El empoderamiento de la sociedad junto con realizar reformas estructurales en el sistema político son parte de las propuestas hechas este 9 de julio de 2020, durante el foro: “La corrupción ligada a los carnés de discapacidad”, en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, liderado por Fundación Esquel.
El espacio virtual contó con la participación de Stalin Basantes , ingeniero en diseño y especialista en discapacidades y el politólogo Julio Echeverría. El foro fue moderado por César Ulloa y Aracelly Calderón.
Si bien el tema de la corrupción no es nuevo, el foro se centró en las reflexiones en torno a un hecho coyuntural sobre la emisión fraudulenta de carnés de discapacitados para políticos y personajes públicos que se beneficiaron de las acciones afirmativas que esta condición otorga, sumado a una dudosa y cuestionable condición de discapacidad.
Basantes se mostró indignado frente a estos hechos que, a su criterio, no solo “roban” los derechos e identidad de las personas con discapacidad, sino que se configuran varios delitos que deberán investigarse. “No se trata en la importacion de vehiculos, sino de la vulneración a los derechos adquiridos, producto de una lucha histórica de las personas con discapacidad”, dice el experto.
Basantes cree que hay un malentendido entre tener beneficios, a conquistar derechos. “Beneficio es un bono en una tarjeta de supermercado, mientras que un derecho es conquistado, tras una lucha social por tener mayor equidad”.
Para Basantes, es preocupante la respuesta del gobierno, que no ha sido claro en las medidas que tomará frente a estos actos de corrupción, por lo que espera que esto no quede en simples discursos y se desvanezca como una moda, o un tema más de coyuntura.
Basantes cree que la normativa ha favorecido a las mafias y no a quienes realmente lo necesitan, por lo que cree importante que las instancias de control cumplan su rol y que los ciudadanos se empoderen y se indignen para involucrarse en procesos de vigilancia. “No vamos a permitir la regresión de derechos, tenemos que pelear en las instancias que sean”, concluye Basantes.
De su lado, Echeverría cree que, lamentablemente, la corrupción es un fenómeno estructural que ha evidenciado en esta pandemia, en donde se han puesto al descubierto problemas estructurales de la política del Ecuador que se vienen arrastrando desde hace décadas. Un ejemplo de ello son el reparto de los hospitales, la corrupción con los insumos médicos y el tema de los carnés. “Un fenómeno estridente que ha golpeado la conciencia ciudadana y que pinta un cuadro de deterioro político”, apunta el politólogo.
Para Echeverría es urgente apuntar hacia reformas estructurales en el sistema político. “Todos estos procesos de deterioro administrativo tienen que ver con cuestiones más de fondo como el diseño constitucional, el sistema de contratación pública y otros instrumentos que deberían estar para controlar la corrupción, pero que, al contrario, se han convertido en incentivos para la misma. Es necesario caminar hacia una reforma institucional profunda”, afirma.
El experto cree que el sistema político está para producir ética y, bajo esa lógica, los políticos deberían defender el interés público, y no servirse de los recursos públicos en su beneficio, como ha venido ocurriendo.
En ese sentido, el politólogo cuestionó a la Constitución por considerarla hiperpresidencialista y por haber debilitado las estructuras, autonomías y división de poderes. “Reflexionemos en la necesidad de reformas sustantivas en la Constitución y las leyes. Estamos en una situación de extrema gravedad sobre la que hay que actuar”.
La agricultura familiar campesina (AFC) produce cerca del 80% de los alimentos de consumo diario por los ecuatorianos, como productos frescos de consumo directo o los procesados por la industria de alimentos. Pese a que esta agricultura integra al 60% de propietarios, tiene tan solo el 6.4% de la superficie cultivada, mientras que un grupo pequeño de propietarios, el 5%, concentra el 52% de las tierras agrícolas. Una de las distribuciones de la tierra más desiguales de América Latina.
