La Mesa de lucha contra la corrupción e impunidad que forma parte del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador entregó este 23 de junio de 2020 el Proyecto de Ley de Lucha Anticorrupción a cinco asambleístas de distintas tendencias, tres de los cuales integran la Comisión de justicia y también al vicepresidente del Legislativo, César Solórzano.  

Boris Cornejo, asesor de Fundación Esquel y quien lidera la Mesa de lucha contra la corrupción comentó, durante la rueda de prensa, que esta propuesta de ley busca la lucha contra la corrupción de manera sistemática organizada, escuchando voces y propuestas para tener un combate efectivo contra este mal.

“Queremos pedirle a la Asamblea que se junte a este esfuerzo cívico, que abran sus agendas, que escuchen a la ciudadanía y vean cómo, de manera efectiva, podemos mejorar las leyes. Necesitamos cambiar muchas cosas, las actitudes, la cultura ciudadana, porque, con más leyes y con el mismo sistema de impunidad que existe, no habremos avanzado mucho”, dijo Cornejo. 

De su lado, el abogado Juan Esteban Guarderas explicó sobre el proyecto y aplaudió que hoy se pueda dar una confluencia de dos fuerzas importantes como son la sociedad civil y el Legislativo para enfrentar de manera conjunta los desafíos que tiene la sociedad.

Dentro del proyecto se contempla el impulsar las denuncias, reduciendo las posibilidades de retaliación contra el denunciante. También se asegura que no haya nuevos casos, en los que fiscales y jueces usen como excusa el informe previo de Contraloría para evitar procesar por delitos de corrupción.

Otro aspecto del proyecto es la posibilidad de grabar a funcionarios públicos, y que estas grabaciones puedan ser aceptadas como piezas probatorias en un juicio y que los ciudadanos puedan participar en los juicios como acusación particular, reduciendo así las posibilidades que contaminaciones políticas en Procuraduría y Fiscalía hagan de los juicios simples fachadas.

“No estamos subiendo los montos de la pena, estamos enfocándonos en mejorar el sistema”, apuntó Guarderas.

La docente universitaria Juanita Bersosa, coordinadora de la Mesa de Convergencia, capítulo Cuenca, se refirió a la imposibilidad de hablar de política sin pasar por la ética. “Es una responsabilidad de la ciudadanía consolidar una respuesta política contestataria e indignada que plantea y actúa y ejerce su rol de participar e incidir”. 

Los asambleístas César Solórzano, Lourdes Cuesta, Elio Peña, Homero Castanier y Héctor Muñóz, quienes recibieron el proyecto y se comprometieron a impulsarlo, coincidieron en la importancia de que la sociedad civil pueda activarse y articular de manera conjunta este tipo de iniciativas, en beneficio de la sociedad.

César Solórzano, vicepresidente de la Asamblea aseguró que siempre es importante que, tanto asamblea como sociedad civil se encuentren en estos espacios y tender puentes para el diálogo. “Esto va a permitir que la ciudadanía tenga una mayor confianza en el sistema y en el legislativo”. 

De su lado, la asambleísta Cuesta felicitó la iniciativa y aseguró que la construcción de una ley tiene que venir siempre desde la ciudadanía. “Aplaudo que la sociedad civil se involucre en esta lucha contra la corrupción. Es hora que nos tomemos la mano y trabajemos en conjunto”. 

El legislador Peña aseguró que es reto importante mejorar la participación ciudadana, a la vez que agradeció el civismo demostrado por las organizaciones.  “Tenemos que ratificar la verdadera participación ciudadana, es la mejor arma para combatir la corrupción”.

Por su parte, Castanier resaltó que el rol de la Asamblea no es solo fiscalizar y sancionar al corrupto, sino crear normativas que tiendan a luchar y disminuir la corrupción.

Finalmente, Muñoz resaltó que es interesante hacer efectivo este ejercicio entre la sociedad civil y la Asamblea para poder crear herramientas que sirvan para atacar la corrupción. “Más allá de lo importante que pueda ser la iniciativa, hay que saber si esta puede llegar a un feliz término. El límite de las buenas intenciones están establecidas en la ley”, dijo Muñoz, quien cree que es necesario trabajar en unión para enfrentar este problema que afecta a toda la sociedad.

El Pacto Social por la Vida y por el Ecuador es una iniciativa ciudadana conformada por más de 40 organizaciones de la sociedad civil en todo el ámbito nacional bajo la coordinación e impulso  de Fundación Esquel, cuyo objetivo primordial es entregar respuestas urgentes y concretas al país, frente a la crisis social y política que vive y que ha sido agravada por la pandemia. La entrega de este proyecto de ley es uno de los primeros resultados.