El Acuerdo Nacional por la Educación (ANE) , realizó una evaluación de los primeros resultados y avances de su trabajo, en una reunión en la que participaron la Ministra y las máximas autoridades del Ministerio de Educación junto a representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil que han venido participando en diferentes mesas temáticas y acuerdos locales territoriales. ANE es parte del “Acuerdo Nacional Ecuador 2030” , impulsado por la Presidencia y Vicepresidencia de la República.

Fueron muchas las propuestas presentadas, lo que refleja que existen varios desafíos pero también ideas. A continuación se presentan algunos de los primeros resultados aterrizados en líneas concretas en el corto y medio plazo:

1. Mesa de Etnoeducación afroecuatoriana: creación de la Dirección de Etnoeducación Afroecuatoriana al interior de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe.

2. Mesa de educación técnica, jóvenes y empleabilidad: construcción y presentación del Plan Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional junto con la firma del “Pacto por la formación dual”.

3. Mesa de interculturalidad: acompañamiento pedagógico a la reapertura de 33 escuelas rurales interculturales hasta el mes de diciembre.

4. Mesa Educación con Valores: incorporación de aportes a los textos escolares del Ciclo Costa con el fin de garantizar una educación con conciencia colectiva sobre valores ciudadanos.

5. Mesa de Derechos Humanos y Educación: trabaja en la revisión consensuada y aplicación de los Protocolos de Actuación frente a situaciones de violencia, embarazo y vulneración de derechos en establecimientos educativos. Busca, también, fortalecer los Sistemas de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en cantones piloto.

6. Mesa de Educación para el Desarrollo Sostenible: propone una educación ambiental, estilos de vida sostenibles y convivencia armónica. Para ello trabaja en la Integración de una agenda común hacia la Educación para el Desarrollo Sostenible con la participación de los Ministerios de Educación y Ambiente, fortaleciendo las oficinas que lideran estas actividades en los dos ministerios.

Logros en relación a los acuerdos locales de Esmeraldas y Sucumbíos:

1. Ampliación del programa de acompañamiento pedagógico a escuelas uni y bi docentes de las provincias de Esmeraldas y de Sucumbíos.

2. Profesionalización docente con la participación de la PUCE Sede Esmeraldas y con la UNAE en Sucumbíos.

3. Cooperación de los GAD municipales en el mejoramiento de los sistemas de agua para consumo humano a nivel de las escuelas rurales.

La reunión puso en evidencia las posibilidades que ofrece el diálogo como herramienta para generar consensos sobre temas de interés nacional. Ahora hace falta pasar a la etapa de poner en marcha las propuestas de políticas públicas y los acuerdos locales logrados en diversas provincias del país, para lo cual se propuso construir un plan de trabajo que articule los esfuerzos y se aseguren los recursos correspondientes.

Sistema Nacional de Salud

1. Análisis del entorno y reflexiones críticas

La histórica y permanente lucha por lograr un mejoramiento continuo de la salud de una población requiere definir y llevar a la realidad una sólida estrategia en la que las prioridades de intervención guarden coherencia con el momento histórico de la sociedad en la que se pretende intervenir.

Hoy el Ecuador soporta una de las etapas más difíciles de su historia contemporánea debido a la extensión y profundidad de dos perniciosas realidades que, al actuar sinérgicamente, ponen en serio peligro la sobrevivencia de la organización social y la estructura y funcionamiento del Estado en su conjunto: la pandemia de covid-19 y la corrupción. La gravedad de la epidemia y la desembozada corrupción que nos afligen, han golpeado con inusual saña las posibilidades de bienestar —presente y futuro— de nuestra población. La enfermedad, la muerte y el latrocinio son los temas recurrentes de las conversaciones, tanto del ciudadano común como de los foros de intelectuales, políticos y académicos.

Históricamente, salvo escasos períodos de adecuada conducción ministerial, la política sanitaria ecuatoriana ha mantenido una orientación general errada, con la preeminencia de un enfoque curativo, materializado en infraestructura —especialmente hospitalaria— en desmedro de la promoción de la salud y la prevención de enfermedad.

Tal orientación se ha hecho evidente en la precaria respuesta oficial a la pandemia de covid-19, con deficientes resultados; elevada mortalidad, caótica información, pobre vigilancia epidemiológica, casi inexistente detección y control oportuno de casos y contactos, e inadecuada estrategia de comunicación. La respuesta, concentrada en habilitar camas hospitalarias y de cuidados intensivos se ha visto desbordada, como ha sido la tónica internacional, en ausencia o insuficiencia de estrategias de contención en las cuales las epidemias se originan, en barrios y comunidades.

La pandemia ha desnudado la debilidad estructural de la salud pública ecuatoriana, desmantelada en los dos últimos períodos de gobierno. Por si esto fuera poco, la corrupción campea en las estructuras de salud, aupada en la nefasta practica de entregar cuotas de poder so pretexto de “gobernabilidad”, inadmisible en tanto socava los valores de rectitud y honestidad, cimientos de toda sociedad.  

Ecuador experimenta un sostenido incremento de problemas crónicos no transmisibles, en particular enfermedades cardiocirculatorias, hipertensión y diabetes. Cáncer, accidentes, violencia, problemas de salud mental, pero también infecciones respiratorias y tropicales configuran el perfil más frecuente de causas de muerte y enfermedad que, muy probablemente, se agravará a consecuencia de la pandemia.

Estos problemas —según amplia experiencia internacional— no pueden ser resueltos con modelos curativos y hospitalarios, sino desde sólidas políticas que priorizan la promoción y prevención, e incluyen acciones intersectoriales sobre determinantes básicos de la salud (empleo, ingreso, educación, alimentación, vivienda, agua y saneamiento, entre otros) para incidir sobre desigualdades y exclusiones aún no superadas.

En ese contexto, la Constitución vigente retomó avances previos relativos al derecho a la salud y al Sistema Nacional de Salud, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Dispuso la implementación de un modelo de atención familiar y comunitaria con base en la atención primaria de salud; la conformación de la Red Pública Integral de Salud, incluyendo a la seguridad social; la gratuidad de la atención en los servicios públicos estatales, entre otros aspectos.

Sin embargo, inobservando tales mandatos y pese a que en la última década se incrementó sustancialmente el presupuesto para salud, la gratuidad se cumple a medias. El gasto se concentró en actividades curativas e infraestructura —megahospitales y privatización de la atención especializada de la enfermedad—, postergando la inversión en actividades de alto impacto por medio de la Atención Primaria de Salud. Por ello, no han disminuido como deberían la mortalidad materna, el aborto en situaciones de riesgo y violencia sexual, el embarazo en adolescentes y la desnutrición infantil, entre otros indicadores.

También, la descoordinación entre los servicios del MSP y el IESS se ha mantenido intocada, lo que perpetúa crónicas duplicaciones e ineficiencias, sin lograr conformar un verdadero Sistema Nacional de Salud, condición indispensable para lograr acceso equitativo y cobertura universal, como ejercicio efectivo del derecho a la salud.

 Frente a este sucinto diagnóstico, en la grave coyuntura que Ecuador y el mundo vive, es imperativo que la sociedad ecuatoriana en su conjunto, los decisores de política, líderes y lideresas de opinión, organizaciones y movimientos sociales, la academia, las organizaciones de la sociedad civil nos movilicemos para demandar políticas de salud basadas en evidencias científicas que garanticen el derecho constitucional a la salud.

2. Ámbitos de acción y propuesta

Iniciemos la construcción del Sistema Nacional de Salud (SNS), con base en las capacidades y recursos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El resto de instituciones proveedoras, públicas y privadas progresivamente se deberán incorporar, para constituir el Consejo Nacional de Salud, como Autoridad Sanitaria Nacional. Como estrategia, pongamos en práctica la Atención Primaria de Salud, con una fuerte organización y participación comunitaria, que garantice la prevención de las enfermedades, el fomento y recuperación de la salud; así como el control y vigilancia epidemiológicas.

La propuesta del Sistema Nacional de Salud se sustenta en diez subsistemas.

• Filosofía: Pensar globalmente y actuar localmente

Explicar la filosofía de la salud, y en particular de un sistema de salud, a partir de un axioma establecido modernamente, por una institución muy controvertida como es la OMS/OPS, se vuelve un ejercicio complejo, pero sin duda, necesario para entender la evolución histórica de la salud; y también para encuadrar el sistema de salud que necesita un país como Ecuador en y después de la pandemia covid-19.

Tenemos información empírica y científica que nos permite dar cuenta de los grandes avances de la humanidad en el curso de los últimos 5000 años. En efecto, gracias al trabajo de los antropólogos y sobre todo de los arqueólogos de la mente, se ha podido establecer que esos avances son cerebrales y, aunque la enfermedad muchas veces los ha interrumpido, ha prevalecido la salud y la vida

Si hacemos un recuento de las antiguas civilizaciones, vemos que en todas ellas aparece la dualidad entre la vida y la muerte. Eros y Tánatos, como diría Freud, se turnan para recordarnos nuestra fragilidad y fugaz experiencia humana. Es como si la vida, no fuera otra cosa, que la preparación sistemática para morir en paz con nuestra conciencia.

Para sacralizar la vida y la muerte, sucesivamente aparecieron el politeísmo egipcio, babilónico, judío y grecorromano, que dieron paso al monoteísmo, base del desarrollo de la cultura occidental. Mientras esto ocurría en Occidente, en Oriente surgían las grandes culturas, especialmente la mongólica, la otomana, la china e hindú.

Los procesos de sacralización han sido perdurables, hasta que algún profano como Nietzsche, decide recordarnos que “Dios ha muerto” y que solo nuestra “voluntad de poder ser humanos” tiene la capacidad de salvarnos y garantizar la continuidad de la vida con dignidad. Lo expresa de una manera luminosa y poética en Así hablaba Zaratustra.

Recién en 1970, Françoise Lyotard propone una sistematización del pensamiento filosófico de oriente y occidente, para anunciarnos el fin de la modernidad y el nacimiento de la posmodernidad. Con ello, la muerte de los grandes relatos: cristianismo, socialismo, comunismo, capitalismo, fascismo. Al mismo tiempo que nos invita a dar rienda suelta a nuestra imaginación y a la reconsideración de los mitos.

Para finales del siglo XX, Pauwels y Bergier anunciaron el “retorno de los brujos”, no como una vuelta al pasado, sino todo lo contrario: como una mirada atenta al futuro.  El 2012, en un gran laboratorio subterráneo, ubicado entre Francia y Suiza, los científicos descubrieron el Bosón de Higgs o Partícula de Dios. Es, sin duda, el esplendor de la ciencia; y de pronto el vinculo misterioso entre el espíritu y la materia.

Todo se junta para decir con Teilhard de Chardin: “Las personas somos seres espirituales, que tenemos una experiencia humana, mientras transitamos por la vida”. Para nosotros los salubristas, sobre esa experiencia humana, siempre estará rondando el espíritu caritativo de los cátaros y los humanos apetitos de la renta. Reconociendo esa realidad, nos proponemos a construir el Nuevo Sistema Nacional de Salud.

• Principios y políticas generales

“La salud gratuita, lejos de ser una carga, es un bien precioso, que debe quedar fuera de las leyes del mercado”.^[1] Esta declaración del presidente de Francia, Emmanuel Macron, aquilata la salud en tiempos de pandemia.

Tenía que ser un liberal francés quien exprese este pensamiento, que resulta ser una herejía para la cultura de Occidente, antes y después de la pandemia. Tenemos entendido que Macron no se refiere a la medicina de caridad o asistencialista, sino a la salud financiada por los contribuyentes y que el Estado está en la obligación de administrar con eficiencia, eficacia y con toda pulcritud.

Proponemos una concepción de la salud que se constituya, junto con la educación, en el eje del desarrollo sostenible, cuya base se sustenta en seis principios: solidaridad, universalidad, integralidad, prevención de las enfermedades, fomento y recuperación de la salud.

Sobre las pautas diagnósticas

1. Corrupción en las estructuras de salud.
2. Modelo de atención divorciado de la familia y la comunidad.
3. Descoordinación entre los servicios, condición indispensable para lograr acceso equitativo, cobertura universal y ejercicio efectivo del derecho a la salud.
4. Inexistencia de un verdadero Sistema Nacional de Salud.

Sobre las pautas de políticas

Incluir la salud en todas las políticas, mediante la construcción de propuestas innovadoras frente a fenómenos globales como transición demográfica, contaminación y cambio climático, cambios en patrones alimentarios, procesos migratorios, nuevas modalidades de trabajo, indetenible avance tecnológico, etc.

1. Priorizar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, con la debida asignación de recursos.
2. Acceso universal de la población a servicios de salud, mediante redes integradas e implantación de una sola historia clínica electrónica.
3. Fortalecer al Ministerio de Salud como Autoridad Sanitaria Nacional.
4. Veeduría y control social independientes.
5. Cobertura de enfermedades catastróficas.
6. Discusión nacional, participativa y técnicamente sustentada, respecto del Código Orgánico de Salud para su análisis en la Asamblea Nacional.

• Marco constitucional / legal / políticas públicas en salud

¿Qué necesitamos los ecuatorianos en materia de legislación sanitaria? Volver al proyecto de 2012 en el cual se establece como objetivo el Sistema Nacional de Salud (SNS), que para nosotros debe ser intercultural y estar debidamente financiado. El sistema debe ser de cobertura universal, tener como eje transversal los principios de la bioética y priorizar la atención primaria de salud, como estrategia para servir a los 17 millones de ecuatorianos.