Frente a esta problemática, y dada la importancia de la AFC, sobretodo en esta pandemia y crisis, en donde la provisión de alimentos ha concitado la atención de la sociedad entera para que vuelva la mirada hacia la agricultura, la Mesa sobre Agricultura Familiar Campesina, dentro del PACTO SOCIAL POR LA VIDA Y POR EL ECUADOR, propone como un componente sustancial de apoyo a esta agricultura, las siguientes políticas nacionales a ser impulsadas por la sociedad en su conjunto:
Estas propuestas son el resultado del trabajo que viene realizando EL PACTO SOCIAL POR LA VIDA Y POR EL ECUADOR, una iniciativa liderada por Fundación Esquel, junto a más de 40 organizaciones de la sociedad civil para darle respuestas urgentes y concretas a las principales problemáticas que aquejan al país.
Una de las problemáticas abordadas es la AFC, que ha sido escogida porque, entre otras cosas, tiene inmensa importancia en la salud nutricional de la población, aporta conocimientos ancestrales para la producción agrícola, la aleja del uso de agrotóxicos y llama al desarrollo de tecnologías apropiadas para garantizar la de producción de alimentos sanos y defensa de los agro-ecosistemas.
Cuestionar el modelo de desarrollo actual y pensar en alternativas sostenibles y amigables con la naturaleza, como una prioridad, fueron algunas propuestas presentadas en el foro virtual: “Crisis ambiental: desafíos y propuestas ciudadanas”, desarrollado este 2 de julio de 2020 en el marco de la construcción de una propuesta integral que incluye varios temas dentro del Pacto Social por la Vida y el Ecuador que promueve Fundación Esquel.
Natalia Greene, presidenta de CEDENMA, David Fajardo, integrante del Colectivo Ecologista Yasunidos Guapondelig y Enrique Serrano, director ejecutivo CREA fueron los participantes del foro que tuvo la conducción de Aracelly Calderón y Wilmer Romero.
Serrano cuestionó las políticas extractivistas adoptadas por el gobierno y puso especial énfasis en la amenaza que representa el sector minero, sobretodo para los páramos y humedales de la provincia del Azuay, en donde las fuentes de agua, que generan 2520 litros del líquido vital estarían en riesgo de contaminarse y desaparecer. “El oro no puede tomarse, pero el agua sí”, dice Serrano, para quien es necesario un cambio de enfoque con la protección de los recursos hídricos y la introducción de la agroecología.
De su lado, Greene sostuvo que este momento de pandemia es “el mejor momento” para reflexionar sobre el mensaje que nos da la naturaleza, en donde debemos cuestionarnos a qué normalidad queremos regresar. “Estamos promoviendo la era posextractivismo. Luego de 40 años de extracción petrolera no tenemos un verdadero desarrollo sostenible en el país”, cuestionó la experta, quien se mostró preocupada por la posición tomada por el gobierno de flexibilizar las leyes en favor de la minería.
Para Greene, esto abre el espacio para una minería metálica a gran escala que no es compatible con un país megadiverso como el Ecuador, con una diversidad de fuentes hídricas que estarían en riesgo. “Si hacemos un barrido de que significa la minería, sacando los subsidios, el beneficio para el país realmente es mínimo, considerando el impacto severo e irreversible. La minería es un muy mal negocio para el Ecuador”, afirmó.
La activista ambiental cree que es imperante la necesidad de activar otras fuentes de desarrollo, como la bioeconomía, o el turismo, pero. “No hay dos caminos, o se hace minería o se conserva la naturaleza”.
Finalmente, Fajardo se refirió a la crisis ambiental global y la crisis climática que atravesamos, la cual encuentra su origen en las actividades humanas. “Es importante entender cómo debemos enfrentar la situación y hacer un análisis profundo y de carácter político de cómo surge esta problemática”, apuntó.
Para Fajardo es claro que el ser humano ha destruido el equilibrio ecológico, tras generar una lógica económica, sin tomar en cuenta que la naturaleza tiene límites biofísicos que como especie no deberíamos traspasar. “La crisis ecológica debemos entenderla como la gran crisis que debemos enfrentar; la pandemia es solo una muestra más de esta crisis ecológica que ya la estamos sintiendo”, dijo.
