Un llamado para que la sociedad civil se active con espacios de participación y fiscalización de la política, recuperación de los valores y a tener un voto consciente e informado fueron algunas propuestas vertidas este 24 de septiembre de 2020 en el foro: “Análisis de coyuntura política - electoral”, organizado en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, una iniciativa que impulsa Fundación Esquel junto a 80 organizaciones sociales.
El encuentro virtual contó con la participación de Maritza Cárdenas, activista social, becaria de la Fundación Esquel en el Programa de Mujeres en la Política y Patricio Haro, Ph.D en Ciencias Sociales y coordinador de Asocie. El espacio estuvo conducido por Juan Francisco Mora y Aracelly Calderón.
A manera de diagnóstico, ambos participantes coincidieron en que el país vive una crisis generalizada de valores que ameritan fortalecer y generar alianzas entre la academia, el Estado y la sociedad civil para trabajar en un Pacto Social para el bien común.
En ese marco, Cárdenas aseguró que se debe activar a la sociedad, llevar a cabo diálogos para generar consensos y superar los disensos entre los actores que, a su criterio, están polarizados. “No hemos podido llegar a un pensamiento de centro que permita el bien común para todos. Cualquier ideología radical no es ideal para ejercer la democracia”, apuntó la activista para quien aún falta trabajar en alianzas, propuestas claras y no demagógicas.
En ese sentido, Cárdenas cree necesario que la sociedad civil fiscalice el quehacer de la política para dar seguimiento al cumplimiento de los planes de gobierno que los partidos y movimientos políticos presentan y así exigir una formación y capacitación continua de quienes van a ser los administradores de las distintas dignidades públicas. También hizo un llamado a las mujeres a involucrarse más y no tener miedo a la política
De su lado, Haro expresó la necesidad de la participación de la gente en la política. “La participación activa del ciudadano al interior de la vida del Estado es demasiado importante como para dejarla solo a los políticos”, apuntó. En ese sentido, dijo que, ante la coyuntura electoral, se debe exigir a los candidatos ese bien común para los ecuatorianos que lamentablemente no ha estado presente, pero que se debe actuar en favor de la recuperación de los valores.
“Invito a los ciudadanos estar pendientes de la campaña y las propuestas políticas, que participen activamente en estos procesos electorales para evitar que sigamos viviendo en estas circunstancias”, concluyó el experto, para quien recuperar los valores es muy importante para no seguir agudizando la cultura de la corrupción y asegurar un mejor país para las siguientes generaciones.
Un total de 41 propuestas concretas para mejorar la educación primaria, secundaria y superior están listas por parte de la Mesa de Educación del Pacto Social por la Vida y el Ecuador como resultado de los diálogos y el trabajo que viene haciendo desde hace tres meses con diversas organizaciones de la sociedad civil y actores que trabajan en este sector.
Juan Nicolás Alvarado, quien coordina esta Mesa y es además estudiante de derecho y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Azuay aseguró que el trabajo ha sido fructífero, y que desde un inicio han habido consensos. “La educación y la salud son derechos irrenunciables que el Estado está obligado a garantizar y están en situación de prioridad, a diferencia de otros derechos”.
En ese sentido, comentó que la Mesa de Educación -conformada por representantes de federaciones estudiantiles, sector público, académicos, docentes primarios, secundarios y universitarios- han creado dos comisiones para la elaboración de diagnósticos y propuestas. La primera, centrada en educación primaria y secundaria, y la segunda, en educación superior.
Alvarado destacó los ejes de las propuestas. Por ejemplo, para la educación primaria y secundaria, mencionó que las soluciones están orientadas al acceso al sistema educativo y tecnológico; la flexibilización de las mallas curriculares; la inversión del Estado en la educación, y la capacitación docente y mejoramiento de las condiciones de trabajo. Para la educación superior, destacó el acceso a las universidades, la oferta universitaria y alternativas educativas así como la importancia de descentralizar a la educación para que sea un eje articulador.
Para el Coordinador de la Mesa, el siguiente paso será socializar las propuestas, convocar a grupos que históricamente han sido excluidos y articular estas soluciones en conjunto con las otras Mesas del Pacto Social como la Mesa de descentralización para lograr propuestas contundentes que lleguen a más sectores de la sociedad.
En diálogo con Paulo Freire, docente, doctor en Humanidades y parte de la Mesa de Educación, cree que este es el momento en el que el país necesita de un espacio de diálogo como este, con la presencia de distintos actores y miradas.
Sobre las propuestas, Freire -quien se encarga de articular la comisión de educación superior- destacó la necesidad de contar con un presupuesto adecuado, sin recortes, para generar conocimiento. “No se puede hablar de educación de calidad sin un presupuesto adecuado y sin regresar la mirada al contexto local y del país”.
Para el académico, quien también tiene una maestría en antropología, es indispensable que la sociedad camine en la misma dirección que la academia y que esta se identifique con ese espacio y que se regrese a la idea de que la Universidad es el corazón de la sociedad.
En otro tema, Freire mencionó que la pandemia mostró las desigualdades que han estado naturalizadas, como el acceso a las tecnologías y al conocimiento, por lo que cree que se debe dar una reestructuración de la sociedad, en donde la Universidad debe jugar un papel central.