Un SNS que se inscriba en un marco constitucional y legal que, recogiendo nuestra rica herencia del pasado, redireccione su presente plagado de falsa ciencia y tecnología, para proyectarse al futuro, como una síntesis de méritos que, con el apoyo de la comunidad organizada, contribuya a la construcción de un modelo de Estado de bienestar con honestidad

Que tenga un modelo de salud por oferta y deje de lado el actual, concebido solo en términos de demanda. Un modelo complementario y alternativo de salud con amplia y activa participación de la sociedad en términos integrales: fomento y promoción de la salud, prevención de la enfermedad y recuperación de la salud

Un modelo de gestión en el que se distingan la planificación, la ejecución, el control y la revisión, para completar el circulo virtuoso del mejoramiento continuo. La planificación deberá ser parte de las funciones de Senplades en coordinación con el Ministerio de Salud, que actuará como autoridad normativa, basada en estándares internacionales, adaptados a la realidad nacional (ISO-INEN).

La ejecución correrá a cargo del IESS y sumará a su presupuesto el 4 % del PIB asignado a la salud pública el año 2018. Se constituirá el Fondo Nacional de Salud, administrado por una dependencia especialmente creada en el Biess o el Banco Central. Esto permitiría garantizar aproximadamente 400 dólares per cápita anual, de gasto en salud.

El control lo realizará el Ministerio de Salud en coordinación con la Contraloría y la Senplades, por intermedio de la Superintendencia de Salud especialmente creada y que tendrá autonomía administrativa y técnica. Sus actividades tendrán como base un tarifario que permitirá el pago de servicios a los prestadores públicos y privados de la red nacional de salud.

La función de revisión para el mejoramiento continuo del sistema será cumplida por el Consejo Nacional del Sistema de Salud, presidido por un representante nombrado por el presidente de la República, de entre una terna presentada por la Asamblea Nacional. La terna estará integrada por representantes de las instituciones públicas y privadas prestadoras de servicios; también por las autoridades responsables del manejo económico y, por supuesto, por representantes de la sociedad civil organizada.

Los aspectos hasta aquí referidos configuran de modo general, el Libro Primero del Código de Salud, los cuales deberán ser complementados con la Ley vigente del SNS.

Al respecto, hemos desarrollado en anexos, una propuesta para impulsar la Red Nacional de Organizaciones para la Participación en Salud

• Modelo oficial de salud

El modelo oficial de salud se remonta a inicios del siglo XX, curiosamente de la mano del magnate petrolero Rockefeller y en la misma lógica del negocio automotriz, basado en las cadenas de producción de Taylor; es decir, un método de organización industrial cuyo fin era aumentar la productividad y evitar el control que el obrero podía tener en los tiempos de producción.

Los grandes capitales inyectados a mediados del siglo XX para el fomento de la industria farmacológica, solo constituyeron una variante del modelo industrial automotriz (insumos: enfermos; procesos: médico-farmacológicos). Productos o mercancías de buena calidad: ¿personas sanas? No, personas dependientes de la autoridad médica y del fármaco. Los mecanismos de retroalimentación eran orientados a mantener la máxima rentabilidad con prescindencia del equilibrio físico, síquico y social. En resumen, la glorificación del fármaco y la tecnología, en detrimento de la razón y la salud integral.

A pesar de las circunstancias descritas el modelo iba bien para la mayoría de la población, hasta mediados del siglo XX. Entonces, la gran empresa decidió inyectar grandes capitales a la industria farmacéutica. El objetivo fue investigar las sustancias activas de las plantas medicinales y sustituirlas por equivalentes químicos susceptibles de patentar. En adelante, los actores de la salud debieron someterse a las sacrosantas leyes del mercado; el terapeuta que se negaba hacerlo, era reprimido o —inclusive— encarcelado.

Los presupuestos destinados a la salud aumentaron enormemente. Por ejemplo, en Ecuador, durante la década correísta (2007-2016), el Ministerio de Salud Pública ‘invirtió’ cuarenta y cuatro mil millones de dólares para atender aproximadamente a ocho millones de habitantes, que representan la mitad de la población, lo cual equivale a 500 dólares p/c anual. Esto ocurrió en circunstancias que hoy, juntando los presupuestos del MSP y de la seguridad social, el P/C es 250 dólares anuales.

El modelo de salud oficial modernamente suele ser graficado y explicado mediante una pirámide de tres niveles, en cuya base se atiende al 80 % de las personas. Estas, en ultimo término, son los insumos para un segundo nivel, donde deben ser atendidas el 15 %. A su vez, se constituyen en los insumos para el tercer nivel o de especialidad, donde deben ser tratados el 5 % de los enfermos críticos

La pandemia de la covid-19 dejó al descubierto la inutilidad del modelo de salud oficial, pues solo permitió atender entre el 1 % y el 2% de los infectados. El 88 % y 99 % se autocuidó en sus domicilios, a veces auxiliados por personal de salud institucional. Para la vigilancia epidemiológica, también para el tratamiento, se impuso el modelo comunitario cuyo fundamento es la solidaridad y el sentido común. Los que infortunadamente tenían enfermedades preexistentes y se complicaron, debieron ser atendidos en unidades de cuidados intensivos. Entre el 60 % y 80 % perdieron la vida. Eso no solamente ocurrió en Ecuador; el modelo salud fallo a escala mundial incluidos los países altamente desarrollados.

Un nuevo modelo oficial de salud debe ser coordinado intersectorialmente y con los proveedores públicos y privados de este ámbito.

• Modelo de salud popular (Mosapo)

Surge de la evidencia empírica y científica de escalas nacional e internacional. Por las estadísticas que hemos consultado, los sistemas de salud, salvo excepciones, colapsaron. Muestra de ello, son los millones de contagiados que no han sido atendidos en las infraestructuras oficiales de salud, sino en sus domicilios, a veces con auxilio de profesionales de la salud. Sin embargo, la gran mayoría, no han tenido otra alternativa que autocuidarse con estrategias caseras y paliativas. 

Según información oficial del Ministerio de Salud a fines de julio de 2020, después de cuatro meses de confinamiento total o parcial, el número de contagiados, supera los 80.000 casos. De estos 43.000 son activos, es decir que aún son portadores del virus. Solo el 2,2 % de estos son atendidos en hospitales, el resto se atiende en sus domicilios.

En Quito, los contagios llegan a 12.000 y las muertes se estiman en 500. Según información de instituciones universitarias nacionales e internacionales, estas cifras fácilmente son tres veces superiores y los servicios de salud públicos y privados han colapsado. Frente a esta trágica circunstancia, se impone cambiar el modelo convencional por otro en el que tenga activa, eficiente y eficaz participación la comunidad organizada.

Entre las dimensiones y procesos del nuevo modelo, cabe indicar lo que entendemos por proceso político en salud; salud; desarrollo sostenible; procesos científicos, técnicos y administrativos; procesos organizadores.

• proceso político en salud. Conjunto de acciones coordinadas e interactuantes de las diversas funciones del Estado en su vinculación con los procesos científicos, técnicos y administrativos, complementados con la organización popular y el desarrollo sostenible.
• Producto social resultante de la relación armónica con el ambiente, la naturaleza y la cultura.
• desarrollo sostenible. Crecimiento económico, equidad social y protección intergeneracional del ambiente y la naturaleza.
• procesos científicos, técnicos y administrativos. Promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud, bajo responsabilidad del Ministerio de Salud, IESS, fundamentalmente; que junto a las instituciones públicas y privadas del sector, conforman el Consejo Nacional de Salud como autoridad sanitaria nacional.
• procesos de organización popular. Son aquellos que dinamizan y promueven la participación en el Sinasif. Está bajo responsabilidad del Viceministerio de Salud Popular, que a su vez mantiene directa vinculación con la Función de Transparencia y Control Social Ciudadana. Se basa en la división político-administrativa y en la organización de comités urbanos y rurales para promover la salud, la gestión ambiental y el desarrollo sostenible.

• Paquete de servicios del Sistema Nacional de Salud y régimen sancionatorio

El paquete de servicios, de modo general, está incluido en el Libro II del Código Orgánico de Salud (COS), mientras que el régimen sancionatorio, esto es, el Libro III del COS, debe constituirse en una ley independiente, donde se fijen las responsabilidades, los deberes y derechos del recurso humano en salud. A continuación, el paquete de servicios para guiar el articulado del Libro II del SNS.

1. Salud sexual y reproductiva
2. Alimentación y nutrición
3. Suministro de medicamentos e insumos
4. Desarrollo y recuperación del sistema de servicios de salud
5. Enfermedades endémicas y epidémicas
6. Saneamiento básico urbano y rural: agua, alcantarillado, manejo de desechos, sólidos, líquidos y gaseosos
7. Promoción intersectorial de la salud: estado, sociedad civil y cooperación internacional (desarrollo sostenible)
8. Plan de desarrollo de recursos humanos en salud
9. Salud estomatológica
10. Salud mental y plan antidrogas

En relación al régimen sancionatorio

Los trabajadores de la salud deben ser regulados por el Código del Trabajo y no por el Código Orgánico de Salud (COS). De no hacerlo, se duplicarían innecesariamente las normativas. Para regular los aspectos específicos vinculados a la práctica sanitaria y dadas las características particulares del trabajo en salud, es necesario legislar sobre una ley especial, que incluya un organismo técnico de Auditoría y Control Sanitario Administrativo, antes de la instrucción fiscal; es decir, previo al ámbito que corresponde al Código Integral Penal (COIP). De ser aceptado este punto, no tiene sentido el debate en torno al capítulo III sobre talento humano en el COS.

Nuestra sugerencia es que el bien elaborado trabajo de la Confederación de los Profesionales de la Salud, la Federación Médica Nacional y la Plataforma por la Salud y la Vida, sobre el capítulo III, relativo al talento humano, se constituya en la base de la ley especial que regule el trabajo sanitario en Ecuador.

La importancia de ese criterio radica en que se regula la actividad de todos los trabajadores sanitarios y no solamente lo relacionado con la práctica profesional de los médicos. Mas importante aún, todo el esfuerzo del Estado, Gobierno y sociedad civil se vuelca hacia la construcción del Sistema Nacional de Salud Intercultural Financiado (Sinasif).

El enfoque que ponemos a consideración de ustedes para contribuir a la construcción el sistema de salud, no requiere ser frondoso en articulado, mas bien, tiene que ser claro y conciso. Solo necesita apuntar a lo esencial y a la aplicación del sentido común para hacer posible el derecho a la salud para todos los ecuatorianos. Finalmente, algo de suma importancia. La propuesta, implica trazar un cronograma para su implementación: de corto plazo, hasta el 2.021 para la elaboración y aprobación de la Ley de SNS; de mediano plazo, hasta el 2025, para la implementación porcentual (50%) y de largo plazo, hasta el 2030, para la consolidación del sistema.

Explicación abreviada del modelo metodológico para la ejecución del paquete de servicios

Esta explicación parte de la Agenda 21 de la Conferencia de la Tierra, más los aportes de Rio + 20 y las Conferencias de Alma Ata (1978) y Astaná (2018) sobre Atención Primaria de Salud (APS). Para visualizar mejor la infinidad de interrelaciones primarias, secundarias y terciarias que surgen de este enfoque sanitario, proponemos un modela de planificación que comienza con el capítulo 6 referido al Fomento y Protección de la Salud. Tiene cinco áreas programáticas: atención primaria de salud, enfermedades transmisibles, grupos vulnerables, salubridad urbana-rural y anticontaminación.

Esas áreas, a su vez, se interrelacionan e interactúan con los capítulos, las áreas programáticas, con los niveles y dimensiones de la Agenda 21. Todos son procesos inductivos. En otras palabras, nacen de reconocer y diagnosticar los problemas sanitarios con la comunidad y luego con el concurso de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y organizaciones no gubernamentales (ONG), Gobierno central, gobiernos seccionales (Estado) y la Comunidad Internacional, para encontrar las soluciones más adecuadas a los problemas detectados. Sin duda, la complejidad y cantidad de interrelaciones e interacciones hace necesaria la elaboración de un programa informático para su manejo. El modelo informático puede ser parte de la cooperación OMS/OPS.

• Instrumentos para la acción: modelo de gestión

Cuatro cuadrantes de un círculo grafican el modelo de gestión que proponemos para el Nuevo Sistema Nacional de Salud: 1. Planificación; 2. Ejecución; 3. Control; 4. Revisión. Este ultimo cierra el círculo virtuoso del mejoramiento continuo. Todo este proceso está debidamente estandarizado a escala internacional y, en algunos casos, a escala local por intermedio del INEN.

Vale destacar que la no aplicación de un sistema de gestión integral explica la serie de irregularidades cometidas  por funcionarios públicos y empresas privadas en los procesos de adquisición de bienes y servicios para la contención y manejo de la pandemia de la covid-19, que se traducen trágicamente en enfermedad y muerte.

• Recursos económicos y talento humano

Algunas cifras para encuadrar el tema (presupuesto del año 2018):

Según esas cifras, y en términos teóricos, tenemos alrededor de 400 dólares anuales, para cada uno de los 17 millones de ecuatorianos. En resumen, si juntáramos los presupuestos del IESS y del Ministerio de Salud, tendríamos financiamiento suficiente para el SNS. Por supuesto, las condiciones para que sea una realidad son: administración técnica, eficiente y honesta.

La operación del SNS requiere la  creación una Caja Nacional Pagadora responsable del manejo de los presupuestos de salud del sector público y del IESS (Seguro Universal de Salud). Esto, junto a un Tarifario, técnica y rigurosamente establecido, y una Superintendencia de Salud creada para el efecto, regulará, controlará y garantizará que todos los ecuatorianos tengamos acceso a la salud con solo presentar un carnet que incluya nuestra historia clínica. Este es un modelo de referencia de Costa Rica.

Acerca del talento humano, el Libro III del COS debe constituirse en una referencia para legislar sobre esta materia. Debe ser una ley independiente del SNS, en la cual se fijen las responsabilidades, los deberes y derechos del talento humano en salud.

