Lo que sucedió en los centros de Rehabilitación Social ubicados en las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Latacunga, el 23 de febrero, sienta un lamentable, doloroso y vergonzoso precedente para nuestro país en el manejo y administración del sistema penitenciario, evidenciando de la peor manera la falta de control y una deficiente administración por parte de las autoridades competentes. La masacre evidencia la problemática histórica en sus diversas manifestaciones y consecuencias.

Exhortamos al Gobierno Nacional el desarrollo de una expedita, transparente y eficiente investigación sobre los hechos y a las autoridades del sistema de Justicia, la aplicación de las sanciones que corresponden a los responsables. Esta situación no puede quedar en algo anecdótico, impune y de viralización mediática.

Demandamos la definición urgente de soluciones efectivas a los problemas estructurales para lograr que los centros, en donde se encuentran las personas privadas de libertad (PPL) funcionen como verdaderos espacios de rehabilitación social y así prevenir que este tipo de situaciones se repitan.

Por otra parte, es importante que las autoridades que tienen competencia en el ámbito de la seguridad interna impidan que las estructuras delictivas sigan con capacidad de amedrentamiento, sembrando y cosechando violencia. El Estado debe asumir su responsabilidad, usar todos los recursos y talentos para garantizar a los ciudadanos y ciudadanas una vida pacífica en el marco del derecho y los derechos.