1. Análisis del entorno y reflexiones críticas

La historia del Ecuador se caracteriza por un modelo inequitativo y desigual de desarrollo territorial con marcada prevalencia de dos polos concentradores de los recursos nacionales, inversiones públicas, oportunidades, población y representación política, entre otros campos.

Las formas en las que se distribuye la pobreza reflejan la desarmonía en el desarrollo territorial: cinturones de miseria en los centros urbanos, condiciones de riesgo en la mayor parte del territorio rural, pueblos abandonados por la falta de oportunidades. Súmese a ello grupos de población como los jóvenes castigados por la falta de ofertas de educación y empleo, minorías étnicas amenazadas en su supervivencia y una creciente concentración de riqueza en pocas manos y de pobreza en la mayoría de los habitantes.

Algunos intentos de impulso de políticas públicas para fortalecer el desarrollo local y superar las inequidades sociales —al menos durante las últimas cinco décadas— lograron paulatinamente institucionalizar la planificación nacional: asignaciones crecientes de recursos a los gobiernos locales, subdivisión del territorio en más provincias, cantones y parroquias, políticas de descentralización con orígenes conceptuales y agendas de desarrollo que responden a procesos ajenos a la realidad de nuestro país.

También se han dado algunos intentos de regionalización del territorio concretados en ejercicios de desconcentración de los poderes nacionales y la creación de nuevos centros de poder local.

Las capacidades de los gobiernos locales se fortalecieron acerca de los procesos técnicos y administrativos; además la selección de autoridades por la vía electoral; visibilización de las diferencias territoriales por los progresos básicos en los censos y estadísticas nacionales. Pero estas evoluciones no fueron lineales ni exentas de conflictividad política.

La política de descentralización alcanzó una figuración más clara de sus propósitos en la Constitución de 1998. Allí se señalaron algunos principios de correspondencia entre la asignación de recursos y las responsabilidades que se podrían transferir a los niveles subnacionales de gobierno territorial: turismo, bomberos, educación y salud por parte de algunos gobiernos locales especialmente municipales. Pero en la práctica los resultados fueron casi nulos y desiguales debido a la resistencia de los actores de la política y la burocracia en el nivel central y nacional.

La Constitución de 2008 aclara las competencias territoriales de los gobiernos correspondientes y se establecen mecanismos reguladores de la descentralización (como el Consejo Nacional de Competencias) que conllevan a una programación de las transferencias de manera vertical, obligatoria y en clara desatención de las diversidades institucionales de los gobiernos descentralizados y de las particularidades e intereses de los diversos territorios y poblaciones correspondientes.

En resumen la política de descentralización no ha logrado armonizar el desarrollo territorial. Se ha restringido a la negociación de recursos que debieron acompañar a la transferencia de competencias impuestas programáticamente —se tornaron inviables por la falta de recursos y autonomía para ejercerlas—. No se ha garantizado la autonomía de las autoridades locales y mucho menos a los derechos de participación e incidencia de las sociedades locales en el ejercicio de poder que dichas competencias requerían. No se ha obtenido el respaldo de la clase política nacional y local a una búsqueda de la equidad en la atención de las necesidades y capacidades de decisión.

Esta época de pandemia global se vuelve evidente sobremanera la extrema desigualdad e inequidad social; presencia de Estados nacionales débiles y poco transparentes; actores políticos con clara pérdida de los valores éticos; supremacía del capital sobre la sociedad, los seres humanos y la naturaleza.

La vida de las personas es desechable, sobre todo de aquellas marcadas por la pobreza, por la minoría étnica, por sus creencias políticas y religiosas. En resumen, de quienes no reciben atención de la salud, educación, satisfacción de sus necesidades básicas y la garantía de sus derechos. Por eso dependen exclusivamente de las voluntades y las disponibilidades financieras de los gobiernos nacionales y locales, para garantizar su vida o su muerte.

En este contexto histórico es claro el fracaso de los procesos convocados desde el Estado para el involucramiento de la ciudadanía en el quehacer público, participación que terminó perversamente institucionalizada y cooptada por los gobiernos de turno. Convirtieron a la socialización en un mecanismo de convocatoria para validar lo actuado, sin permitir un debate serio de la interacción ciudadana para la toma de decisiones, lo cual deslegitimó y desgastó la razón de ser de dicha participación.

En contraste con aquella dinámica, no podemos desconocer la existencia de procesos sociales motivados y convocados desde y por la ciudadanía sobre la base de sus preocupaciones, necesidades, los movimientos de mujeres luchando por sus derechos y la erradicación de toda forma de violencia. También la movilización indígena, la lucha en defensa del ambiente, la protección a los derechos de la niñez y adolescencia, las acciones afirmativas para proteger a las personas con discapacidades y enfermedades catastróficas. Así como las denuncias contra la explotación económica que afecta de manera insostenible la integridad ambiental, etc.

La descentralización es un reclamo histórico, un proceso pendiente, interrumpido y frustrado reiteradamente. El modelo de Estado que tenemos ha subsistido a partir de la concentración del poder y los recursos, la superposición de competencias, un conflicto y negociación permanente entre los polos de la tensión política y económica de los diversos niveles territoriales del país.

Lo urgente e impostergable

 ¿Cómo debemos afrontar y resolver esta grave realidad social y política? La respuesta se encuentra en nuevas propuestas y acciones en torno a la autonomía local y a la descentralización del poder. Consideramos pertinente y urgente promover una crítica y autocrítica democrática, activa y realista, sobre el desarrollo nacional y local. Es necesaria una radical reforma del Estado que contemple una descentralización, efectiva, realista, priorizada y garantizada por la participación ciudadana y veeduría social.

