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Lunes, 26 Octubre 2020 12:37

Sistema de Protección Contra las Violencias

  1. Análisis del entorno y reflexiones críticas

Los derechos humanos se consideran pautas éticas con proyección jurídica. Surgen como una forma de garantizar que los hombres y mujeres se desarrollen en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Que cada persona logre un desarrollo íntegro y asegure condiciones para que los individuos tengan una vida plena, igualitaria y sin discriminación. Estos derechos se encuentran garantizados en la Constitución.

Los derechos humanos, si bien tienen una vocación universal, las reglas de ordenamiento social responden a patrones socioculturales. Allí se marca la diferencia y la desigualdad dentro de un pluralismo de individuos, que nos remite a características modeladas, creadas. Por eso se hace necesario considerar las especificidades que permitan caminar hacia la garantía de los derechos de manera igualitaria y que se hagan efectivos de manera sustantiva. En la actualidad es importante tomar en cuenta estas pautas éticas desde una perspectiva que ofrezca posibilidades de cambios culturales y mejore las condiciones de los grupos de atención prioritaria, así como tener presente los obstáculos que estos enfrentan.

La violencia es una de las expresiones que opera en el conjunto de representaciones sociales y se traduce en actitudes y valoraciones discriminatorias, en el que los prejuicios y estereotipos se ponen en juego. Por tanto, esta violencia estructural como primer obstáculo genera una profunda vulneración sistémica de los derechos humanos. Aunque estas vulneraciones afectan tanto a hombres como a mujeres, es necesario señalar que las afectaciones, sus niveles y efectos son diferentes para cada género, edad y condición socioeconómica, con factores directos e indirectos que agravan esta realidad.

La pandemia mundial en la que nos encontramos por la covid-19 muestra una realidad de desigualdades e inequidades sociales, económicas, políticas, ambientales que originan tensiones sociales y el aumento preocupante de la violencia generalizada. Según el ECU 911, entre el 12 de marzo y el 16 de abril del 2020 se registraron 7954 llamadas de alerta por violencia intrafamiliar.[1] Esta situación es alarmante al asumir que no todas las mujeres pueden poner en alerta o hacer llamadas de emergencia.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres realizada en noviembre de 2019 presentó el elevado nivel de violencia que experimentan las mujeres en Ecuador. Alrededor del 65 % de las mujeres han experimentado al menos alguna forma de violencia durante su vida; esto incluye niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores.

Estas terribles cifras van de la mano con la realidad que atraviesa el país acerca de violencia feminicida, que de por sí es grave. Este problema se agudiza de manera profunda con la pandemia. La presión y estrés que causan las medidas preventivas para contrarrestar los efectos de la covid-19, se han manifestado en situaciones de extrema violencia dentro de los hogares. La situación de inestabilidad económica juega un rol fundamental en este escenario.

Según las organizaciones de la sociedad civil[2] que realizaron un importante registro de los femicidios en Ecuador, son 52 feminicidios cometidos desde el 1 de enero al 30 de junio del 2020. Durante los meses de crisis de la covid-19, específicamente han sido asesinadas 32 mujeres.

Se documentó un transfeminicidio, lo que significa que una mujer transgénero fue asesinada por el hecho de ser mujer trans y en función de su identidad de género. Es oportuno señalar que el feminicidio es la última fase de la violencia de género contra las mujeres y que, además, afecta a toda la sociedad.[3]

 

Un pacto social por la no violencia

En el mes de marzo de este año, ochenta organizaciones de la sociedad civil, la academia, sectores productivos y gremios, provenientes de distintas partes del país, se juntaron con la finalidad de proponer un Pacto social por la vida y el Ecuador, cuya finalidad es entregarle al Ecuador una propuesta democrática, técnica, ética y viable para enfrentar las múltiples crisis en ocho dimensiones de impostergable tratamiento y acción: lucha contra la corrupción e impunidad, economía, agricultura campesina, descentralización y desarrollo local, medio ambiente, violencias, educación y salud. En ese esfuerzo, democrático y plural, se han venido construyendo propuestas.

La coyuntura genera tensiones difíciles de ignorar; es decir, la violencia va en aumento y la pandemia agudiza brechas marcadas por la desigualdad. De igual modo, en el caso de las mujeres de la población LBTIQ+,[4] mujeres y niñas con discapacidad, mujeres y niñas indígenas y campesinas, entre tantas otras situaciones que merecen atención específica y respuestas urgentes. Sumado a este escenario encontramos la inestabilidad política y la corrupción generalizada que atraviesa el país, lo que nos obliga a plantear varias preguntas.

 

¿El poco presupuesto destinado para la prevención, atención y restitución de derechos vulnerados por la violencia es el afectado?

 El Pacto Social por la Vida y el Ecuador resulta una alianza entre diversos sectores que convergen en un diálogo urgente en búsqueda de propuestas para solucionar las problemáticas más graves a las que el país les ha dado la espalda. Surge para debatir sobre la prospectiva para Ecuador, en temas de educación, salud, descentralización, explotación minera, corrupción y garantía de derechos fundamentales. Es un espacio ético de lucha por un bienestar común, desde una mirada específica de lucha contra las violencias. Este es un tema transversal a todos los demás. No se puede hablar de un pacto social en el Ecuador, si no se habla de un profundo cambio cultural hacia la cero tolerancia a la violencia que minimiza, desprestigia a un gran porcentaje de la población. Por tanto, tampoco se puede hablar de democracia cuando la igualdad y la no discriminación son la base fundamental para hablar de ella.

 ¿Cómo estamos actuando?