• Contribución al cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODS)

En el año 2015 los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron los objetivos de desarrollo sostenible “como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y social”.^[2]

Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, también conocidos como objetivos mundiales:

1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos

• Nuevas instituciones de salud

CNS. Consejo Nacional de Salud. Autoridad Sanitaria Nacional.

MSP. Ministerio de Salud Pública. Institución normativa y reguladora de la salud.

SUS. Seguro Universal de Salud. Institución operativa.

1. Análisis del entorno y reflexiones críticas

Los derechos humanos se consideran pautas éticas con proyección jurídica. Surgen como una forma de garantizar que los hombres y mujeres se desarrollen en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Que cada persona logre un desarrollo íntegro y asegure condiciones para que los individuos tengan una vida plena, igualitaria y sin discriminación. Estos derechos se encuentran garantizados en la Constitución.

Los derechos humanos, si bien tienen una vocación universal, las reglas de ordenamiento social responden a patrones socioculturales. Allí se marca la diferencia y la desigualdad dentro de un pluralismo de individuos, que nos remite a características modeladas, creadas. Por eso se hace necesario considerar las especificidades que permitan caminar hacia la garantía de los derechos de manera igualitaria y que se hagan efectivos de manera sustantiva. En la actualidad es importante tomar en cuenta estas pautas éticas desde una perspectiva que ofrezca posibilidades de cambios culturales y mejore las condiciones de los grupos de atención prioritaria, así como tener presente los obstáculos que estos enfrentan.

La violencia es una de las expresiones que opera en el conjunto de representaciones sociales y se traduce en actitudes y valoraciones discriminatorias, en el que los prejuicios y estereotipos se ponen en juego. Por tanto, esta violencia estructural como primer obstáculo genera una profunda vulneración sistémica de los derechos humanos. Aunque estas vulneraciones afectan tanto a hombres como a mujeres, es necesario señalar que las afectaciones, sus niveles y efectos son diferentes para cada género, edad y condición socioeconómica, con factores directos e indirectos que agravan esta realidad.

La pandemia mundial en la que nos encontramos por la covid-19 muestra una realidad de desigualdades e inequidades sociales, económicas, políticas, ambientales que originan tensiones sociales y el aumento preocupante de la violencia generalizada. Según el ECU 911, entre el 12 de marzo y el 16 de abril del 2020 se registraron 7954 llamadas de alerta por violencia intrafamiliar.^[1] Esta situación es alarmante al asumir que no todas las mujeres pueden poner en alerta o hacer llamadas de emergencia.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres realizada en noviembre de 2019 presentó el elevado nivel de violencia que experimentan las mujeres en Ecuador. Alrededor del 65 % de las mujeres han experimentado al menos alguna forma de violencia durante su vida; esto incluye niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores.

Estas terribles cifras van de la mano con la realidad que atraviesa el país acerca de violencia feminicida, que de por sí es grave. Este problema se agudiza de manera profunda con la pandemia. La presión y estrés que causan las medidas preventivas para contrarrestar los efectos de la covid-19, se han manifestado en situaciones de extrema violencia dentro de los hogares. La situación de inestabilidad económica juega un rol fundamental en este escenario.

Según las organizaciones de la sociedad civil^[2] que realizaron un importante registro de los femicidios en Ecuador, son 52 feminicidios cometidos desde el 1 de enero al 30 de junio del 2020. Durante los meses de crisis de la covid-19, específicamente han sido asesinadas 32 mujeres.

Se documentó un transfeminicidio, lo que significa que una mujer transgénero fue asesinada por el hecho de ser mujer trans y en función de su identidad de género. Es oportuno señalar que el feminicidio es la última fase de la violencia de género contra las mujeres y que, además, afecta a toda la sociedad.^[3]

Un pacto social por la no violencia

En el mes de marzo de este año, ochenta organizaciones de la sociedad civil, la academia, sectores productivos y gremios, provenientes de distintas partes del país, se juntaron con la finalidad de proponer un Pacto social por la vida y el Ecuador, cuya finalidad es entregarle al Ecuador una propuesta democrática, técnica, ética y viable para enfrentar las múltiples crisis en ocho dimensiones de impostergable tratamiento y acción: lucha contra la corrupción e impunidad, economía, agricultura campesina, descentralización y desarrollo local, medio ambiente, violencias, educación y salud. En ese esfuerzo, democrático y plural, se han venido construyendo propuestas.

La coyuntura genera tensiones difíciles de ignorar; es decir, la violencia va en aumento y la pandemia agudiza brechas marcadas por la desigualdad. De igual modo, en el caso de las mujeres de la población LBTIQ+,^[4] mujeres y niñas con discapacidad, mujeres y niñas indígenas y campesinas, entre tantas otras situaciones que merecen atención específica y respuestas urgentes. Sumado a este escenario encontramos la inestabilidad política y la corrupción generalizada que atraviesa el país, lo que nos obliga a plantear varias preguntas.

¿El poco presupuesto destinado para la prevención, atención y restitución de derechos vulnerados por la violencia es el afectado?

 El Pacto Social por la Vida y el Ecuador resulta una alianza entre diversos sectores que convergen en un diálogo urgente en búsqueda de propuestas para solucionar las problemáticas más graves a las que el país les ha dado la espalda. Surge para debatir sobre la prospectiva para Ecuador, en temas de educación, salud, descentralización, explotación minera, corrupción y garantía de derechos fundamentales. Es un espacio ético de lucha por un bienestar común, desde una mirada específica de lucha contra las violencias. Este es un tema transversal a todos los demás. No se puede hablar de un pacto social en el Ecuador, si no se habla de un profundo cambio cultural hacia la cero tolerancia a la violencia que minimiza, desprestigia a un gran porcentaje de la población. Por tanto, tampoco se puede hablar de democracia cuando la igualdad y la no discriminación son la base fundamental para hablar de ella.

 ¿Cómo estamos actuando?

 Desde diversas vocerías de la sociedad civil se estableció un diálogo propositivo con miras a incidir en la lucha contra la violencia de género. En esta mesa, contamos con mujeres y hombres que desde sus espacios, organizaciones o trincheras han venido aportando en el fortalecimiento del Sistema Integral de Protección de Derechos. Las voces intergeneracionales e intersectoriales juegan un rol fundamental a la hora de sumarnos al trabajo existente, proponer nuevas estrategias y detectar las grandes falencias que componen esta lucha contra la violencia.

En esa línea de pensamiento se acordó que el trabajo que une a esta mesa debe constituirse con dos ejes:

• Primer eje: trabajo integral hacia la prevención, atención y restitución de derechos vulnerados sistémicamente con un enfoque central en las mujeres de todas las edades y condiciones, así como hacia la población LGBTIQ+.
• Segundo eje: trabajo direccionado hacia la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes y así fortalecer su actoría como sujetos de derechos, enfocándonos en exigir la especificidad que este sector de la población reclama desde hace algunos años.

2. Ámbitos de acción y propuesta

 Estrategias y propuestas en el marco del Pacto social por la vida y el Ecuador

• Fortalecer la consolidación y socialización del Pacto Social con todos los sectores de la población que han venido trabajando en las temáticas aquí propuestas, reconocer el trabajo existente y sumar acciones.
• Promover la participación ciudadana por medio de mecanismos en los que se escuche directamente su voz, mediante la activación de los instrumentos establecidos por la ley.
• Establecer diálogos a mediano y largo plazo con los sectores: academia, organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones estatales multinivel, medios de comunicación y sectores privados.
• Colocar en la agenda pública de manera continua el debate y la información objetiva sobre la realidad que enfrentan, tanto niñez y adolescencia como las mujeres en todas sus diversidades. Esto con la intención de que no se diluya en el debate y se priorice en las exigencias de políticas públicas tanto locales como nacionales, que aporten en la prevención de las violencias, atención a víctimas de violencia y la restitución de sus derechos de manera ágil y oportuna.
• Transversalizar los enfoques de género, interculturales, de igualdad y no discriminación e intersectorialidad en el documento del Pacto social por la vida y el Ecuador, así como en todos los ejes que este contempla.
• Denunciar la existencia de la violencia de género en todos los espacios: económico, social, cultural, político, académico y en los ámbitos públicos y privados.

Proponemos acciones a mediano y largo plazo

Eje 1

1. Estrategia comunicacional. La construcción de una estrategia de comunicación integral, por parte de esta mesa de trabajo que permita colocar en la agenda pública la violencia de género, así como la violencia y vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes. La estrategia contará con varias acciones.

• Fortalecer vocerías de los sectores de la sociedad civil, en cuanto a prevención, atención y restitución de derechos vulnerados a causa de las violencias.
• Promover diálogos regionales donde se analice desde la sociedad civil los avances y retos de la violencia de género en las diversas esferas (social, económica, política, cultural, tecnológica, etc.), con el apoyo de Fundación Esquel.
• Evidenciar los aciertos y las falencias en la atención y la restitución en los casos de violencia de género en el sistema judicial, así como socializar el presupuesto destinado hacia esta área y conocer los procesos de ejecución presupuestaria.
• Evidenciar los aciertos y las falencias en atención y restitución de derechos en las instituciones administrativas como juntas cantonales, tenencias políticas.
• Proponer cambios en la Política Pública Nacional de Salud sexual y reproductiva: debe ser integral, abordar temas LGBTIQ+ y trabajar desde el enfoque de género.
• Exigir que la Política Pública Nacional de Salud Sexual y Reproductiva se relacione con las agendas de igualdad de género y la agenda nacional de la igualdad intergeneracional.
• Evidenciar las falencias en atención y restitución en violencia de género sistema judicial; socializar el presupuesto que existe destinado hacia esta área y conocer si su ejecución es adecuada.
• Evidenciar las falencias en atención y restitución de derechos en las instituciones administrativas como juntas cantonales, tenencias políticas. Promover una mirada descentralizada.

2. Motivar a que las mesas de las diferentes temáticas que aborda el Pacto Social consideren sus acciones, estrategias y propuestas desde las perspectivas de género, interculturalidad, de igualdad e intersectorialidad, así como el enfoque integral de derechos.

Eje 2. Niñas, niños y adolescentes

1. Estrategia comunicacional. Construcción de una estrategia de comunicación integral, por parte de esta mesa de trabajo, que permita colocar en la agenda pública la violencia de género, así como la violencia y vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes. La estrategia contará con varias acciones.

• Evidenciar los nudos críticos de prevención, atención y restitución en el Sistema de Protección de Derechos y el ciclo de la violencia que se han complicado en la época de pandemia y los presupuestos destinados.
• Analizar el Sistema Integrado descentralizado de Protección a NNA y su articulación con la sociedad y gobiernos multinivel.
• Apoyar en la exigencia del nuevo Conna; promover la discusión de la especificidad para NNA y del modelo de gestión descentralizado.
• Generar una campaña específica sobre lo que significa ser niña y adolescente mujer en Ecuador; alertar de embarazos a tempranas edades y no planificados.
• Exigir una Política Pública Nacional direccionada a la educación sexual y reproductiva con enfoque de derechos y género con contenido específico para adolescentes.
• Evidenciar el trabajo y necesidades que existen en las casas de acogida para niñas, niños y adolescentes en el país.

2. Promover la postura de respeto y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el documento del Pacto Social; también motivar a las mesas de las diferentes temáticas para que integren esta visión en sus acciones, propuestas y estrategias.
3. Fortalecer la mesa de adolescentes, creada en la coyuntura del Pacto Nacional para una integración nacional y diversa, con la finalidad de escuchar a los sujetos de derechos, sus necesidades y propuestas.

1. Análisis del entorno y reflexiones críticas

Luego de 47 años de extracción petrolera es hora de pasar de un modelo posextractivista a uno que permita al Ecuador la elaboración de planes y acciones efectivas de conservación de los ecosistemas.

La minería metálica a gran escala no es compatible con un país megadiverso como Ecuador. El beneficio económico de la minería, si de dejan fuera los subsidios, es realmente mínimo, al considerar el impacto severo e irreversible al medioambiente. Dicho de otra manera, la minería es un muy mal negocio para el Ecuador. En consecuencia, no hay dos caminos: o se hace minería o se conserva la vida y naturaleza.

Por otra parte la alta dependencia de los ingresos petroleros, la ubicación geográfica, la limitada diversificación de la actividad económica, incrementan el grado de exposición de Ecuador al riesgo sistémico de la transición energética climática global. A esto se suma la débil resiliencia expresada en términos de reducida capacidad adaptativa, inflexibilidad fiscal, políticas públicas ineficientes.

La afectación humana y económica pospandemia tendrá dimensiones gigantescas, desconocidas hasta ahora. A ello se añaden el nivel de sobreendeudamiento, el limitado espacio fiscal, el déficit presupuestario y un nivel generalizado de corrupción en el aparato público y privado, lo que contribuye a una débil democracia y gobernabilidad.