Solo así se podrá priorizar a las personas, al interés colectivo, a la relación responsable y solidaria con la naturaleza y promover la participación equitativa y constructiva en la gestión del interés público, la política y la economía. De esta manera se podrá garantizar la vigencia de los derechos humanos, sobre la base del respeto a las diversidades. Es hora de construir un proceso que nos permita llegar a un acuerdo nacional a partir de los intereses comunes de los territorios; es decir, reconstruir lo nacional a partir de lo local, de sus capacidades y de la solidaridad interterritorial.

Para alcanzar estas metas, creemos indispensable impulsar las acciones destinadas a conseguir la Democratización de la vida, expresada como la búsqueda del bienestar individual y colectivo, la comprensión de la vida cotidiana y de la política de los seres humanos y de su vida en sociedad, como una necesidad urgente de crear nuevas formas de convivencia.

En otras palabras, no solo debe pensarse en el bien común, referido a lo que compartimos todos los hombres y mujeres, agua, suelo, aire; sino, como lo plantea François Houtart, en referencia a la crisis actual, que “ella está poniendo en peligro, no solamente los bienes comunes o la noción del bien común, sino la supervivencia misma del género humano sobre la Tierra y la posibilidad para esta última de regenerarse a causa de la actividad predatoria humana, es decir, el Bien Común de la humanidad, lo que exige una revisión con urgencia”.^[1]

Lo propuesto implica la necesidad de una profunda reflexión y acción sobre la vida individual y colectiva de la humanidad sobre el planeta: “la relación con la naturaleza, la producción de la vida, la organización colectiva (la política) y la lectura, la evaluación y la expresión de lo real (la cultura)”.^[2]

Para avanzar en este proceso, es necesario convocar a la ciudadanía —cualquiera sea su condición social, económica o cultural— para que participen como individuos y como seres sociales, con proyectos de vida propios, reconociendo su posicionamiento como actores con derechos y voz propia en espacios colectivos como la familia, la vecindad, la comunidad. Con capacidad de incidencia en procesos sociales vinculados al territorio, a la gestión de la política pública y la gestión administrativa, según sus necesidades y perspectivas vitales, desde sus experiencias y aspiraciones políticas.

Cómo avanzar hacia una descentralización efectiva

El agudizamiento de la crisis estructural del Estado por la pandemia de la covid-19, sufrida y vivida a escala mundial, en el orden nacional demuestra la debilidad del Gobierno, y su incapacidad para responder a las necesidades sociales ya sea por razones económicas, pero también por la forma de organización y del funcionamiento institucional. No obstante, también existen deficiencias de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). El uno espera demasiado del otro, y viceversa: el centralismo administra su incapacidad descargándola en los gobiernos locales, los cuales, a su vez, esperan que el centralismo resuelva sus dificultades. Pero finalmente es la ciudadanía la que paga los platos ratos. Ante tal inutilidad e invalidez del Estado se ahonda la desconfianza en el poder político y suele situarse la esperanza en los gobiernos locales, a pesar de sus deficiencias.

Los últimos años han mostrado una relación sustancial entre centralismo, autoritarismo, caudillismo, concentración del poder y corrupción; además de una clarísima exclusión de la participación social en la gestión del interés público. Esta es una relación inextricable que se reproduce en los distintos ámbitos del ejercicio del poder y que contagia a sus distintas instancias de jerarquía y niveles.

La legislación desarrollada desde el Cootad^[3] creó nuevas competencias y nuevos sectores, e instauró competencias privativas en su mayoría referidas a los sectores estratégicos. De este modo, todas las decisiones del Gobierno central, las de la intervención minera, por ejemplo, ignoran las determinantes de uso y gestión del suelo municipal. Las competencias ambientales fueron subordinadas a un órgano rector dependiente del Ejecutivo, y en el orden económico, en nombre de la planificación y el control de las finanzas públicas, los eufemísticamente llamados gobiernos autónomos descentralizados han sido privados de sus recursos y autonomías.

De este modo, el centralismo ha culminado su modelo de concentración del poder al extremo de que, ninguna actividad quedó exenta de intervención central, o haya sido objeto de un ejercicio legislativo o reglamentario que afecte la integridad de la autonomía de los gobiernos locales aún en las competencias de ejercicio exclusivo que le asigna la Constitución.

En orden a lo expuesto las principales acciones, las urgentes, son las dirigidas a desmontar el aparataje institucional del centralismo. El centralismo se ha configurado no solo con normas inconstitucionales, sino mediante la creación de un aparato de control central, de superintendencias, ministerios, agencias, todas dependientes del ejecutivo, órganos con poderes reglamentarios extraordinarios, con facultades supralegales construidas con disposiciones normativas abiertas. Por ejemplo, las facultades generales de planificación, expedición de políticas, creación de normas de sanción y control, tal como ocurre en todos los ámbitos de la administración pública de un Estado centralizado, de pesquisas y sanciones a las más diversas actividades, por tanto de obligatoria sumisión y dependencia.

En definitiva, la reflexión sobre la descentralización trasciende lo competencial. Es también una reflexión de integración y complementariedad interregional, regeneradora y constructora de nuevos relatos y es, por sobre todo, una expresión de respeto basada en la autonomía territorial, de sus autoridades locales, de las aspiraciones de la población por medio de la participación social efectiva.

Los grandes objetivos de la descentralización deben apuntar a promover en los territorios el desarrollo económico y social, redistribuir la riqueza, mejorar la calidad de vida de los habitantes con base en la cultura y las potencialidades locales, fortalecer la democracia, la gobernabilidad y la participación ciudadana.