En ese aspecto coincidió Rosa Hurtado, investigadora, experta en temas educativos, y quien lidera las propuestas de educación primaria y secundaria. Hurtado destacó que hay dos enfoques en las propuestas; uno orientado a hallar soluciones inmediatas frente a la problemática actual con la emergencia sanitaria y otro, enfocado en soluciones a mediano y largo plazo sobre repensar el modelo educativo actual.
“En lo urgente, hay que mirar que las políticas y directrices que se están dando en este momento ponen en riesgo el acceso a la educación. Son cerca de un 30% de jóvenes que no pueden acceder al sistema”, apuntó Hurtado, para quien es fundamental mejorar la conectividad y el acceso a estas tecnologías, así como establecer programas que permitan a los chicos con dificultades superar esta situación.
En cuanto a lo segundo, Hurtado cuestionó la homogeneización de la educación sin que se tomen en cuenta las diferencias culturales y geográficas de los estudiantes a lo largo del territorio ecuatoriano. “La política pública de educación trata de homogeneizar a todo el País como si no hubiera diferencias, haciendo que se pierda el contenido y se quite la posibilidad de que los chicos aprendan a partir de lo que viven y experimentan desde su contexto antropológico y social”, apuntó.
En cuanto al trabajo de la Mesa, sus integrantes tienen altas expectativas de llegar con las propuestas a la sociedad y a los tomadores de decisiones, así como a los candidatos, para que puedan reflexionar en torno a la importancia de la educación y el mismo hecho de que la sociedad pueda exigir el cumplimiento de este derecho.
Descarga las propuestas de la Mesa de Educación.
Vetar el Código Orgánico de la Salud (COS) y discutirlo de manera amplia, y no centrándose en pocos artículos polémicos. Esas fueron las recomendaciones vertidas este 17 de septiembre de 2020 en el foro digital: “Reflexiones sobre el Código Orgánico de la Salud” que se realizó en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador que lidera Fundación Esquel y 80 organizaciones de la sociedad civil.
El foro contó con la participación de Silvia Buendía, abogada, defensora de los derechos de la diversidad sexo genérica y de los derechos de la mujer y Pedro Isaac Barreiro, médico salubrista, especialista en seguridad. Moderaron el panel Aracelly Calderón y Ángela Fonseca.
Barreiro fue enfático en señalar que el COS debería ser vetado por completo y que, pese a que ha tomado cerca de nueve años en su elaboración, no ha sido formulado por personas idóneas y con conocimientos adecuados y pertinentes sobre lo que significa la salud. Para el experto, la salud es un tema integral que no puede ser reducido a un único cuerpo legal.
En ese sentido, Barreiro mencionó que la salud no tiene que ver exclusivamente con temas médicos u hospitalarios, sino que está estrechamente articulada a la educación; el desarrollar hábitos alimenticios sanos, al trabajo, etc.
Respecto al contenido del Código, Barreiro cuestionó que existan algunas distorsiones y puso como ejemplos el artículo 12 del proyecto de Ley que, de ser aprobado, consagraría el derecho del paciente a aceptar o rechazar un diagnóstico médico, así como la escasa importancia a la salud mental con apenas tres artículos dedicados a la misma, frente a varios artículos que se refieren a sanciones.
De su lado, Buendía lamentó la polémica surgida frente a este Código, debido a que las redes sociales y plataformas mediáticas han estado enfocadas en sólo cinco artículos de los más de 400 existentes sobre temas de derechos que, según la experta, no se debaten, son garantías que se cumplen.
En su criterio, esa situación ha generado una desproporción en la polémica que, en definitiva, incentiva a un posible estado de vulneración y retrocesos de derechos. “Si bien cada persona tiene derecho a tener sus propias creencias religiosas, estas no pueden propiciar la vulneración de derechos humanos fundamentales como el acceso a la salud, o tener una educación de calidad”, apuntó Buendía.
“Hago un llamado a las mujeres que votamos, a que no votemos por aquellos políticos que son verdugos de nuestros derechos”, dijo la abogada, para quien lo más importante es estar mejor informados para tener mejores herramientas que permitan defender los derechos de las mujeres que ya están garantizados en la Constitución.
“A los asambleístas que no entendieron o no leyeron el Código, si se lo llegara a vetar, esas garantías persisten; está el secreto profesional, la objeción de conciencia. Esto no va a cambiar porque haya el veto en los artículos cuestionados”, concluyó la activista.
Generar aportes desde la juventud, organizarse en espacios de reflexión y tener un voto consciente e informado, fueron algunas de propuestas de líderes estudiantiles, durante el foro Jóvenes y política, organizado este 10 de septiembre de 2020 por Fundación Esquel, en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador.
El foro virtual contó con la participación de Jorge Delgado, vocero del Frente Amplio Estudiantil en la provincia del Guayas; Fernando Bastias, activista por los Derechos Humanos y Esteban Valencia, coordinador General de la Organización Juventudes de Quito. Condujeron el encuentro: Wilmer Romero y Anaís Córdova.
Respecto a la coyuntura electoral y lo que se podría esperar de los candidatos en los comicios de 2021, Delgado aseguró que es necesario que los jóvenes adquieran conocimiento para poder generar aportes a la política, desde la juventud. “Los jóvenes debemos generar aportes hacia la sociedad y debemos tener ese grado de conciencia y empatía política”, apuntó el líder juvenil, para quien es muy importante generar un voto consciente y estudiar todas las propuestas de los candidatos para evitar ser engañados con promesas populistas.