Según fajardo, para enfrentar esta crisis ecológica y climática hay que alejarse del capitalismo. “Necesitamos darle un enfoque distinto, una justicia climática y entender las consecuencias y cómo se afecta a las distintas poblaciones de manera diferenciada”.
Para este joven, el entender a la especie humana como una especia más que debe respetar ese equilibrio natural y el organizarse para encontrar soluciones globales, con respuestas locales, deben ser una prioridad.
Propuestas para la descentralización y el desarrollo local fueron abordadas este 25 de junio de 2020 en un foro virtual organizado por la Mesa de convergencia, bajo la coordinación de fundación Esquel.
El evento -que se realizó en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador- contó con la participación de Juanita Bersosa, coordinadora de la Mesa de Convergencia, capítulo Cuenca; Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Bayardo Constante presidente de la Asociación de municipalidades del Ecuador AME Regional Tres, de Ambato. Contó con la moderación de Aracelly Calderón y Wilmer Romero.
Constante inició el diálogo haciendo una diferenciación entre los conceptos de desconcentración y descentralización. “La desconcentración es la transferencia del ejercicio de una competencia de un órgano jerárquico a otro para mejorar procesos. En el caso de la descentralización, es la transferencia obligatoria y progresiva de las competencia con los respectivos recursos, talento humano, etc, hacia los gobiernos autónomos descentralizados”, apuntó.
Para Constante, la descentralización permite acercarse más a la comunidad y a quienes están viviendo en el territorio para mejorar las condiciones de vida de la gente. “Hay que orientar estos procesos para ayudar a los gobiernos a mejorar su gestión y solucionar los problemas que existen en los territorios de manera más rápida”, dijo Constante.
De su lado, Bersosa cuestionó que, muchas veces, las normas se hacen en el centro, donde están los poderes del Estado, pero en territorio, hay un abismo muy grande entre lo que está escrito y lo que se espera que pase. “Ese abismo significa que todo está concentrado en una forma de mirar el gobierno y el desarrollo y no respetando la diferencia de cada uno de cantones y provincias”.
Para Bersosa, un error que se comente es que se pretende aplicar recetas en todos los territorios, que no son aplicables para todos los niveles de gobierno. “Si seguimos operando desde una receta única es muy difícil generar impactos reales en el territorio”.
La experta cree que la descentralización debe tener un enfoque “radical”, que se reconozca el ejercicio colectivo y desde la ciudadanía. “Hay que empezar a empoderar y darles roles a los municipios así se equivoque, es la única manera que tienen de fortalecerse, de dar fuerza al ordenamiento territorial”, apuntó.
En tanto, Mantilla aseguró que la nueva gestión del territorio implica consensuar, rescatar la voz de la ciudadanía. “Hay que consensuar tres criterios; el político, el técnico y del ciudadano dentro de una perspectiva de largo plazo (...) Fortalecer el desarrollo territorial y la formación de cuadros y autoridades”, concluyó.
El foro es una actividad, en donde las mesas temáticas que integran el Pacto Social presentan los resultados parciales de su trabajo en torno a la propuesta integral que darán a conocer a los distintos sectores de todo el país en los próximos días.
La Mesa de lucha contra la corrupción e impunidad que forma parte del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador entregó este 23 de junio de 2020 el Proyecto de Ley de Lucha Anticorrupción a cinco asambleístas de distintas tendencias, tres de los cuales integran la Comisión de justicia y también al vicepresidente del Legislativo, César Solórzano.
Boris Cornejo, asesor de Fundación Esquel y quien lidera la Mesa de lucha contra la corrupción comentó, durante la rueda de prensa, que esta propuesta de ley busca la lucha contra la corrupción de manera sistemática organizada, escuchando voces y propuestas para tener un combate efectivo contra este mal.