Por esto los ciudadanos consideramos que:

• La descentralización es una alternativa frente a un Estado en descomposición, incapaz de atender y construir un modelo territorial, que posibilite los desarrollos regionales y la conformación de territorios —con sus poblaciones, sus autoridades y sus capacidades humanas y naturales—. Que posibilite oportunidades para avanzar con sus propias opciones y con libre capacidad para compartir e intercambiar esfuerzos con los otros territorios, en procesos integrales, armónicos, solidarios y más humanos.
• La descentralización solo puede ser radical si quiere ser efectiva a partir de la autonomía local y la descentralización del poder. Debe ser integradora de provincias y territorios complementarios que pueden pertenecer a distintas regiones naturales. Debe plantear el desarrollo y la jurisdicción interregional integrando sectores y territorios diversos. Que produzcan y provoquen una nueva geografía del país.
• La descentralización tiene que permitir la reagrupación del territorio dividido por los límites político-administrativos, en donde la gestión tenga ventajas de escala económica y eficiencia operativa, que optimice los recursos económicos y las capacidades humanas del territorio.
• Por sobre todo lo anterior, la descentralización debe impulsar procesos altamente participativos que precautelen la vida, los derechos de los ciudadanos, el desarrollo y aprovechamiento de los territorios, las capacidades y riquezas de las culturas diversas.
• La descentralización involucra los ámbitos político, jurídico, técnico y, sobre todo, cultural. Significa la reconstrucción y reorientación del país hacia un modelo de gestión territorial colectiva, con una concepción diferente de las relaciones entre los niveles de gobierno, y entre estos y la ciudadanía participativa, lo que implica que esta sea oportuna, eficaz, debidamente informada y empoderada.

De ese modo, es necesario contar con el diseño de un soporte técnico apropiado, en el cual las herramientas e instrumentos para implementar las acciones se ajusten a las dinámicas y contextos locales de cercanía. Esta concepción exige el fortalecimiento de la capacidad institucional (técnica, tecnológica, profesional, logística, económica y legal). También la puesta en marcha de nuevas estructuras para una adecuada gestión pública, para la generación de nuevos espacios de deliberación con las comunidades, en el marco de un esquema de responsabilidad social e institucional compartida. Todo para convertir a la población en la gestora de su propio desarrollo humano como elemento de sostenibilidad.

Los pilares de la descentralización

La descentralización se asienta en dos grandes pilares: el político y la gestión territorial colectiva. El primer pilar, hace referencia al hecho de que en Ecuador el tema central es político. Lamentablemente, la política ha sido colonizada, enajenada y expropiada por una clase política que ha prescindido de la sociedad en sus propósitos, en sus intereses, en sus opiniones y en su capacidad de fiscalización; que ha instrumentalizado y manipulado la participación ciudadana. Es decir, se ha desnaturalizado a la política en su razón de ser: gobernar al servicio del bien común o de los bienes comunes.

Ha existido una verdadera enajenación de la ciudadanía frente a la actividad política, puesto que se ha entendido que el poder no está en la ciudadanía, sino en los actores políticos, que han convertido a los partidos y organizaciones en estructuras electorales, sin principios ni organización, de carácter clientelar y demagógico.

La democracia representativa ha extrapolado la función de “representar” hasta enajenarle de sus mandantes y ha eliminado las formas de participación directa de la ciudadanía.

Es urgente descolonizar y desarticular el poder político actual, para que regrese a su verdadero titular que es el pueblo, para que responda a sus prioridades y que —quizá lo más importante— la actividad política se vincule definitivamente con la vida, con las necesidades y aspiraciones de las personas, los ciudadanos, los grupos, las vecindades, los barrios, las comunidades y las diferentes formas de organización ciudadana.

El segundo pilar, la gestión territorial desde una acción social colectiva, aborda la tarea fundamental del Ecuador: democratizar la política por medio del fortalecimiento de la participación social. Para cumplir con este objetivo, estamos sumados a la construcción de un Pacto social que es esencialmente un Pacto ético.

La pregunta que se plantea es ¿con qué fuerzas sociales y políticas se debe construir Pacto ético? Siempre se ha caído en la trampa de pactar con todos los actores democráticos de buena voluntad que estén dispuestos a la alianza. Se ha apuntado únicamente a la cantidad y nunca a la calidad de los aliados, evidenciándose una profunda desafección política y un proceso de individualización de la ciudadanía.

Es necesario establecer una alianza con todas las fuerzas sociales que estén decididas a defender el interés común de los ciudadanos, sin manipulaciones. Es decir, con aquellas fuerzas empeñadas en realizar actos afirmativos de democracia efectiva, haciéndonos cargo de nuestras vidas en sentido individual y colectivamente: defendiendo el ambiente y los recursos naturales, resistiendo al consumismo, construyendo la paz, fomentando la reforma del Estado, la descentralización, generando emprendimientos, entre otros.

Esta acción social colectiva de repensar la democratización de la vida y de la política, exige replantearnos la concepción y práctica de la participación ciudadana, como un proceso que la legitime como un derecho y la redimensione, tanto en sus formas de organización, convocatoria y activación. Asimismo en la solución de sus problemas mediante la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

En fin, el enfoque territorial y la participación social deben ser entendidos como elementos dinamizadores de la reforma del Estado y de su descentralización, para lo cual es fundamental revalorar la capacidad de incidencia de la ciudadanía en las estructuras de decisión política y territorial.