De su lado, Bastias cuestionó la existencia de una actitud impávida de los jóvenes ante la política electoral debido a la falta de esperanza que brindan los candidatos. “El rol del joven en la sociedad es para criticar, transformar (...) es un llamado fuerte a los jóvenes, ya que no sirve de nada que participemos en política si vamos a dar el mismo discurso de los que nos antecedieron. El joven tiene que generar crítica, antes, durante y después de llegar al poder”, dijo Bastias, para quien los espacios de diálogo, reflexión y crítica son vitales para lograr cambios ante los problemas.
Finalmente, Valencia apuntó a que la juventud debe entenderse como un grupo de población que es plural, diversa e incluyente, por lo que se debe exigir a los candidatos a las distintas dignidades que tomen en cuenta a este y otros grupos vulnerables y que sean conscientes de que el servicio público es un servicio comunitario.
“La política es el ejercicio del poder y el poder es la posibilidad que tenemos para cambiar y mejorar las condiciones de vida de la gente (...) Es necesario que los jóvenes nos organicemos, que podamos confluir en las organizaciones de hecho y de derecho y que busquemos un voto consciente e informado”, concluyó.
Evitar antagonismos, responder a las demandas ciudadanas y recuperar la política fueron parte de las ideas vertidas durante el foro: “¿Es posible un pacto político?”, llevado a cabo este 3 de septiembre de 2020, en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador. Una iniciativa liderada por Fundación Esquel junto a 80 organizaciones sociales.
El foro virtual contó con la participación del politólogo y catedrático universitario, Gabriel Hidalgo y el abogado y máster en análisis político, Giuseppe Cabrera, bajo la conducción de César Ulloa y Alexandra Jaramillo.
Respecto al panorama electoral actual, en donde el Ecuador tendrá que elegir a un presidente, vicepresidente y asambleístas en febrero de 2021, los expertos coincidieron en que existe incertidumbre, dispersión y fragmentación política y una desconfianza en la ciudadanía, tanto entre los organismos de control, como electorales.
Cabrera aseguró que las elecciones venideras se parecen a las que el Ecuador tuvo en 2006. “Estamos ante un momento en que las instituciones están desacreditadas, las alianzas que se dieron hacen sentir a la gente desconfianza, los partidos cuestionados y los índices de aprobación son bajos en el Legislativo. Esto presenta un escenario de incertidumbre. Hay tres tendencias claras, pero es indudable que vamos a tener una legislatura más fragmentada y polarizada de lo que hemos estado acostumbrados”, apuntó.
Según Cabrera, ante este panorama, existe el riesgo de que podamos tener una radicalización o polarización entre la izquierda y la derecha, por lo que cree necesario no dejarse llevar por antagonismos políticos como el correísmo o anticorreísmo.
“La gente está pensando en demandas insatisfechas, crisis sanitaria, corrupción. Los partidos deben empezar a responder por esas demandas ciudadanas y el elector debe ejercer ciudadanía de manera responsable, conocer sus obligaciones como el ejercicio democratico del voto e interesarse por lo que pasa en el país”, señaló el analista.
De su lado, Hidalgo coincidió en que las condiciones de la política podrían repetirse ya que hay un declive de las ideologías y un momento de clausura de un ciclo político. Sin embargo, Hidalgo recalcó que no hay forma de eliminar a las ideologías, porque estas son la base de las ideas que responden a cierta lógica y, a su criterio, en la política, las ideologías tienen que responder a cierto orden, aunque cree que en el momento actual se corre el riesgo que las opciones se extremen entre la derecha y la izquierda.
Para el catedrático universitario, es necesario recuperar la política para que los individuos puedan confluir libremente en democracia y en acuerdos. En ese sentido, cuestionó al correísmo y al populismo por incluir y necesitar siempre de un elemento de disputa o de un antagonista que fractura a la sociedad en dos. “Yo arrancaría ese elemento”, apuntó. .
Para Hidalgo es muy importante volver a confiar en la política como un proceso de construcción de un Estado desmantelado. “Debemos participar todos en el rol que nos corresponde para recuperar la Patria que nos arrebató la antidemocracia. Es el retorno de la política. Nos corresponde elegir responsablemente y pensando en el futuro de la sociedad”, concluyó Hidalgo.
Que las universidades se conecten con las necesidades reales que tiene el entorno social y que se construya un modelo educativo desde nuestras diversidades interculturales, fueron algunas propuestas hechas este 27 de agosto de 2020, en el foro virtual: “Un pacto por la educación”. El espacio se realizó en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador que lidera Fundación Esquel junto con 80 organizaciones de la sociedad civil.
En el panel participaron: Juan Nicolás Alvarado, estudiante de Derecho de la Universidad del Azuay y presidente de la UDAFE; María Belén Quintanilla, presidenta de la FEUE de la Universidad de Cuenca y Paulo Freire, docente universitario e investigador en las áreas de educación y salud. El foro fue conducido por César Ulloa y Wilmer Romero.
A manera de diagnóstico, los panelistas coincidieron en que la pandemia y la crisis sanitaria agravaron la situación de la educación en el país. Sin embargo, la educación ya estaba en una situación crítica antes de la misma, sobretodo, en aspectos como: el limitado acceso de los estudiantes a las instituciones de educación superior, las brechas en el acceso a la tecnología y recortes presupuestarios.