“Queremos pedirle a la Asamblea que se junte a este esfuerzo cívico, que abran sus agendas, que escuchen a la ciudadanía y vean cómo, de manera efectiva, podemos mejorar las leyes. Necesitamos cambiar muchas cosas, las actitudes, la cultura ciudadana, porque, con más leyes y con el mismo sistema de impunidad que existe, no habremos avanzado mucho”, dijo Cornejo.
De su lado, el abogado Juan Esteban Guarderas explicó sobre el proyecto y aplaudió que hoy se pueda dar una confluencia de dos fuerzas importantes como son la sociedad civil y el Legislativo para enfrentar de manera conjunta los desafíos que tiene la sociedad.
Dentro del proyecto se contempla el impulsar las denuncias, reduciendo las posibilidades de retaliación contra el denunciante. También se asegura que no haya nuevos casos, en los que fiscales y jueces usen como excusa el informe previo de Contraloría para evitar procesar por delitos de corrupción.
Otro aspecto del proyecto es la posibilidad de grabar a funcionarios públicos, y que estas grabaciones puedan ser aceptadas como piezas probatorias en un juicio y que los ciudadanos puedan participar en los juicios como acusación particular, reduciendo así las posibilidades que contaminaciones políticas en Procuraduría y Fiscalía hagan de los juicios simples fachadas.
“No estamos subiendo los montos de la pena, estamos enfocándonos en mejorar el sistema”, apuntó Guarderas.
La docente universitaria Juanita Bersosa, coordinadora de la Mesa de Convergencia, capítulo Cuenca, se refirió a la imposibilidad de hablar de política sin pasar por la ética. “Es una responsabilidad de la ciudadanía consolidar una respuesta política contestataria e indignada que plantea y actúa y ejerce su rol de participar e incidir”.
Los asambleístas César Solórzano, Lourdes Cuesta, Elio Peña, Homero Castanier y Héctor Muñóz, quienes recibieron el proyecto y se comprometieron a impulsarlo, coincidieron en la importancia de que la sociedad civil pueda activarse y articular de manera conjunta este tipo de iniciativas, en beneficio de la sociedad.
César Solórzano, vicepresidente de la Asamblea aseguró que siempre es importante que, tanto asamblea como sociedad civil se encuentren en estos espacios y tender puentes para el diálogo. “Esto va a permitir que la ciudadanía tenga una mayor confianza en el sistema y en el legislativo”.
De su lado, la asambleísta Cuesta felicitó la iniciativa y aseguró que la construcción de una ley tiene que venir siempre desde la ciudadanía. “Aplaudo que la sociedad civil se involucre en esta lucha contra la corrupción. Es hora que nos tomemos la mano y trabajemos en conjunto”.
El legislador Peña aseguró que es reto importante mejorar la participación ciudadana, a la vez que agradeció el civismo demostrado por las organizaciones. “Tenemos que ratificar la verdadera participación ciudadana, es la mejor arma para combatir la corrupción”.
Por su parte, Castanier resaltó que el rol de la Asamblea no es solo fiscalizar y sancionar al corrupto, sino crear normativas que tiendan a luchar y disminuir la corrupción.
Finalmente, Muñoz resaltó que es interesante hacer efectivo este ejercicio entre la sociedad civil y la Asamblea para poder crear herramientas que sirvan para atacar la corrupción. “Más allá de lo importante que pueda ser la iniciativa, hay que saber si esta puede llegar a un feliz término. El límite de las buenas intenciones están establecidas en la ley”, dijo Muñoz, quien cree que es necesario trabajar en unión para enfrentar este problema que afecta a toda la sociedad.
El Pacto Social por la Vida y por el Ecuador es una iniciativa ciudadana conformada por más de 40 organizaciones de la sociedad civil en todo el ámbito nacional bajo la coordinación e impulso de Fundación Esquel, cuyo objetivo primordial es entregar respuestas urgentes y concretas al país, frente a la crisis social y política que vive y que ha sido agravada por la pandemia. La entrega de este proyecto de ley es uno de los primeros resultados.