Los desafíos del desarrollo local

Mediante las acciones relacionadas con el desarrollo local, planteamos enfrentar desafíos comunes que requieren resolverse para consolidar los procesos prioritarios que permitan disminuir las brechas sociales y económicas de sus habitantes, garantizando mejores condiciones de vida para todos los ecuatorianos; asegurando un nivel de bienestar equitativo y sostenible.

Esos desafíos fundamentales tienen relación con el liderazgo y las políticas públicas, la capacidad de gestión local y la administración. Es necesario rescatar una visión integral, que destaque el aporte de las instituciones en el territorio; dicha demanda exige especialmente de la academia repensar sus contenidos, construir alianzas sociales y abrirse al tramado conjunto de mallas, enlazadas con la realidad local en actividades, como investigaciones y tesis. También se deberán debatir mecanismos para ampliación de la democratización de los espacios locales y promoción de un desarrollo integral.

El crecimiento económico es considerado la base material del desarrollo, las alianzas ciudadanas como forma de ejercicio democrático y de una cultura política participativa, el fortalecimiento de los recursos y capacidades locales, la vigencia de los derechos de todos los habitantes y el ejercicio de un buen gobierno territorial constituyen los principales desafíos.

Las iniciativas de desarrollo local deben revitalizar el vínculo entre las autoridades centrales y la administración provincial y municipal, brindando mayor protagonismo a los actores locales en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas, teniendo siempre en cuenta la corresponsabilidad con los lineamientos nacionales, de manera que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos en la comunidad local, satisfaciendo sus necesidades.

Los principales elementos para considerar en el contexto del “desarrollo local sostenible” giran en torno a:

• La vigencia de los derechos de las personas, asociaciones, colectivos, pueblos y nacionalidades, respetando su diversidad.
• La vigencia de los derechos de la naturaleza y la responsabilidad compartida por todos los ciudadanos para hacerlos respetar.
• Garantías al bienestar equitativo de las personas y al proceder solidario entre ellas y entre los colectivos que les representan.
• El respeto a las culturas que conviven y respaldan la identidad de los habitantes, a su potencial creativo y al derecho a expresarse públicamente.
• Los derechos a la participación de los ciudadanos a participar en la incidencia, gestión, fiscalización, planificación y ejecución de la cosa pública.
• La adecuación del sistema productivo local sobre la base de la innovación, la calidad, la competitividad y el respeto y atención a las necesidades locales y a las condiciones de sostenibilidad del medio natural.
• Diversificación de la base económica local.
• Utilización eficiente de las potencialidades endógenas.
• Integración económica de carácter intersectorial, generalmente asociados a la puesta en marcha de redes productivas locales.
• Utilización de los recursos exógenos que pueden ser integrables al territorio.
• Incremento del empleo local y los ingresos.
• Mejora del nivel y calidad de vida de la población local.
• Participación activa de los diferentes actores implicados en el desarrollo local, bajo los principios de cooperación y coordinación.
• Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.
• Coherencia de los programas de gobierno propuestos por candidatos con los planes de desarrollo territoriales.

1. Ámbitos de acción y propuesta

• Establecer un pacto ético con todas las fuerzas sociales que estén decididas a salvar y defender el interés común.
• Impulsar prácticas que nos lleven a lograr la democratización de la participación ciudadana y de la institucionalidad, expresadas en la gestación de estructuras sociales que generen y apoyen la sostenibilidad del bienestar individual y colectivo.
• Promover la participación ciudadana mediante mecanismos en los que se escuche directamente su voz, mediante la activación de los instrumentos establecidos por la ley.
• Establecer procesos de diálogo para construir una propuesta de descentralización y de desarrollo local.
• Desmontar el entramado político y jurídico de concentración del poder, centralismo y corrupción.
• Diseñar herramientas de planificación, seguimiento y evaluación que se ajusten a las dinámicas y contextos locales y favorezcan a una adecuada gobernanza territorial que facilite el diálogo, la coordinación y acuerdos público-privados.
• Realizar una reflexión y potenciación de experiencias exitosas de mancomunidades y emprendimientos sociales de desarrollo local y beneficio colectivo, para rescatar creativamente procesos de descentralización desde el trabajo articulado y la gestión social territorial exitosa.

Propuesta

 Elaborar una propuesta de reforma del Cootad, CPyFP y Ley de participación ciudadana, Código de la democracia, Ley de ordenamiento territorial en los términos de darle realidad a la autonomía territorial, de regulación descentralizada de las “rectorías” en función de la inviolabilidad de los derechos, de estructuración de la gestión descentralizada, de autonomía en el manejo de los recursos propios, de compensación de las inequidades territoriales. Así como de empoderamiento social de las transferencias de competencias, de gestión mancomunada entre gobiernos locales, de revalorización de la ética en el quehacer público y de asegurar la incidencia efectiva de la participación ciudadana en el gobierno local.

• Gestar mecanismos de socialización y participación de instancias sociales interesadas en la construcción de la propuesta planteada:

• Mesas de consulta a la ciudadanía y organizaciones sociales en el afán de democratizar esta construcción.
• Integrar a las universidades para propiciar el aporte desde la academia.
• Abrir espacios de diálogo con AME, Congope, Conagopare y la cooperación técnica internacional.
• Abrir espacios para el aporte de los medios de comunicación al presente proceso.
• Formular y desarrollar un plan de comunicación e información.
• Generar la propuesta de mediano y largo plazo para exigir su cumplimiento a los candidatos a las diferentes dignidades de elección popular.
• Utilizar los mecanismos de participación establecidos en la ley para la construcción colectiva de la propuesta.