Para Alvarado, “la crisis sanitaria fue la gota que derramó el vaso en muchos aspectos que ya estaban en una situación crítica y uno de ellos fue la educación”.
Al respecto, este estudiante, quien es parte de la Mesa de Educación, dentro del Pacto Social, cuestionó la falta de coordinación del ejecutivo y la dependencia de las entidades de enseñanza superior, con el Ministerio de Finanzas.
Una de las propuestas es recuperar programas educativos que se perdieron con los recortes presupuestarios; fomentar la formación pedagógica de los docentes, trabajar en mallas curriculares acordes a la realidad de cada localidad y que exista una verdadera conexión de la academia con la sociedad, para formar profesionales según las necesidades productivas y así lograr un crecimiento del país.
De su lado, Quintanilla fue enfática en que se debe poner especial atención al tema del acceso a las universidades y a la tecnología. La dirigente estudiantil cree que se está vulnerando la progresividad de los derechos, al no permitir que muchos jóvenes continúen con su formación académica. “Parece que este sistema educativo ha sido programado para el fracaso y la exclusión”, apuntó.
En otro aspecto, Quintanilla cree que, además de mejorar el presupuesto que se asigna para educación, las universidades estatales deben transparentar su gestión administrativa para que sean más eficientes y para que la gente confíe en su gestión y defienda a la educación.
Finalmente, Freire aseguró que se desconocen las necesidades de las universidades, de los docentes y de los estudiantes, por lo que deberíamos caminar hacia una educación multicultural. “Es momento de vernos a nosotros y ver las necesidades de nuestro territorio y poblaciones”, añadió.
Para este docente, es fundamental que la academia regrese su mirada a la comunidad, a la investigación y en volver a pensar en la sociedad. “Transformar la educación nos va a costar muchísimo pero se puede lograr, siempre y cuando nos miremos a nosotros mismos como ese modelo a seguir (...) Eso es posible y nos va a costar, pero para esto es necesario espacios de convergencia ciudadana desde varios sectores”, concluyó.
Manejar una comunicación transparente, que la toma de decisiones se haga de manera informada y trabajar en un gran acuerdo nacional de salud para garantizar su acceso, son algunas propuestas hechas este 20 de agosto de 2020 por parte de expertos que participaron en el foro: “Un pacto por la salud”, organizado por fundación Esquel en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador.
En el encuentro virtual participaron: Fernando Sacoto, médico salubrista y exsubsecretario de Salud; Ruth Jimbo, docente y subdecana de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Ecuador y Esteban Ortiz, médico experto en salud pública y salud global. Moderaron el panel: César Ulloa y Aracelly Calderón.
A manera de diagnóstico, hubo coincidencias respecto a que la rectoría del sistema de salud está fragmentada, poco consolidada y desarticulada, y en que el sistema se privilegia un enfoque ligado a la atención de enfermedades, por sobre un enfoque de prevención. Todas estas falencias fueron desnudadas durante la pandemia.
Para la doctora Jimbo, es imperativo articular el sistema de salud, trabajar por la gobernanza y un financiamiento adecuado que garantice la provisión y ampliación de servicios. En lo macro Jimbo también recomienda que se transparente la comunicación y que la toma de decisiones se den de manera informada y con evidencia científica.
De su lado, el doctor Ortiz coincide en la necesidad de que las decisiones se tomen de manera técnica e informada, pero cree que se debe dar mayor apertura a la academia y que se escuchen las voces de los científicos. Al respecto, cuestionó que al inicio de la pandemia no se dio una información transparente, lo que llevó a que la ciudadanía no confíe en la autoridad sanitaria. “No vi una estrategia a largo plazo”, dice Ortiz.
Para el experto, pese a que hubo cambios positivos y se dio alguna apertura a la academia, todavía el diagnóstico en cuanto a los casos de COVID-19 es deficiente ya que el acceso a pruebas gratuitas para la población es muy limitado.
Finalmente, Sacoto cree que la base comunitaria ciudadana tiene que ser potenciada, al igual que la comunicación, que debería ser más cercana con la población y los jóvenes.
Sacoto añade que, entre las causas de todas estas carencias del sistema, se suman los actos de corrupción. “La corrupción sistemática que existía desde hace algunos años, pero que en el último tiempo ya fue prácticamente una causa de vergüenza nacional, es el hecho que, frente a una hipotética situación de busca de gobernabilidad, se haya entregado hospitales a un manejo absolutamente inmoral e ineficiente…”
Para el experto, lo más importante ahora es trabajar en un acuerdo nacional por la salud que fortalezca los puntos débiles de manera urgente. “Hay que garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, hacer efectivo el derecho a la salud que ordena la Constitución”, concluye.
Un millón de ecuatorianos están en el desempleo, según la última cifra presentada por el INEC hasta junio de 2020, mientras que se cuantifican en USD 23 mil millones de dólares las pérdidas en el sector productivo a causa de la emergencia sanitaria.
Frente a este panorama, la Mesa de Economía del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador -una iniciativa que lidera Fundación Esquel junto a 80 organizaciones sociales- lleva dos meses trabajando en encontrar soluciones concretas para salir de la crisis.
Este grupo ciudadano -conformado por una diversidad de actores provenientes de la academia, el empresariado, la sociedad civil, cámaras productivas, ecologistas, entre otros- se ha planteado cuatro ejes macro dentro de la propuesta económica como: la recuperación económica inclusiva y solidaria; la superación de la insostenibilidad fiscal; el fortalecimiento de la red de protección social y efectivizar un proceso de transición ambiental.