Las organizaciones que integramos el Pacto Social por la Vida y el Ecuador, coordinadas por la Mesa de Convergencia y Fundación Esquel, exigimos de todas las Funciones del Estado una lucha sin tregua contra la corrupción y la impunidad, al mismo tiempo que invitamos a la ciudadanía a movilizarnos para enfrentar entre todos este cáncer que está aniquilando la esperanza de vivir en una sociedad realmente democrática.
El costo del daño provocado es incalculable, siendo la población más afectada la que se encuentra en condición de pobreza y miseria. El atraco sistemático al erario público detiene el desarrollo y limita las posibilidades efectivas de enfrentar la pandemia.
Desde nuestro papel activo y responsable demandamos que la Asamblea Nacional dé apertura a las propuestas ciudadanas y que nos entregue una respuesta oportuna al proyecto de ley que presentamos.
El Pacto Social por la Vida y por el Ecuador ha convocado a la lucha por la ética pública y la preservación de la dignidad ecuatoriana. No podemos ser cómplices, mirar hacia los costados o convertir en anécdota lo que ocurre y es denunciado todo el tiempo con escasos resultados. El proceso de descomposición social es acelerado y no permitiremos que la corrupción se convierta en un código de comportamiento naturalizado. Nuestras acciones se concretan en las siguientes propuestas.
La primera es la presentación del anteproyecto de Ley de Lucha Anticorrupción. Esta iniciativa busca introducir mejoras que impidan que la impunidad sea la norma y la sanción una excepción.
El proyecto:
El Pacto Social entrega este proyecto a los Asambleístas que están comprometidos con la lucha anticorrupción y la impunidad, y que están interesados en apoyar a la ciudadanía, convertida en una reserva ética en el Ecuador frente al descrédito de todas las instituciones.
En este contexto, la Asamblea tiene la posibilidad de tender un verdadero puente con sociedad y acelerar la lucha contra este cáncer social que deja más damnificados que cualquier catástrofe de la naturaleza que sea.
Este foro es parte de las acciones enmarcadas en el “Pacto Social por la Vida y por el Ecuador”. Una iniciativa que lidera la Mesa de Convergencia, junto a más de 40 organizaciones de la sociedad civil para plantear propuestas concretas y trazar una ruta para el desarrollo del Ecuador, en áreas de urgente atención como la salud.
El encuentro virtual contó con la participación de Fernando Sacoto, médico Salubrista; Pedro Barreiro, exdirector del IESS y Gabriel Ordóñez, médico pediatra y exdirector de posgrados de la UCE. Ellos son parte de la Mesa de Salud dentro del Pacto. Condujeron el espacio César Ulloa y Alexandra Jaramillo.
Sacoto inició el diálogo con un breve diagnóstico del sistema de salud en el Ecuador. A su criterio, la principal característica de este es que poco se ha hecho en materia de prevención. Tampoco se ha dado importancia a la atención primaria en salud. “El asunto de fondo es que no existe un sistema nacional de salud en el Ecuador, existe una fragmentación de proveedores de salud. Todo lo contrario de lo que debería ser un sistema”, apuntó Sacoto.
Respecto a la crisis generada a partir de la pandemia, Sacoto cuestionó y tildó de “inaceptables” los casos de corrupción ligados al tema hospitalario. Para este médico salubrista es importante desarrollar un sistema nacional de salud basada en la seguridad social, en la prevención, en la atención primaria para poder responder con eficiencia ante estas eventualidades. “Un sistema ecuatoriano con grandes debilidades de salud pública no puede responder mágicamente con eficiencia y buenos resultados porque no es posible”.
De su lado, Barreiro añadió que el sistema de salud en el Ecuador existe en la ley hace 40 años, pero históricamente no se ha cumplido. “El desafío es echar a andar a aquella institución que existe en la letra, pero que está semi muerta, o semi viva, hay que darle los ajustes pertinentes para que responda a las necesidades de los ecuatorianos”.
Para Barreiro, el primer paso que debería darse es con el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS). “El IESS debería ser el primero en iniciar un tratamiento rapido y profundo; lamentablemente la acumulacion de errores han hecho que se llegue a esta crisis que requiere la toma de medidas radicales”.