1. Análisis del entorno y reflexiones críticas

La corrupción, en sus diferentes representaciones, supone un mal intrínseco de la Administración Pública ecuatoriana. De igual manera, la participación privada en su fomento genera los incentivos de mercado para que la corrupción e impunidad se arraiguen con más fuerza. La falta de memoria histórica exige que el país, de manera continua, recuerde el impacto y pérdidas que estas actividades ilícitas han generado.

La lucha contra la corrupción e impunidad es tarea de todos. Constituye uno de los pilares de acción colectiva para la superación de la profunda crisis que vive nuestro país. Debemos trabajar en cambios a las leyes y las normas, a los procesos de contratación y verificación del gasto público, los acuerdos entre organizaciones nacionales e internacionales, la educación y la propia corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos.

2. Ámbitos de acción y propuesta

Esta propuesta está elaborada por organizaciones e individuos, que de manera voluntaria y en uso de su legítimo derecho de participar en temas de interés público respaldan diversas iniciativas anticorrupción que incidan en los espacios de decisión para erradicar la corrupción y la impunidad, desde la pluralidad y la democracia.

• Proyecto de ley para reconocer a la ciudadanía como víctima de la corrupción

La participación de la ciudadanía en los procesos de corrupción permitirá evitar la impunidad al complementar la acción de las entidades de control del Estado.

• Recuperación de activos

Debe instigarse a la ciudadanía y a los poderes públicos a que renueven los esfuerzos de recuperación de activos sustraídos por la corrupción. En el marco de esta actividad se han previsto las siguientes operaciones:

• Solicitud de sanciones de la Ley Magnitzky: por intermedio del Congreso y Senado estadounidense se puede lograr el congelamiento de los activos de individuos envueltos en actos de corrupción organizada.
• Trabajo con organizaciones de control del Estado (UAFE, SERI, Superintendencias, Fiscalía) para implementar mecanismos de recuperación de activos sobre la base de la identificación de productos financieros destinados a impedir el rastreo e identificación de los titulares de activos a escala nacional e internacional.
• Puesta en marcha de operaciones de cooperación internacional para rastreo y recuperación de activos, así como la extradición de personas en procesos por corrupción. Establecimiento de trabajos en conjunto con universidades, cámaras y demás actores de la sociedad civil, para profundizar el conocimiento sobre los mecanismos de envío, ocultamiento y uso de los fondos desviados por casos de corrupción.

• Coyuntura electoral

Es necesario apoyar iniciativas cívicas de diversas organizaciones: Participación Ciudadana, Grupo Faro, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Fundamedios, entre otras, que han desplegado propuestas que promueven el escrutinio ciudadano respecto de los y las candidatas a las próximas elecciones. Que se generen espacios de debates entre la ciudadanía y los candidatos; que se analicen sus propuestas de campaña, cara a cara, para solucionar los problemas que vive el país.

Asimismo, la lucha Contra la Corrupción y la Impunidad buscará enriquecer las propuestas electorales de los y las candidatas con elementos de lucha anticorrupción y acciones de recuperación de activos.

• Fomentar alianzas nacionales e internacionales para que acciones concertadas generen resultados

Se deben crear alianzas que analicen permanentemente la información relativa a la corrupción para que los casos pasados, presentes y futuros no desaparezcan de la memoria colectiva. El uso de estos datos permitirá generar una síntesis del impacto que aportará en el discurso, creando esa conexión con lo personal que permanece en la memoria de todos.

Estos datos no solo serán una herramienta comunicacional, sino el cimiento para impulsar la movilización social que dará como resultado la creación de políticas públicas para el control y la erradicación de la corrupción. Estos procesos deberán ser saludables, comprometidos y requerirán de un marco lógico que estructure el porqué, a dónde y con quién, para que, de manera objetiva, interconecte estos hechos con los efectos que crean en la población.

También permitirá generar una agenda que incluya la necesidad de extender los procesos al campo internacional, la cual se podrá compartir con los y las candidatos, así como con los partidos políticos como una propuesta desde la ciudadanía. Esta se convertirá en un insumo técnico sin tinte ideológico y que fácilmente pueda incluirse dentro de los planes de gobierno; inclusive que pueda crear una especie de coalición entre todos en contra de la corrupción.

Las alianzas estratégicas con la academia y las organizaciones de la sociedad civil tendrán por finalidad:

1. Compilar datos relativos a la corrupción;
2. Identificar vacíos normativos y la relación con la normativa subsecuente, que permite la acción u omisión que perjudica al Estado;
3. Identificar los mecanismos internacionales más apropiados, y ya existentes, para perseguir la naturaleza transnacional de la corrupción;
4. Desarrollar una agenda internacional que impulse el Estado ecuatoriano, tanto a escala regional, como mundial, para recuperar capitales, capturar prófugos de la justicia y conducir las causas penales de manera exitosa en los diferentes fueros donde estos se presenten;
5. Aplicación de estándares internacionales anticorrupción a los procesos institucionales y de contratación del Estado;
6. Identificar socios estratégicos de la comunidad internacional que apoyen al Estado ecuatoriano en sus esfuerzos contra la corrupción (p. ej., International Centre for Asset Recovery in Geneve, PACTO entre América Latina y la Unión Europea);
7. Generación de indicadores que visualicen el impacto de la corrupción en los cinco segmentos de desigualdad reconocidos por la Constitución (género, etnia, etario, socioeconómico y discapacidad); y cuáles son sus efectos colaterales: intimidación, violencia, sicariato, etc.
8. Generar un listado actualizado de los procesos judiciales por corrupción, cuantificar tanto los montos robados como el costo de oportunidad de las obras que no fueron realizadas a favor de la población.
9. Crear herramientas de alcance internacional que aporte respuestas en investigación, rastreo de fondos o activos, bloqueo de fondos, detención de denunciados, y extradición en los países cooperantes. Así se acortarán los tiempos de respuesta y la burocracia.