“Ecuador necesita una reactivación económica de la mano con la protección de la salud; superar la insostenibilidad fiscal con medidas de ingresos vía reforma tributaria integral y racionalización de gastos públicos, que preserven derechos sociales; fortalecer un amplio y eficiente sistema de protección social para amplios segmentos sociales golpeados por la informalidad y el desempleo e, implementar una transición energética a partir de la electricidad hidroeléctrica, una sólida protección ambiental y el consumo responsable de los ciudadanos”, se resume en la propuesta.
En diálogo con Santiago García, Doctor en economía, catedrático de la Universidad Central y quien es parte de la iniciativa menciona que, siendo la economía una función fundamental para la vida y las sociedades, es imperativo encontrar consensos y puntos mínimos de acuerdo, sin ir a extremos ni con sesgos ideológicos o políticos.
“En la Mesa hemos planteado que esta es una crisis multifacética, disruptiva, por lo que las soluciones también tienen que ser alternativas, con una visión más integral de los problemas. Si el enfermo sufre de varios males, el esfuerzo es integral y eso es lo que planteamos”, apunta.
García destaca la pluralidad de la Mesa que les ha permitido encontrarse y hacer propuestas desde esas diferencias. “Ha quedado demostrado que es posible ponernos de acuerdo, que se puede renunciar a ciertos planteamientos para encontrar las soluciones sobre la base de objetivos comunes”.
El catedrático pone como ejemplo que se han llegado a acuerdos en torno a propuestas relacionadas a la soberanía alimentaria, en consenso con el sector empresarial, o el hecho de plantear reformas al sistema financiero para que las tasas y créditos tengan costos razonables, con el visto bueno de este sector. “Siempre hay caminos”, subraya.
Para García, un tema fundamental dentro de la propuesta es la reactivación económica y productiva que, a su criterio, es clave ya que es, a través de ella se puede incrementar la demanda, el consumo y generar ingresos.
En cuanto a las expectativas que tiene sobre la propuesta, el catedrático cree que la sociedad no debe ser exclusivamente “un consumidor político” que espera de la oferta de los políticos, sino que el proceso debe ser a la inversa: los políticos tienen que asumir las agendas que se plantean desde la ciudadanía.
“Que los partidos de alquiler no sigan imponiendo las agendas (...) hay que ser claros, que la ciudadanía organizada sea la actora de su propio desarrollo. Hay que ir ganando esta batalla comunicativa y de educación, que los políticos dejen de poner sus agendas y prioridades”, concluye.
De su lado, Diego Proaño, director de Producción de Tungurahua, y catedrático universitario, destaca el espíritu colaborador de la Mesa y el hecho de que se estén trabajando propuestas desde la diversidad y en consenso. “Ya no se puede ser un actor pasivo y criticar sin dar soluciones”, dice Proaño.
Para el académico, si bien todos los ejes planteados dentro de la propuesta son importantes, cree que el más destacable es el eje de la producción, generación de empleo y consumo. “Hay que buscar alternativas para que la empresa, los emprendedores, micro empresarios y autónomos tengan opciones para bajar la presión tributaria que en este momento llega al 21%. Una vez que se estimula al sector empresarial también se estimula el empleo”, dice.
Otro aspecto de la propuesta que destaca Proaño es el tema de tasas de interés que, a su criterio, deben revisarse y disminuir. “El 70% de las familias ecuatorianas tiene deudas. Así como los multilaterales bajan tasas a los países deudores, los bancos deberían hacer lo mismo para que las familias tengan holgura y liquidez”.
Finalmente, Proaño espera que estas propuestas no se queden en el papel, y que la ciudadanía pueda seguir aportando y debatiendo para poder llegar a los actores políticos y de gobierno y que sean estos quienes incluyan las propuestas dentro de sus agendas, y no al contrario.
La propuesta en cuatro ejes:
Somos una iniciativa ciudadana. Conformado por organizaciones e individuos. Una gran plataforma cívica que aglutina promueve y respalda a diversas iniciativas anticorrupción, en todo el país.
Es un espacio de encuentro; para iniciativas que buscan construir un plan nacional. Con propuestas, ideas movilizadoras, compromisos, y democracia. Constituirá un foro de foros: cna, abogados, veedores, denunciadores, temas de política pública y experiencias internacionales.
Defendemos la lucha anticorrupción como uno de los pilares de acción colectiva primordiales para la superación del contexto actual del país. Sosteniendo una presencia oportuna y eficiente, además de fomentar una alianza con los medios y crear de un medio digital con identidad para la plataforma.
Nuestro equipo es:
Trabajamos en el empoderamiento e incidencia política ciudadana; la construcción de procedimientos para el control y erradicación de la corrupción, la construcción de alianzas, la elaboración de leyes y normas para el apoyo a las denuncias; así como en observatorios de control a procesos institucionales.
No permitiremos que se pierdan en el olvido, los casos, los sujetos, las actuaciones, las victorias, las frustraciones, ni la impunidad.
Todo debe nacer en el educar, educar y … educar, desde el ejemplo, en los diversos espacios, creando una campaña nacional por los valores de la integridad, la transparencia, el respeto a lo público, el desprecio al corrupto y sus prácticas.
