Las organizaciones que integramos el Pacto Social por la Vida y el Ecuador, coordinadas por la Mesa de Convergencia y Fundación Esquel, exigimos de todas las Funciones del Estado una lucha sin tregua contra la corrupción y la impunidad, al mismo tiempo que invitamos a la ciudadanía a movilizarnos para enfrentar entre todos este cáncer que está aniquilando la esperanza de vivir en una sociedad realmente democrática.

El costo del daño provocado es incalculable, siendo la población más afectada la que se encuentra en condición de pobreza y miseria. El atraco sistemático al erario público detiene el desarrollo y limita las posibilidades efectivas de enfrentar la pandemia.

Desde nuestro papel activo y responsable demandamos que la Asamblea Nacional dé apertura a las propuestas ciudadanas y que nos entregue una respuesta oportuna al proyecto de ley que presentamos.

El Pacto Social por la Vida y por el Ecuador ha convocado a la lucha por la ética pública y la preservación de la dignidad ecuatoriana. No podemos ser cómplices, mirar hacia los costados o convertir en anécdota lo que ocurre y es denunciado todo el tiempo con escasos resultados. El proceso de descomposición social es acelerado y no permitiremos que la corrupción se convierta en un código de comportamiento naturalizado. Nuestras acciones se concretan en las siguientes propuestas.

La primera es la presentación del anteproyecto de Ley de Lucha Anticorrupción. Esta iniciativa busca introducir mejoras que impidan que la impunidad sea la norma y la sanción una excepción.

El proyecto:

• Impulsa las denuncias, reduciendo las posibilidades de retaliación contra el denunciante.
• Se asegura que no haya nuevos casos, en los que fiscales y jueces usen como excusa el informe previo de Contraloría para evitar procesar por delitos de corrupción.
• Mejora los supuestos en donde es posible grabar a funcionarios públicos y que estas grabaciones puedan ser aceptadas como piezas probatorias en un juicio.
• Impulsa que los ciudadanos puedan participar en los juicios como acusación particular, reduciendo así las posibilidades que contaminaciones políticas en Procuraduría y Fiscalía hagan de los juicios simples fachadas.

El Pacto Social entrega este proyecto a los Asambleístas que están comprometidos con la lucha anticorrupción y la impunidad, y que están interesados en apoyar a la ciudadanía, convertida en una reserva ética en el Ecuador frente al descrédito de todas las instituciones.

En este contexto, la Asamblea tiene la posibilidad de tender un verdadero puente con sociedad y acelerar la lucha contra este cáncer social que deja más damnificados que cualquier catástrofe de la naturaleza que sea.