• Educación y movilización social

Frente a una sociedad apática ante los graves problemas que genera la corrupción y, sobre todo, la impunidad, a la incapacidad de las instituciones de control y justicia, a las prácticas corruptas de diversos sectores, se promoverá una gran estrategia de movilización social que busque sensibilizar, activar a los ciudadanos y sus organizaciones, a recuperar valores cívicos que no están siendo ni enseñados peor practicados, que contiene los siguientes ejes de acción:

1. Evitar la desmemoria, recordar permanentemente los casos, los sujetos, las actuaciones, las victorias, las frustraciones, la impunidad.
2. Educar, no solo en las aulas, educar también desde el ejemplo, en los diversos espacios. Lanzar una campaña nacional por los valores de la integridad, la transparencia, el respeto a lo público, el desprecio al corrupto y sus prácticas. Todos somos parte del cambio desde nuestro espacio de incidencia.

1. Análisis del entorno y reflexiones críticas

La covid-19 evidencia una crisis económica mundial. Ha descompuesto el tejido social sobre el cual están asentados los sistemas de producción e intercambio económico mundiales. Se prevé una caída del PIB mundial del 2020 con aumento de las tasas de desempleo, pobreza y desigualdad.

Además, el brote de la covid-19 está vinculado a la destrucción de los ecosistemas, los bosques y el comercio de animales silvestres. Asistimos a tres procesos interdependientes: ciclo de pandemias del siglo XXI, cambio climático e inequidad.

Esta pandemia deja al descubierto el fracaso del sistema alimentario nacional y mundial, con todos los peligros que representa para la salud y la vida, pues no puede responder a las necesidades nutricionales de la población, especialmente de la más empobrecida.

La salida de la crisis requiere que reformulemos el modelo agroalimentario actual y construyamos una nueva relación con los ecosistemas naturales.

En este contexto, la agricultura familiar campesina e indígena adquiere un valor estratégico. Entendemos por esta agricultura los sistemas de producción e intercambio fundados en el trabajo familiar dirigido por un jefe o jefa de familia, con el objetivo de asegurar la vida de la familia. Esta agricultura también puede ser comunitaria. La producción suele estar orientada al autoconsumo y al mercado. Se trata de una unidad de producción biodiversa que mantiene el equilibrio del ecosistema del que forma parte. Esta agricultura es una salida a la crisis actual porque puede producir bienes agropecuarios inocuos y, al mismo tiempo, asegurar el equilibrio de los ecosistemas naturales.

La gran mayoría de los productos agropecuarios del mundo se producen en economías nacionales y se consumen dentro de estas. El 70 % de los alimentos disponibles para la alimentación mundial proviene de la agricultura familiar campesina; en Ecuador sustenta el 70 % de la demanda de alimentos. El 80,4 % de los agricultores ecuatorianos son productores de 1 a 20 hectáreas.

En Ecuador la agricultura familiar campesina e indígena mantiene importantes relaciones con muchos sectores sociales que de ella dependen:

1. Todos los ecuatorianos, pues solo la agricultura campesina biodiversa puede asegurar el consumo de productos sanos e inocuos.
2. El coronavirus ha evidenciado la importancia de esta agricultura, pues la crisis sanitaria no hubiese podido manejarse si se hubiera interrumpido la producción de alimentos proveniente de la producción campesina. Además, se hace notoria la estrecha relación que existe entre la agricultura y la salud humana. La política pública de salud y los sistemas de salud preventiva necesitan fundarse en la agricultura familiar campesina biodiversa.
3. Las industrias de alimentos y de comidas también dependen de la agricultura familiar campesina, pues se abastecen de productos agropecuarios. El comercio que realiza la intermediación entre el campo y la ciudad y las exportaciones nacionales están alimentadas por productos campesinos de exportación, como el café, cacao y banano orgánicos, brócoli y quinua.
4. La biodiversidad de la finca campesina es condición necesaria de la conservación de los ecosistemas y de su riqueza genética. Las organizaciones ecologistas tienen una estrecha relación con la agricultura familiar campesina.
5. La mujer desempeña un rol esencial en esta agricultura, porque ella dirige la unidad de producción familiar y realiza el trabajo agropecuario. La mujer campesina trabaja en la siembra y la cosecha; además mantiene los conocimientos ancestrales de la agricultura y con esto es la guardiana de la semilla. Las mujeres en el campo asumen la doble carga laboral del trabajo doméstico y agrícola. Existen, pues, razones para que el movimiento de mujeres respalde el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y defienda los derechos de la mujer campesina e indígena.
6. La agricultura familiar campesina es una forma de vida y una cultura, que da cohesión a la nación ecuatoriana y es la base de la soberanía alimentaria. Los saberes ancestrales sobre la agricultura y la medicina indígena, afroecuatoriana y montubia, así como sus sistemas de práctica y usos de plantas y animales forman parte de la cultura de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.

Pese a la injusta distribución de la tierra, en la cual el 5 % de los propietarios concentran el 52 % de las tierras agrícolas, mientras que, en el otro extremo, el 60 % de los pequeños productores son propietarios del 6,4 % de las tierras, los campesinos/as han abastecido con alimentos frescos durante la cuarentena. Esto evidencia que se requiere de un proceso de reforma agraria para garantizar la soberanía alimentaria.