El control desde la sociedad civil es primordial, más allá de la institucionalidad y toda la normativa debe promoverse la INTEGRIDAD
Reflexiones sobre la descentralización, la democracia, el autoritarismo y la necesidad de pensar en nuevos modelos de desarrollo que permitan el resurgimiento de lo local fueron expuestos este 13 de agosto de 2020 en el foro: “Por un verdadero desarrollo local”, desarrollado en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador que impulsa fundación Esquel, junto a 80 organizaciones de la sociedad civil.
En el foro participaron, desde Cuenca: José María Egas, ingeniero y analista en gestión pública, y Tarquino Orellana, abogado y exprocurador síndico municipal. Condujeron el espacio, Aracelly Calderón y Cristina Almeida.
Orellana afirmó que la idea de la descentralización podría ser pensada desde un reclamo histórico pendiente, como una posibilidad abierta que genera expectativas de un proceso que ha sido interrumpido y frustrado de un Estado que ha estado dispuesto a ceder competencias pero no recursos. “El Estado centralista, en temas de concentración económica, tiende a ser un rentista y especulador, y en el régimen político, un Estado clientelar”, apuntó Orellana.
Orellana cuestionó, que si se administran los recursos, y se especula con ellos, se desarrolla una relación clientelar con los distintos organismos, dando paso a una relación de subordinación. “Un Estado concentrador y totalitario se vuelve un Estado inviable. Esto es lo que estamos sufriendo, no hay posibilidades para los desarrollos e iniciativas locales”, mencionó el experto.
Sobre una posible solución, Orellana cree que es imprescindible una gran voluntad política para tratar estos temas y pensar en nuevos modelos de desarrollo, desde la localidad. “Deberíamos asumir una iniciativa de ruptura con el Estado bipolar que tiene el Ecuador, concentrado políticamente en Quito, y económicamente en Guayaquil, interfiriendo en el desarrollo de otras regiones”.
De su lado, Egas se refirió a la crisis que vive el Ecuador y el mundo, agudizada por la pandemia y que pasa, según dijo, por tres rupturas: la ética, la ambiental y la política. Esta última, atravesada por prácticas clientelares para con los órganos públicos a los que subordina, donde las necesidades locales se ven invisibilizadas por el centralismo.
En ese marco, Egas cuestionó al “Estado unitario” que, a su criterio, no reconoce que somos un Estado diverso, plurinacional y pluriétnico y que cuyas diferencias son vistas como una amenaza que, a su vez, merma la participación ciudadana.
“Necesitamos democratizar la vida, la institucionalidad del Estado, en donde entra la descentralización. Democratizar la propia democracia en términos de participación social y la recuperación de la política. Debemos tener un Estado descentralizado y buscar un modelo que nos augure un mejor futuro”, apuntó.
Para Egas, las competencias se distribuyen desde las expectativas, posibilidades y contradicciones de los niveles de gobierno, pero no recogen las aspiraciones o necesidades ciudadanas que, al parecer, han caído en un ejercicio metodológico que no responde a esas expectativas.
“Si queremos pensar en una nueva forma de Estado, o democracia, debemos recuperarla desde un nuevo sentido de participación, y no desde el clientelismo, o negociación de recursos, sino de repensar el territorio y el futuro”, concluyó.
Construir una agenda económica consensuada y dar un giro para que sea la sociedad la que proponga los temas a los políticos, fue una de las propuestas hechas este 6 de agosto de 2020 en el foro virtual: “Hacia un Pacto en la economía”, en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador. Una iniciativa que lidera fundación Esquel, junto a 80 organizaciones sociales para dar respuestas urgentes a los problemas que enfrenta el país.
En este diálogo participaron: Santiago García, docente de la Universidad Central del Ecuador; Soraya Rhea, decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica del Norte, y Diego Proaño, docente en la Universidad Técnica de Ambato. Moderaron este diálogo Beto Salazar y Aracelly Calderón por Fundación Esquel.
García enfatizó en que el Ecuador merece que se propongan alternativas, y que un ingrediente importante es la participación de la sociedad. En este caso, desde la mesa de economía se propone un pacto social por la recuperación económica y la generación de empleo. “La propuesta gira alrededor de una agenda económica consensuada. Este país necesita entendernos de una forma plural. Necesitamos plantearnos un pacto social multinivel”, apuntó García.
El experto se refirió a la necesidad de una recuperación inclusiva y solidaria que abarque aspectos como; acuerdos con el sistema financiero para desarrollar un sistema técnico que regule las tasas de interés; el impulso al dinero electrónico; reformas laborales para el empleo decente; programas emergentes de encadenamiento, asociatividad y emprendimientos, así como el apoyo a la economía popular y solidaria, por mencionar algunas. En otros ejes, García también mencionó a la protección social y el medioambiente, como parte de la propuesta.
De su lado, Rhea subrayó que no es necesario hablar, sino actuar con ideas concretas. Específicamente, la académica expuso la necesidad de contar con una propuesta enfocada en la protección social que incluya una serie de acciones como el acceso universal a la salud; un ingreso básico emergente; bono para la alimentación; la focalización de programas de atención social; el fortalecimiento del seguro de desempleo, entre otros.
En tanto que Proaño afirmó que la única forma de salir adelante frente a la crisis que afronta el país y el mundo es trabajando de manera conjunta. “El gobierno, o el empresariado solos no van a poder hacerlo”, apuntó.
