo público, el desprecio al corrupto y sus prácticas. Todos somos parte del cambio desde nuestro espacio de incidencia.

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