2. Ámbitos de acción y propuesta

• Exhortamos al Estado que se fortalezcan los objetivos de conservación y preservación de ecosistemas esenciales en la lucha contra el cambio climático.
• Proponemos que se declare la crisis climática en el país como una manifestación política de la necesidad de priorizar este asunto en el desarrollo de la política pública del Estado; que incida en las herramientas de planificación como el Plan Nacional de Desarrollo, los Planes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo, los Planes de Uso y Gestión del Suelo de los cantones y demás existentes.
• Proponemos que esta crisis sea asumida con perspectiva de justicia climática. En otras palabras, entender que los efectos y consecuencias del calentamiento global son diferenciadas para las distintas poblaciones humanas, teniendo en cuenta sus condiciones, realidades y circunstancias económicas, políticas, geográficas, de género, culturales, tecnológicas y otras.
• Proponemos que se generen políticas que permitan revitalizar y fortalecer la “memoria socioecológica” de las comunidades humanas; es decir, la capacidad que han desarrollado las comunidades a través del tiempo para aprender a relacionarse con los ecosistemas y sus variabilidades.
• Exhortamos a que se supere la “vulnerabilidad institucional” que podría tener el Estado ante la crisis climática. Por eso proponemos aumentar el presupuesto para financiar más y mejores investigaciones sobre esta crisis en el país; además de aquellas que nos permitan tener como resultado herramientas de planificación, que faciliten y mejoren la toma de decisiones sobre los territorios.
• Enfatizamos en la imperante necesidad de transformar nuestra matriz productiva y energética dependiente de los combustibles fósiles. Esto implica la generación de políticas que nos permita apuntar hacia las transiciones ecológicas y basadas en la naturaleza de nuestras economías, que respete los límites biofísicos de esta y que permita la recuperación de ecosistemas.
• Proponemos la adopción de una Agenda Ambiental Nacional, como la preparada por la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), la cual se resume así:

1. Promover la implementación de los derechos de la naturaleza en Ecuador, fortaleciendo al movimiento ambiental mediante la educación, difusión y promoción de los derechos de la naturaleza por medio de la acción activa de los miembros del Cedenma frente a las inconsistencias ambientales del gobierno del Ecuador.
2. Luchar contra los impactos que causa la minería, con una posición firme contra la minería a gran escala y a cielo abierto por los enormes impactos sociales, ambientales y la violación directa a los derechos de la naturaleza y al derecho al buen vivir, y visibilizando sus impactos mediante una fuerte campaña de información.
3. Mantener una posición firme con base en el argumento de que la explotación petrolera actual se la realice con respeto a la más alta normativa actual; que promueva además una transición a un modelo de desarrollo pospetrolero, en el que no se amplíe la explotación petrolera a nuevos campos (Centro Sur de la Amazonía). Por lo tanto, el Cedenma respalda a la Iniciativa Yasuní-ITT como fue concebida desde su génesis en la sociedad civil, dejando bajo tierra la totalidad del petróleo en los campos Ishpingo (1, 2 y 4), Tiputini (Shell y Minas) y Tambococha. Cedenma apoyará el mantener permanentemente el crudo represado bajo tierra como premisa para la protección de nuestro verdadero patrimonio, por el valor mismo de la biodiversidad y los pueblos que se protegen y no por el valor de la compensación internacional. Yasuní es el símbolo para la transición a un nuevo modelo.
4. Luchar contra el cambio del uso del suelo y la deforestación incontrolada de los únicos y biodiversos bosques nativos y de los manglares, sustentos de vida y fronteras naturales. Por ejemplo, a los aumentos del nivel del mar; la expansión de la frontera agrícola y la destrucción de los páramos, fuentes naturales y colectores de agua. Es decir, actividades que causan daños irreversibles a la naturaleza, a la salud y a la existencia misma de las comunidades que viven en estos territorios. Se apoya el fomento de alternativas como buenas prácticas agroecológicas.
5. Promover el cambio de la matriz energética y la búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles. El camino es hacia un Ecuador pospetrolero. Para ello debe aprovecharse a plenitud el potencial energético del país, tanto en términos de energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz y energías libres. Nuestro país tiene el privilegio de vivir en la línea equinoccial, sobre una de las cordilleras con los volcanes más activos del mundo, donde existe una de las mayores fuentes de agua del planeta.
6. Visibilizar los impactos de las hidroeléctricas y mediante estudios y trabajo con las comunidades afectadas.
7. Promover y apoyar las iniciativas que buscan alcanzar la soberanía alimentaria.
8. Promover la conservación de la biodiversidad por medio de la investigación y difusión de información.
9. Luchar contra el cambio climático (adaptación y mitigación).
10. Apoyar la institucionalización y transversalización del tema ambiental en el debate nacional.
11. Apoyar al desarrollo de leyes, políticas y reglamentos de forma participativa con rechazo frontal a los pocos espacios de consulta y participación, institucionalización de temas ambientales.
12. Promover una plataforma de la sociedad civil tejida entre redes, especialmente con aquellas organizaciones, redes y movimientos con intereses ambientales. Así se impulsarán los cambios de paradigmas plasmados en una agenda común a ser presentados en la Conferencia Rio + 20 como posición de la sociedad civil del Ecuador.
13. Luchar contra la ampliación de infraestructura como carreteras: una de las causas adyacentes de la deforestación.

Ejes transversales

1. Trabajar por un modelo de desarrollo alternativo basado en el buen vivir.
2. Fortalecimiento del movimiento ambientalista del país.
3. Transversalización del tema ambiental en el ordenamiento territorial (gobiernos locales).
4. Trabajo conjunto con movimientos sociales, indígenas y pueblos (desde lo comunitario), lucha contra la criminalización de la protesta social.
5. Monitoreo y evaluación de proyectos estratégicos (Senplades) e inversiones.
6. Consumo y producción (control de los monopolios, capitalismo).
7. Enfoque de género y sectores vulnerables
8. Estrategia de comunicación (que incluya buen sistema de difusión especialmente a nivel local)
9. tecnología y ciencia (sostenible), de-materialización, transferencia de tecnología
10. Apoyo a veedurías ciudadanas efectivas.

Preservación del Medioambiente 1. Análisis del entorno y reflexiones críticas Luego de 47 años de extracción petrolera es hora de pasar de un modelo posextractivista a uno que permita al Ecuador la elaboración de planes y acciones efectivas de conservación de los ecosistemas. La minería metálica a gran escala no es compatible con un país megadiverso como Ecuador. El beneficio económico de la minería, si de dejan fuera los subsidios, es realmente mínimo, al considerar el impacto severo e irreversible al medioambiente. Dicho de otra manera, la minería es un muy mal negocio para el Ecuador. En consecuencia, no hay dos caminos: o se hace minería o se conserva la vida y naturaleza. Por otra parte la alta dependencia de los ingresos petroleros, la ubicación geográfica, la limitada diversificación de la actividad económica, incrementan el grado de exposición de Ecuador al riesgo sistémico de la transición energética climática global. A esto se suma la débil resiliencia expresada en términos de reducida capacidad adaptativa, inflexibilidad fiscal, políticas públicas ineficientes. La afectación humana y económica pospandemia tendrá dimensiones gigantescas, desconocidas hasta ahora. A ello se añaden el nivel de sobreendeudamiento, el limitado espacio fiscal, el déficit presupuestario y un nivel generalizado de corrupción en el aparato público y privado, lo que contribuye a una débil democracia y gobernabilidad. 2. Ámbitos de acción y propuesta 1) Exhortamos al Estado que se fortalezcan los objetivos de conservación y preservación de ecosistemas esenciales en la lucha contra el cambio climático. 2) Proponemos que se declare la crisis climática en el país como una manifestación política de la necesidad de priorizar este asunto en el desarrollo de la política pública del Estado; que incida en las herramientas de planificación como el Plan Nacional de Desarrollo, los Planes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo, los Planes de Uso y Gestión del Suelo de los cantones y demás existentes. 3) Proponemos que esta crisis sea asumida con perspectiva de justicia climática. En otras palabras, entender que los efectos y consecuencias del calentamiento global son diferenciadas para las distintas poblaciones humanas, teniendo en cuenta sus condiciones, realidades y circunstancias económicas, políticas, geográficas, de género, culturales, tecnológicas y otras. 4) Proponemos que se generen políticas que permitan revitalizar y fortalecer la “memoria socioecológica” de las comunidades humanas; es decir, la capacidad que han desarrollado las comunidades a través del tiempo para aprender a relacionarse con los ecosistemas y sus variabilidades. 5) Exhortamos a que se supere la “vulnerabilidad institucional” que podría tener el Estado ante la crisis climática. Por eso proponemos aumentar el presupuesto para financiar más y mejores investigaciones sobre esta crisis en el país; además de aquellas que nos permitan tener como resultado herramientas de planificación, que faciliten y mejoren la toma de decisiones sobre los territorios. 6) Enfatizamos en la imperante necesidad de transformar nuestra matriz productiva y energética dependiente de los combustibles fósiles. Esto implica la generación de políticas que nos permita apuntar hacia las transiciones ecológicas y basadas en la naturaleza de nuestras economías, que respete los límites biofísicos de esta y que permita la recuperación de ecosistemas. 7) Proponemos la adopción de una Agenda Ambiental Nacional, como la preparada por la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), la cual se resume así: a) Promover la implementación de los derechos de la naturaleza en Ecuador, fortaleciendo al movimiento ambiental mediante la educación, difusión y promoción de los derechos de la naturaleza por medio de la acción activa de los miembros del Cedenma frente a las inconsistencias ambientales del gobierno del Ecuador. b) Luchar contra los impactos que causa la minería, con una posición firme contra la minería a gran escala y a cielo abierto por los enormes impactos sociales, ambientales y la violación directa a los derechos de la naturaleza y al derecho al buen vivir, y visibilizando sus impactos mediante una fuerte campaña de información. c) Mantener una posición firme con base en el argumento de que la explotación petrolera actual se la realice con respeto a la más alta normativa actual; que promueva además una transición a un modelo de desarrollo pospetrolero, en el que no se amplíe la explotación petrolera a nuevos campos (Centro Sur de la Amazonía). Por lo tanto, el Cedenma respalda a la Iniciativa Yasuní-ITT como fue concebida desde su génesis en la sociedad civil, dejando bajo tierra la totalidad del petróleo en los campos Ishpingo (1, 2 y 4), Tiputini (Shell y Minas) y Tambococha. Cedenma apoyará el mantener permanentemente el crudo represado bajo tierra como premisa para la protección de nuestro verdadero patrimonio, por el valor mismo de la biodiversidad y los pueblos que se protegen y no por el valor de la compensación internacional. Yasuní es el símbolo para la transición a un nuevo modelo. d) Luchar contra el cambio del uso del suelo y la deforestación incontrolada de los únicos y biodiversos bosques nativos y de los manglares, sustentos de vida y fronteras naturales. Por ejemplo, a los aumentos del nivel del mar; la expansión de la frontera agrícola y la destrucción de los páramos, fuentes naturales y colectores de agua. Es decir, actividades que causan daños irreversibles a la naturaleza, a la salud y a la existencia misma de las comunidades que viven en estos territorios. Se apoya el fomento de alternativas como buenas prácticas agroecológicas. e) Promover el cambio de la matriz energética y la búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles. El camino es hacia un Ecuador pospetrolero. Para ello debe aprovecharse a plenitud el potencial energético del país, tanto en términos de energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz y energías libres. Nuestro país tiene el privilegio de vivir en la línea equinoccial, sobre una de las cordilleras con los volcanes más activos del mundo, donde existe una de las mayores fuentes de agua del planeta. f) Visibilizar los impactos de las hidroeléctricas y mediante estudios y trabajo con las comunidades afectadas. g) Promover y apoyar las iniciativas que buscan alcanzar la soberanía alimentaria. h) Promover la conservación de la biodiversidad por medio de la investigación y difusión de información. i) Luchar contra el cambio climático (adaptación y mitigación). j) Apoyar la institucionalización y transversalización del tema ambiental en el debate nacional. k) Apoyar al desarrollo de leyes, políticas y reglamentos de forma participativa con rechazo frontal a los pocos espacios de consulta y participación, institucionalización de temas ambientales. l) Promover una plataforma de la sociedad civil tejida entre redes, especialmente con aquellas organizaciones, redes y movimientos con intereses ambientales. Así se impulsarán los cambios de paradigmas plasmados en una agenda común a ser presentados en la Conferencia Rio + 20 como posición de la sociedad civil del Ecuador. m) Luchar contra la ampliación de infraestructura como carreteras: una de las causas adyacentes de la deforestación. Ejes transversales 1. Trabajar por un modelo de desarrollo alternativo basado en el buen vivir. 2. Fortalecimiento del movimiento ambientalista del país. 3. Transversalización del tema ambiental en el ordenamiento territorial (gobiernos locales). 4. Trabajo conjunto con movimientos sociales, indígenas y pueblos (desde lo comunitario), lucha contra la criminalización de la protesta social. 5. Monitoreo y evaluación de proyectos estratégicos (Senplades) e inversiones. 6. Consumo y producción (control de los monopolios, capitalismo). 7. Enfoque de género y sectores vulnerables 8. Estrategia de comunicación (que incluya buen sistema de difusión especialmente a nivel local) 9. tecnología y ciencia (sostenible), de-materialización, transferencia de tecnología 10. Apoyo a veedurías ciudadanas efectivas.

Educación

 Dado que la educación es un campo amplio en todos sus niveles, se organiza esta presentación en dos cuerpos: educación primaria y secundaria, y educación superior. Cada uno sigue un planteamiento similar de análisis de la problemática y aporte de propuestas de soluciones.

Educación primaria y secundaria

1. Análisis del entorno y reflexiones críticas

• Educación en el contexto de las pandemias

 La emergencia de la pandemia de la covid-19 pone a la educación en un punto central de análisis y discusión. Este es un tema no coyuntural sino de atención permanente, porque la crisis planetaria vinculada con problemas ambientales no es un tema pasajero ya que cada vez más se inserta en la cotidianidad de los individuos. Por tanto, requiere de decisiones permanentes.

Las decisiones desde las autoridades educativas y de telecomunicaciones no han sido coherentes con la realidad de la población. Miles de estudiantes no acceden a la modalidad virtual de educación, las familias optan por retirar a sus hijos del sistema. Al final, el sistema los expulsa.

Al enfocar todo en lo virtual deja en evidencia las desigualdades económicas y sociales y las brechas tecnológicas que existen. Esto pone en riesgo el acceso al derecho de la educación. Estas medidas, en los hechos, han excluido a muchos niños y adolescentes de la “normalidad virtual” en la que se realizan las clases. El ejercicio del derecho a la educación queda violentado.