 Desde diversas vocerías de la sociedad civil se estableció un diálogo propositivo con miras a incidir en la lucha contra la violencia de género. En esta mesa, contamos con mujeres y hombres que desde sus espacios, organizaciones o trincheras han venido aportando en el fortalecimiento del Sistema Integral de Protección de Derechos. Las voces intergeneracionales e intersectoriales juegan un rol fundamental a la hora de sumarnos al trabajo existente, proponer nuevas estrategias y detectar las grandes falencias que componen esta lucha contra la violencia.

En esa línea de pensamiento se acordó que el trabajo que une a esta mesa debe constituirse con dos ejes:

 

  • Primer eje: trabajo integral hacia la prevención, atención y restitución de derechos vulnerados sistémicamente con un enfoque central en las mujeres de todas las edades y condiciones, así como hacia la población LGBTIQ+.
  • Segundo eje: trabajo direccionado hacia la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes y así fortalecer su actoría como sujetos de derechos, enfocándonos en exigir la especificidad que este sector de la población reclama desde hace algunos años.

 

 

  1. Ámbitos de acción y propuesta

 Estrategias y propuestas en el marco del Pacto social por la vida y el Ecuador

  • Fortalecer la consolidación y socialización del Pacto Social con todos los sectores de la población que han venido trabajando en las temáticas aquí propuestas, reconocer el trabajo existente y sumar acciones.
  • Promover la participación ciudadana por medio de mecanismos en los que se escuche directamente su voz, mediante la activación de los instrumentos establecidos por la ley.
  • Establecer diálogos a mediano y largo plazo con los sectores: academia, organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones estatales multinivel, medios de comunicación y sectores privados.
  • Colocar en la agenda pública de manera continua el debate y la información objetiva sobre la realidad que enfrentan, tanto niñez y adolescencia como las mujeres en todas sus diversidades. Esto con la intención de que no se diluya en el debate y se priorice en las exigencias de políticas públicas tanto locales como nacionales, que aporten en la prevención de las violencias, atención a víctimas de violencia y la restitución de sus derechos de manera ágil y oportuna.
  • Transversalizar los enfoques de género, interculturales, de igualdad y no discriminación e intersectorialidad en el documento del Pacto social por la vida y el Ecuador, así como en todos los ejes que este contempla.
  • Denunciar la existencia de la violencia de género en todos los espacios: económico, social, cultural, político, académico y en los ámbitos públicos y privados.

 

Proponemos acciones a mediano y largo plazo

 

Eje 1

  1. Estrategia comunicacional. La construcción de una estrategia de comunicación integral, por parte de esta mesa de trabajo que permita colocar en la agenda pública la violencia de género, así como la violencia y vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes. La estrategia contará con varias acciones.
  • Fortalecer vocerías de los sectores de la sociedad civil, en cuanto a prevención, atención y restitución de derechos vulnerados a causa de las violencias.
  • Promover diálogos regionales donde se analice desde la sociedad civil los avances y retos de la violencia de género en las diversas esferas (social, económica, política, cultural, tecnológica, etc.), con el apoyo de Fundación Esquel.
  • Evidenciar los aciertos y las falencias en la atención y la restitución en los casos de violencia de género en el sistema judicial, así como socializar el presupuesto destinado hacia esta área y conocer los procesos de ejecución presupuestaria.
  • Evidenciar los aciertos y las falencias en atención y restitución de derechos en las instituciones administrativas como juntas cantonales, tenencias políticas.
  • Proponer cambios en la Política Pública Nacional de Salud sexual y reproductiva: debe ser integral, abordar temas LGBTIQ+ y trabajar desde el enfoque de género.
  • Exigir que la Política Pública Nacional de Salud Sexual y Reproductiva se relacione con las agendas de igualdad de género y la agenda nacional de la igualdad intergeneracional.
  • Evidenciar las falencias en atención y restitución en violencia de género sistema judicial; socializar el presupuesto que existe destinado hacia esta área y conocer si su ejecución es adecuada.
  • Evidenciar las falencias en atención y restitución de derechos en las instituciones administrativas como juntas cantonales, tenencias políticas. Promover una mirada descentralizada.

 

  1. Motivar a que las mesas de las diferentes temáticas que aborda el Pacto Social consideren sus acciones, estrategias y propuestas desde las perspectivas de género, interculturalidad, de igualdad e intersectorialidad, así como el enfoque integral de derechos.

 

Eje 2. Niñas, niños y adolescentes

  1. Estrategia comunicacional. Construcción de una estrategia de comunicación integral, por parte de esta mesa de trabajo, que permita colocar en la agenda pública la violencia de género, así como la violencia y vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes. La estrategia contará con varias acciones.
  • Evidenciar los nudos críticos de prevención, atención y restitución en el Sistema de Protección de Derechos y el ciclo de la violencia que se han complicado en la época de pandemia y los presupuestos destinados.
  • Analizar el Sistema Integrado descentralizado de Protección a NNA y su articulación con la sociedad y gobiernos multinivel.
  • Apoyar en la exigencia del nuevo Conna; promover la discusión de la especificidad para NNA y del modelo de gestión descentralizado.
  • Generar una campaña específica sobre lo que significa ser niña y adolescente mujer en Ecuador; alertar de embarazos a tempranas edades y no planificados.
  • Exigir una Política Pública Nacional direccionada a la educación sexual y reproductiva con enfoque de derechos y género con contenido específico para adolescentes.
  • Evidenciar el trabajo y necesidades que existen en las casas de acogida para niñas, niños y adolescentes en el país.

 

  1. Promover la postura de respeto y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el documento del Pacto Social; también motivar a las mesas de las diferentes temáticas para que integren esta visión en sus acciones, propuestas y estrategias.
  2. Fortalecer la mesa de adolescentes, creada en la coyuntura del Pacto Nacional para una integración nacional y diversa, con la finalidad de escuchar a los sujetos de derechos, sus necesidades y propuestas.

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