Barreiro también añadió que la prevención, hacia donde se debería apuntar, empieza con un sistema educativo sólido, porque las poblaciones con mejor salud, son las poblaciones mejor educadas porque saben que pueden prevenir enfermedades con ciudadanos y buena alimentación.
Finalmente, Ordóñez afirmó que el sistema de salud ecuatoriano está enfermo desde hace rato porque las soluciones que se han intentado implementar no han sido las apropiadas al privilegiar la medicina curativa, frente a la preventiva. Parte de esto se ha dado porque, según Ordóñez, con la construcción de hospitales y la adquisición de insumos, se pueden hacer negocios, como se ha visto en esta pandemia.
“La salud ha hecho una crisis grave por la llegada de este coronavirus, que desnudó muchas deficiencias de nuestro sistema de salud, ligado a deficiencias de orden económico y la corrupción (...) El sistema de salud ecuatoriano está en terapia intensiva y hay que darle un remedio lo mas urgente posible, empezando por hacer efectiva la promesa de hacer una cirugía mayor a la corrupción”.
La necesidad de establecer un Pacto Social capaz de generar propuestas concretas para hacerle frente a la crisis y desigualdades sociales que vive el Ecuador fue abordado este 11 de junio de 2020 en un foro virtual organizado por La Mesa de Convergencia, en coordinación con Fundación Esquel.
César Ulloa, coordinador Nacional de la Mesa de Convergencia, Pablo Estrella, abogado y docente Universitario de la ciudad de Cuenca y Alicia Arias, representante de Counterpart International en Ecuador participaron del encuentro virtual bajo la conducción de Juan Francisco Mora Proaño y Aracelly Calderón.
Ulloa inició el diálogo solidarizándose con los 17 millones de ecuatorianos que “están de luto” por los casos de corrupción que copan los titulares en todos los noticieros. De esta manera justificó la necesidad del llamado: Pacto Social por la vida y por el Ecuador, el cual surge en condiciones impostergables para darle una oportunidad al Ecuador.
“Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos cree que democracia atraviesa por un buen momento; el 50% de los ecuatorianos cree que el proceso de elecciones es fraudulento; apenas el 3% cree que los partidos políticos funcionan, hay un déficit fiscal de más de 12 mil millones de dólares. Todas estas cifras nos quieren decir que el país debe cambiar de rumbo”, apuntó Ulloa.
El politólogo explicó que en este contexto surge la idea del Pacto de la mano de 40 organizaciones de la sociedad civil que, aterrados por la descomposición social y la crisis, han decidido unirse para darle una alternativa ciudadana y una salida viable a través de acuerdos. “Es momento de hermanarnos, identificar intereses comunes (...) El Pacto no es un pliego de peticiones ni quejas, son propuestas concretas”, apuntó Ulloa.
De su lado, el catedrático cuencano recalcó que “hemos estado tan pésimamente representados que es hora de que nos representemos a nosotros mismos”. De ahí que, a su criterio, la idea del Pacto es fundamental para salvar y transformar la vida. “Tenemos que aprender a practicar actos afirmativos en nuestra vida, darle sentido. Si bien hay actos de corrupción, pero también hay miles de actos afirmativos”, apuntó.
Para Estrella, el Pacto es un gran “pacto ético para salvar y transformar esta vida con valores, inventar una pedagogía cívica y despertar esa perspectiva entre los ciudadanos para poder cuidarnos a nosotros mismos y a los otros. “Es un construir acuerdos al estilo ganar ganar”. Estrella propone reinventar las formas de participación ciudadana y avanzar en un proceso de descolonización de la política.
Para la representante de Counterpart en Ecuador, hay altas expectativas en la ejecución de un pacto y que este llegue a generar una agenda a largo plazo, con cambios y efectos sistémicos, pero añadió que su éxito depende de que se apliquen principios como la permanencia, la co creación, la corresponsabilidad, la apropiación de los actores y el principio de la economía moral del desafuero.