Las decisiones e indicaciones emanadas desde las autoridades educativas han sido centralizadas pensando en un país homogéneo con respecto a la emergencia sanitaria y en la práctica regular.

Las medidas educativas oficiales no solo afectan a los estudiantes sino también afectan al personal docente. Por un lado, algunos maestros no cuentan en su casa con recursos tecnológicos ni conectividad, lo que antes de la emergencia era solventado por las facilidades otorgadas por las instituciones educativas, ciber e infocentros. Por otro lado, se manifiesta la brecha digital, en maestros de diferente edad, no solo entre aquellos que están cercanos a la jubilación.

• Flexibilización de las mallas curriculares, modalidades de educación y de la práctica docente

 En Ecuador está vigente una sola estructura y modalidad educativa, cuando en la actualidad está comprobado que el aprendizaje se da bajo diferentes metodologías, lugares y estrategias. El sistema educativo está enmarcado en estructuras homogéneas y con finalidad de control (persecución) a los actores educativos. Al tener una educación centralizada, se ignoran las grandes diferencias sociales, geográficas y culturales que caracterizan y podrían enriquecer la educación ecuatoriana.

Las familias no tienen alternativas educativas donde elegir, muchas de ellas se han visto despojadas de su derecho a la formación de sus hijos. Los educadores no tienen espacio para la innovación, implementación de estrategias educativas en forma y contenido con un gran número de estudiantes; allí no es factible facilitar educación de calidad. El educando se convierte en un ser pasivo y receptor de conocimiento, sin la oportunidad de ser protagonista de sus aprendizajes con base en sus intereses; como resultado, no han desarrollado las destrezas esperadas en el currículo, ni el placer por aprender.

Entre los problemas también se encuentran la presión para cumplir el currículo en la educación virtual, lo que no será posible.

• Inversión del Estado, rol central a la educación como eje articulador de la sociedad, prioridad de las políticas públicas en educación

 En Ecuador, históricamente hemos sido testigos de muchos programas, proyectos e iniciativas educativas interesantes que no han llegado a su término, ya sea por falta de asignación de recursos económicos o por la priorización de intereses políticos coyunturales de los gobiernos.

En otras palabras, el Estado no trata a la educación como prioridad nacional, pues coloca otros sectores en primer lugar. Eso ha impedido la consolidación y la valoración técnica y social de proceso y resultados en el campo educativo. También ha provocado el debilitamiento del rol social asignado a la educación para cerrar brechas económicas, sociales, culturales y territoriales. Además ha diluido su misión integradora de las diversidades, así como la reducción de presupuestos para el sector educación, la falta de continuidad de programas emblemáticos, lo cual contradice los mandatos de la Constitución de la República.

• Situación docente: capacitación y condiciones del trabajo

 La situación docente enfrenta despidos, cambio de horas, exceso de tareas de corte burocrático, desconfianza, baja de categorías y sueldos.

De su lado, la formación docente actual toma a la profesión como un aspecto prioritariamente técnico por lo que no enfoca otra característica de esta profesión, cuyo aspecto fundamental es el trabajo con y para seres humanos, de lo que se deriva la influencia sustancial, implícita y explícita, en la formación humanística, social y cultural de la niñez y juventud.

El personal docente es estandarizado y se lo enfoca a promover la vigilancia antes que una pedagogía activa y participativa. A ello se suma que existe una capacitación desordenada y sin prioridades.

La estructura vertical del actual sistema educativo ecuatoriano otorga a los docentes un rol pasivo y de ejecutor a crítico de las decisiones centralizadas, sin margen para el análisis contextual, propositivo y creativo, tanto a nivel de aula como de institución y sistema educativo. Dicha estructura vertical también da lugar a la fragmentación de la representación de los docentes. Varios frentes e intereses debilitan la voz docentes en problemas emergentes.

2. Ámbitos de acción y propuesta

• La educación en el contexto de las pandemias

Realizar una evaluación profunda de la situación de exclusión generada en esta emergencia para dimensionarla objetivamente. Transparentar los resultados. Organizar estrategias particulares para enfrentar la problemática: comisión específica de alto nivel, destinar fondos y recursos, etc. Esto con el objetivo de enfocar las intervenciones de manera adecuada y a los actores que más lo requieren.

Generar propuestas de material físico autorregulable de aprendizaje que lleguen a grupos sin acceso a educación virtual, con los recursos necesarios.

Traspasar las responsabilidades de los GAD provinciales, municipales y parroquiales para la generación de soluciones locales mediante un trabajo mancomunado con el Ministerio de Educación.

Generar un espacio permanente de actores de la sociedad civil que realicen veeduría y observancia para garantizar el acceso a la educación a todos los sectores.

Fomentar las iniciativas solidarias de la sociedad civil que facilitan a estas familias recursos tecnológicos.

Poner en marcha, de manera urgente, programas liderados por los Ministerios de Educación y de Telecomunicaciones, que faciliten la conectividad a todos los estudiantes, en especial a aquellos que pertenecen al quintil 1 (el más pobre), para garantizar su participación en los programas oficialmente previstos.

Garantizar la continuidad de los infocentros en todo el país, y, de ser posible, ampliar su cobertura, ya que se demuestra su importante papel para las actividades escolares y no escolares anteriores y pospandemia.

Se requiere de autonomía en la toma de decisiones en los distritos y zonas por grupos de trabajo conformados, en caso de asuntos administrativos, por los rectores; y, en situaciones académicas, por los vicerrectores, para el diseño de estrategias específicas en la solución de la realidad local para garantizar el acceso de la educación.

Generar protocolos y guías de posibles soluciones y alternativas que garanticen los derechos, el aprendizaje y acceso a la educación.

Pedir un proceso de veeduría ciudadana para evaluar los perfiles de los directores zonales, directores y rectores de las instituciones.

Crear programas —o retomar aquellos inconclusos— de incorporación de la tecnología en la educación, para dar soporte a las necesidades actuales de los docentes, tanto en recursos tecnológicos, conectividad y su uso didáctico.

Garantizar la estabilidad laboral del personal docente.

Presionar para que los concursos docentes se sigan abriendo, y se puedan cubrir todas las plazas en el sector urbano y rural.

• Flexibilización de las mallas curriculares, modalidades de educación y de la práctica docente

 Se propone empezar un debate profundo acerca del enfoque de educación virtual. Minimizar el cumplimiento de las mallas curriculares y priorizar el desarrollo de los seres humanos. Apuntar a la formación ciudadana, a desarrollar valores, nuevos comportamientos y hábitos.

El debate incluye la necesidad de descentralizar la educación desde una mirada integradora, en la cual las instituciones educativas sean el centro del aprendizaje. Desde sus experiencias pueden adaptarse y así promover la flexibilización curricular para que la educación de la niñez y juventud, en todo momento y de manera pertinente a su edad, parta del conocimiento y aprecio de quienes son individuos sociales y culturales.

Generar comisiones en cada administración zonal de personas con conocimiento y especialidad en educación alternativa, quienes recibirán y validarán proyectos propuestos por grupos y comunidades, con tiempo límite y acompañamiento.

Establecer mínimos de funcionamiento para que se garantice y no se vulneren los derechos de niños y niñas.

Validar los conocimientos para la obtención de la titulación, específicamente del bachillerato, mediante la presentación de una evaluación cualitativa (portafolio) y cuantitativa (exámenes); que se ratifiquen otros tipos de procesos y no solo pases de año que no son garantía de aprendizaje.

Convocar a representantes y promover redes de educación alternativa para un trabajo cooperativo y enriquecedor de las prácticas educativas.

Valorar el avance de proyectos vigentes con evaluaciones de resultados a largo plazo, con investigaciones transversales en un marco mínimo de tiempo de 10 a 15 años.

Permitir e incentivar el desarrollo de múltiples modalidades y propuestas educativas, pedagógicas y didácticas provenientes de los docentes e instituciones educativas de diferente sostenimiento, de padres y madres, y de la sociedad civil en general, como un mecanismo de desarrollo de la innovación y promoción de la calidad educativa de todo el sistema educativo nacional.

• Inversión del Estado, rol central a la educación como eje articulador de la sociedad, prioridad de las políticas públicas en educación

Levantar por todos los medios la trascendencia de la educación en los momentos de la pandemia. Luchar por el mantenimiento y aumento de los presupuestos. Optimizar gastos, privilegiando procesos educativos antes que requerimientos burocráticos.

Exigir el cumplimiento de la inversión en educación y no permitir recortes ni disminución de presupuesto que afecte el derecho y acceso a la educación. Realizar un manifiesto ampliado para que la gente se sume a estar alertas y exija que la educación no sea afectada.

Realizar campañas mediáticas nacionales que resalten a la educación y a la salud en Ecuador como derechos irrenunciables, mediante frases atractivas y fáciles de recordar. Un ejemplo: “Educación y salud son lo primero”.

Levantar campañas mediáticas nacionales destinadas a garantizar que los planes de gobierno que se presenten para las siguientes elecciones, contemplen aspectos que garanticen las mejores condiciones para el ejercicio y respeto de los derechos a la educación y salud; para que la educación fiscal y salud pública sean la primera opción de calidad a escala nacional. Como ejemplo esta frase: “Si tu candidato no tiene propuestas claras y realizables en educación y salud, cambia de candidato”.

• Situación docente: capacitación y condiciones del trabajo

Es necesaria la organización entre autoridades, docentes, sociedad civil, representantes estudiantiles y académicos para analizar integralmente la problemática, generar líneas estratégicas de solución y realizar el seguimiento de compromisos.

Será importante recoger las propuestas que los docentes tengan trabajadas con relación a promover un nuevo modelo educativo en el cual ellos sean sujetos de cambio y su meta sea el rol de enseñanza-aprendizaje.

Reformular la actual formación profesional y capacitación en servicio de docentes para incorporar una concepción integral que incluya aspectos disciplinares-científicos, tecnológicos, de convivencia social, humanísticos. También una reflexión continua sobre su práctica, en el marco de una sociedad contemporánea intercultural, biodiversa y de derechos.

Cambiar la forma centralizada de gestión educativa para permitir a los docentes y otros actores educativos y sociales, el análisis y formulación de propuestas curriculares, pedagógicas y didácticas pertinentes social, cultural, ambiental y territorialmente, en el marco del currículo nacional. 

Educación superior

1. Análisis del entorno y reflexiones críticas

• Acceso a la educación superior: brechas sociales y educativas; acceso a las nuevas tecnologías y su importancia dentro de un sistema educativo virtual; falta de inversión en la educación de tercer nivel y su afectación a la accesibilidad; recorte presupuestario generador de una crisis educativa en todos sus niveles

 Acerca del acceso a la educación de tercer nivel es importante plantearse la incógnita sobre quiénes están accediendo a la educación superior. El acceso debe ser integral; los elementos de accesibilidad y presupuestos deben estar integrados porque son consecuentes el uno del otro.

Sobre acceso a las nuevas tecnologías, las políticas públicas deben ser dirigidas a la accesibilidad y su garantía. No basta con la entrega de herramientas o paquetes de conectividad, debe estar directamente relacionado con la pedagogía, las técnicas y la sensibilización de los nuevos procesos educativos.

Respecto del presupuesto universitario y falta de inversión estatal y su recorte cabe preguntarse ¿cuánto realmente se invierte en investigación y vinculación?

En esta crisis que cuestiona el modelo de vida en la que nos encontramos, es importante proponer nuevas formas de estructura social, incluida la educativa. Hablamos de una atomización y fragmentación que permita usar de mejor manera los recursos del pueblo. Es necesario mantener procesos de autorregulación interna, transparencia en las instituciones educativas que, con mayor razón, nos permita defender el presupuesto universitario.

El tema de los privilegios de los salarios de universidades es peligroso. Hay una reducción que no necesariamente es enfocada a los sueldos dorados, sino a quienes son docentes ocasionales, que son imprescindibles para la educación superior.

• Oferta universitaria y alternativas educativas; incidencia en la sociedad: mallas curriculares y contenido debidamente diferenciadas y ajustadas (diversidad, cultural); oferta académica acorde con las necesidades del mercado laboral; importancia de alternativas educativas y la educación técnica y tecnológica para el futuro productivo del país

 Existen problemas acerca de las mallas curriculares cuyo contenido debe ser diferenciado y ajustado a cada una de las carreras universitarias, de acuerdo con los contextos sociales y culturales. Por tanto, se requieren pedagogías alternativas.

Es necesario alternativas para la educación de tercer nivel. El Estado apoya de forma mínima a la educación técnica y tecnológica; lastimosamente muchos institutos técnicos y tecnológicos se han mantenido por autogestión.

Es evidente la falta de incidencia de vinculación con la sociedad. ¿Cómo fortalecer? ¿Cuánto realmente invierten las instituciones de educación superior (IES) en este pilar fundamental de la educación de tercer nivel?

• Problemáticas del sistema educativo: importancia de centralizar a la educación como eje articulador de la sociedad; importancia de unir a todas las formas de educación posible; brecha entre las universidades y la sociedad

 Si la educación superior es un dispositivo ideológico que responde a los intereses estatales, la problemática del fracaso educativo no se encuentra en docentes/estudiantes. Entonces se puede afirmar que la falta de diversidad ideológica dentro de las instituciones educativas constituye un problema por resolver.

Debe entenderse que ha sido un modelo educativo programado para al fracaso, por eso se requiere de una reestructuración total en cuanto a temas pedagógicos que pueda ser eficiente a los fines sociales y mantener su autonomía.

El modelo hegemónico actual ha establecido cuales son las formas de tener y acceder a la educación de tercer nivel sin considerar varias alternativas que han surgido de forma clandestina.