Las universidades y centros de investigación deben sumarse al desarrollo de la agricultura familiar campesina, reconociendo y aprendiendo de los aportes tecnológicos y conocimientos que los sistemas tradicionales han generado desde hace siglos, y no han sido valorados. La crisis desatada por el coronavirus evidencia la importancia de la investigación y la innovación participativa con nuevos enfoques y métodos que se apliquen sobre la economía agrícola, biología, agroecología, informática y tecnología mecánica para apoyar la transición hacia modelos más apropiados para la agricultura campesina y la sostenibilidad de los agroecosistemas.

La agricultura familiar campesina se revela, entonces, como una pieza clave del sistema social. Es el espejo en el cual pueden reconocerse unos a otros todos los sectores que componen el pueblo del Ecuador, desde los movimientos campesinos hasta las organizaciones de defensa del consumidor, pasando por las universidades, el movimiento indígena, las organizaciones ecologistas, la industria de producción de alimentos y comida, grupos exportadores, el movimiento de mujeres, las ONG de desarrollo rural, el movimiento cooperativista de ahorro y crédito, la clase media urbana, el movimiento sindical y los jóvenes rurales.

Cerca del 40 % de la población ecuatoriana está en el sector rural. El acceso a la educación, trabajo, seguridad social, salud, agua, alimentación y vivienda es más bajo en el sector rural que en el sector urbano. Esto se refleja en la tasa de pobreza multidimensional del INEC, la cual para 2019 es del 71% para el área rural y del 22,7% para el área urbana. La población rural está fuertemente ligada a la agricultura familiar campesina. La agricultura ecuatoriana es principalmente de pequeños productores. Estos representan aproximadamente el 84 % de los agricultores del país. Pese a esto, solo controlan el 20 % de la superficie agrícola nacional.

Aunque esta agricultura produce más del 70 % de los alimentos que consumimos, no tiene el apoyo que necesita para desarrollarse. Se evalúa la agricultura familiar con los patrones de la agricultura comercial de gran escala, sin considerar la eficiencia de la agricultura familiar en el uso de los recursos de la finca ni los costos ambientales que genera la agricultura de monocultivo de gran escala comparado con los servicios ecosistémicos que la agricultura familiar campesina proporciona. La tecnología agrícola disponible en el país es la tecnología de la Revolución Verde, hoy cuestionada en el mundo por la destrucción de los ecosistemas y el calentamiento global.

Los proyectos de apoyo a la agricultura familiar durante los últimos años han profundizado la dependencia de los pequeños agricultores respecto de los insumos agrotóxicos, el monocultivo y los mercados controlados por oligopolios transnacionales y por países que practican una agricultura de gran escala con la que no podemos competir.

La falta de conocimiento que tiene la sociedad en general respecto a las dificultades y malas condiciones que afectan a esta agricultura van desde el equivocado concepto de que es una agricultura ineficiente y poco productiva, hasta las malas condiciones de vida de las familias campesinas. Con respecto a lo primero, igual que en otras partes del mundo, la agricultura de pequeños productores campesinos es más eficiente y productiva que la agricultura convencional de grandes extensiones y monocultivo; además que esta agricultura familiar es considerada de importancia fundamental en la preservación de la biodiversidad y en el mantenimiento de los agroecosistemas.

Desde el punto de vista de condiciones de vida, se da la paradoja de que las condiciones de pobreza que vive el sector rural llevan a que los campesinos —productores de la mayor cantidad de alimentos para la sociedad entera— son los que registran las peores condiciones de alimentación y desnutrición infantil. Esto acompañado de muy malas condiciones para educación, salud y bienestar global.

Para construir un gran acuerdo nacional de apoyo al desarrollo de la agricultura familiar campesina se necesita un conjunto de políticas públicas, que deben ser el resultado de un consenso formado entre las organizaciones sociales representativas de todos los sectores sociales del Ecuador. A continuación, proponemos las siguientes políticas públicas.