Arias explicó que el Pacto tiene que ser permanente y no puede terminar una vez que se presenta las propuestas. También resaltó en la importancia de crear y tomar decisiones de manera conjunta, siendo responsables de las decisiones y comprometidos a trabajar y empujar para que las cosas salgan adelante. “El principio de la economía moral del desafuero implica aprender a dialogar de otra forma, dialogar buscando los mínimos acuerdos. Es decir, ponerse de acuerdo con quien estoy en contra y entender al otro desde un enfoque distinto”, apuntó Arias.
El Pacto Social por la Vida y por el Ecuador tiene por objetivo hacer una propuesta integral al país con dos puntos medulares: la instalación de una Mesa Nacional y una tregua política. Para el efecto se han conformado mesas temáticas para abordar sobre el combate a la corrupción, la seguridad alimentaria, la economía agrícola, educación, violencia, sistema de salud pública, seguridad social, medio ambiente y comunicación, cuyas propuestas concretas serán entregadas dentro de un mes.
Dar continuidad a las políticas públicas relacionadas a la educación, el empoderamiento de la sociedad en este tema y la construcción de un proceso comunitario educativo fueron algunas propuestas planteadas este 05 de junio de 2020, en el foro virtual Pacto Social: Retos y desafíos en el campo educativo, desarrollado por la Mesa de Convergencia, bajo la coordinación de Fundación Esquel.
Este foro es parte de las acciones enmarcadas en el “Pacto Social por la Vida y por el Ecuador”. Una iniciativa que lidera la Mesa de Convergencia, junto a más de 40 organizaciones de la sociedad civil para plantear propuestas concretas y trazar una ruta para el desarrollo del Ecuador, en áreas de urgente atención como la educación en todos sus niveles.
El encuentro virtual contó con la participación de Aquiles Hervas, antropólogo y docente universitario de Riobamba; María Eliza Acosta, psicopedagoga e investigadora de procesos educativos alternativos, de Ambato, y Rosa Hurtado, licenciada en filosofía y pedagogía de la Universidad de Cuenca. El diálogo estuvo moderado por César Ulloa y Aracelly Calderón.
Sobre los problemas que ha venido arrastrando la educación, Hurtado aseguró que con la emergencia sanitaria se han acentuado, producto de una crisis crónica que ha mermado el acceso al sistema educativo la calidad.
Para Hurtado, es lamentable que haya jóvenes que se queden fuera del sistema y que las brechas que ya existían se hayan ampliado con la pandemia. "Para poder ser garantes de la educación hace falta dar continuidad a las políticas públicas".
De su lado, Acosta cuestionó al sistema educativo actual por considerar que busca una “sumisión” al impedir que educadores y educandos sean los protagonistas y que participen de manera activa en el proceso de aprendizaje. Al respecto, comentó que la homogeneización y estandarización de la educación ha quitado efectividad en el aprendizaje, por cuanto no resulta aplicable en todas las realidades que vive el Ecuador.
“La educación tiene mucha deuda con las familias, educadores y educandos. Deberíamos empezar por un empoderamiento, exigir a las instituciones ciertas prácticas y responsabilidades. La educación nos involucra a todos, pero no todos hablamos de ella. Empoderarse es que asumamos la educación de nuestros hijos”, señaló Acosta.
La experta cree que si las familias se cuestionan por qué y cómo se educan los jóvenes y si se pone el tema en discusión, con propuestas, se podrían exigir respuestas. “Debemos ejercer esa presión como sociedad civil y decir a esas instituciones lo que necesitamos como sociedad”.
Finalmente, Hervas añadió que se debería construir un proceso comunitario educativo en donde se puedan unir piezas claves. Hacia adentro, con la incorporación de nuevas temáticas como la educación intercultural, un programa de democracia y ciudadanía, de género, ecología, ética crítica o pedagogía de la creatividad, por dar algunos ejemplos.