2. Ámbitos de acción y propuesta

• Acceso a la educación superior: brechas sociales y educativas; acceso a las nuevas tecnologías y su importancia dentro de un sistema educativo virtual; falta de inversión en la educación de tercer nivel y su afectación a la accesibilidad; recorte presupuestario generador de una crisis educativa en todos sus niveles

 Repensar el proceso de admisión a la universidad pública. Tratar las brechas sociales y educativas como un elemento importante para poder dar respuesta, debido a que no se puede ignorar que se que quitan oportunidades a los sectores marginales que, por falta de oportunidades, no son partícipes de educación de tercer nivel.

Crear políticas públicas destinadas a la investigación, capacitación y aplicación. Asignar mayor presupuesto para las universidades públicas.

Repensar en la reforma pedagógica y cultural. Reconocimiento de la pluriversidad, es decir, formas alternativas que puedan ser parte de la educación superior, que no sea únicamente en condiciones clandestinas. Los recursos públicos deben estar orientados a aquello. La universidad está enclaustrada en las urbes; por eso se proponen nuevas infraestructuras en las cuales se inyecten recursos para la creación de universidades en las zonas rurales, que se desconcentren de las ciudades.

La calidad de educación no debe anclarse al modo mercantil, sino debe existir la evaluación basada en bases de datos con indicadores de cuántos problemas sociales han resuelto las universidades.

Transparentar la ejecución presupuestaria por parte de las universidades. 

• Oferta universitaria y alternativas educativas; incidencia en la sociedad: mallas curriculares y contenido debidamente diferenciadas y ajustadas (diversidad, cultural); oferta académica según las necesidades del mercado laboral; importancia de alternativas educativas y la educación técnica y tecnológica para el futuro productivo del país

 Desarrollar mallas curriculares ajustadas a las necesidades sociales/culturales. Promover la flexibilidad curricular.

Fortalecer los institutos técnicos y tecnológicos orientados a la realidad pospandemia, con el objetivo de fomentar una nueva estructura productiva para el país.

Trabajar en investigación. Crear una base de datos en la que se determinen las distintas problemáticas que se encuentran presentes en cada provincia, para de esa manera adecuar la estructura curricular de las instituciones de educación superior a dichas problemáticas. Así, se formarán profesionales que ayuden a impulsar el desarrollo del Ecuador.

• Problemáticas del sistema educativo: importancia de centralizar a la educación como eje articulador de la sociedad; importancia de unir a todas las formas de educación posible; brecha entre las universidades y la sociedad

 Fomentar políticas públicas que permitan una mayor formación pedagógica, eliminando el “encierro de las universidades”. Es necesario conectarlas con los espacios de la realidad: con las autoridades, docentes y estudiantes con el contexto; fortaleciendo la capacitación pedagógica; creando un catálogo en el cual se determinen las formas de educación existentes.

Fomentar la creación de espacios que garanticen el intercambio de ideas y debates dentro de las instituciones de educación superior, para evitar la censura por parte de autoridades estudiantiles o estatales. Impulsar la participación estudiantil y el derecho a la libertad de expresión como lo garantiza nuestra Constitución.

1.    Análisis del entorno y reflexiones críticas

La crisis que enfrenta el país exige un conjunto de nuevas y diferentes respuestas políticas, sociales, económicas, ambientales e institucionales. La versión política tradicional muestra grandes signos de agotamiento por la gravedad de los desequilibrios socioeconómicos y ambientales hoy presentes en Ecuador. La emergencia sanitaria de la covid-19 encontró un país dividido y poco resiliente. No obstante, esta también constituye una oportunidad de cambio hacia un modelo de país más próspero y equitativo.

Crisis integral que podría durar mucho tiempo: estamos obligados a actuar con compromiso-país

Estamos frente a una “disrupción económica” por su tamaño y rapidez, con profundos impactos que se expresan en un declive pronunciado de la actividad económica y sus consecuencias inevitables de destrucción de empleo productivo y de agravamiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Las cifras nacionales dan cuenta de esta realidad. La economía real ha presentado un débil desempeño desde el año 2015 hasta la actualidad; este es el punto de partida que no se puede negar ni soslayar. La pandemia de la covid-19 exacerbó este macrodesempeño económico y social. Según estimaciones del Banco Central del Ecuador,^[1] la caída del producto interno bruto (PIB) podría estar en el rango de -7,3 % a -9,6 % durante 2020. De acuerdo con las últimas cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI 2020a y 2020b), la economía ecuatoriana tendría una recuperación de 4,1 % en 2021, para luego mantenerse en niveles bajos cercanos a una tasa de crecimiento positiva de 1,7 % por lo menos hasta 2025.

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), Ecuador perdió USD 10.237 millones en ventas y exportaciones entre marzo y abril de 2020, con relación al mismo período de 2019. De acuerdo al Comité Empresarial Ecuatoriano, estas pérdidas podrían alcanzar diecisiete mil millones de dólares durante el año 2020. A estas limitaciones, acerca de la recaudación tributaria, se le debe sumar la contracción de la producción nacional. La ruptura de las principales cadenas productivas^[2] pone en riesgo la demanda interna, la cadena de pagos y la disponibilidad de liquidez interna.^[3] El resultado es un escenario inminente de grave crisis económica.

Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prevén que la caída de la producción podría conducir a un incremento del desempleo de cerca de medio millón de ecuatorianos y un deterioro en las diferentes formas de trabajo informal, fuentes que actualmente ya son en su mayoría precarias.

Como no podría esperarse una situación diferente, la crisis está provocando un aumento creciente de la pobreza, especialmente la pobreza extrema y la desigualdad en el país, tal como lo afirma la Cepal. Para el caso ecuatoriano, la pobreza aumentaría al menos 5 puntos porcentuales (un incremento de 800 mil personas), llegando al 30,8 % de la población total, a lo que debe añadirse un posible incremento de la pobreza extrema pudiendo alcanzar el 10,7 % de la población en un escenario medio, por lo que, en definitiva, 4 de cada 10 ecuatorianos vivirían en condiciones de pobreza.^[4]

Agenda económica emergente y consensuada

En tales circunstancias, hacemos un llamado a que la definición de alternativas económicas para enfrentar esta serie de problemas de naturaleza común, sea desde una perspectiva integral.

A diferencia de las grandes economías del mundo, o de economías más consolidadas en la región, Ecuador no está en posibilidades de implementar grandes y ambiciosos programas de “estímulo fiscal” dirigidos a la producción y al empleo (p. ej. política fiscal contracíclica). Nuestro país tiene debilidades notorias: la baja disponibilidad de recursos fiscales, la evidente debilidad de la estructura institucional, la limitada capacidad de entregar eficientemente servicios públicos de calidad, entre otros. Entonces, pensar en un proceso de enfrentamiento de la crisis y un horizonte de recuperación requiere alternativas que demandan un giro completo del manejo económico, empezando por una apreciable reorganización de la producción-inversión, pasando por cambios sostenibles del consumo nacional, mientras se protege a los sectores más vulnerables de la sociedad y se incentiva a la economía del cuidado.^[5]

En esa visión integral de cambios, no puede perderse de vista el manejo responsable de nuestro patrimonio natural, para el disfrute de las futuras generaciones. Innegablemente, este nuevo paradigma consensuado provocará reformas radicales en la generación y en el uso de los recursos fiscales. 

2.    Ámbitos de acción y propuesta

La propuesta que ponemos a consideración de la sociedad ecuatoriana es una Agenda económica emergente y consensuada, que permita alcanzar al menos cuatro grandes objetivos.

• Impulsar la reactivación económica progresiva, interrelacionada con el “aplanamiento” de la curva de contagio de la covid-19, que permita la protección y la generación de empleo productivo, la atención a la soberanía y a la seguridad alimentaria; la interrelación equitativa campo-ciudad; la generación de valor agregado con conocimientos científicos y ancestrales y cambios tecnológicos, con cuidado y responsabilidad frente a la naturaleza.
• Promover la sostenibilidad fiscal mediante una asignación eficiente de los recursos públicos, que implique: evaluar la calidad del gasto; modificar la relación entre incentivos tributarios y beneficios (más incentivos por más empleo); enfrentar la evasión y elusión fiscal. También reducir el gasto tributario; luchar contra el contrabando y todo tipo de corrupción; fomentar la coherencia entre la política fiscal y el pacto social que constituya un balance con la garantía de derechos.
• Fortalecer la red de protección social que garantice el bienestar de las personas, desde un marco de ejercicio de derechos y desarrollo de capacidades, con prioridad en los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana. El énfasis estará en el gasto en educación y salud, que promueva el acceso a servicios públicos de calidad que conecten con todos los rincones del territorio ecuatoriano.
• Consolidar un proceso de transición ambiental que resguarde los derechos de la naturaleza mediante la conservación de la biodiversidad, la bioeconomía circular, la matriz energética y de materiales sostenibles; que proteja la naturaleza y sus fuentes hídricas, garantizando el cumplimiento de normas ambientales sobre las actividades extractivas tales como petróleo y minería legal; eliminando la minería ilegal, a partir de una mayor eficiencia productiva-energética, que conlleve una transformación con producción y consumos responsables orientada hacia procesos sostenibles.

• Políticas para la reactivación económica y empleo

 Corto plazo

 Concretar un gran acuerdo público-privado, que incluya al sistema bancario nacional: banca privada, instituciones financieras de la economía popular y solidaria y banca pública, así como a las instituciones de regulación y control financiero del Estado, para desarrollar un esquema técnico sobre el sistema de tasas de interés en el país. Las variables del acuerdo deberían relacionarse con el estudio de:

• los factores estructurales que inciden en los precios de nuestra economía;
• incidencia e impacto de cada uno de los componentes de la tasa de interés activa, incluido el riesgo país;
• comportamiento e incidencia de la tasa de interés pasiva;
• calidad de la regulación financiera;
• nivel de competencia y competitividad del sector financiero;
• condiciones para la inversión de banca extranjera.

 Este pacto productivo-financiero debe precautelar el acceso a crédito con el control del incremento de los costos financieros, que, si bien deriva de un análisis coyuntural del riesgo, resultaría en problemas de riesgo moral y selección adversa, que limitarían la recuperación económica. Por eso es necesario identificar sectores estratégicos cuyos encadenamientos productivos sean significativos en la generación de empleo, para establecer estrategias específicas de flexibilización de las condiciones de acceso, según compromisos operativos específicos y la activa y propositiva participación del Estado.

El gran objetivo sería la mantención-ampliación de la capacidad productiva y el sostenimiento del empleo. Este gran acuerdo productivo-financiero debe ser impulsado por el Gobierno nacional, por los gremios empresariales (p. ej., el Comité Empresarial Ecuatoriano), la Red de Economía Popular y Solidaria, el sistema financiero (p. ej., Asobanca, Asomif) y los principales organismos de integración del sistema cooperativo de ahorro y crédito.

Reestructuración de deudas frente al sistema financiero nacional, acorde a los nuevos ingresos de las familias y empresas. Al respecto, solicitamos la expedición lo más pronto posible de los reglamentos de la Ley de Apoyo Humanitario y demás regulaciones por parte de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y de las Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria.

La disminución de la capacidad de pago de los deudores del sistema financiero, ocasionada por el cierre de empresas y negocios, reducción de ingresos, desempleo y otras secuelas de la crisis sanitaria, conllevaría serios impactos a la situación financiera de bancos y cooperativas de ahorro y crédito, por lo que proponemos que la autoridad monetaria y financiera defina herramientas regulatorias preventivas y de emergencia que busquen cumplir con dos objetivos:

• Mantener la solidez y estabilidad del sistema financiero.
• Ayudar a mantener el flujo de crédito.

Para lograr estos cometidos, la solución integral que se plantea considera tres componentes, en línea con planteamientos y recomendaciones de organismos internacionales que promueven la estabilidad financiera mundial, entre los cuales se encuentra el Comité de Basilea:^[6]

• Estimar el efecto de las pérdidas crediticias.
• Diseñar medidas regulatorias de contención en balances.
• Diseñar mecanismos para administrar y potenciar la liquidez.

Al desarrollar instrumentos de liquidez y mecanismos de pago electrónico accesibles para la gran masa de población no-bancarizada, es posible, por un lado, la reducción de demanda de billetes y monedas circulantes, y por otro, fomentar la bancarización de varios segmentos de la población. Se debe dejar de lado el debate improductivo sobre el manejo del dinero electrónico; hoy en día se promueven los mecanismos de pago electrónicos y el papel de regulación y control del sector público están establecidos, con la responsabilidad del sector financiero, público y privado, para su gestión como instrumento de dinamización de la cadena de pagos y acceso a liquidez. Se requiere, bajo un acuerdo de los sectores público y privado:

• generar un sistema de pagos de bajo valor que beneficie a la población sin acceso al sistema financiero;
• que el medio de pago digital sirva para acompañar los programas del Estado orientados al bienestar de los segmentos más vulnerables de la población;
• fortalecer los circuitos de transacción, producción y comercialización locales;
• aplicación de costo cero dólares al usuario final durante el período que dure la crisis sanitaria y económica;
• apertura y libre competencia en la utilización de las plataformas de soporte tecnológico del dinero electrónico, que incorpore a medianas y pequeñas cooperativas, así como a bancos de microfinanzas ubicados en territorios urbanos y rurales fuera de las grandes ciudades.

La gran meta nacional es lograr un esquema de dinero digital disruptivo que rompa las enormes barreras para la inclusión financiera en Ecuador y genere beneficios monetarios paralelos: recirculación y velocidad del dinero y un menor uso del efectivo.

Fortalecer las líneas de crédito “para mujeres”, ofertadas por las instituciones del sistema financiero nacional, incorporando condiciones legales y operativas que sean accesibles y efectivas. No se puede perder de vista de que siete de cada diez mujeres son víctimas de algún tipo de violencia, por tanto, temas puntuales como la eliminación de la firma del cónyuge como condición para acceder al crédito deberían ser revisados.