Para Proaño, este es un momento histórico para que sea la sociedad la que tome las riendas y proponga una agenda a los políticos y a los gobiernos.
Entre las ideas planteadas, el experto mencionó la necesidad de contar con una cooperación multilateral entre varios países; planes de salud pública globales; redes internacionales de protección social; fondos de contingencia globales, así como reformas integrales. También mencionó la necesidad de una reestructuración de la deuda pública en beneficio del país; la concesión de ciertas empresas públicas, para que entre capital privado al fisco; la creación de fondos de estabilización fiscal y fondos para la educación, entre otros temas,.
“Tenemos que despojarnos de todo. Ni los fanatismos ni las camisetas nos van a sacar de esta situación. La única solución para empezar es hacer acuerdos y consensos mínimos desde la localidad. La unidad es la única salida”, concluyó Proaño.
Crear nuevas respuestas frente a la violencia, invertir en formación integral para todos los llamados a garantizar los derechos y articular un verdadero sistema de protección de derechos, fueron algunas soluciones planteadas por expertas, este 30 de julio de 2020, en el foro: “Sistema de Protección de Derechos: Desafíos y Propuestas”, desarrollado en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador que impulsa Fundación Esquel, junto a 80 organizaciones de la sociedad civil.
En el panel participó Paola Pila Guzmán, socióloga, Máster en Desarrollo Local y Territorial, desde méxico; Ana Toledo Torres, abogada y activista por los derechos humanos en la Fundación Acción Colectiva, desde Cuenca, y Nívea Vélez Palacio, activista por los Derechos de las Mujeres, y parte de la Red Nacional de Mujeres y Nosotras por la Democracia, desde Loja. Condujeron el panel César Ulloa y Rogelio Durán.
Pila Guzmán inició el foro con algunas cifras de violencia de género e intrafamiliar que para junio de este año sumaron 8 mil casos. Para ella, la violencia es un tema estructural que no se circunscribe a un cierto territorio, grupo, o clase social específica y que es una problemática que ya existía antes de la pandemia, pero que se profundizó en estos meses de emergencia sanitaria. “Lo que está pasando es es un llamado de atención, cuyas señales de advertencia ya se las estaban viendo antes de la pandemia”, dice Pila Guzmán.
De su lado, Toledo Torres enfatizó en que la pandemia acrecentó las brechas existentes y evidenció que el hogar se convirtió en un espacio peligroso para ciertas personas y grupos de atención prioritaria. Ante esta problemática, cree fundamental que el sistema de protección de derechos, a través de procesos de articulación, pueda generar políticas públicas específicas que atiendan a situaciones de la violencia.
“La violencia sigue siendo dentro de casa y frente a esta pandemia, hay que crear nuevas respuestas, crear nuevas metodologías de atención para recepción de denuncias, seguimiento de casos y nuevas medidas de protección”, dice la activista.
Toledo Torres se refirió a la importancia de tener un sistema de protección de derechos articulado y descentralizado para que funcione de manera efectiva. “El sistema tiene que ser como el cuerpo humano, todas los órganos y las funciones tienen que funcionar de manera articulada. Si el uno falla, el sistema entero se enferma”, dice.
La experta propone como primera acción descentralizar el sistema de protección de derechos en acciones y presupuesto. También cree necesario manejar un enfoque de derechos de manera generalizada y dar respuestas a cada tema con especificidad.
También se refirió a la importancia de corresponsabilidad de la ciudadanía y la sociedad civil para impulsar procesos que debatan los temas que el Estado calla y hacer propuestas. “El Pacto Social es una buena oportunidad para lograr esa responsabilidad porque nos permite reencontrarnos, repensar la política y generar nuevas propuestas que den respuesta a problemas reales que afronta la ciudadanía”.
Vélez Palacio añadió que la pandemia puso en evidencia muchas desigualdades y un incremento de la violencia que obligó a mujeres a convivir con su agresor y asumir una mayor carga de trabajo y estrés. “Por todo esto, es saludable que, al calor de esta pandemia, nazca este Pacto Social por la Vida.
Para ella, es urgente hacer una reflexión seria de lo que está pasando con el tema de la violencia para saber por qué, tras pasar varios años desde que se promulgó la ley contra la violencia de la mujer, las cifras no han variado. La experta cree que, en parte, es porque no existe un trabajo integral en todo el territorio nacional; porque no ha habido la capacitación adecuada a los servidores públicos, y por la excesiva rotación de personal.
Frente a esto, la experta dice tener mucha fe en el Pacto. Cree que con este se consolidarán varios temas que darán respuestas urgentes a los problemas del Ecuador.
“La única forma que tenemos de erradicar la violencia contra la mujer es con una activa participación ciudadana, vigilancia, propuesta y la denuncia, porque no podemos seguir callando”, concluyó.
Superar la crisis ética, inventar el futuro y construir el país que queremos de manera colectiva, fueron algunos planteamientos expresados este 23 de julio de 2020, en el foro: “Pensar el país a largo plazo”, organizado por Fundación Esquel, en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador. Una iniciativa que involucra 80 organizaciones sociales y que busca dar respuestas y soluciones a las problemáticas urgentes que afronta el país.
Este foro virtual contó con la participación de Miriam Felix, rectora de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí y Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato y presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (ASESEC). Condujeron el espacio Juan Francisco Mora y Aracelly Calderón.