Hervas cree que es necesario una macro reforma educativa que involucre a todos los niveles de formación, desde las universidades, hasta los colegios y escuelas. “Si no logras unir esas piezas a través de la participación, generando ágoras y espacios comunes, difícilmente vamos a poder poner a la educación como eje articulador”, apuntó.
Hervas cree que la educación no solo debe acercarse a los instrumentos digitalizados, sino que las escuelas deberían salir a la realidad, volver a lo básico, a recuperar el contacto con la tierra, sistemas de trueque, de colectividad, de autocrecimiento, entre otros. “Necesitamos formación holística, hay que pensar la política de Estado en absolutamente todas las dimensiones", concluyó.
Ulloa cerró el espacio de diálogo haciendo una reflexión acerca de la deuda histórica que tiene el Ecuador con la educación y en la necesidad de resolver esos problemas estructurales con reformas integrales, en donde la educación sea una prioridad.
Un “Pacto social por la Vida y el Ecuador” es lo que proponen más de 40 organizaciones de la sociedad civil de las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta y Quito para hacer frente a la crisis social, política y económica que atraviesa el Ecuador.
En rueda dada este 18 de mayo de 2020 -bajo el liderazgo de la Mesa de Convergencia, en coordinación con Fundación Esquel- las organizaciones sociales hicieron una propuesta integral al país, con dos puntos medulares: una tregua política y la instalación de una Mesa Nacional de construcción del Pacto Social en diversas temáticas de atención urgente.
César Ulloa, coordinador de la Mesa de Convergencia explicó que se trabajarán mesas temáticas para abordar sobre el combate a la corrupción, la seguridad alimentaria, la economía agrícola, educación, violencia, sistema de salud pública, seguridad social, medio ambiente y comunicación.
Boris Cornejo, asesor de Esquel y quien lidera la mesa sobre el combate a la corrupción y la impunidad; un sistema de protección a las personas que hagan denuncias; que se trate la ley de extinción de dominio, entre otros puntos. “No puede ser posible que en la peor crisis se sigan robando la plata, no puede ser se sigan los favores políticos en plena pandemia”, dijo Cornejo.
De su lado, Ramón Espinel se refirió a la importancia de la seguridad alimentaria y afirmó que la política debe ir encaminada a la protección, incentivo y fortalecimiento de las familias y sector campesino y agroindustrial. “En este periodo de crisis hay un gran grupo humano que pertenece a la agricultura familiar y campesina y producen más del 80% de los alimentos que consume toda la población”, mencionó.
Respecto al tema de la educación, Juan Nicolás Alvarado aseguró que frente a la crisis, es necesario invertir en educación e investigación productiva, así como fiscalizar y transparentar los contratos.
Por su parte, Cristina Almeida abordó el tema de la violencia y la importancia de evidenciar que la pandemia ha profundizado las precarias condiciones que viven las mujeres en el Ecuador, a lo que se suman condiciones de violencia.
El tema de salud fue abordado por Walter Mena, para quien se debe contemplar la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Vincular y reconocer conocimientos y prácticas de occidente y las tradicionales. Parte de la propuesta incluye la construcción de un sistema nacional de salud con base en las capacidades y recursos del Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, además de atención primaria de salud, con participación activa de la sociedad para garantizar la prevención.
Gustavo Cardoso trató el tema de la comunicación y la información y los retos que se tienen respecto al combate de noticias falsas. Hizo un llamado a los medios para no defraudar la confianza de los ecuatorianos, fortalecer los sistemas de verificación de las noticias por ética profesional y también a los ciudadanos para que asuman posiciones más críticas frente a la información y verificar contenidos, para no convertirse en corresponsales de informaciones falsas y tergiversadas.
Finalmente, Juan Francisco Mora comentó sobre la importancia del Pacto y aseguró que ahora es el momento para hacer una tregua y empezar a regenerar el tejido social. “No podemos seguir en la misma dirección”, concluyó.
Las organizaciones sociales emitieron un pronunciamiento público con más detalles sobre la propuesta. Puede leerlo en este enlace.