Establecer programas emergentes de encadenamientos, asociatividad y emprendimientos, que den prioridad y a la participación de micro, pequeña y mediana empresas, así como a actores de la economía popular y solidaria, y la generación de circuitos cortos de comercialización. Dichos programas se enfocarán en el desarrollo de capacidades productivas, generar líneas de apoyo financiero y promover buenas prácticas empresariales. Proponemos poner énfasis en las siguientes cadenas:

• bienes y equipos sanitarios;
• agrícola de bienes de primera necesidad;
• alimentos procesados y naturales ecológicos y de producción local;
• agroforestal;
• vivienda y desarrollo urbano;
• desarrollo informático y tecnológico: software para educación y emprendimiento;
• turismo sostenible.

De manera complementaria al punto anterior, la estructuración de programas nacionales de encadenamientos, asociatividad y emprendimientos exige la participación de los gremios empresariales en todos los niveles, los ministerios del ramo, Congope, AME, la red de economía popular y solidaria y el sistema universitario.

Concretar una reforma laboral para el “empleo decente” de largo plazo (OIT),^[7] acorde con las nuevas circunstancias de crisis social y económica, que implique posiciones concertadas emergentes mientras dure la crisis sanitaria y económica, y que construya bases para un acuerdo de largo plazo:

• proporcionalidad en los costos de despido;
• flexibilidad en la organización del trabajo y reducción consensuada empleador-trabajador con respecto a la jornada laboral, con el piso mínimo del salario legal y garantizando derechos laborales;
• promoción del teletrabajo con garantías sociales y de salud sicológica;
• flexibilización en el esquema de aportación a la seguridad social, acorde con la nueva organización del trabajo y proporcional a la jornada establecida, y ampliación de la base de aportantes al IESS, incorporando actividades informales, organizaciones cooperativas de trabajo autónomo, entre otros.

Activar, por intermedio del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), líneas de crédito que faciliten la contratación de obra pública emergente a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), para reactivar el empleo en las provincias, mantener las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, y conservar en buen estado la infraestructura productiva, como riego y caminos vecinales, fundamentales para mantener la dinámica de circulación de productos y mercancías a los mercados.

Reformar radicalmente el actual sistema nacional de compras públicas, incluido el Servicio de Compras Públicas (Sercop). En primer lugar, repensar la estructura del sistema, de tal manera que no sea permeable a la corrupción, sin caer en incrementos de burocracia y rigidez de en los procesos. El enfoque debe ser integral, considerando sus diferentes modalidades de selección de proveedores, sobreprecios, colusión, elusión y pagos. Además, este sistema incluirá un conjunto de incentivos y requisitos, plenamente concordantes con la normativa internacional en la materia, en la perspectiva de promocionar la participación efectiva de la gran industria, la micro, pequeña y mediana empresa nacional y de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Demandamos que las principales cámaras de la producción, conjuntamente con el Sercop, los GAD y el apoyo del sistema universitario, propongan un nuevo y más eficiente sistema de compras públicas acorde con lo planteado.

Implementar una reforma arancelaria adaptada a la nueva realidad del país y del comercio global, que facilite la reactivación económica y la construcción de cadenas productivas competitivas y sostenibles, que incluya, entre otros aspectos, una reducción apreciable de aranceles ligados a los insumos de producción y materias primas.

Mediano plazo

Solicitamos al sistema universitario del Ecuador la preparación de una Agenda para la transformación productiva del país, que incluya el fomento de la producción e industrialización nacional sobre la base de la inversión en ciencia y tecnología y el aprovechamiento del bioconocimiento, para generar cadenas de exportación con alto valor agregado, que reemplacen la excesiva dependencia de la extracción de recursos naturales, en un sostenido proceso de cambio de perfil productivo. Ningún proceso de transformación productiva puede ser de exclusiva responsabilidad de un gobierno; por el contrario, incumbe a toda la sociedad y sus organizaciones.

Fortalecer mecanismos directos de comercialización de alimentos, que mejoren el acceso a los mercados y redistribuyan los márgenes de intermediación en beneficio del productor. Esta tarea debe estar a cargo de los GAD provinciales, cantonales y parroquiales, en mancomunidad con las organizaciones de la economía popular y solidaria, las organizaciones del movimiento campesino y las asociaciones de consumidores, en el caso de haberlas.

Ampliar el apoyo técnico, en conocimientos y acceso a crédito, a las organizaciones de la economía popular y solidaria y a las unidades familiares campesinas, que han sido y son sujetos estratégicos para la soberanía y la seguridad alimentaria. El fin es apoyarles en la producción y en la comercialización de productos agroalimenticios limpios, sanos, inocuos y orgánicos.

Implementar un programa sostenido de inclusión financiera ligado a la inclusión productiva, para un cambio cualitativo y cuantitativo en acceso y uso de productos y servicios financieros como soporte material al cambio del perfil productivo del país. En todas partes del mundo, la inclusión financiera no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para generar bienestar a los ciudadanos, sobre todo, para fortalecer el acceso a recursos financieros para la producción y el emprendimiento. Este programa debería estar acompañado de un proceso de educación financiera enfocado en las necesidades de cada sector y de la población en general. Este programa debería permitir en la práctica, al menos:

• aumentar la capilaridad de los puntos de acceso e infraestructura de pagos para empresas y personas;
• promover la oferta de productos y servicios financieros digitales;
• generar infraestructuras de crédito eficientes para mipymes;
• implementar mecanismos de protección al consumidor;
• ampliar y profundizar los programas de educación financieras.

Fortalecimiento de exportaciones, productividad y competitividad. Reducción de costos ocultos en el comercio (p. ej., trámites de aduana), promoción de exportaciones a través de todo el sistema consular del país en el mundo, programas de asistencia técnica a productos exportables no tradicionales y cadenas productivas con potencial exportador, entre otros.

La vinculación y desarrollo de un sistema universitario armónico con las necesidades del sector productivo, con carreras profesionales relacionadas directamente con las actuales y futuras necesidades de la sociedad ecuatoriana y de su aparato productivo en particular; con el impulso de programas de educación-dual, con el desarrollo de incentivos a las empresas que vinculen a estudiantes de carreras técnicas específicas a su ámbito de producción, entre otros. Asimismo, el sistema universitario deberá promover el desarrollo de las demás ciencias, de la salud y sociales, y de las artes, de tal manera se formen estudiantes capaces de dar respuesta a los retos del presente y futuro país en sus respectivas áreas, asegurando así procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento, de manera holística hacia la industria, inclusive, hacia el sector público.

Demandamos del Gobierno nacional actual y venidero en los comicios de 2021, la estructuración de una política comercial amplia, sostenible y de largo plazo, en la cual se determinen los objetivos, actores, instrumentos y beneficios esperados de nuestro relacionamiento con la economía global, bajo el concepto de que los acuerdos comerciales no son un fin en sí mismo sino un medio. Esta política comercial debe incluir una hoja de ruta de las principales negociaciones comerciales actuales y futuras y un plan coherente de incentivos a exportaciones e inversiones extranjeras; además deben partir del entendimiento de las diferencias que existen en cuanto al tipo de cambio real, la visión moderna de reglas de origen y las diferentes escalas de producción de los países con los que queremos establecer los acuerdos.

Actualmente se encuentran en marcha negociaciones con México en el marco de la Alianza del Pacífico, y una posible negociación con Estados Unidos para un tratado comercial. Frente a estos procesos, exigimos transparencia y capacidad de diálogo por parte del Gobierno nacional y sus instancias negociadoras, con los sectores empresariales y demás organizaciones productivas, siempre velando por el desarrollo integral y equitativo de país.

Por la complejidad de las negociaciones dentro de la Alianza del Pacífico, en particular por la presencia de México, una economía altamente diversificada en todos los campos productivos y de servicios, proponemos que se concluyan adecuadamente las respectivas negociaciones comerciales, al mismo tiempo que se defina un programa nacional de adaptación interna de la normativa nacional y la resolución de los principales problemas de los actores empresariales para competir con este país, en el período que suele tomar la aprobación legal de este instrumento (de al menos un año y medio) en la Corte Constitucional y en la Asamblea Nacional.

Con respecto a las negociaciones con Estados Unidos de América, por ahora se requiere priorizar los esfuerzos para renovar el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), el cual termina en 2020; también culminar la inclusión de flores en este sistema y continuar las negociaciones en los próximos años para nuevos productos.

• Políticas para la sostenibilidad fiscal

El déficit fiscal global del Presupuesto General del Estado (PGE) ha sido una constante desde 2006, llegando a niveles apreciables del PIB en 2013 (5,7 %); en 2004 (6,3 %); en 2016 (5,6 %); en 2017 (5,9 %) y 3,6 % en 2018. Los elementos de insostenibilidad fiscal se relacionan con un apreciable endeudamiento público. A pesar de los pagos realizados durante este año con el fin de amortizar la deuda, a junio de 2020, el monto se eleva a USD 58.979 millones. Esta cifra es similar a la del inicio de año, pero sobre todo, refleja los crecientes recursos destinados en el PGE para honrar su servicio equivalente al 7,7 % del PIB, intereses (USD 3.390 millones) y amortización (USD 4.311 millones). El saldo de deuda pública agregada a enero de 2020 fue de USD 58.559 millones equivalentes 53,4 % del PIB; de los cuales USD 41.769 millones corresponden a la deuda externa y USB 16.790 a deuda interna.^[8] Esto pone en evidencia la gran dependencia de la economía ecuatoriana en los mercados financieros internacionales, y las limitaciones en temas de manejo autónomo de recursos de deuda en moneda nacional.

La fuente de financiamiento con bonos internacionales representa en la actualidad 41 % del total de la deuda externa y 32 % si se relaciona con el total de la deuda pública, de tal forma que un tercio de la deuda pública está ligada a la inestabilidad y especulación del mercado de bonos internacionales.

Ecuador es uno de los países con mayor afectación sanitaria per cápita y alta letalidad, con problemas estructurales anteriores a la pandemia, situación que no es coherente con un país de “renta media alta” y de poseer grandes inversiones en salud e infraestructura, pero con un continuo proceso de deterioro de gastos e inversiones en salud USD 3.037 millones (3 % del PIB) y educación USD 3.818 millones (3,8 % del PIB), con problemas coyunturales, estructurales, formales, de corrupción, impunidad y especulación, como se visibiliza en el gráfico.

Corto plazo

Reestructurar y renegociar la deuda pública, con una adecuada estrategia de perfilamiento de obligaciones externas que alivien al PGE y den un mayor campo de acción al Ejecutivo con el presupuesto.

Racionalizar el gasto corriente para que esté en relación directa con las actuales circunstancias que vive el país y, sobre todo, garantice el cumplimiento de los derechos sociales y económicos de todos los ecuatorianos, pues hay espacio de maniobra para ajustes de todo aquello que no tiene una adecuada rentabilidad social.

Conseguir financiamiento de multilaterales, en condiciones que potencien el desarrollo nacional, mediante reorientación de programas aprobados y en proceso de desembolso, como a la contratación de nuevos créditos en mejores condiciones de tasas, plazos y colaterales.

Definir reglas de juego en gestión presupuestaria y definición de reglas macrofiscales, para adecuada e inmediata aplicación.

Implementar una reforma tributaria integral, que supere la dispersión de tributos y permita eficiencia recaudatoria y progresividad impositiva, con mayor énfasis en los ingresos y el patrimonio de las personas más que en los impuestos regresivos al consumo. Esta reforma con una mirada de largo plazo debe incluir:

• Derogatoria o cambio en la estructura del Impuesto a la Renta para el Régimen Tributario para Microempresas. La Ley de Régimen Tributario Interno, título Cuarto-A del “RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS”, establece que el impuesto a la renta para las microempresas se causará en función del dos por ciento de las ventas, con lo cual el microempresario deberá tributar el impuesto aun cuando su actividad haya generado pérdidas.
• Potenciar el control a la evasión y elusión fiscal, mejorando los conocimientos de funcionarios de la administración tributaria en fiscalidad internacional, cuyo enfoque nacional debe estar particularizado a las transacciones que se realizan con el exterior, de tal forma que prioricen el control a grandes contribuyentes aun cuando estos no se encuentren en su jurisdicción.
• Disminución del IVA en el Sector Turístico, de manera temporal, a fin de propiciar su reactivación en el corto plazo, puesto que ha sido uno de los sectores de mayor afectación por la emergencia sanitaria.

Mediano plazo

Desarrollar una propuesta de reforma fiscal que implique reglas de manejo eficiente, con metas de sostenibilidad, mediante una evaluación y priorización de gastos tributarios (beneficios e incentivos), control de la evasión y elusión fiscal, mejoramiento de Ley de Fomento Productivo, y definición de presupuestos basados en resultados y con estrictas reglas de transparencia y eficiencia en todo el sector público.

Estructurar un nuevo modelo de descentralización fiscal que se sustente en la cohesión territorial; la entrega de servicios básicos de calidad; la inversión en infraestructuras pertinentes, el fomento productivo y el manejo ambiental.

Intensificar las alianzas y consorcios público-privados, legalmente ejecutables, que canalicen recursos del sector privado hacia el público, generen empleo privado y no paralicen la obra pública productiva. Siempre bajo parámetros de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Preparar una propuesta de concesiones de algunos activos, servicios o empresas públicas, que mejore el servicio, libere gasto del presupuesto estatal y no afecte a usuarios en calidad ni tarifas, ni a los activos estatales.

Supervisar que la asignación del 3 % del gasto total del PGE para contingencias se cumpla a cabalidad y únicamente para este fin.

Establecer planificación y consistencia macrofiscal del gasto tributario (lo que el Estado deja de cobrar por exenciones y deducciones tributarias).

Constituir el Fondo de Estabilización Fiscal con excedentes de la recaudación tributaria que supere la meta del 100 %, así como con los excedentes de la renta petrolera, cuando esta sea mayor al precio promedio presupuestario y no sean destinados a proyectos de inversión de interés nacional.