Ante la pregunta planteada a los panelistas sobre cómo engrana la propuesta del Pacto Social con el trabajo de la academia, Naranjo aseguró que el sistema de educación ecuatoriano tiene un compromiso ético con el país y, desde ese marco se deben buscar caminos que lleven a solucionar los problemas, desde la investigación y la innovación. “Si no nos atrevemos a cambiar los llamados modelos mentales que nos atan a condicionamientos de no poder juntar voluntades, jamás serán posibles los cambios sociales. Los pactos sólo serán acuerdos momentáneos y nosotros queremos cambios a profundidad”, apuntó el rector, quien cree que la academia necesita de transformaciones profundas, desde el reconocimiento de que cada uno tiene que aportar con calidad y pertinencia
En ese sentido expuso los lineamientos que han venido trabajando para la agenda 2040 desde ASESEC, donde han identificado cinco tipos de crisis. La sanitaria, económica, social, de valores y de confianza. Esta última, según Naranjo, es la más grave para el Ecuador. “Las personas ya no creen en nadie, ni en partidos, ni en las funciones del Estado”; si hay crisis de fe ¿cómo podemos motivar un cambio fundamental?, se preguntó el experto.
Por eso, Naranjo cree que las universidades tienen el compromiso ético para demostrar al país que los valores y principios son posibles y que las transformaciones pueden darse si partimos de transformaciones personales”.
Para este rector, es fundamental dar soluciones creativas y cuestionarnos que generen espacios de reflexión colectiva que enfrenten la incertidumbre. “Inventar el futuro es un compromiso existencial, invitar a la construcción de un país en el que seamos líderes y protagonistas de los cambios. De eso depende la existencia de las instituciones educativas y el país”, apuntó.
De su lado, Félix coincidió en que el país atraviesa por una grave crisis de valores que ha llevado a los ecuatorianos a una crisis económica. Desde la academia, Félix cree que es muy importante el trabajo de investigación que se realiza para vincularse con la realidad y detectar los problemas de la sociedad. “Si no se le apuesta a la educación, no vamos a tener un verdadero progreso”.
En ese marco, la experta cree que una salida viable sería hacer un gran compromiso entre la educación superior, los gobiernos locales y regionales, y la sociedad civil compuesta por una verdadera participación ciudadana y que se tiendan puentes entre las universidades y la educación media para empoderar a los estudiantes y formar profesionales competentes y con valores.
Un pacto ético para recuperar la democracia fue propuesto este 16 de julio de 2020 en el foro: “Encrucijada electoral en tiempos de coronavirus”, realizado en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, una iniciativa ciudadana liderada por Fundación Esquel, junto a 40 organizaciones de la sociedad civil.
El encuentro virtual contó con la participación de la exviceprefecta del Azuay, María Cecilia Alvarado, el experto electoral Fausto Camacho y el politólogo Richard Ortiz, bajo la moderación de César Ulloa y Aracelly Calderón.
Camacho inició el diálogo con un diagnóstico del sistema político. Su veredicto: el Ecuador vive una crisis del sistema político y de la institucionalidad democrática que podría solucionarse con un giro ético y con el respeto a las leyes y la Constitución.
“No es momento de pensar en una reforma constitucional de fondo. El principal problema radica en los actores, en nosotros los ciudadanos, con y sin militancia política, porque la democracia se sustenta en el conjunto de la sociedad”, dijo Camacho, para quien es necesario plantear un pacto ético que pueda sumar fuerzas para darle vida al proceso electoral que se avecina.
Alvarado coincide en la necesidad de tener un pacto que permita construir una propuesta que le devuelva la dignidad a la política, tras haber tocado fondo como sociedad en los casos de corrupción. “Ojalá que podamos priorizar el tema de la honestidad. Privilegiar la honestidad por encima de dádivas o la popularidad (...) que esto sea el germen para resurgir con una apuesta política que devuelva la ilusión de los ecuatorianos y las ganas de creer en lo público, porque no hay democracia que aguante en un sistema de desconfianza y desacreditación”, apuntó la exviceprefecta.
Para Alvarado es importante que los ciudadanos aprendamos sobre el principio de la corresponsabilidad y que no se crea que con ir a votar y elegir ya es suficiente. “En términos generales, nuestra democracia ha sido de líderes solitarios y caudillos. Pensamos que al votar, botamos la responsabilidad, sin comprometerse”, mencionó Alvarado. Al respecto, la exviceprefecta cree que se debe dar un giro en el modo de liderazgo, cambiar de liderazgos mesiánicos que alimentan la cultura del desentendimiento, a un liderazgo participativo, para que la ciudadanía tenga esa responsabilidad.
Finalmente, Ortiz acotó que el sistema político debe permitir que las decisiones públicas reflejen las aspiraciones de los ciudadanos. “Todas estas críticas a la democracia llegan a la misma solución: darle un nuevo impulso y salvarla”.
Para el politólogo, hace falta una cultura política en toda la población, un compromiso ético a todo nivel, tanto de partidos, como de autoridad electoral y ciudadanos ya que, a su criterio, la democracia no es un diseño institucional sino un conjunto de valores. “La honestidad ahora es el acto más político que debe haber en el país. Tenemos que cultivarlo con la educación de la población y pedir que se haga un voto reflexivo y que la sociedad civil exija transparencia y que refuerce el control electoral” concluyó.