2. Ámbitos de acción y propuesta

Políticas públicas para el desarrollo de la agricultura familiar campesina

1. Ecuador debe desarrollarse como un país megadiverso, que protege sus ecosistemas, las culturas y saberes ancestrales vinculados a la agricultura; que entiende su propio desarrollo a partir de los recursos y capacidades que esa megadiversidad encierra. El Ecuador posee récords mundiales en plantas y vertebrados y una de las densidades más altas de especies biológicas en América Latina. Esta biodiversidad tiene un valor incalculable, si se tiene en cuenta el desarrollo ya actual de la bioeconomía en el mundo.
2. El llamado a esta atención también se fundamenta en el objetivo estratégico como sociedad y como país de asegurar la disponibilidad de alimentos básicos para la población ecuatoriana, eso es seguridad y soberanía alimentaria.
3. El apoyo a la agricultura familiar campesina debe ser entendida como una política orientada a asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural y urbana del Ecuador, la soberanía alimentaria y la conservación de los ecosistemas nacionales, según establece la constitución de la República. Para esto se debe asegurar la aplicación efectiva de la Ley de Orgánica de Seguridad Alimentaria.
4. Los gobiernos provinciales son las instituciones llamadas a asumir plenamente las competencias que tienen en agricultura e infraestructura de soporte para apoyar el desarrollo de la agricultura familiar campesina.
5. Se debe impulsar la descentralización del Estado, para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) desempeñen adecuadamente sus competencias en desarrollo de la agricultura familiar campesina.
6. La descentralización del Estado debe ser entendida como una forma de construcción de territorios, dentro de los cuales se desarrolla la agricultura familiar campesina.
7. El buen desempeño de las competencias mencionadas debe contar con la participación de los movimientos y organizaciones sociales de campesinos e indígenas, que son los sujetos del desarrollo de la agricultura familiar campesina.
8. El Estado realizará inversiones para ampliar la cobertura de los sistemas de salud, educación y seguridad social en el campo, así como la calidad de estos, como condición necesaria del buen vivir rural. Estos servicios deben descentralizarse, llevando los centros de educación y de salud a las áreas rurales. Las inversiones en infraestructura hospitalaria en las áreas rurales deben priorizarse por encima de las inversiones en áreas urbanas.
9. Las tierras agrícolas del Ecuador deben estar cultivadas. Las tierras incultas debieran ser redistribuidas a pequeños productores (sostener las presiones urbanas y de agroexportación) de acuerdo con la legislación que se ha generado acerca de las tierras de producción agrícola y que, aun cambiando en textos legislativos, se encuentra vigente desde hace más de medio siglo en el país.
10. Deben tomarse en cuenta las implicaciones de los acuerdos comerciales y los riesgos para la agricultura familiar.
11. Se fortalecerá el sistema de cooperativas de ahorro y crédito rurales, bancos comunitarios, cajas de ahorro y crédito rurales para abastecer de servicios financieros a la agricultura familiar campesina. Es necesario que las condiciones del crédito se ajusten a la situación de los productos agropecuarios, y que la tasa activa de los créditos agrícolas descienda para que cese la extracción de excedentes de la agricultura familiar campesina y esta pueda capitalizarse.
12. El Estado financiará la investigación agropecuaria de las universidades y centros de investigación, privados y públicos, para estudiar la agricultura familiar campesina y los ecosistemas en los cuales esta se encuentra ubicada.
13. Se preservará la propiedad intelectual de las investigaciones de los ecosistemas nacionales. El Estado ecuatoriano retendrá la propiedad intelectual de las investigaciones referentes a la riqueza genética de los ecosistemas nacionales. Se combatirá la biopiratería.
14. Las organizaciones privadas de desarrollo rural promoverán tecnologías apropiadas para la agricultura familiar campesina y los servicios de asistencia que requiera. El Estado apoyará un sistema de organizaciones privadas de producción de tecnología y asistencia técnica a la agricultura familiar campesina.
15. Se reconocerá el valor y se promulgará la agroecología para el desarrollo de la agricultura familiar campesina y la preservación de los ecosistemas naturales.
16. Se fortalecerán los sistemas de comercialización y ferias de la producción campesina desarrollados por las organizaciones de productores, así como los mercados virtuales de productos agropecuarios, que acerquen a los productores agrícolas y a los consumidores urbanos, para eliminar la cadena de intermediarios y elevar los ingresos de los productores agropecuarios.
17. El apoyo al desarrollo de la producción orgánica de exportación certificada de pequeños productores será una prioridad. El Estado ecuatoriano apoyará a organizaciones privadas especializadas en inteligencia de mercado para abrir nuevos mercados de productos orgánicos.
    Incorporará las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC) a los procesos de desarrollo socioeducativo rural que permita conectar a las familias agrícolas con la comercialización y desarrollo global. El uso de las TIC también se incorporará a la tecnología apropiada a los pequeños productores para potenciar la capacidad productiva mediante el uso de métodos de agricultura de precisión y de los desarrollos actuales de inteligencia artificial.
    Se garantizará el acceso a los recursos hídricos y el establecimiento de sistema de riego adecuados.
    Se facilitará la provisión de alimentos provenientes de la agricultura familiar campesina para atender los servicios públicos como alimentación escolar, centros de cuidado infantil, de adultos mayores y otros.
18. Las políticas públicas propuestas son consistentes con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, emitida el 28 de septiembre de 2018.

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Fundación Esquel arranca el 2020 con nuevo Director Ejecutivo. Humberto Salazar es la persona designada por la Junta de Esquel para liderar la organización hacia un nuevo ciclo, en el cual, la innovación social, tecnologías cívicas y la inteligencia colectiva estarán muy presentes en el accionar institucional. Por su parte, Boris Cornejo, seguirá en la institución cumpliendo roles de asesoría y acompañamiento en iniciativas estratégicas de la organización.

"Empezamos una nueva etapa, y nuestro compromiso será seguir trabajando con pasión, alegría y calidez para traer el futuro al presente. Y esto significa volcar nuestro día a día a la construcción de oportunidades con espíritu optimista, con espíritu innovador y emprendedor. En Esquel impulsamos iniciativas que transforman vidas. Ese es el verdadero valor que da sentido a que nuestra organización deba sostenerse y conquistar el tiempo. Esta nueva etapa será para crear condiciones y construir peldaños que nos lleven a internacionalizar nuestros esfuerzos. Una sociedad planetaria exige a los agentes de cambio acciones locales y globales, acciones que prioricen el trabajo compartido, en redes, en alianzas que dejen a quienes se involucran una experiencia de crecimiento y esa visión va a guiarnos como un faro. Para que las cosas ocurran se requiere cabeza fría y una alta dosis de realismo para hacer viable lo imaginado. Pero también es cierto que ninguna cumbre o utopía se conquista sin un sueño o anhelo profundo que la preceda. En nuestro caso, nuestro anhelo se sustenta en treinta años de trabajo acumulado que nos dejan como activos un cúmulo de experiencias e instrumentos útiles, replicables, valiosos para aquellos que trabajan desde y para la gente".

- Humberto Salazar, Director Ejecutivo de Fundación Esquel