Construir una estructura administrativa y de gestión para que el fondo de estabilización se capitalice con ingresos de explotación y comercialización de recursos naturales no renovables que superen lo presupuestado y aprobado por la Asamblea Nacional, para garantizar sostenibilidad fiscal.

Proponer nuevas alternativas de financiamiento para la educación superior distintas a la fórmula del Fopedeupo, que garantice la provisión de recursos permanentes, indistintamente de la recaudación de impuestos. Se debe hacer efectiva la canalización de la renta minera hacia la educación superior, tal como lo establece la ley y transparentar las liquidaciones presupuestarias por los ingresos provenientes del IVA y del impuesto a la renta.

• Políticas para el fortalecimiento de la red de protección social

Tal como se mencionó al inicio de este documento, la crisis sanitaria y económica está llevando a que cuatro de cada diez ecuatorianos estén afectados por la pobreza, situación que obliga tanto a la recuperación económica lo más pronto que sea posible, así como a un funcionamiento efectivo de la protección social de los segmentos sociales más vulnerables. Además, con un mercado informal que representa aproximadamente el 65 % del empleo nacional,^[9] miles de familias de clase media y media baja ahora en riesgo de pobreza, y efectos desproporcionales de la crisis en minorías, Ecuador se encuentra en la obligación de repensar el sistema de protección y seguridad social, desde un enfoque inclusivo, equitativo y eficiente.

A escala mundial, el esfuerzo de los gobiernos se enfoca en promover sistemas de protección social que reconozcan la inminente vulnerabilidad de determinados sectores sociales y que impulsen la mejora sostenida de la situación de personas y familias, desde una perspectiva integral relacionada con la empleabilidad, el mejoramiento de la educación, la salud, la productividad y la protección de adultos mayores.

Las Naciones Unidas^[10] recomienda considerar tres pilares fundamentales al diseñar programas de protección social para enfrentar la emergencia y construir un futuro proceso de recuperación:

• Preservar vidas: Acceso a salud de calidad y a información pertinente por canales de comunicación serios.
• Ingresos y más allá de los ingresos: Provisiones estatales para soportar a los hogares en riesgo de pobreza y pobreza extrema y transformaciones estructurales que permitan generar seguridad en términos de empleo, comunicación y reducción de riesgos de violencia.
• Fortalecimiento y acumulación de capital humano: Acceso a educación de calidad.

En este sentido, son estos tres pilares fundamentales los que nos permiten proponer las siguientes estrategias de protección social.

Macroestrategia de corto y mediano plazo

Actualización y amplificación del sistema de registro social. Una de las grandes falencias del Ecuador durante esta pandemia, ha sido la incapacidad de identificar los individuos que conforman los grupos vulnerables y los canales de acceso óptimos para hacer llegar los servicios del Estado. Ecuador debe trabajar en un proceso de consolidación de información que permita, a corto plazo, solventar la emergencia sanitaria, y en el mediano y largo plazo sustentar una base eficiente que permita focalizar los programas sociales y adaptarlos a las condiciones y necesidades de cada grupo vulnerable: pobres en zonas urbanas y rurales, mujeres, niñas, niños y adolescentes, ancianos, comunidades indígenas, migrantes, entre otros.

Esta propuesta es de vital importancia considerando la extensión del mercado informal del Ecuador, en el cual muchas familias dependen de un ingreso diario que está fuera de la seguridad social y de los programas sociales actualmente existentes. Según la Cepal, más de 30 millones de personas podrían caer en la pobreza si no se ponen en marcha políticas activas para proteger o sustituir el ingreso de los grupos vulnerables. Son estas poblaciones las que han caído en situaciones de pobreza o están en riesgo de caer.

Esta estrategia debe ser construida fortaleciendo las redes del Gobierno central, Gobierno descentralizado, organizaciones parroquiales y barriales, y organizaciones sociales que trabajan con la población de interés. El mecanismo debe ser dinámico, es decir, que permita un proceso de alimentación continua para contar con información actualizada. Ecuador debe invertir en el sistema informativo social.

Corto plazo

Generar cadenas logísticas de provisión y distribución de alimentos de primera necesidad, acceso a agua limpia e implementos sanitarios a personas en condiciones de vulnerabilidad y hacer esfuerzos para que estos lleguen a las comunidades más aisladas a través de las organizaciones de base y redes resultantes del registro social.

Promover la producción de las unidades de agricultura familiar y campesina, de la economía solidaria y de productores convencionales para abastecer los centros de comercialización.

Generar incentivos para la preservación y fortalecimiento de las prestaciones de seguridad social vigente, que recuperen e incrementen la confianza de la población en el sistema, aseguren la calidad de vida de las y los adultos mayores y que eviten las desafiliaciones masivas.

Implementar un proyecto integral para la prevención de la violencia de género, con campañas de información masiva, líneas y mecanismos de denuncia confidenciales y efectivos. Dichas políticas deberán estar acompañadas con el fortalecimiento y mejoramiento en eficiencia de las ramas judiciales competentes. Además, se deben incrementar regulaciones laborales al teletrabajo, de manera que se evite la sobrecarga laboral en quienes tienen el rol del cuidado del hogar, históricamente confiado a las mujeres.

Fortalecer la integración del Sistema Nacional de Salud, mediante mecanismos que permitan la coordinación de gestión y movilización de recursos de salud, desde el ente rector de la sanidad nacional.

Establecer canales de comunicación que lleguen a los sectores vulnerables. Esto puede ser mediante el mejoramiento de la conectividad y acceso a internet, o a través de medios de redes comunitarias de información. Actualmente, el sistema de comunicación nacional excluye sistemáticamente a las minorías en riesgo, cuando es imprescindible en este momento que todos los rincones del país conozcan de fuentes oficiales los protocolos de acción sobre las subsiguientes fases de la emergencia sanitaria.

Establecer un sistema de pruebas rápidas de covid-19 para sectores vulnerables, de modo que sea posible contrarrestar el efecto inequitativo del virus y a la vez contener posibles focos de infección y canalizar las prioridades de ayuda sanitaria. Habilitar centros comunales, escuelas y espacios similares para aislar a personas infectadas, de tal manera que puedan recibir cuidados pertinentes, que sea más fácil su conectividad con hospitales en caso de ser necesario y evitar la propagación de la enfermedad.

Mantener los flujos de ingreso para la población por medio de dos tipos de ayudas económicas:

• Ayudas para sostener a los hogares en condición de pobreza extrema, pobreza y en riesgo de pobreza. El abanico de opciones es amplio: desde transferencias directas a los hogares más pobres y hogares dependientes de salarios mínimos, ampliación de beneficios de seguridad social, préstamos subsidiados a trabajadores informales, hasta exoneraciones progresivas de contribuciones de seguridad social, pagos por servicios básicos y obligaciones con el Estado.
• Ayudas para prevenir el desempleo. La opción es una política de créditos focalizada a pequeñas y medianas empresas correspondiente con las tasas de interés antes señaladas en este documento; política que debe mantener especial atención en las industrias que concentran los sectores y trabajadores más pobres de la sociedad, para que éstas puedan seguir operando y recuperarse, con facilidades para la adquisición de sus materias primas y para la comercialización de sus productos en el mercado interno. En este sentido, el Estado ecuatoriano tiene un rol ineludible en la provisión de incentivos que promuevan tanto la inversión en estas industrias, como la contratación de personal de los quintiles más pobres de ingreso.

Mediano plazo

Rediseñar y fortalecer el sistema nacional de protección social, el cual debe tener dos objetivos primordiales: sostener a la población más pobre y vulnerable del país, y proveer servicios públicos de salud, educación y bienestar social de manera eficiente e inclusiva. En relación al primero, actualmente, el sistema excluye a gran proporción de los sectores vulnerables, especialmente a la población del sector de empleo informal; por eso es necesario ampliar la red de cobertura de beneficiarios y retirar barreras hacia la afiliación de manera focalizada. En relación al segundo, se hace necesario un nuevo modelo de gestión que promueva la eficiencia en la entrega de transferencias monetarias directas y el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos como salud y educación.

Para cumplir aquello, exigimos un proceso de diagnóstico y auditoría que transparente el Sistema de Seguridad Social ecuatoriano, de modo que se pueda —involucrando a la academia y expertos en el área— diseñar un sistema eficiente, que dé respuesta a los retos del futuro y proteja a los más vulnerables de nuestro país.

Fortalecimiento de la figura de seguro de desempleo, de tal manera que, si bien sostiene a los hogares ecuatorianos reduciendo el riesgo de caer en pobreza, pero también genere incentivos para la reincorporación rápida al mercado laboral.

Fomentar la provisión de alimentos para niños, niñas y adolescentes en comunidades educativas vulnerables, para evitar una crisis alimentaria y apoyar el sustento de estas familias.

Proveer espacios seguros para el cuidado infantil, con beneficio directo para las mujeres, a quienes tradicionalmente se les da el rol del cuidado del hogar. Esta política pretende evitar la sobreexplotación laboral femenina, a la vez que diversifica las fuentes de ingreso para los hogares.

Generar incentivos para la contratación de personas pertenecientes a grupos vulnerables, que garanticen sus derechos fundamentales y la provisión de requerimientos específicos según sus condiciones. Dichos incentivos pueden representar deducciones impositivas, facilidades de crédito, acceso a capitales semilla, entre otros.

• Políticas para consolidar un proceso de transición ambiental

Ecuador no aplica sus políticas públicas en gestión ambiental territorial y derechos de la naturaleza y manifiesta serias contradicciones entre su calidad de país megabiodiverso con industrias extractivas, sin tomar en cuenta los costos de las externalidades negativas. Esta situación, ligada a una crisis ambiental, requiere de acciones integrales para avanzar en la sostenibilidad en armonía con la naturaleza y la resiliencia frente al cambio climático. Hoy en día, la crisis sanitaria por covid-19 ha dejado en claro que existen interrelaciones directas entre la biodiversidad y la salud de la sociedad.

Existe un conjunto de problemas ambientales relacionados con crecientes niveles de contaminación; una incompleta transición a energías renovables; una débil protección del sistema de áreas protegidas y otras formas de conservación. Detrás de esta situación se encuentran factores adversos al ambiente, tales como: la excesiva dependencia de la producción petrolera y minera; el ineficiente sistema de movilidad y la deforestación impulsada por la agricultura y ganadería extensiva. En consecuencia, se vuelve prioritaria la definición de políticas de gestión ambiental, gestión de riesgos a desastres, mitigación y adaptación al cambio climático.

La transición energética representa un reto global inmenso. Alcanzar la neutralidad climática en 2050 conlleva la descarbonización profunda de la energía con un sistema eléctrico 100 % renovable. Es un reto sin precedentes para el cual la innovación y la tecnología forman parte ineludible de la solución.

Corto plazo

Cambio y transición energética: utilización eficiente de la capacidad instalada en energía hidroeléctrica. Las grandes inversiones en este campo no pertenecen a un gobierno en particular sino a todos los ecuatorianos. Una parte de la generación hidroeléctrica debe ser exportada bajo programas de comercialización de mediano y largo plazo con países latinoamericanos.

Generar incentivos para la incorporación de energía limpia y procesos sostenibles en el sector productivo nacional.

Generar procesos de transparencia de precios de producción y comercialización de combustibles fósiles, incluyendo: GLP, gasolinas, diésel y gas natural; con políticas de reducción y focalización de los subsidios relacionados que disminuyan las inequidades en el acceso a subsidios de población que no los necesita, reducir la presión fiscal y reducir el contrabando de combustibles.

Aplicación del Código Orgánico Ambiental y de sus regulaciones, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, y del Plan Nacional de Desarrollo. En particular la efectiva regulación ambiental, control ambiental y la consulta previa a comunidades sobre actividades extractivas a diversas escalas.

Mediano plazo

Fortalecer e impulsar, con el apoyo de las universidades, centros e institutos tecnológicos, al sector de la biodiversidad y sus múltiples actividades como la bioindustria; los servicios ambientales a empresas y comunidades; nuevas cadenas de valor a partir de bienes y servicios ambientales; medicinas y vacunas de nueva generación; siempre respetando los principios ambientales y potenciando los conocimientos ancestrales y la biodiversidad nativa.

Impulsar el turismo sostenible en una doble estrategia que permita tanto generar y redistribuir adecuadamente ingresos entre sus actores, como también la conservación y uso de los ecosistemas (MAE, 2016; UCE 2020).^[11]

Profundizar los avances en mitigación y adaptación al cambio climático con mejor y mayor acceso a recursos económicos de los fondos internacionales con una política integral.

Incorporar mayor bioconocimiento a las actividades agropecuarias y de la pesca en general, para la incorporación de mayor valor agregado y una apreciable diversificación productiva.^[12] Además, se deberán promover políticas de precio justo para mejorar las condiciones de vida del sector agrícola, proveer espacio para la inversión y mejora continua. De esta manera, se pretende revalorar un sector que ha sido estratégico en el enfrentamiento de la crisis sanitaria.

Reorganización y fortalecimiento de los programas de economía circular, ecoeficiencia tanto a nivel de hogares (cocinas inducción, uso de energía solar, etc.), así como en los sectores productivos, especialmente pymes y cumplimiento efectivo de las normas e incentivos del Código de la Producción.

Impulsar programas de educación y promoción para un mayor consumo responsable y sostenible de los ciudadanos, no solo durante la crisis sanitaria, sino hacia el presente y el futuro, como una actitud ciudadana permanente. Este consumo responsable debe estar ligado de manera directa con los programas de “consumo de lo nuestro”; es decir, la preferencia motivada e informada del consumidor con respecto a bienes y servicios nacionales. Así como, el rechazo a productos contaminantes y efectivas acciones para la gestión de los residuos.